El próximo viernes 8 de Junio convocamos al pueblo uruguayo a acompañar a Ricardo a su ciudad natal.

El cortejo partirá a la hora 09:00 desde la Sede de AUTE (Agraciada 2463).

Organizan: Madres y familiares, AUTE, Comisión de Soriano, Plenario Intersindical de Soriano, CRYSOL, Comisión de DDHH del PIT-CNT

COMPAÑERO RICARDO BLANCO

PRESENTE AHORA Y SIEMPRE!!!

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En el mes del décimo aniversario de nuestra institución, te invitamos a participar en el ciclo de conferencias que se realizarán los días 8, 9 y 10 de junio en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de la Udelar en el marco de las Jornadas de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Uruguay

Crysol

Crysol convoca a las 12 horas a un homenaje en el Memorial de los Desaparecidos, y a las 16 a una conmemoración en el Club Bohemios.

El jueves 14 de marzo de 1985 fueron liberados los últimos 47 presos y presas políticas de la dictadura. Se concretaba así uno de los pasos fundamentales de la recuperación de la democracia: las cárceles quedaban vacías. Seguía el largo camino de búsqueda de verdad y justicia.

Ese día, hace 25 años, cesaba la aplicación del mecanismo principal de represión aplicado por la dictadura uruguaya: la prisión política prolongada, acompañada en todos los casos por la tortura. Se han documentado casi 6 mil casos de prisión política, pero las denuncias de organizaciones políticas y sociales que resistieron la dictadura elevan la cifra a más de 10 mil.

La prisión y su acompañamiento infaltable, la tortura, fueron la amenaza permanente para todo aquel que decidiera participar de la resistencia y luchar por la democracia y la libertad. Afectó directamente a decenas de miles de uruguayas y uruguayos, los presos y sus familiares; pero fue también una forma de presión y amenaza hacia el conjunto de la sociedad.

El terrorismo de Estado encarceló y torturó sin pausa durante los 12 años de dictadura e incluso antes, durante la vigencia de las medidas prontas de seguridad. No es un detalle recordar que el último muerto en tortura fue el 16 de abril de 1984, Vladimir Roslik, siete meses antes de las elecciones y trece meses antes de la liberación de todos los presos políticos.

Todo eso se expresaba y conjugaba el 14 de marzo de 1985 cuando los últimos 47 hombres y mujeres dejaban las cárceles y eran recibidos por una multitud.

La prisión como instrumento privilegiado de represión

Más allá de las discusiones que aún perduran, tanto en el terreno académico como en el político, las investigaciones en diversas ramas de las ciencias sociales realizadas durante todo este tiempo, pero llevadas a un nuevo nivel en este último lustro, demuestran que la dictadura fue un proyecto estructurado, que aplicó masivamente el control social y el terrorismo de Estado y que su objetivo fue toda la sociedad.

El terrorismo de Estado tuvo varias dimensiones.

Se vigiló y se reprimió, en distintos niveles a la sociedad entera. Se ha logrado documentar que en Inteligencia de la Policía había 300 mil fichas individuales de ciudadanos y ciudadanas que fueron vigilados.

La Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) publicada por la Universidad de la República, documentó 116 muertes, 172 desapariciones y 5.925 presos y presas políticas, entre ellos 69 niños y niñas que o nacieron en prisión o fueron secuestrados junto con sus padres y permanecieron presos, ellos también, durante meses o años.

La propia investigación de la Udelar reconoce el carácter incompleto aún de la misma, la necesidad de acceder a más documentación e información. El número de desaparecidos, por ejemplo, es menor al que denuncian Madres y Familiares de Desaparecidos, esta organización lo sitúa en más de 180.

Algo similar ocurre con el número de presos y presas políticas. Las organizaciones clandestinas de resistencia a la dictadura, políticas y sociales, denunciaron en los años 80 que entre 10.000 y 11.000 uruguayas y uruguayos, durante diferentes períodos de tiempo, con diferentes modalidades de detención y en diferentes lugares (establecimientos de las Fuerzas Armadas, dependencias policiales, centros clandestinos de detención), fueron prisioneros políticos.

Estas cifras, las documentadas y las denunciadas, le dan sustento a la definición que la investigación de la Udelar realiza: "La detención masiva de personas y su encierro carcelario prolongado fue el mecanismo represivo principal aplicado por la dictadura uruguaya".

Características de la prisión

Todas y todos los presos políticos pasaron por un período de tortura, ya sea en establecimientos clandestinos o en unidades militares y policiales utilizadas masivamente al efecto. Algunos de ellos permanecieron períodos variables de tiempo detenidos y no fueron procesados por la Justicia Militar, pero además de las consecuencias físicas y psicológicas, quedaron fichados y con serias dificultades para continuar con su trabajo o sus estudios. Otros miles, fueron procesados, en juicios sin ninguna garantía, y condenados por la Justicia Militar. En las prisiones de la dictadura, enfrentaron condiciones de reclusión que eran en sí mismas una forma permanente de tortura; hubo dos establecimientos emblemáticos: el Penal de Libertad, para los hombres, y Punta de Rieles, para las mujeres, pero también se utilizaron unidades militares e incluso dependencias del entonces Consejo del Niño. Aislamiento, regímenes de castigo, visita limitada y controlada, hostigamiento, negación de asistencia, censura e incluso traslados a interrogatorios y tortura directa.

Ese fue el infierno cotidiano de miles de uruguayas y uruguayos, durante años.

Inclusive la vejación se prolongaba luego de la liberación. Tenían un régimen de libertad vigilada que los obligaba a reportarse periódicamente a una unidad militar y dar cuenta de todos sus movimientos. En una de las muestras más increíbles de la infamia, la dictadura les cobraba a los presos políticos luego de su liberación lo que se denominaba "expensas carcelarias" y se especificaba como "gastos de alojamiento (sic), vestimenta y alimentación". Para decirlo más claro, la dictadura abría cuentas en el BROU para que los presos políticos liberados pagaran por haber estado secuestrados y torturados.

La libertad

Todo este aparato estatal pervertido ­ya que la dictadura transformó la función del Estado de estar al servicio de los ciudadanos, y pasó, en todos sus niveles, a estar para perseguirlos y reprimirlos­ tuvo como respuesta la organización, la resistencia y la solidaridad. Nunca los presos estuvieron solos, nunca se dejó de denunciar la caída de un militante. Se organizaron redes solidarias para enviar paquetes a los presos que no tenían familias, se rodeó a los niños y niñas, especialmente a los que tenían a sus dos padres presos o muertos o desaparecidos. Se rodeó a los liberados, los entonces llamados "cabecitas peladas", porque en el Penal de Libertad eran sistemáticamente rapados a cero. Las cárceles fueron, en sí mismas, por la conducta ejemplar de la inmensa mayoría de los presos, centros de resistencia a la represión fascista.

Cada liberación era motivo de reunión y de solidaridad.

Por eso, cuando la dictadura empezó a tambalear y la lucha popular se hizo incontenible, el reclamo de libertad para los presos políticos estuvo siempre: en los 1º de mayo de 1983 y 1984, en las marchas estudiantiles, en el Obeliscazo, en las movilizaciones políticas.

Pero obviamente 1985 fue un año especial, luego de asumir el primer gobierno democrático, se votó el 8 de marzo de 1985 en el Parlamento la denominada Ley de Pacificación Nacional, que establecía como plazo para la liberación de los presos el 14 marzo. Quedaban 255 presos: 228 en el Penal de Libertad y 27 mujeres en la Jefatura de Policía.

El domingo 10 de marzo, en medio de una inmensa movilización popular que rodeó el Penal de Libertad, fueron liberados 173 hombres y 20 mujeres de la Jefatura. Entre ellos el actual Presidente de la República, entonces rehén de la dictadura, José Mujica.

El martes 12 de marzo fueron liberados otros 15 presos políticos, 13 hombres y 2 mujeres.

Finalmente, a las 20.00 horas del jueves 14 de marzo, cuatro horas antes del vencimiento del plazo legal, fueron liberados los últimos 47 presos políticos. Otra vez una multitud los recibió.

25 años después

Mucho ha cambiado. Quizá una de las imágenes más expresivas de ese cambio sea que hoy, el Presidente de la República, es uno de los presos que recuperaba la libertad hace 25 años.

Pero la sociedad uruguaya recién comienza a asumir la dimensión del impacto de la prisión política en su seno.

Miles de uruguayos la sufrieron y hoy enfrentan las consecuencias. Las más obvias en la salud, psíquica y física. Cientos de ex presos y ex presas han muerto de enfermedades, particularmente de cáncer y cardiovasculares, como consecuencia de la injusta prisión prolongada y las torturas.

Otras no son tan obvias. Las dificultades de reinserción laboral, la reconstrucción del núcleo familiar. Todas ellas graves y complejas.

Pero la más grave, ya no en el plano individual, sino como sociedad, fue y es la falta de justicia. Se ha avanzado mucho. Hay una ley de reparación que hay que perfeccionar, se avanza en el reconocimiento de su lucha y en la reconstrucción de la memoria histórica.

Pero ninguno de los responsables de la prisión y la tortura de miles de uruguayas y uruguayos ha respondido por ello. Se ha avanzado en la búsqueda de los desaparecidos, aún falta mucho y también en el juzgamiento por los asesinatos políticos.

Falta actuar sobre lo que fue la principal modalidad represiva de la dictadura; lo impide la vigencia de la Ley de Caducidad.

No se trata de venganza, ni de odio, se trata de un objetivo clave para la convivencia democrática plena: justicia.

Gabriel Mazzarovich

Fuente: La República

El próximo 25 de octubre los uruguayos decidirán por la anulación de la Ley de Caducidad. Será una instancia decisiva, y difícil. La sola existencia de una papeleta por la anulación, la papeleta rosada, y la inexistencia de una papeleta contraria, deja a muchos electores sin saber, siquiera, que este plebiscito se está llevando a cabo.

Cerca de un veinte por ciento de los uruguayos, no saben a ciencia cierta, que de no votar en esta instancia, es como si lo hicieran en contra.

La campaña por la anulación de la Ley de Caducidad quedó enteramente a cargo de la Coordinadora, y aunque el propio Frente Amplio ayudó, no existió una política desde la Corte Electoral, por ejemplo, de realizar una campaña de información a toda la ciudadanía, advirtiendo sobre las otras dos instancias que se suman a la de la elección partidaria propiamente dicha.

Estas y otras cosas hicieron que para una parte de los electores, especialmente los blancos y los colorados, la instancia del plebiscito al no unirse a las listas partidarias, no quede del todo clara.

Los frenteamplistas ensobrarán, claro está, en todas sus listas, pero los electores blancos y colorados que podrían apoyar la ley (y las encuestas indican que estos porcentajes están entre la quinta y la tercera parte de los mismos), quedarán a la dependencia de su propio esfuerzo de informarse y habérselas con la papeleta rosada.

Para conversar mano a mano con quienes están desinformados, para explicar, para convencer, para distribuir volantes explicativos, para entregar papeletas rosadas a los votantes de las listas partidarias que no la ensobran:











Enviado por Crysol

A 24 años del retorno a la democracia, CRYSOL, asociación de ex-presas y de ex presos políticos, declara que el Proyecto de Ley de Reconocimiento del Quebrantamiento del Estado de Derecho, presentado por el Poder Ejecutivo el 4.05.09, no es un proyecto de reparación integral ya que no cumple en su totalidad con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

El texto del proyecto de ley presentado no se corresponde con la intencionalidad manifestada en la exposición de motivos. A lo largo de dicho proyecto se despliegan las insuficiencias y las contradicciones no cumpliendo con el objetivo de profundizar la democracia, dignificando y reparando a todas las víctimas de la pre-dictadura y de la dictadura cívico-militar (1968-1985).

Los ex-presos políticos, somos una de las categorías de víctimas, entre otras, que no está contemplada en cuanto a su legítimo reclamo de reparación integral.

La verdadera reparación integral debe comprender todos los universos y todas las categorías de víctimas, así como los principios de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción, prevención y garantías de no repetición requeridas por las Naciones Unidas.

Montevideo, 7 de mayo 2009

Crysol
asociación de ex pres@s polític@s de uruguay

Foto: Crysol

En conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), Crysol presentó públicamente el documento "Informe desde la sociedad civil", que hará llegar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones para el Examen Periódico Universal que se llevará a cabo el 11 de mayo de 2009 en Ginebra, para evaluar la situación de los derechos humanos en Uruguay.

A continuación el texto del informe.

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PASADO DE OCULTAMIENTO Y ENGAÑO,
PRESENTE DE IMPUNIDAD.

La primera acción terrorista estatal de la historia uruguaya se desencadenó a partir del 11 de abril de 1831, en la zona de los arroyos “Salsipuedes” entre Paysandú actual y Tacuarembó.

Contó con el secreto articulado desde el estado y la prensa contenida de facto y principalmente, con lo mejor del primer ejérrcito regular, que incorporó dos escuadrones clandestinos de brasileños invasores apropiadores de tierra y un grupo de argentinos encabezados por el Gral. Lavalle.

La revisión histórica de los últimos años, nos reveló ya en 1831 todos los elementos tipificados como delitos de lesa humanidad, de acuerdo a las normativas vigentes del derecho internacional humanitario.

Este operativo estatal encubierto comienza con la masacre de los Charrúas participantes de la gesta artiguista y luchadores por la independencia con la desaparición de los restos de las victimas; el cautiverio degradante de las mujeres, ancianos y niños sobrevivientes; el abuso sexual e imposición de otras identidades; el desarraigo de sus tierras y costumbres; el secuestro de los niños y la reducción a servidumbre de sus madres.

Ocultación, engaño e impunidad hasta nuestros días. Cualquier similitud con los hechos de nuestro pasado reciente, no son mera casualidad siendo el derecho de los ciudadanos el conocer y saber la verdad de los hechos ocurridos en el antes y el ahora, nuestra organización propone: que se declare el día 11 de abril: “Día de la memoria a las victimas de los derechos humanos” tales como el genocidio de la población charrúa y otros actos posteriores de terrorismo de estado en la época reciente. (*)

* Artículo cuatro, inciso cuatro del proyecto de Ley de Reparación Integral, incluido en el libro “Derecho a la reparación integral de violaciones a los derechos humanos” presentado en la antesala de la Cámara de Representantes el 11 de marzo de 2008, por Crysol y el Dr. Oscar López Goldaracena.

“QUE JUZGUE LA HISTORIA”

“QUE CASTIGUE LA VERDAD”

“QUE CONDENE LA JUSTICIA ”

Cabalgando por la “Ruta de los Charrúas”

RUMBO AL SALSIPUEDES

Sábado 18 de Abril de 2009
A la salida del sol parte la Cabalgata desde Guichón.
H. 9 - Breve Acto frente a la Escuela No. 17 de Piñera.
H. 9.30 – Se suman integrantes nuevas Aparcerías.
H. 11.30 - Almuerzo en la Escuela No. 18 de Merinos.
H. 15 - Se reanuda la marcha agregándose jinetes.
H. 17.30 – 3 Arboles – Aparcería Paso de los Toros.
H. 18 – Acto en la No. 60 de Morató – Suma Aparcería.
H. 19 – Cena en Escuela, Confraternidad, Pernocte.

Domingo 19 de Abril de 2009

H. 8 – Parte Cabalgata desde Estancia “La Lolita”.
H. 10 - Acto en la Escuela No. 29 “Vaimaca Perú”.
H.11 - Concentración junto al “Memorial Charrúa”.
H.11.30 – Acto, Recordación, Homenaje y Ofrenda.
H.12.30 – Regreso al cercano Pueblo de Tiatucurá.
H. 13 – Almuerzo de confraternidad en Escuela 29.
H. 15 – Recitado, Música, Folclore, Bailes Típicos.
H.17 – Desconcentración, regreso de excusiones.

Información:

1520 am. radio la nueva paz 0742 / 2053 - lanuevapaz@adinet.com.uy
Escuela No. 17 Piñera 0740 – 2309.
Escuela No. 18 Merinos 0740 – 2311.
Escuela No. 60 Moratò 0740 – 2415.
Escuela No. 29 Tiatucurà 0740 – 2509.
Capataz Cabalgata – Fernando Lasaga 098 658485.
Agrupación Creativos – pavaldez77@hotmail.com

La delegación de Crysol parte desde Lorenzo Carnelli 1294 el viernes 17 de abril a las 15 horas Por información adicional contactar a la Comisión del Interior.

Enviado por:

Crysol
Asociación de ex pres@s polític@s de uruguay

Frente a la inminente resolución del Supremo Tribunal Federal de la hermana República Federativa del Brasil, respecto a la extradición del Cnel. ® Manuel Cordero solicitada por la Justicia uruguaya, queremos manifestar en primera instancia nuestra preocupación por la múltiples denuncias que de ese país nos llegan.

El Cnel. ® Manuel Cordero quien debe esperar este fallo en prisión domiciliaria, circula libremente por la ciudad de Livramento.

Dada la experiencia vivida respecto del caso de C/N ® Jorge Néstor Tróccoli y la lentitud de la actuación de los organismos competentes, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos - Desaparecidos entiende que el gobierno uruguayo debe tomar como Asunto de Estado, las causas que involucran delitos de Lesa Humanidad, contra nuestros ciudadanos. Además de los casos de Italia y Brasil, las causas del ex miembro del Escuadrón de la Muerte Nelson Bardesio y el Mayor Antraig Ohannessian que se encuentran detenidos en la República Argentina.

Por lo tanto, solicitamos se instruya a los consulados en los países involucrados para que den especial seguimiento de las mismas y ponga particular interés en la concreción de la extradición del prófugo Manuel Cordero.

Enviado por Crysol


Nuestros lectores vienen siendo debidamente informados de todo el proceso institucional que se ha estado discutiendo en estos últimos meses sobre un proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

Como no se trata de un tema menor, hemos informado de los distintos pasos que se han ido llevando adelante luego de cotejar debidamente la información. Se ha partido de dos hechos claros, indiscutibles: por un lado institucionalizar una reparación por parte del Estado y, dar respuesta a situaciones, en muchos casos acuciantes, que están viviendo muchos de los luchadores sociales. Existe un proyecto fruto, fundamentalmente del trabajo de tres legisladores que parece haber recogido un interesante consenso en la bancada frenteamplista y que recoge muchas de las limitaciones que contiene la ley 18.033, que instituyó una pensión a los ex presos por medio del BPS, equiparándolos a las pensiones graciables que dos por tres se votan en el Parlamento.

Craso error. Acá no se trata solamente de un tema económico, sino de concepción ideológica. Los ex presos y presas políticas no son pensionistas son víctimas del terrorismo de Estado. Esta confusión ideológica se trasunta hasta en algunos legisladores del gobierno. Hemos escuchado alguna manifestación en cuanto a que "no luchamos para que el gobierno terminara votándonos una pensión". Afirmación que es muy cierta. Como es cierto también que no se luchó para que ellos terminaran atornillados en la "colina Parlamento", durante las necesarias legislaturas que les aseguren una pensión interesante para toda la vida, ni tampoco para viajar ­pago por el Estado­ por el mundo. Nadie luchó ni sufrió tortura ni prisión por ninguno de los dos motivos. Sin embargo, las Naciones Unidas tienen definidas una serie de medidas que se deben adoptar para reparar situaciones como las que se vivieron en nuestro país y, casualmente , nuestro país es el único que no ha transitado ese camino.

Como la ley 18.033 de 2006 no contempló ni siquiera a los familiares de muertos en tortura, prisión, ni desaparecidos, ahora este nuevo proyecto busca, con gran amplitud, abarcar la mayor cantidad posible de situaciones vividas en esas oscuras épocas. Claro que el proyecto en estos momentos va y viene de Presidencia al Ministerio de Economía y Finanzas, analizando los costos del mismo. La primera reflexión que se nos ocurre es constatar qué lejos estamos de aquella alegría popular y solidaria que despertó entre los uruguayos la liberación del general Seregni, o la llegada de los hijos de los exiliados y qué decir de la decisión del entonces presidente Julio María Sanguinetti cuando resolvió amnistiar a los presos. Parecería que los pamperos han borrado recuerdos, han borrados memorias, han borrado solidaridades, han borrado principios que deberían ser imborrables.

Hoy priman mezquindades políticas que nos acercan a otras corrientes. Lo cierto es que el Ministerio de Economía le saca punta al lápiz para analizar el costo monetario de esta nueva ley que se proyecta y de las propuestas de aumentar la pensión de la ley 18.033 que resulta muy ajustada, para definirla benévolamente. Esperamos que, de tanto sacar punta al lápiz, no se queden sin lápiz. Por si acaso, humildemente sugerimos que, si falta dinero o hay poco para repartir entre las víctimas del terrorismo de Estado, como se hizo en otros países de la región, se recuerde que todos los responsables militares, todos los mandos de la época dictatorial, todos quienes llevaron adelante las prácticas de terrorismo de Estado están recibiendo una jubilación que supera los $ 120.000. ¿Los estamos premiando?.

No parece equilibrado que, para compensar a las víctimas del terrorismo, se esté tratando de dar lo menos posible y para quienes durante tantos años generaron y practicaron el terrorismo existan generosas jubilaciones por parte del Estado. La pregunta que surge es si en este terreno se estarán haciendo las cosas equilibradamente. Parecería que en realidad donde habría que sacar punta al lápiz, es sobre los ideólogos e instrumentadores del terrorismo y no sobre las víctimas que generaron. ¿Estaremos tan equivocados?

El próximo martes 9 de setiembre, día en el que Elena Quinteros debía cumplir 63 años, una escuela de Montevideo llevará su nombre.


Raúl Olivera


En el barrio Flor de Maroñas, - calle Marcos Salcedo 5644 entre Peteroa y Justino Jiménez de Arechaga -, un barrio de gente humilde y trabajadora en el que se encuentran enclavados varios grupos habitacionales y entre ellos muchas Cooperativas de Viviendas, se encuentra la Escuela de Primer Grado que pasará a denominarse “Maestra Elena Quinteros”.

En un barrio, que antaño supo albergar grandes industrias como las textiles ILDU, SADIL, SUITEX, aceiteras como la TORINO, lavaderos de lana, y que supo también de la presencia de una generación de jóvenes, que como Elena, bajo la influencia del Sindicato de FUNSA enfrentaban el autoritarismo creciente de aquellos años.

La Escuela Nº 181, tendrá el privilegio de ser la segunda escuela en el Uruguay que lleva el nombre de un maestro desaparecido. El 11 de noviembre de 1987, otra ley había designado a la Escuela Nº 269 de Montevideo, con el nombre de “Maestro Julio Castro.

Con esa decisión que partió del propio barrio, que las autoridades de Primaria hicieron suya, y que finalmente el Senado de la República transformó en Ley el 13 de mayo del 2008, se hace honor a quien fuera un ejemplo de resistencia a la dictadura.

En la exposición de motivos de la ley que fuera aprobada por unanimidad por la Cámara alta, se recogen aspectos sustanciales de la vida de Elena Quinteros: “Fue educada en las Dominicas; ingresó a Magisterio, al Instituto Normal, en el año 1962, y egresó en 1966. Eran tiempos en que la formación de Reyna Reyes era fortísima y que libros como la “Vida de un maestro” –de Jesualdo- eran referentes para esa generación.

En esa época, mediados de los sesenta, se vivía en el país una escalada represiva que llevó a profundizar las luchas estudiantiles y obreras. Allí estaba Elena, entre el pensar y el hacer, que abarcaba lo político, lo gremial, y su formación como maestra, jugándose con cabeza muy clara, con firmeza, desde el amor a la vida.

Si algo definía a Elena era su coherencia, su amor y su compromiso con la libertad de todos, y no con la libertad individual y en exclusiva.

A mediados de 1966, Elena se incorporó a la FAU y fue activa militante de la ROE, la Resistencia Obrero-Estudiantil. Diez años después, ya en 1975, fue una de las primeras que trabajosamente actuó en la fundación del PVP, Partido Por la Victoria del Pueblo, junto con Sarita Méndez, Lilián Celiberti, Yamandú González, Telva Juárez y muchos otros jóvenes estudiantes de la época.

Participó en las misiones sociopedagógicas, en particular en la de 1967 en Capilla de Farruco, en Durazno, con espíritu abierto, sabiendo que no sólo iba a aportar sino que era una instancia para nutrirse y aprender mucho del contacto con la gente. Una práctica que implicaba todo un posicionamiento ante la vida.

Alguien alguna vez ha dicho que Elena era misionera, en el sentido de la autoexigencia de sacrificio, de una práctica austera, que para nada quiere decir amargada -porque si había una persona alegre, era Elena-, y de la perseverancia en una especie de trabajo de hormiga; ese trabajo de hormiga que es imprescindible para casi todo en la vida.

Si de alguna tarea se la responsabilizaba a Elena, desde resumir en la biblioteca el “Manual” de Murchison, de cuatrocientas y pico de páginas, hasta sacar un volante clandestino, no había duda de que lo hacía; que nadie tuviera duda, porque lo hacía, tuviera todos los obstáculos que tuviera, y fuera la tarea que fuera.

A pesar de que eran tiempos en los que a veces no había tantas horas para dedicar al estudio, Elena nunca descuidó su formación profesional. Así fue que pasó también por la Facultad de Humanidades.

El 16 de noviembre de 1967 fue detenida por primera vez y liberada al otro día. En octubre de 1969 fue detenida, procesada y enviada a la cárcel, donde permaneció hasta octubre de 1970.

En junio de 1975 fue destituida, porque un mes antes de cumplirse los dos años del golpe de Estado fue requerida por las Fuerzas Conjuntas.

El 26 de junio de 1976, Elena Quinteros es detenida y llevada al “300 Carlos”, que dependía de la División de Ejército I. Allí, en “el infierno”, operaban, entre otros, Cordero, Gavazzo, el “Pajarito” Silveira, Ferro, Yannone y Carlos Rosell.

En la mañana del 28 de junio, Elena se hace conducir a las cercanías de la Embajada de Venezuela con el argumento de “entregar” un contacto. Allí intenta fugarse corriendo y saltando hacia adentro de la Embajada, desde donde es secuestrada por la fuerza por policías y militares uruguayos, forcejeando con los funcionarios venezolanos y frente a la complicidad de los policías a cargo de la custodia de la Embajada.

Con una pierna quebrada durante la lucha para introducirla en un auto frente a la Embajada de Venezuela, es llevada al Batallón de Infantería Nº 13, es identificada con el Nº 2537 y sometida a torturas salvajes, según los testimonios de otros presos políticos allí detenidos.

La Embajada de Venezuela y el propio Gobierno venezolano protestan inmediatamente -no podía ser de otra manera-, exigiendo la entrega de esta mujer que había sido claramente secuestrada en su territorio.

El 3 de julio se reúne el COSENA y decide no entregar a Elena, por lo que finalmente, el 5 de julio, Venezuela suspende las relaciones diplomáticas con Uruguay cuando queda claro que los dictadores no están dispuestos a devolver viva a Elena.

Esta mujer, maestra, Elena Cándida Quinteros Almeida, la detenida 2537 en el Batallón Nº 13, nuestra detenida desaparecida, no era una ingenua. Peleó por una sociedad justa, humana, donde cada uno de nosotros nos pudiéramos mirar cara a cara todos los días desde las diferentes miradas, desde la diversidad que tenemos, construyendo salidas para la pública felicidad.

Peleó como militante política, como militante sindical, y PELEÓ COMO MAESTRA; porque sabía muy bien que desde la escuela había mucho que hacer por el hombre, por el niño, por el futuro.

Hoy, en muchas escuelas, muchas Elenas anónimas dan la misma lucha que ella, por la igualdad, por las oportunidades, por la esperanza, por el otro. Parece justo, y a tiempo, que una escuela lleve su nombre”

[1] COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CARPETA Nº 1892 DE 2007. REPARTIDO Nº 1005, JULIO DE 2007. MAESTRA ELENA QUINTEROS, Designación a la Escuela Nº 181 de la ciudad de Montevideo.