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Tras la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), este organismo internacional ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.

El Comité hizo especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los Derechos Humanos guíen sus estrategias de recuperación económica.

El Comité también le recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los Derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.

Este Comité, constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, está encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977. Cada Estado parte tiene la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Comité en Ginebra sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Recomendaciones a España

En sus recomendaciones finales, publicadas el pasado 21 de mayo, el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo.

Asimismo, el Comité recordó al Estado que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

El Comité recomienda “vigorosamente” que el Estado adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza que incluya “medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la crisis”. El Comité destacó las altas tasas de pobreza infantil y la situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.

En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Pide al Estado “evitar cualquier retroceso” en este ámbito, “incluyendo en materia de protección de los Derechos laborales de los trabajadores”.

Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.

En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. El Comité muestra especial preocupación por la “persistencia de altos niveles de violencia doméstica” e insta al Estado que garantice que los recortes “no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus Derechos”. También recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.

En cuanto al Real Decreto–Ley 16/2012 sobre la reforma sanitaria, el Comité pide al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. También insta al Estado “a dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE)”.

Reconociendo la situación de las personas con hipotecas impagables, recomienda al Estado que “impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.

Además, señaló la necesidad de “aumentar la oferta de vivienda social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar un marco legislativo que establezca salvaguardas de Derechos Humanos que deben cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del Estado de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como de recopilar datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar medidas de rehabilitación adecuada.

El Comité critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y afirma que las medidas adoptadas por el Estado que incrementan las tasas universitarias son “regresivas” y ponen “en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos” a la educación universitaria. Recomienda al Estado que asegure “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE.

La discriminación, especialmente hacia la población inmigrante y gitana, y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

También insta a que la descentralización de las competencias relacionadas con los Derechos económicos, sociales y culturales, y las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social, no resulten en un disfrute “inequitativo o discriminatorio” de estos derechos entre las 17 comunidades. Ante la disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pide elevar la cooperación al desarrollo a un nivel no menor al 0,7% de la Renta Nacional Bruta, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.

Cabe destacar que al emitir las recomendaciones sobre España, el Comité dirigió una carta pública a todos los Estados parte del PIDESC, en la que plantea los criterios que las políticas de austeridad y otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto.

Primero, cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los Derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; segundo, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada, de tal manera que no adoptarlas pondría en riesgo aún más los derechos humanos; tercero, no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis, así como asegurar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.

Finalmente, según el Comité, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en el PIDESC en todo momento.

Fuente: AmecoPress