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El ex canciller de la Dictadura, Juan Carlos Blanco, "ayudó a armar el aparado represivo" y "una vez parida la bestia, la alimentó", por lo cual es resposable del crimen de la maestra Elena Quinteros, en 1976.

Asimismo, el magistrado consideró que el fallecimiento de Quinteros "está plenamente probado", más allá de la imposibilidad de encontrar sus restos.

El juez Penal de 1º Turno, Juan Carlos Lecchini, dispuso el pasado martes la condena del ex canciller, Juan Carlos Blanco, a 20 años de penitenciaría por el crimen de la maestra Elena Quinteros, al considerarlo uno de los "cerebros" de la represión ejercida por el aparato estatal durante los años de la Dictadura cívico-militar.El magistrado condenó al ex ministro de Relaciones Exteriores, en el entendido que "ayudó a armar el aparato represivo" y "una vez parida la bestia, Blanco la alimentó". "Ahora, Blanco no tenía el dominio de los actos del aparato. Pero este aparato sí es obra, bien que compartida, del Canciller. Una obra que Blanco luego se dedicaría a mantener, con su gestión de aprobación ex post, de la gestión, aprobación prometida y actuada. (...) Los mandos castrenses supremos tenían la gestión integral. Blanco, sin tener la gestión integral tenía un papel imprescindible de apoyatura política y técnica desde su ministerio". "Su participación fue más como cerebro que como voluntad, que como decisión, pero con su actuación anterior, concomitante y posterior con respecto al aparato represivo puso en marcha las causalidades físicas y psíquicas que permitieron que la guerra sucia contra el terrorismo de izquierda se desenvolviera", aseguró Fernández Lecchini.

El ex canciller "desde su ideología apoyó los métodos de la represión, la reacción del Leviatán. Por eso aportó causas para que el aparato represor actuara con libertad y con violencia y asegurando su posterior impunidad", dice el fallo."Blanco y sus compañeros de gobierno crearon el clima y los mecanismos necesarios para que los ejecutores de la base de la pirámide y los mandos medios, ubicados en el medio de la pirámide, supieran que podían y debían actuar la guerra 'sucia' contra el terrorismo de izquierda y su violencia, respondiendo con violencia la violencia generada desde las tiendas contrarias". Por esta razón, "no es creíble que el Canciller, comprometido con la lucha contra la subversión, creyera que Quinteros no estaba sometida al aparato represor", por más que "es legítimo pensar que ignorara, antes del hecho, la detención que padecía la vícitma, más luego de efectivizada la recaptura en la Embajada tuvo necesariamente que contra con información directa y de primera mano", agrega el magistrado.El juez Fernández Lecchini resolvió imputar el delito de "homicidio muy especialmente agravado", al considerar que el fallecimiento de Quinteros está "plenamente aprobado" y porque "imputar el tipo delictivo de Desaparición forzada de personas sería aplicar un tipo penal con retroactividad, conculcando un caro principio del Derecho penal liberal". Ante el "tratamiento cruel" al cual fue sometida durante su cautiverio y la resonancia del caso "no es lógico pensar en que fuera dejada viva. Una vez que se decidió que no se la entregaría no podía quedar con vida. Luego del intento de Quinteros de asilarse burlando a los funcionarios, no puede dudarse de la ira de éstos y de que nada les costaría darle muerte como castigo", expresa el magistrado. "Las fuerzas de seguridad estaban muy motivadas, lógicamente para disponer de la vida de una persona indeclinablemente decidida a cambiar el statu quo. Quinteros desde 1967 estaba identificada con una lucha que nunca abandonó, ni siquiera en la aciaga y última tarea se ser torturada. Al punto que estaban vigiladas ella y su madre, María del Carmen Lidia Almeida Buela de Quinteros". "Quinteros no era una persona cualquiera para la represión. Tampoco era un alto mando que conviniera mantener vivo y someterlo a juicio y condena como estrategia para sostener que en Uruguay se respetaban los derechos humanos y el día de toda persona ante los tribunales, como pudo ser el caso de Líber Seregni Raúl Sendic y otros notabilísimos luchadores sociales de aquel contexto histórico. Entonces, todo esto sumado al irritante problema de la Embajada llevó a Quinteros a la muerte, cabe concluir", agrega.




El crimen

La sentencia del juez Fernández Lecchini detalla en forma pormenorizada los hechos del secuestro de la maestra Elena Quinteros del jardin de la Embajada de Venezuela. Quinteros había sido detenida días antes, pero con la excusa de entregar un contacto fue dirigida hacia las proximidades de Boulevard Artigas y Avenida Rivera.

La maestra burló el seguimiento de los efectivos militares y saltó el muro de la Embajada, ingresando al patio, donde gritó su nombre y solicitó asilo político. Cuando era ayudada por miembros de la Embajada, efectivos uruguayos ingresaron a la sede diplomática y tras una serie de forcejeos lograron detenerla, siendo lastimado en uno de sus brazos el consejero de la Embajada, Frank Becerra. Quinteros fue trasladada al "300 Carlos" o "Infierno Chico" donde fue salvajemente torturada, perdiéndose su rastro sobre los primeros días de noviembre de 1976.

La detención de Quinteros generó un conflicto diplomático entre Venezuela y Uruguay. El Estado venezolano, por intermedio de su embajador en Uruguay, Julio Ramos, solicitó entregar a la maestra. Blanco elaboró junto a connotados dirigentes de la Cancillería (Guido Michelín Salomón, Alvaro Alvarez y Julio Cesar Lupinacci) un memorandum sobre cuales eran las ventajas y desventajas de entregar a la maestra. Finalmente, las autoridades uruguayas negaron cualquier acción ilícita y no entregaron a la maestra. El hecho generó la ruptura de relaciones entre ambos países, hasta la restauración democrática en 1985.

Mauricio Pérez

Fuente: La República