Cartel realizado por Kalvellido
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¿Qué pueden pensar los cerca de cinco millones de parados y los más de un millón de familias sin ningún ingreso de una monarquía sostenida generosamente por la hacienda pública y que ha amasado, sin que se sepa cómo, una de las fortunas más grandes de Europa? Lo que se siente en la calle es que la monarquía borbónica, integrante y heredera de la dictadura fascista, está más deslegitimada cada día.

Aún así, en aras de hacer tragar a la clase obrera, sin que se revuelva, las ruedas de molino que el capital ha preparado, el rey se dispone a ejercer el papel de maestro de ceremonias en la misa concelebrada entre patronal y cúpulas sindicales en aras de la salvación, económica, esta vez, de la patria.

No pueden echar mano ahora de la cobertura ideológica usada en otras épocas de crisis para descargar sobre las espaldas de trabajadores y trabajadores las durísimas medidas de ajuste que pretendían imponer. Ya no vale hablar de la corrupción de la dictadura como en 1977 o de la entrada en la CEE como en la “reconversión” industrial de 1984. Por ello es más necesario que nunca hacer presidir al fantoche real la comitiva de fuerzas políticas del marco institucional, “agentes sociales” y empresariales, para recuperar la esencia de los Pactos de la Moncloa, referente histórico de la llamada Transición: la paz social. Paz social y consenso fueron indispensables para perpetuar a las fuerzas más reaccionarias en los aparatos del Estado y para facilitar tres décadas de acumulación de beneficios por la burguesía, a partir de la intensificación de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras.

De esos polvos vinieron estos lodos, dice el sabio refranero popular. La crisis capitalista no sólo afecta a los casi cinco millones de parados que contabilizan los organismos estatales. La realidad también se vuelve mucho más cruda para los trabajadores y trabajadoras activos, mediante el empleo masivo por la patronal de las herramientas que han puesto en sus manos las sucesivas reformas laborales: salarios miserables, precariedad en el empleo, contratos-basura, contratos por horas, pérdida de derechos por jubilación, enfermedad etc, que han debilitado y desvertebrado a la clase obrera con la “colaboración” inestimable y la claudicación de las cúpulas de los llamados “sindicatos mayoritarios”.

La violencia del sistema se muestra más criminal contra los sectores más desprotegidos de la población: jóvenes, trabajadoras e inmigrantes, que se ven constantemente acosados en todos los ámbitos. A la degradación general de las relaciones laborales se suma un proyecto educativo como el Plan Bolonia destinado a perpetuar a la juventud en unos modelos estrictamente mercantilistas del conocimiento, la creciente discriminación de la mujer con unos salarios que en algunos sectores suponen el 60% del que cobra un hombre por realizar las mismas funciones, y con una Ley de Extranjería que criminaliza a los inmigrantes y los persigue hasta lograr su expulsión, atentando incluso contra las normas internacionales humanitarias que dicen defender en sus foros. La privatización de la sanidad, con el objetivo de convertir la salud en un lucrativo negocio, al que pretenden añadir ahora el copago, atenta contra derechos esenciales duramente conquistados.

El gobierno de Rodríguez Zapatero junto con las demás fuerzas del parlamento burgués (PP, UPyD, CIU, PNV...) han puesto a disposición de la banca 180.000 millones de euros, han añadido otra partida de 75.000 millones de euros para concentrar más el capital a través de la fusión de las cajas de ahorros, han incentivado a las multinacionales de la automoción, han negado fondos para perseguir el fraude fiscal que inspectores de hacienda han valorado en 50.000 millones de euros al año, han mantenido a las grandes fortunas en las SICAV tributando al 1 % mientras los asalariados lo hacemos al 24%, han rebajado los impuestos a las inmobiliarias, etc. Ese mismo gobierno es el que apuesta por la reforma laboral para facilitar la contratación en términos cada vez más esclavistas, el que ha propuesto el llamado “pensionazo” de elevar la edad de jubilación de los trabajadores de 65 a 67 años, y aumentar de 15 a 25 años la cuota del cálculo de la pensión, el que ha acordado disminuir el gasto social en 50.000 millones de euros en cuatro años, el que ha permitido que los bancos “roben” hasta 80.000 viviendas de familias trabajadoras el año 2009 por desahucios, el que tolera a las eléctricas el corte de los suministros eléctricos de las viviendas más pobres, se ha eliminado el impuesto d Patrimonio, el impuesto de sucesiones, etc. En resumidas cuentas, el hacer cargar sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras la supuesta salida a la crisis capitalista.

El intento de recuperación de la crisis mediante la explotación y la violencia se muestra en el terreno internacional con la participación, a través de la UE y la OTAN, en las guerras de devastación que está desarrollando el imperialismo. La decisión del gobierno Zapatero de sacar a las tropas de Iraq fue pronto superada con la política de alineamiento total con los intereses criminales del imperialismo y contra los pueblos que deciden defender su soberanía y sus recursos naturales. El reciente reforzamiento del contingente español en Afganistán con otros 500 militares o la anunciada venta del aeropuerto de Ciudad Real a una empresa militar privada de EE.UU con actividades en Iraq y Afganistán, son señas de identidad de un gobierno que subordina cualquier atisbo de soberanía al imperialismo euro-estadounidense.

La pertenencia a la UE, espacio donde se siguen generando las legislaciones básicas contra los sectores populares concentradas en el Tratado de Lisboa, determina y refuerza actuaciones políticas de reducción del gasto y de mercantilización de todo lo público, de liquidación de derechos laborales y de fascistización, xenofobia y racismo. Ese, y no el que venden los medios de comunicación, es el marco definitorio del actual semestre de presidencia española de la UE.

En el marco estatal, la Audiencia Nacional continúa la labor del Tribunal de Orden Público franquista persiguiendo con la Ley fascista de Partidos entre otras, a la izquierda más consecuente por su actividad política, al más puro estilo de la Inquisición. Anarquistas, comunistas, antifascistas e independentistas son tratados como herejes y engrosan la cifra de casi un millar de presos políticos en las cárceles españolas.

La negación del derecho de autodeterminación de los pueblos, la guerra sucia, la represión, la persecución de los militantes y dirigentes y la tortura se muestran como las garantes del mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la figura de Juan Carlos I, llegando al esperpento encarcelando a activistas y a representantes que centran su propuesta en una solución política en un escenario sin violencia, mientras la lucha popular avanza en contenidos unitarios sin precedentes.

El modelo de la Transición está agotado y con él la figura del rey a la cabeza. La constitución de 1978 que ampara el sistema económico y la estructura monárquica del estado son una rémora para el desarrollo de un proyecto auténticamente democrático, liderado por las mayorías populares y que se posicione en la defensa de la soberanía popular y la solidaridad entre los pueblos, y ese es el marco de la III República que cada vez está más próxima."

¡¡Contra la crisis capitalista y la Monarquía borbónica!!.

¡¡Contra la constitución antidemocrática de 1.978!!.

¡¡Por la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos!!.

¡¡Viva la III República!!

Fuente: Coordinadora Republicana de Madrid