El fiscal Ricardo Perciballe presentó un recurso de revocación. Defensores de derechos humanos piden que lo coloquen en la fiscalía que deja Mirtha Guianze. El fiscal de Corte Jorge Díaz marca su mandato de diez años. La sanción es aplaudida por quienes denunciaban una campaña en contra de Gonzalo Fernández y por quienes no lo enfrentarán en una causa penal.

El nuevo fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, parece dispuesto a imponer la política con la que se regirá en los diez años que debería durar su mandato. El traslado del fiscal Ricardo Perciballe y la designación de su sustituto Juan Gómez se han convertido en un mensaje para un gremio de fiscales que rechazaba que un juez fuera nombrado en el cargo.

Perciballe fue enviado a ocupar la única vacante en una fiscalía civil (por la muerte de Edward Hernández) cuando su especialización en lo criminal podía utilizarse en las fiscalías penales que dejan Eduardo Fernández Dovat desde octubre de 2011, Juan Gómez que pasa a delitos especiales y Mirtha Guianze, quien fue designada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La posibilidad de que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, revea la decisión del traslado o, al menos, reubique a Perciballe en la fiscalía penal de 2° turno que deja Guianze, y en la que aún existen una serie de casos de crímenes en tiempos de la dictadura, es el propósito de varias ONG, personalidades y organizaciones de derechos humanos.

El traslado de Perciballe aparece teñido de connotaciones políticas, desde el momento en que el fiscal atendía una causa en la que era indagado el ex canciller Gonzalo Fernández y en la que era juez el propio Jorge Díaz, quien tenía otras causas relativas a presunta corrupción. El mismo día en que Perciballe era trasladado, Fernández denunciaba irregularidades en la instrucción del caso.

En el ámbito político, el traslado del fiscal fue aplaudido por quienes denuncian una campaña en contra del ex secretario presidencial como un tiro por elevación contra Tabaré Vázquez y el gobierno. Paradójicamente, también aplauden criminales y delincuentes que no tendrán que enfrentar a Perciballe en casos penales, de crimen organizado o violación a los derechos humanos.

La indirecta sanción al fiscal que había ordenado el procesamiento de miembros del Escuadrón de la Muerte y actuó en el caso Feldman, también ha sido asociada a los intentos de censura o presión sobre la independencia técnica de la jueza Mariana Mota, o las fiscales Ana María Tellechea y Mirtha Guianze, quienes actúan en causas de violaciones a los derechos humanos.

“Tomé determinadas conductas procesales que entendía pertinente, que de una forma u otra pueden haber molestado al ex juez [Jorge Díaz]”, dijo Perciballe, quien presentó esta semana un fundamentado recurso de revocación y no descarta, de ser necesario, recurrir incluso ante tribunales internacionales frente a lo que considera una violación de sus derechos.

JUSTICIA ESPECIALIZADA

En 2008 el sistema jurídico uruguayo vivió una importante modificación cuando el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas la creación de dos nuevos juzgados especiales contra el crimen organizado, una iniciativa del gobierno en el marco de su política contra el narcotráfico, el lavado de activos y la instalación de mafias internacionales en el ámbito local.

El 1 de enero de 2009 asumieron en las flamantes sedes judiciales los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz. Gatti había procesado al dictador Juan María Bordaberry por crímenes de la dictadura y ordenó la prisión de Juan Peirano, extraditado desde Estados Unidos. Díaz había sobresalido por su acción en las operaciones contra las drogas Cancerbero y Cancerbero II.

Días después, la entonces ministra de Educación y Cultura, María Simon, nombraba a los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe como fiscales contra el crimen organizado, a propuesta del doctor Rafael Ubiría, titular de la Fiscalía de Corte desde 2007 cuando en el Parlamento obtuvo los votos que la oposición negó al candidato del oficialismo: casualmente, Ricardo Perciballe.

Los nuevos fiscales tenían destacados antecedentes. Ferrero había sido la representante del ministerio público en las causas contra los narcotraficantes que había instruido el propio juez Jorge Díaz. Perciballe había logrado reconocimiento por su dictamen en la causa contra miembros del Escuadrón de la Muerte, defendidos por el influyente ex fiscal de Corte Miguel Langón.

En los casos de crímenes complejos, Perciballe y Díaz se constituyen en un equipo destacado por la prensa, al menos hasta octubre de 2009 cuando les toca intervenir en el caso de Saúl Feldman, muerto a balazos tras un incendio que evidenció la existencia de un arsenal de 700 armas en su domicilio del barrio Aires Puros. Perciballe terminó pidiendo el archivo del caso. Díaz aceptó.



ENCAUSAR A FERNÁNDEZ

En setiembre de 2010, el fiscal Perciballe y el juez Díaz toman otro caso con fuertes connotaciones políticas. El abogado Gustavo Salle denuncia al jurista Gonzalo Fernández por una presunta maniobra en la que se llega a derogar el artículo 76 de la Ley 2.230 para que desaparezca el delito por el que fueron procesados con prisión los hermanos Peirano Basso.

No era el único caso en el que Díaz y Perciballe indagaban a Gonzalo Fernández. El jurista también era sospechoso de beneficiar a su estudio jurídico personal en la defensa de un gerente del Banco Montevideo y en la aprobación de un decreto que dio marco jurídico a un sistema de seguros del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cliente del estudio jurídico de Fernández.

Curiosamente, en aquellos días el abogado Salle pidió que el fiscal Ricardo Perciballe se abstuviera de intervenir en el expediente, ya que tenía un vínculo con Gonzalo Fernández, quien en 2007, siendo secretario de Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez, había impulsado la candidatura de Perciballe al cargo de fiscal de Corte que finalmente obtuvo Ubiría.

Gonzalo Fernández tenía por entonces otras denuncias en su contra. Una por no suspender el ejercicio de su profesión de abogado siendo secretario de Presidencia, otra por una supuesta negociación con la empresa Cerro Free Port y otra por ser consultor de la empresa Tenfield durante un juicio por defraudación tributaria. Las tres terminaron archivadas.

Ante la nueva denuncia contra Fernández, el juez Díaz pide ampliar la información documental a los tres poderes del Estado. El expediente judicial sobre la quiebra del Banco Montevideo, la promulgación presidencial de la ley que eliminó el delito de los Peirano y las actas parlamentarias en las que el senador blanco Sergio Abreu hizo un planteo de fueros sobre el episodio.

Abreu sostuvo que derogar el artículo 76 de la ley 2.230 fue una sugerencia de Fernández, quien en 2006 advirtió a Danilo Astori que si derogaban el artículo los Peirano quedaban libres. La ley se promulgó con la firma de Fernández, que era canciller. Fernández y su pareja, Cecilia Salom, eran “indistintamente” abogados del banquero Juan Domingo Ratti, beneficiado con el decreto.

JUEZ SOBRE FISCALES

En setiembre del año pasado, el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero comenzaban a tomar declaraciones en una causa sobre presuntas irregularidades en el Hospital Italiano, que había denunciado una comisión interventora que durante el primer año de mandato del presidente José Mujica administró el centro asistencial.

Entre los indagados aparecían el abogado Mario Bianchi, hoy secretario general de OSE, quien presidió la Junta Directiva del Italiano en 2008, y Jorge Massa, presidente de la institución médica, reconocido por su condición de gran maestre de la Masonería. Los directivos, según la denuncia, habían creado una empresa fantasma con la que vaciaron la institución.

En esos días trasciende que el juez Díaz será designado fiscal de Corte en lugar de Rafael Ubiría. La noticia implica una inmediata reunión de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) que reivindica que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado por un miembro del ministerio público y no por un magistrado del Poder Judicial.

En la reunión gremial, el fiscal Perciballe es uno de lo que reclaman con mayor firmeza que se mantenga la tradición de ocupar el cargo desde las fiscalías. La misma posición sostienen las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Tellechea. La posición de Perciballe deriva en un distanciamiento con el juez Díaz.

Sólo semanas después, en noviembre de 2011, el rostro emocionado del juez Jorge Díaz ocupa las pantallas de televisión cuando ordena el procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco, implicada en un caso de desvío de fondos. La jueza no apela. El 10 de abril, el Parlamento concede la venia para la designación del juez Díaz, que asume el día 17 como jefe de todos los fiscales.

DE PENAL A CIVIL ES GOL

El 10 de mayo, sorpresivamente se difunde en la prensa que el flamante fiscal de Corte decidió el traslado de Perciballe a una fiscalía civil y su subrogación por el fiscal Juan Gómez en el despacho contra el crimen organizado. La noticia publicada en El País explica que el Ministerio de Educación y Cultura, a cargo de Ricardo Ehrlich, ya designó a Gómez pero aún no notificó a Perciballe.

Trasciende que la remoción fue pedida el lunes 7 de mayo, pero que el viernes 27 de abril, Jorge Díaz ya le había ofrecido el cargo a Gómez, con quien le une una larga amistad. Gómez, que fue fiscal en Maldonado, se encontraba en la Fiscalía Penal de 1er turno que el propio Perciballe había dejado antes de pasar a trabajar contra el crimen organizado.

Los senadores Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry escriben en sus cuentas de Twitter que el propio Díaz les había anunciado el traslado de Perciballe. No explicaron en qué ámbito tuvieron la infidencia. Ninguna de las actas parlamentarias de comisiones y sala hace referencia a que el tema se haya tocado en el seno del Parlamento.

También trasciende que Gómez, quien el mismo día 10 se despedía de sus colaboradores en la fiscalía, se excusaría de intervenir en las causas que implican a Gonzalo Fernández por haber sido compañero de trabajo de su mujer, Cecilia Salom. El caso Fernández quedará en manos de la fiscal Mónica Ferrero, quien permanecería en los juzgados especiales.

En la misma jornada del 10 de mayo, el propio Gonzalo Fernández se presentó ante el juzgado penal con un escrito en el que calificó de irregular que en 17 meses de investigación ni el fiscal ni el juez le llamaran a declarar. Dijo que Perciballe “alardeaba” con su procesamiento y que lo que se pretendía era enlodar a Tabaré Vázquez y perjudicar su futuro político.

La AMFU recién tratará el tema en junio, pero desautorizó una declaración de la fiscal Tellechea, quien advirtió que "esto responde a otros intereses" y ahora "todos quedamos propensos a que nos venga un latigazo de arriba". "Los fiscales tenemos que aprender a madurar y aceptar los destinos", replicó Gustavo Zubía, fiscal de menores, también amigo de Díaz.

EL RECURSO DE RICARDO

El fiscal Ricardo Perciballe presentó esta semana ante el ministro Ehrlich un recurso de revocación de 18 páginas, en el que considera que la resolución de su traslado tiene vicios formales en la medida en que se omitió darle vista previa, lo que implica una lesión de garantías constitucionales y dice que sólo se fundamenta en argumentos de “rotación” y “mejora del servicio”.

El fiscal sancionado subraya que la medida “no obedece de forma alguna a un mal desempeño de la tarea desplegada” y opina que en el caso hay un uso discrecional del poder del fiscal de Corte que llega a la arbitrariedad y constituye la vulneración flagrante de una regla de derecho, y que no existieron tales razones de servicio.

Alega también que no ha tenido mayor exposición mediática o algún problema de salud, al punto de que en veinte años de servicio sólo utilizó cuatro días de licencia por enfermedad. Agrega que no se comprende por qué no es trasladada la otra fiscal especial, Mónica Ferrero, quien ha tenido un número mayor de casos y de desgaste y tendrá ahora, además, el caso Gonzalo Fernández.

Perciballe opina que se está desmantelando los juzgados especializados y señala que se ordenó su traslado inmediato mientras al fiscal Gómez se le permitió terminar algunas causas en trámite y hasta subrogar otra fiscalía. También aduce que Díaz anticipó su decisión a sectores políticos, en clara contradicción con el principio de independencia técnica de los magistrados.

“Como broche de oro de este largo collar de contradicciones, se designa al suscrito en la órbita civil cuando precisamente éste se ha especializado desde hace más de veinte años en materia penal, circunstancia más que conocida por el proponente”, dice el escrito que advierte que en el ámbito penal había tres despachos a subrogar y se lo envía a la única fiscalía en lo civil vacante.

Perciballe sostiene que hay motivos no explicitados en su traslado, entre los que incluye su rechazo al nombramiento de un juez en la Fiscalía de Corte y diferencias que tenía con Díaz en casos sobre los que no puede ampliar porque aún están en presumario, pero que denota “el animus vindicatum” (ánimo vindicativo) del proceder del fiscal de Corte y su desviación de poder.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras&Caretas