Por ser este 2010 año de elecciones locales en casi la mitad del país, los partidos y sus dirigentes que buscan el poder, en medio de una tremenda competencia, no sólo hacen alianzas con sus enemigos, sino que buscan el apoyo de las autoridades eclesiales para ganar votos.

En la mesa de las negociaciones están los derechos reproductivos de las mujeres, con lo cual se pretende negar el aborto por cualquier causa, aumentar la criminalización y encarcelamiento de las mujeres y acabar con el Estado laico, cuya tradición liberal viene del siglo XIX.

La respuesta de las mujeres organizadas ha sido una movilización sin precedentes, con amplia participación, que empieza a surgir en plazas y ciudades de la mitad del país, ante las acciones jurídicas y contra la interrupción legal del embarazo.

La movilización es una respuesta a los cerca de 200 procesos penales contra mujeres de todas las clases sociales en cuatro estados de la República y al encarcelamiento de cerca de 30 de ellas -según casos bien documentados-, así como a las denuncias sistemáticas que médicos e instituciones hospitalarias hacen contra las mujeres.

La demostración acordada en diciembre pasado, al firmarse el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, tiene tres estrategias: la vía legal pidiendo la inconstitucionalidad de los cambios legales para criminalizar el aborto; la promoción, hasta ahora, de más de 850 amparos contra esos cambios y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una docena de entidades, por haber cambiado las constituciones legales.

Otras acciones son: denunciar a los legisladores que han convalidado estos cambios; movilizarse cada primer jueves de mes en plazas y ciudades para mostrar la inconformidad y hacer gestiones directas con el funcionariado de distintos niveles para parar la persecución a mujeres que, por las más distintas razones, interrumpen su embarazo.

Este podría ser el resumen del primer balance de estrategias jurídicas y políticas que grupos y mujeres firmantes del Pacto hicieron en la ciudad de Guanajuato para revisar sus acciones, analizar los nuevos pasos a seguir y estructurar un movimiento que empezó a surgir lentamente desde que, en 2008, los Congresos Locales -de las entidades federativas del país- empezaron a introducir como Derecho a la Vida e intereses jurídicos del feto.

Según el balance de Verónica Cruz, dirigente de Las Libres en Guanajuato, además de la criminalización y la denuncia, en el país se atemoriza y persigue a muchas mujeres. El colmo es que, en el Estado de Puebla, a 30 mujeres se les sigue un proceso judicial por aborto y nueve de ellas ya han sido consignadas.

Apenas el 6 de abril una joven de 20 años fue consignada en Campeche, donde se le abrió el expediente 87/2009-2010, por interrupción de su embarazo; el proceso se calcula durará seis meses. Ella se suma a las cerca de 200 que enfrentan procesos similares en Guanajuato, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Según el seguimiento de los cambios jurídicos que criminalizan el aborto, realizado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), existen iniciativas para dar derechos jurídicos al óvulo fecundado en ocho entidades federativas, como Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California Sur.

Por su parte, Josefina Chávez, directora de Cuadernos Feministas, firmante del Pacto y presente en la reunión de balance, precisó que ahora se sabe que en distintas entidades la criminalización del aborto está ligada a intereses electorales. Tal es el caso de Baja California Sur, donde gobierna el partido socialdemócrata que hoy vive un proceso preelectoral. Los políticos, de todos los partidos, se reúnen y acuerdan con los dirigentes de la Iglesia católica.

Fernanda Díaz de León, abogada de GIRE, explicó que además se han reformado los Códigos Penales, en los que se hallaban las excepciones del delito de aborto, en Chiapas, Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán, donde se profundiza la política criminalizadora.

Es por ello que se han interpuesto nueve acciones de Inconstitucionalidad ante los tribunales locales, habida cuenta de que los legisladores, al aprobar las reformas criminalizadoras, están en esencia contra la Constitución General de la República, precisó Díaz de León y recordó que en el Distrito Federal -la capital del país-, donde el aborto es legal por cualquier causa hasta las 12 semanas de gestación, fue la Corte Suprema de Justicia la que determinó que ese cambio fue constitucional.

La abogada Nadie Sierra, de Querétaro -el sitio donde se promulgó la Constitución Mexicana en 1917- señaló que, en esa entidad, 231 mujeres se ampararon contra el cambio y están pidiendo Juicio de Responsabilidad para los diputados que la aprobaron.

En la reunión celebrada en Guanajuato, donde se hizo el balance, se acordó solicitar a la Cámara de Diputados, especialmente a la Comisión de Equidad y Género, que actúe para solicitar a los procuradores del país la información puntual, detallada y extensa, sobre las mujeres en proceso penal, toda vez que en muchos casos se tuerce la ley y, en lugar de juzgarlas por aborto, las procesan por homicidio, asemejando el aborto a un homicidio en primer grado por parentesco.

En los próximos días continuarán las movilizaciones y estrategias legales, pero también se realizará una campaña, según acuerdos del Pacto, para denunciar con nombre y pertenencia partidaria a todos los legisladores cuya responsabilidad ha sido aprobar, contra la historia de México, la criminalización del aborto.

Sara Lovera

Fuente: AmecoPress/SEMlac