El poeta salmantino Marcos Ana, pseudónimo de Fernando Macarro Castillo, explicó ayer que la querella admitida por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón es producto de no haber establecido una Ley de la Memoria Histórica "como corresponde".

"Así nos pasa ahora", comentó el preso político que más años pasó en la cárcel durante el régimen franquista, 23, antes de asistir al homenaje que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila) le ha rendido como reconocimiento a su "trayectoria personal y artística".

Preguntado por la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, el poeta salmantino, nacido en 1920, considera que "está muy desactivada desde el punto de vista institucional", pese a que "los ciudadanos hacen lo que pueden". "Nació ya un poco enflaquecida", ha añadido, antes de explicar que los represaliados pedían que, como ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, "quedasen anulados todos los procesos y las condenas dictadas por tribunales ilegales contra nosotros, y eso no se ha conseguido todavía".

En este sentido, considera "increíble que mientras eso pasa contra" los represaliados, "sin embargo, haya la posibilidad de que un grupo de falangistas lleve a los tribunales a Baltasar Garzón", lo que constituye "una agresión a la democracia muy seria".

"Es un disparate lo que vivimos en España. Es el mundo al revés", ha sostenido, a la vez que ha considerado "de dudosa legalidad" a Falange Española, un colectivo que desde su punto de vista no existiría en Alemania.

Marcos Ana dijo que, con independencia de la opinión personal que cada uno tenga de Garzón, se trata de un juez "con mucho valor".

Para él, si finalmente es procesado Garzón, "habrá una verdadera cadena de manifestaciones".

"Todo ocurre porque no se ha establecido una Ley de la Memoria Histórica como corresponde, y así nos pasa ahora", ha explicado, después de señalar que con las leyes de amnistía nacionales, como la promulgada en España durante la Transición, "no pueden prescribir los delitos de lesa humanidad, como pasó en Portugal, donde anularon enseguida la Ley de Punto Final".

Fuente: La República.es