Por primera vez, el Estado reconocerá que cometió crímenes de lesa humanidad. Lo establecerá en una ley que llegará al Parlamento en marzo. Además, resarcirá a quienes padecieron cárcel, exilio, persecución ideológica y a los familiares de los detenidos desaparecidos.


Ricardo Portela


Por primera vez, desde hace 23 años, desde el retorno a la democracia y en una ley que ingresará al parlamento a principios del próximo mes de marzo, el Estado se hará, y por escrito, "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de haber propiciado el "terrorismo de Estado" en el período de tiempo que duró la dictadura en nuestro país: desde el 9 de febrero de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985.

También pedirá "perdón" por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos e institucionalizará el 11 de abril como el "día nacional de la memoria" fecha en la que se tiene conocimiento como el primer exterminio masivo en el Uruguay proveniente del Estado, cuando el general Fructuoso Rivera llevó a cabo la masacre de indígenas en Salsipuedes tras haberlos convocado con el aparente y luego falso pretexto de buscar la pacificación nacional.

Es una ley que contendrá además reparación asistencial y económica hacia un universo de uruguayos que, hasta el momento, no habían sido tenidos en cuenta en las leyes que ya fueron sancionadas y que contienen, en su espíritu, resarcimientos de índole previsional a aquellos detenidos políticos durante la dictadura cívico militar como la ley Nº 18.033 o aquella otra anterior que establecía el retorno a sus antiguos puestos de trabajo en el área pública con todos los beneficios jubilatorios a los que habían sido destituidos por militancia política.

El Estado buscará, con esta nueva ley de reparación integral, resarcir económica y asistencialmente, con programas de cobertura sanitaria y social, a aquellos uruguayos que fueron encarcelados, perseguidos, los que debieron vivir en forma clandestina debido a su actividad política o social, a los exiliados y a los familiares de los detenidos desaparecidos. Particularmente, estos últimos no han sido contemplados en ninguna de las leyes que se promulgaron en los años posteriores a la dictadura militar y hasta la fecha.

Según registros oficiales en poder del gobierno, son cientos los uruguayos que padecen secuelas físicas y psicológicas de los años en que padecieron persecución ideológica, cárcel o exilio. Muchos de estos casos patológicos han sido y son atendidos por organizaciones humanitarias pero, con la ley que el Poder Ejecutivo remitirá en marzo próximo, se busca agrupar a través del Sistema Nacional de Salud, la cobertura profesional médica de estos uruguayos.

El espíritu de la ley no difiere demasiado de las ya sancionadas, por lo que, para ser acogidos en la norma, deberá haber registros oficiales de haber estado detenido, de haberse visto obligado y por razones políticas o gremiales a ausentarse del país o de convivir clandestinamente a causa de la persecución ideológica. En el caso de los familiares de los desaparecidos, los requisitos no serán tan puntillosos como en los anteriores por razones obvias.

El proyecto de reparación integral tiene cinco puntos claros y específicos: primero el "perdón" del Estado por el terrorismo y las violaciones a los Derechos Humanos desarrollados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero del año 1985 que se traduce en el reconocimiento explícito de haber cometido crímenes o delitos de lesa humanidad contra la población, segundo las garantías de no repetir la experiencia de quiebre constitucional, tercero la restitución de los derechos fundamentales y básicos de la ciudadanía, cuarto, la "dignificación" de las personas afectadas y quinto, la reparación económica y asistencial a ese universo de uruguayos no contemplados hasta el momento.

Fuente: La República