El pasado 6 de junio del 2011, el abogado experto en derechos humanos Dr. Juan Errandonea, participó de una charla abierta en la Sede de Crysol donde se valoraron los caminos posibles a seguir para eliminar la impunidad que pesa sobre los uruguayos.

Veamos como estamos parados hoy con respecto a la Ley de Caducidad, CIDH y prescripción.

Hace unos años El juez Luis Charles procesa y condena a Gavazzo y Arab a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios muy especialmente agravados, vinculados al 2º vuelo. La fiscal Mirtha Guianze, en el juicio, pide que se condene por “desaparición forzada” ya que estás 28 personas aún siguen desaparecidas. Guianze apela la sentencia para que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie, porque es obvio que la desaparición forzada es una figura que está prevista en los tratados internacionales y fue incorporada por ley en el Uruguay a partir de 25 de setiembre del 2006.

El Tribunal de Apelaciones, no hace lugar y ratifica la sentencia en 1º instancia. Guianze interpone un pedido de Casación ante la SCJ (esto hace casi dos años) y ésta se pronuncia recientemente, por mayoría 4 a 1 ratificando nuevamente la sentencia de condena por homicidios especialmente agravados.

Cuatro cosas que se pueden hacer hoy en el corto plazo que nos queda:

1º) La preocupación y tarea que debemos tener quienes exigimos eliminar la ley de impunidad es conseguir que el Parlamento apruebe una ley con respecto a los plazos de prescripción. No nos podemos distraer de ese objetivo ya que no se puede aprobar una ley después que el plazo prescriba.

Se puede solucionar de varias maneras: prorrogando los plazos (hay argumentos valederos), o que por ley se entienda que son delitos de lesa humanidad o una tercera posibilidad que es que la prescripción se corte con la presentación de la denuncia y no con la orden judicial, el arresto y procesamiento.

Sabemos que no es lo mejor, pero se nos vienen los plazos encima y realmente corremos peligro, porque después que pase el 1º de noviembre, aunque la SCJ se exprese dentro de 1 o 2 años, no se puede hacer renacer el plazo de prescripción.

2º) El fallo de la CIDH, no le exige al Estado uruguayo que “debe anular la ley de caducidad”, lo que dice es que la ley no puede constituir un obstáculo para la investigación y el castigo de los responsables en el caso Gelman (Si Uruguay no cumpliera con la resolución de la CIDH la Corte comunicará a la asamblea de la OEA - Organización de Estados Americanos - que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes.).

Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo resuelva y decida que va a hacer con el fallo de la CIDH, porque hasta ahora no han hecho nada. El gobierno puede marcarle el paso a la SCJ para que ésta, de oficio, asuma competencia. El artículo 239 de la Constitución establece que la SCJ es competente para resolver todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. El Dr. Alberto Pérez Pérez dice que, como este paso surge de un organismo internacional, es obligatorio para Uruguay y la SCJ es competente para resolver que se hace con ese caso concreto, con la ventaja que se podría dictar una sentencia genérica que dijera que este paso es obligatorio para el Estado uruguayo, por lo tanto no puede ser, la ley de caducidad, un obstáculo para que se realicen investigaciones para todos los casos, además de las reparaciones, búsquedas, etc.

3º) Que el Poder Ejecutivo desarchive las 89 causas que fueron archivadas. Esto es simplemente un acto administrativo y lo puede hacer sacando una resolución que reúna todas las causas, las desarchive y las remita a los juzgados correspondientes. También se puede hacer caso por caso a pedido de los interesados.

4º) Dar el paso de derogar la Ley de Caducidad. Derogar no es perdonar, es dejar de existir y a esta altura y con los plazos establecidos, no podemos seguir dando vueltas con la anulación o los plebiscitos que ya dieron lo que pudieron dar. ¡Urge una solución inmediata!, y se puede hacer un solo paquete con estas cuatro medidas:

a) Prórroga de los plazos de prescripción.
b) Que el gobierno decida que hacer ante la CIDH.
c) El desarchivo de todos los casos.
d) Dar el paso a la derogación, que nos permitiría seguir avanzando.

No es lo deseado por nosotros, pero si tenemos éxito con el desarchivo de todas las causas, si tenemos éxito con la aplicación del fallo de la CHID y si se prorrogan los plazos y podemos seguir tramitando las denuncias penales, y si además, se consigue reclutar alguien más que no sea solo el Frente Amplio para dicha derogación, el efecto que tendría sería un efecto político muy importante. Además, las nuevas denuncias ya no tendrían que depender del P. Ejecutivo de turno, porque se presentarían directamente al juzgado (independencia de Poderes)

Lo que está faltando y es muy necesario, es que los tres Poderes del Estado aparezcan alineados. No es bueno que se le cargue las culpas solamente a la SCJ, facilitando así el camino a la derecha, cuando hace apenas poco tiempo atrás hubo una importante señal de ésta, pronunciándose en tres oportunidades por la inconstitucionalidad de la ley, siendo un duro golpe para la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo tomó una actitud de trámite, cuando se le consulta y excluye los casos de la ley; cuando el Parlamento estuvo un año apegado a la ley interpretativa y no ha logrado nada; el Poder Judicial ha tenido un avance, y el gobierno lo está dejando solo. Todas las señales políticas que le llegaron a la Corte desde el Ejecutivo y el Parlamento, no la alentaron en absoluto a dar otro paso hacia adelante.

No es un tema solamente jurídico, es un tema esencialmente político.

Que el parlamento, con una mayoría relativamente importante, derogue la Ley de Caducidad es un hecho político y un claro mensaje a la SCJ que hasta ahora el poder político no ha enviado.

Al contrario, han pasado cosas terribles, desde el discurso del Presidente Mujica en Las Piedras u otro tipo de señales como la visita del mandatario a Dalmao en el hospital militar (Si bien Dalmao era alférez, 15 días antes de la muerte de Nibia Sabalsagaray quedó como sustituto del capitán S2 a cargo del batallón y firmó el parte falso de la víctima), o la señal que da E. Huidobro cuando dice que Dalmao “se comió un garrón” porque “los alférez no torturaban” cosa que no es cierto, está comprobado que si lo hacían. Estas son las señales que el poder político le manda al Poder Judicial.

Hay que dar vuelta lo que hizo Sanguinetti en el 86 con la ley de caducidad. Sanguinetti no hizo simplemente un trámite, metió todo el peso del gobierno, del Partido Colorado y del Partido Nacional con los que llegaron a un acuerdo, y con eso metió presión a la SCJ y consiguió que por 3 a 2 la Corte del año 88 declarara que la ley era constitucional. No es lo mismo para los jueces de la Corte resolver cuando hay determinada presión política, cuando no hay presión o cuando la presión viene en sentido contrario.

Posiblemente si se prorrogan los plazos de prescripción, no faltará quien ponga el grito en el cielo y presente un recurso de inconstitucionalidad, pero la constitución y los tratados internacionales no dicen nada con respecto a la prórroga de los plazos de prescripción. Lo que dicen es que, “no se puede retroactivamente, crear una conducta que era lícita hace años atrás y aprobar ahora una ley para decir que no era delito o viceversa”. Quien lo dice es el Código Penal, pero éste es una ley como cualquier otra y puede ser modificada, y en este caso hay argumentos justificados ya que hubo al menos 18 años de una denegación real y efectiva que impedía que los ciudadanos pudieran hacer denuncias o investigar, eso no solo es violatorio sino es una causal de justificación porque no pueden correr los plazos de prescripción cuando el ciudadano está impedido de actuar.

Se puede avanzar aunque la ley no sea anulada y si derogada. Es preocupante el seguir reclamando la anulación ya que a esta altura nos debilita, porque en vez de acumular fuerzas para conseguir el éxito del objetivo, nos seguimos dando contra la pared siguiendo una estrategia que no ha dado resultado. Debemos y podemos avanzar por otros caminos porque se puede, se ha estado haciendo con la ley vigente, lo lograremos si podemos aplicar el paquete de los cuatro puntos en conjunto.

No hay nada que impida seguir adelante, no tenemos que cerrar ninguna puerta o declararnos derrotados. Los casos seguirán su curso y con este paquete de medidas, cabe la posibilidad que con el transcurso del tiempo una Corte los declare de lesa humanidad y sean juzgados y condenados como tal.

Los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y no prescriben, pero tampoco, según la legislación internacional, se pueden beneficiar con una amnistía. Se trata de terminar con el atropello criminal que viola una de las más sagradas conductas del ser humano, la de honrar la vida y enterrar a sus muertos. Devolveremos la dignidad a todas las víctimas recorriendo los caminos necesarios para un juicio justo y efectivo.

Marys Yic
Junio 2011

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba –qom navogoh– de la comunidad La Primavera, en Formosa. Mediante una resolución, firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por los y las integrantes del pueblo originario con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia (su mujer Amanda Asikaj fue tapa de LasI12 antes de que la represión matara a dos tobas qom en febrero del 2010) en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos integrantes de La Primavera. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, lo que ocasionó la pérdida de sus objetos personales y sus documentos.

Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado argentino que informara “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. La causa penal que se abrió luego de la represión (y la muerte de dos tobas qom) tramita ante la Justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

En estos momentos, algunos representantes de la comunidad (como Félix Díaz) que se encuentran realizando un acampe –desde el mes de diciembre del 2010– en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron una huelga de hambre y el martes cortaron la avenida 9 de Julio. Las mujeres y varones de La Primavera exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado nacional, el 30 de diciembre, por el cual el gobierno nacional se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad.

La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los originarios/as, el Estado federal y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los y las integrantes de la comunidad y sus representantes.

Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales

Fuente: Página 12

Foto: AFP

Mientras el abogado de Duvalier decía que su cliente desea quedarse en Haití y que las causas contra él han prescrito, fueron presentadas cuatro demandas en su contra por violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades haitianas a iniciar investigaciones judiciales contra el dictador Jean Claude Duvalier por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen que lideró, entre 1976 y 1986. “Pedimos a la gobernación y a la Justicia que investigue, procese, sancione y repare las violaciones cometidas por Duvalier y su gobierno”, sentenciaron en un documento. Según indicaron los medios locales, cuatro demandas de ese tono fueron presentadas contra el dictador. Mientras tanto, Baby Doc sigue esquivando charcos. Uno de sus abogados, Reynold Georges, aseguró que las acusaciones que la Fiscalía le cargó el martes por corrupción y malversación de fondos son ilegales. Explicó que esos delitos prescriben a los diez años de su supuesta comisión, según lo propone la Constitución. Duvalier está libre y a disposición de la Justicia.

Ya en 1979, ante la Asamblea General de la OEA, la CIDH había reclamado a las autoridades haitianas que investiguen violaciones de derechos humanos en ese país caribeño. Más de treinta años después, el organismo interamericano vuelve a la carga: “Hasta la fecha, la CIDH no tomó conocimiento de alguna investigación y sanción plena, llevada a cabo de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la Convención Americana, respecto de las personas responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en Haití entre 1971 y 1986, especialmente de las autoridades a cargo del aparato estatal durante dicho período”, destacó en un documento divulgado ayer.

Naciones Unidas (ONU) también esgrimió opiniones respecto de la dudosa situación judicial de Duvalier. Michael Forst es el hombre que el organismo mundial envió a Puerto Príncipe con el objetivo de monitorear la situación de los derechos humanos allí. El experto instó al mundo a apoyar la continuidad de un proceso judicial contra el dictador. “En un momento en que la comunidad internacional refuerza su apoyo para que se restablezca el cumplimiento de la ley en Haití, defender de manera incansable la lucha contra la impunidad ante crímenes graves supondría enviar una buena señal al pueblo, en especial a las víctimas y sus familias”, expresó a través de un comunicado.

Forst recordó que entre 1986 y 2008 se radicaron varias denuncias contra Duvalier por crímenes contra la humanidad, tortura y traición. “De avanzar, esas investigaciones podrían justificar un arresto”, concluyó. En Haití, como en varios países del mundo, los procedimientos en esa clase de delitos no prescriben con el paso del tiempo.

La periodista haitiana Michele Montas y su esposo presentaron ayer una demanda contra Duvalier por torturas y detenciones arbitrarias. La mujer precisó que una denuncia similar fue radicada el mismo día por el fiscal general de Haití, Aristidas Auguste, el mismo que interrogó al dictador el martes (ver recuadro).

Mientras tanto, Baby Doc sigue su propio juego, a través de la voz de sus lacayos. “No hay ningún cargo contra Duvalier, ya que las acusaciones que le aplicaron no tienen ningún peso. Es libre de moverse por donde quiera”, explicó escuetamente Reynold Georges momentos antes de reunirse con su cliente en la suite del hotel Caribbean, donde él y su esposa continúan su estadía haitiana. El tema no fue mencionado por la Justicia ni por las autoridades gubernamentales. Las acusaciones de la Fiscalía, una vez formuladas, quedaron en manos del juez Gabriel Ambroise, que deberá determinar cómo sigue la historia.

Pero el letrado no sólo se refirió a la situación judicial de Baby Doc. También echó por tierra las probabilidades de que Duvalier regrese a Francia, donde vivió exiliado durante los 25 años. “El se quedará en Haití para siempre, es su país y participará en la política. Es su derecho, un político nunca muere”, manifestó ante la prensa que lo abordó antes de ingresar al hotel.

Lejos de echar luz sobre el caso Duvalier, el Estado sólo se refirió ayer al proceso electoral, para el que decidió mantener los resultados de la primera vuelta, al contrario de lo que aconsejó la Organización de Estados Americanos.

Fuente: Página 12

Después de haber trabajado hasta altas horas de la noche en el caso de casación del dictador Gregorio Alvarez, sólo la laptop de la fiscal Mirtha Guianze fue robada de su casa de vacaciones en Punta Rubia, departamento de Rocha.

Es la segunda vez que el hecho se repite y que los "ladrones" sólo se interesan por la computadora de la fiscal. En marzo de 2010 también le robaron la computadora de su casa en Las Piedras, donde reside, a pesar de que según se informó tuvieron a su alcance otros objetos de valor y no los llevaron.

La fiscal dijo a La República que anoche, cuando estaban durmiendo, le robaron su laptop en la cual trabajó en el caso del dictador Gregorio Alvarez y que los ladrones dejaron un celular "blackberry" y dinero en efectivo que había en el mismo lugar. La billetera de su marido estaba cerca de la laptop pero los "ladrones" la dejaron allí con todo su dinero. "Además dejaron el cargador de la computadora que estaba conectado al aparato", dijo.

Alrededor de la casa de la fiscal en Punta Rubia no hay nada, sólo baldíos y campos con maleza, según indicó Guianze a La República. Recordó que instalaron su casa de vacaciones en el departamento de Rocha desde 1986 pero que nunca había sucedido una cosa similar.

La fiscal Guianze dijo tener respaldo de sus archivos aunque lo que había escrito anoche sobre el caso del dictador Gregorio Alvarez iba a tener que reconstruirlo, lo cual no es muy difícil, indicó.

"La computadora es la segunda vez que me la roban", contó la fiscal al programa del Sodre, De Diez a Doce y agregó que Punta Rubia es un lugar muy tranquilo, donde no es frecuente que ocurran hechos como éste.

"Estuve trabajando hasta tarde. El cargador estaba en el piso y no se lo llevaron. Llama la atención porque en la mesa había dinero y un celular y no se llevaron nada", dijo.

Guianze agregó que "cada vez que trabajo en eso me pasan cosas raras. No sé, hay o no hay (espionaje) pero tengo que hacerle más caso a alguna gente que me impulsa a tomar precauciones", concluyó.




Hace pocos días, la fiscal insistió en la importancia que se tipifique "desaparición forzada" para muchos casos de personas desaparecidas por la dictadura cívico militar uruguaya.

"Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad", señaló.

Recordó también que "desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo". Y "establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026".

Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.

La fiscal Guianze sostuvo que "la SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento".

Según la representante del Ministerio Público, "la Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna, todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario.

Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención.

Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad".

Víctor Carrato

Fuente: La República

En una denuncia sobre desapariciones forzadas y tortura en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló que la Ley de Amnistía no puede impedir investigar ni castigar esos delitos cometidos durante la dictadura que se extendió desde 1964 hasta 1985.

“Se denominó Guerrilha do Araguaia a un movimiento de resistencia al régimen militar integrado por algunos miembros del nuevo Partido Comunista de Brasil”, que se propuso crear un “ejército popular de liberación” para luchar contra la dictadura brasileña. Así lo recuerda la presentación del caso “Gomes Lund y otros (‘Guerrilla do Araguaia’) vs. Brasil”, según un documento de la CIDH. Cuando las Fuerzas Armadas iniciaron en 1972 sus acciones contra esta guerrilla, en la región de Araguaia, el movimiento contaba con unos 70 integrantes, en su mayoría jóvenes, recordó una sentencia de ese tribunal, emitida el 24 de noviembre y publicada esta semana en la página web oficial de la CIDH.

Aquellos primeros operativos militares apuntaron a apresar a los guerrilleros y “sepultar los muertos enemigos en la selva, después de su identificación”. La orden cambió después y dispuso eliminar a los integrantes de ese movimiento, que a fines de 1974 se había terminado. Hubo versiones de que los cuerpos sepultados en la selva fueron desenterrados, pero el “gobierno militar impuso silencio absoluto sobre los acontecimientos de Araguaia”.

La denuncia sobre este caso fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch y varias organizaciones de derechos humanos brasileñas, en nombre de las víctimas y sus familiares. Comprende la detención, tortura y desaparición de 70 personas -entre ellas, militantes del Partido Comunista de Brasil y campesinos- a manos del Ejército de 1972 a 1975, en los operativos en Araguaia. Llegó a la CIDH enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también depende de la Organización de Estados Americanos y que había emitido un informe con recomendaciones para el Estado brasileño, que éste no cumplió.

La comisión entendió que llevar la denuncia a la CIDH constituiría, además de un pronunciamiento sobre esos delitos, “una oportunidad importante para consolidar la jurisprudencia interamericana sobre las leyes de amnistía en relación con las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial, y la resultante obligación de los estados de hacer conocer la verdad a la sociedad e investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”. En los últimos años hubo en Brasil algunos intentos de hallar los restos de los desaparecidos en Araguaia que no arrojaron resultados. Se creó una comisión interministerial para investigar lo ocurrido, y también el Grupo de Trabajo Tocantins, organizado con el mismo objetivo en el ámbito del Ministerio de Defensa. Pero respecto al castigo de los responsables de estos delitos, Brasil sigue aplicando una ley de amnistía que fue creada por la dictadura en 1979.

No hay excusa

La CIDH consideró que “las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos”. Al respecto reiteró su posición según la cual las leyes de amnistía no se aplican a casos de violaciones graves a los derechos humanos y son incompatibles con el derecho internacional y las obligaciones que asumen los estados al firmar convenios como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, el fallo de la CIDH concluyó que ese tipo de leyes “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación” ni para el castigo a los responsables. Añadió que ante delitos tan graves y por “el carácter continuado o permanente de la desaparición forzada” no se puede “aplicar la Ley de Amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad”. Advirtió también que aunque estos responsables fueran militares, deben ser sometidos a la Justicia común.

Además de ordenar a Brasil que investigue y castigue estos delitos, dispuso que ese Estado debe reparar a los familiares de las víctimas por los gastos en los que incurrieron al presentar esta demanda, y habilitar que presenten otros pedidos de reparación por los daños que sufrieron. Consideró que los siguen sufriendo hoy por “la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos” y “la impunidad en la que permanece el caso”.

La CIDH también dispuso que el Estado brasileño aumente sus esfuerzos por hallar los restos de las víctimas desaparecidas, reconozca públicamente su responsabilidad y libere la información que pueda ser útil para saber qué ocurrió. En un año Brasil debe responder sobre su cumplimiento de estas órdenes, que incluyen también la creación de una Comisión de la Verdad, la tipificación del delito de desaparición forzada y la promoción de actos conmemorativos, educativos, de ejercicio de la memoria, para garantizar que lo ocurrido no pase nunca más.

Cecilia Pérez

Fuente: La Diaria

Foto: Patricio Terán

Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el “Caso Gelman”, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado “Plan Cóndor” y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.

La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.

El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los límites de la soberanía popular

Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.

El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.

A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.

Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.

La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.

Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente: Página 12

"A nadie se le ocurriría plebiscitar
si tiene que haber libertad de prensa o no,
si tiene que haber pobreza o no
o si tiene que haber justicia o no,
son responsabilidades institucionales del Estado
que se deben cumplir."

Durante las audiencias en el tribunal internacional, Uruguay reconoció que hubo una violación a los derechos humanos en este caso. Pero la causa judicial sobre el destino de María Claudia Iruretagoyena no tiene avances y la Ley de Caducidad sigue vigente. “Por eso iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, no sólo contra el Ejecutivo, sino contra todas las instituciones”, explica Gelman.

El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

–¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.

–Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.

–Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.

–¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?

–En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.

–En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.

–Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.

–Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.

–Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.

–¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?

–Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.

–¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?

–Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.

–¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.

–Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.

–Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.

–Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.

Victoria Ginzberg

Fuente: Página 12

Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana,
la eliminación de la Ley de Caducidad
y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.

Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales. Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad. Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006. “Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.

-¿Qué evaluación hace de la instancia de la Corte IDH?

-Muy interesante. Estas instancias de juicios orales existen en toda América; en Uruguay todavía conservamos el proceso escrito. Además, la corte es muy garantista: dan instancias de preguntas después del interrogatorio y después de los alegatos. Todos los jueces interrogan sobre lo que se dijo en los alegatos y les dan a las partes la oportunidad de que vayan armando el suyo en relación con lo que a la corte específicamente no le quedó claro. Hay una función orientadora.

-Durante su comparecencia advirtió que los crímenes en dictadura podrían prescribir el 1º de noviembre de 2011 dado que la figura de “homicidio muy especialmente agravado” se aplica en la mayoría de las condenas.

-Lo que la corte preguntó en mi peritaje fue si la jurisprudencia uruguaya utiliza los instrumentos de derechos humanos como base para sus sentencias y si se tenían en cuenta los criterios interpretativos de la corte sobre la Convención Americana, que es lo que en general se utiliza en todos los países y lo que Uruguay está obligado a usar como pauta. Acá en general no se ha utilizado, salvo en excepciones. En el caso de [Nelson] Bardesio la jueza, si bien no lo entendió como desaparición forzada, dijo que era crimen de lesa humanidad.

-¿Por qué le parece importante que se tipifique “desaparición forzada”?

-Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad.

-¿En nuestro marco jurídico dónde está contemplada esta tipificación?

-Desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo. Establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026.

-El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.

-La SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento.

-¿Cómo se vincula, entonces, la vigencia de la Ley de Caducidad con la prescriptibilidad?

-La Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario. Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención. Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad.

Interpretación o anulación

-¿Qué opinión tiene del texto interpretativo de la caducidad?

-Prefiero no emitir una opinión. Uruguay tiene que encontrar el camino para eliminar la Ley de Caducidad. Podrá ser consensuado entre determinados grupos políticos pero yo no puedo pronunciarme sobre eso, me lo impide la Constitución. Hay que buscar la solución más acorde para que no deje fisuras a la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad.

-¿El Parlamento uruguayo puede anular?

-Yo entiendo que sí. Hay antecedentes. También sé que el punto es discutible. Es un camino que hay que buscar, pero no es mi rol interferir en que lo pueda hacer el Parlamento.

-Algunos juristas, como el constitucionalista José Korzeniak, han sugerido como salida la presentación caso a caso de un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ.

-No es el camino. Porque la mayor parte de las causas que se iniciaron en el 85 interpusieron el recurso en su momento y fue rechazado por mayoría. En esos expedientes, la inconstitucionalidad ya no se puede volver a plantear. Pero además sigue vigente el obstáculo.

-El Partido Independiente propone una reforma constitucional que permita a la SCJ realizar pronunciamientos generales. ¿Qué opina?

-De ninguna manera. Le damos un poder omnímodo a la SCJ para cualquier ley que se promulgue. Hay otros organismos en otros países, las cortes constitucionales, que tienen un componente más democrático porque tienen otro sistema de elección, por ejemplo. Pero en el caso de la SCJ sería colocarnos bajo el gobierno de los jueces.

-¿Cómo han salido otros países de la región ante situaciones similares?

-Todos fueron buscando el camino modificando su legislación interna. Algunos dieron más potestades a los jueces. No hay que ir a la SCJ, sino que cada juez va desaplicando la ley por ser incompatible…

-¿Y eso es jurídicamente viable en nuestro país?

-Hay muchos que piensan que sí, yo pienso que se podría hacer. Pero no hay antecedentes. Hay que repensar cómo se aplican los instrumentos de derecho internacional. Caminos jurídicos para encontrar una salida existen.

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la corte que se pronuncie, por primera vez, acerca de que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a democracia directa. ¿Concuerda con este punto?

-Sí, eso es claro. Los derechos fundamentales no son plebiscitables y eso lo dijo la SCJ [en la declaración de inconstitucionalidad de Nibia Sabalsagaray]. Que se busque los mecanismos de democracia directa no quiere decir que se renuncie a esos derechos. No hay manera de que la voluntad popular pase por encima de determinado núcleo de derechos humanos indisponibles e irrenunciables.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Siguen esperando Justicia
Foto: AFP

"Lo fundamental es que se anule la ley de Caducidad" de Uruguay, planteó a IPS el laureado poeta argentino Juan Gelman, tras cerrarse este martes en esta capital las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su nuera y el secuestro de su nieta.

Es esa ley la "que ha impedido hasta ahora que se investigue, responsabilice y castigue a los culpables de estas y otras atroces violaciones de los derechos humanos", aseguró el escritor, que acompañó a su nieta, María Macarena Gelman, en la demanda interpuesta contra Uruguay por la desaparición forzada de su madre.

Sin esa derogación "continuará la impunidad que ha reinado estos 25 años en Uruguay. Nadie ha sido sentenciado en firme (en ese país), nadie. Y el Estado sabe quiénes son los culpables, lo conoce", subrayó Gelman.

"Envié en 1999 al entonces presidente (Julio María) Sanguinetti, una carta con 24 nombres de presuntos responsables. Y él no hizo nada, y nadie ha hecho nada, y las cosas están como están", añadió. Sanguinetti gobernó Uruguay en dos periodos: 1985-1990 y 1995-2000.

Su tono, de indignación y hastío, contrastó con la ecuanimidad cansada con que Gelman participó en los dos días de audiencias del caso, que integra el 42 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana, realizadas en Quito hasta este miércoles 17 por invitación del gobierno ecuatoriano.

El juicio es sobre la desaparición forzada de su nuera, María Claudia García, el secuestro y cambio de identidad de su nieta y la denegación de justicia y reparación, que reclama Macarena Gelman, hallada finalmente en el año 2000, tras ser criada en Uruguay por un inspector de policía y su mujer como si fuera su hija.

Ella confesó a IPS que "por primera vez el tema ha podido ser visto desde todas las miradas. Aunque falten los alegatos finales por escrito y la sentencia de la corte, hemos dado un paso fundamental. Y en ese sentido me siento satisfecha".

Durante su testimonio narró cómo hace 10 años, la que creía su madre le contó la verdad y le dijo que su verdadero abuelo la buscaba y quería contactarla. Quien había funcionado como su padre había muerto meses antes.

El encuentro se dio y la historia se hizo pública en febrero de 2000. Aunque no se sabía aún el paradero de la nieta, el caso ya era conocido por las cartas que Gelman había enviado a Sanguinetti en 1999 y que despertaron una oleada de solidaridad internacional, expresada en decenas de miles de cartas de intelectuales, artistas y ciudadanos de todo el mundo.

Eso también dio la pista para ubicar a Macarena, cuando una vecina del barrio donde vivía contó que la pareja había recibido en 1977 una niña en una canasta. "Un estudio de ADN comprobó con un 99,999997% de certeza que era mi nieta", recordó el abuelo.

"Destaco y celebro que el Estado uruguayo haya reconocido en esta audiencia su responsabilidad y haya declarado estar dispuesto a cumplir la sentencia que emita la Corte, pero la posición del Estado ha sido confusa, parcial y no satisface para nada lo que estamos reclamando en este juicio", añadió Macarena Gelman a IPS.

En los alegatos finales verbales, el representante del Uruguay, Carlos Mata, aceptó la responsabilidad del Estado uruguayo en la violación de los derechos humanos de García, quien consta como desaparecida, y de su hija, "durante el gobierno de facto que rigió en el Uruguay del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985".

Puntualizó que Uruguay ya lo había reconocido por la ley 18596 de 2009. Su primer artículo reconoce el quiebre del estado de derecho, el segundo la responsabilidad en homicidios y desaparición de personas, prácticas sistemáticas de tortura, secuestros y cambio de identidad, y el tercero la reparación integral por la acción u omisión del Estado.

"Es satisfactorio que Uruguay haya dictado esa ley, pero es insuficiente. El gran impedimento es la Ley de Caducidad que somete al poder judicial al poder político y coarta el recurso efectivo a la verdad y la justicia", dijo a IPS Ariela Peralta, que conduce el equipo de abogados del caso.




La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado establece que éste no enjuiciará a los uniformados (militares y policías) acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante los años de la dictadura, entre 1973 y 1985.

Aclara que deben ser investigados los casos de detenidos-desaparecidos y los niños y niñas secuestrados. Pero si hay uniformados responsables no podrán ser procesados.

Las intervenciones de los Gelman, abuelo y nieta, y de la testigo Sara Méndez, también presa y torturada en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego en Montevideo, sobre lo que supo del caso de la presa embarazada y más tarde de la criatura que había nacido en el Hospital Militar, conmovieron a los asistentes, más de 1.500 repartidos por tres salas.

Gelman relató que estaba exiliado en Roma en 1976 y trabajaba en la agencia internacional Inter Press Service (IPS) cuando recibió la noticia de que su hijo Marcelo, de 20 años, y su nuera María Claudia habían sido secuestrados en Argentina, por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983).

Más tarde supo que Marcelo fue asesinado en octubre de ese año con un disparo en la nuca y su cuerpo hallado años más tarde en un tambor relleno de cemento.

En cambio, su nuera, de 19 años y con un embarazo de siete meses, fue primero llevada al campo de concentración bonaerense de Automotores Orletti, por donde pasaron decenas de uruguayos y chilenos, y en octubre de 1976 trasladada a Uruguay por personal militar de este país e internada en un centro de detención ilegal de Montevideo.

Tras dar a luz, García fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, según las investigaciones adelantadas por Argentina.

Gelman detalló sus intentos para que el segundo gobierno de Sanguinetti se interesara en la investigación, que él había adelantado con la red de víctimas y familiares de víctimas de las dictaduras argentina y uruguaya, y de los continuos tropiezos encontrados, lo que le llevó a presentar el reclamo a la justicia.

Solo en 2008, después que se cerraron inopinadamente dos causas anteriores, quedó abierto un proceso en un tribunal penal uruguayo, pero sin avances hasta ahora, relató el poeta y premio Cervantes 2007, el principal de las letras castellanas.

"Estoy convencido de que existe un tejido civil-militar-judicial que impide el adelanto de las investigaciones y el descubrimiento de los culpables", dijo con énfasis.

"En 11 años de gestiones ante gobiernos uruguayos y la justicia de ese país, no he logrado saber cuál fue la verdad sobre el destino de mi nuera", añadió al finalizar su alegato.

"Por eso espero que esta Corte consiga de alguna manera dentro de sus potestades que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad. Que esta Corte ayude a mi nieta y a mí a hacer el duelo, pues a estas alturas la incertidumbre y la sistemática denegación de la justicia para mi es insoportable", concluyó.

Gonzalo Ortiz

Fuente: IPS

Foto: EFE

La familia Gelman reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) promover los mecanismos necesarios para dejar "sin efecto" la Ley de Caducidad. El poeta argentino habló de una "amplia omertá" para obstaculizar "el camino de la verdad y la justicia".

Juan Gelman y su nieta Macarena, Sara Méndez y la fiscal Guianze declararon en la causa.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman solicitaron ayer a la CorteIDH impulsar los mecanismos necesarios para erradicar la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", del ordenamiento jurídico uruguayo por considerarla un obstáculo en la búsqueda de la verdad de los crímenes perpetrados durante la última dictadura.

"Yo espero que esta honorable Corte consiga de alguna manera que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad", declaró Juan Gelman ante los siete ministros de la CorteIDH, durante la audiencia desarrollada en el marco de la demanda entablada por la familia Gelman contra el Estado uruguayo, por la vigencia de la norma.

En este sentido, el Estado uruguayo no brindó "absolutamente ningún apoyo" en la búsqueda de los restos de su nuera, María Claudia García, ni del paradero de la propia Macarena, siendo la Ley de Caducidad un obstáculo para el acceso a la Justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Gelman estimó necesario "voluntad política, más allá de las palabras".

Sin embargo, "pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá, no sólo la militar, que niega la información, sino una omertá mucho más amplia, una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y por consiguiente el camino de la justicia", expresó Gelman ante la CorteIDH.

En tanto, Macarena Gelman catalogó como "bueno" el relacionamiento tenido con el actual y anterior gobierno uruguayo, pero estimó que si el Estado brindara los recursos humanos y materiales necesarios, podría esclarecerse en forma definitiva el paradero de los restos de su madre. "Los eventuales responsables viven hoy día y tienen esa información", señaló Macarena. Asimismo, la joven reclamó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para que "la Justicia actúe libremente" en las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad.

Poder Judicial subordinado

La fiscal Mirtha Guianze afirmó que la aprobación de la Ley de Caducidad supuso "una subordinación del Poder Judicial al poder político", en virtud de la disposición emanada del artículo 3 de la norma, por la cual se establece que los jueces deben consultar en forma preceptiva al Poder Ejecutivo para determinarse si los casos están o no amparados en la norma.

La representante del Ministerio Público compareció ante la CorteIDH como uno de los peritos propuestos por la familia Gelman, como forma de narrar los inconvenientes ocasionados por la vigencia de la Ley de Caducidad en la indagatoria penal de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura.

En este sentido, Guianze estimó que la normativa impugnada por la familia Gelman "consolidó la impunidad", por cuanto "clausuró por completo las investigaciones que se venían realizando" sobre la participación de militares y policías en delitos de lesa humanidad.

La fiscal valoró el cambio de criterio del Poder Ejecutivo durante la gestión de Tabaré Vázquez para determinar los casos amparados o no dentro de la norma, como forma de avanzar en varias de la indagatorias sustanciadas. Sin embargo, "la interpretación puede cambiar si cambia el gobierno o el criterio del presidente", señaló Guianze.

La misma situación puede presentarse con la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), disponiendo la inconstitucionalidad de la norma, estimó Guianze. "La Ley de Caducidad existe y consagra la impunidad, porque la inconstitucionalidad se aplica al caso concreto", y con una nueva integración "el criterio puede cambiar", dijo.

La normativa uruguaya no permite revisar los casos ya resueltos en 1988, cuando el máximo órgano del Poder Judicial declaró la constitucionalidad de la norma. "No podemos reabrir esos casos", con lo cual la norma "sigue siendo una barrera infranqueable", afirmó Guianze.

Conformación de verdad

Por su parte, la activista por los derechos humanos y ex presa política Sara Méndez afirmó que "el avance que ha tenido las Justicia para conocer los hechos y para poder conformar una verdad sobre los acontecimientos (de la dictadura) ha sido en base a las víctimas, que han trabajado durante muchísimos años para obtener los datos".

En este sentido, Méndez afirmó que muchos detalles pudieron conocerse en base al testimonio de ex presos políticos "que en un contexto muy difícil del Uruguay" prestaron colaboración con los militares, por lo cual "tuvieron contactos directos con la guardia y conocimiento de los archivos" vinculados con los interrogatorios de otros detenidos.

Asimismo, "casi un 90% de los delitos cometidos durante el período de la dictadura", cuyas denuncias fueron presentadas ante la Justicia en los primeros meses posdictadura, "quedaron paralizados" en virtud de lo dispuesto por la Ley de Caducidad, señaló Méndez.

La demanda de la familia Gelman contra el Estado uruguayo fue interpuesta en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.

El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados. La sentencia del máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano se conocería sobre principios de 2011.

Fuente: La República

La fiscal Mirtha Guianze alertó ayer que en caso de que la Justicia uruguaya no adopte los instrumentos del derecho internacional vigente, por el cual se consagra los delitos perpetrados por agentes del Estado como delitos de lesa humanidad y por ende "imprescriptibles", las causas por las graves violaciones a los derechos humanos prescribirán el 1º de noviembre de 2011.

Guianze narró ante los siete ministros de la CIDH la "renuencia de los Tribunales de aplicar los instrumentos del derecho internacional vigente" en las causas vinculadas con los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. En este sentido, los Tribunales de Apelaciones revocaron la catalogación de los delitos como "crímenes de lesa humanidad", en virtud de la irretroactividad de la ley penal, no haciendo lugar a la imputación de los delitos de desaparición forzada, dijo Guianze.

"De prosperar la tesis de que todos los desaparecidos están muertos, el único recurso (para el juzgamiento de estos crímenes) son soluciones del derecho interno, con lo cual todos los homicidios estarían prescriptos el 1º de noviembre de 2011, con Ley de Caducidad o sin Ley de Caducidad", dijo Guianze.

El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad fue dispuesto mediante la elevación de los plazos de prescripción de los delitos en 1/3, en atención del concepto de "peligrosidad" de los responsables, "al no avalarse la idea de ser considerado un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible", detalló la fiscal. Sin embargo, Guianze recordó que aún no hay ninguna sentencia firme sobre la tipificación de estos crímenes, existiendo tres expedientes en casación para el pronunciamiento definitivo de la Suprema Corte de Justicia.

Fuente: La República

URUGUAY ANTE LA CORTE INTERAMERICANA POR LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES COMETIDOS AL AMPARO DEL PLAN CÓNDOR

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena declararán el lunes y martes en Quito en el marco de las 42 sesiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la la audiencia del caso Gelman vs Uruguay, informó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976. Marcelo fue asesinado el mismo año y apareció en 1989 en Buenos Aires, enterrado como NN. García fue trasladada a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz en 1976. La niña recién nacida fue criada por un policía uruguayo y supo su verdadera identidad 20 años después.

La Ley de Caducidad, aprobada en un referéndum en 1989 en Uruguay, impide la investigación y justicia en el caso. La ley impide juzgar los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante la dictadura en Uruguay (entre junio de 1973 y marzo de 1985).

Gelman y su nieta, representados por el Cejil, denunciaron en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo por la supuesta violación de numerosos derechos protegidos por tratados interamericanos suscritos por Montevideo.

En 2007 la Comisión declaró admisible el caso y en enero de este año presentó una denuncia por el caso ante la Corte. Es la primera demanda contra Uruguay que la CIDH eleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de un caso emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco de la Operación Cóndor, acuerdo de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, en los años setenta.

Fuente: La Jornada

Foto: Presidencia de la República del Ecuador

Gobierno del Ecuador comprometido con derechos humanos y en lucha contra impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en Washington, (EE.UU), de José Serrano, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, el informe de la Comisión de la Verdad. Este documento recoge la investigación que el Gobierno ecuatoriano propuso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el período 1984-2008.

La Comisión de la Verdad es una instancia de la sociedad civil que con el apoyo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, documentó las denuncias sobre violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas endilgadas a personal de la Fuerza Pública del Ecuador.

Gracias a ese trabajo, efectuado por personas con probidad comprobada, se recabaron más de 600 testimonios, pruebas y demás elementos probatorios que detallan 118 casos de violaciones a los derechos humanos que afectaron a 456 ciudadanos ecuatorianos y extranjeros.

Según esta misma investigación especializada que contó con el total respaldo del Gobierno Nacional, el 50 por ciento de las afectaciones a los derechos humanos lo cometieron policías o miembros de las fuerza armadas en servicio pasivo y activo, en muchos casos con pleno conocimiento de los gobernantes civiles de turno.

Como parte del compromiso del presidente Rafael Correa con la ciudadanía, también se acordó la reparación de las víctimas. En ese sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, junto con los familiares de quienes fueron torturados, asesinados o desaparecidos y con los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron a la Fiscalía General del Ecuador el informe para iniciar la judicialización de los primeros 40 casos.

Al hacer la entrega de esta información, José Serrano, ministro de Justicia del Ecuador planteó a la Fiscalía General de la Nación la conformación de un grupo integrado por 12 fiscales para que se encarguen ex profeso de la investigación y, cuando proceda, la reapertura de estos casos para evitar que los delitos de lesa humanidad queden en la impunidad.

Otro de los pasos que dio el Gobierno del Ecuador en este sentido fue la desintegración y el encauzamiento penal de los integrantes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad de élite de la Policía Nacional sobre la que recaen varias denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Toda esta información fue entregada por el Ministro de Justicia del Ecuador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, hecho inédito en la historia regional latinoamericana ya que es el Estado quien asume esta investigación, la lucha contra la impunidad y la eventual reparación a las víctimas y sus familias.

Este particular no ha pasado desapercibido por los victimarios y sus encubridores, quienes de manera evidente mostraron su descontento con la labor de la Comisión de la Verdad el 30 de septiembre. Ese día, la democracia ecuatoriana logró superar un intento de Golpe de Estado que involucraba a miembros de la Fuerza Pública, quienes, incluso, pretendieron atentar contra la vida del presidente de todos los ecuatorianos.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador

Foto: Mujeres de Negro

La audiencia pública “Femicidios y violencia doméstica en Uruguay” tendrá lugar el jueves en Washington, a instancias de 23 organizaciones civiles vinculadas al tema. Las delegadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantaron a la diaria los puntos más importantes de la exposición. “Es un tema de derechos humanos en el que el Estado hace la vista gorda”, resumió Nita Samuniski, integrante de Mujer Ahora.

La CIDH es la antesala de la Corte IDH. Durante el año hay al menos tres períodos de sesiones de audiencias en las que las organizaciones no gubernamentales de los estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos denuncian diferentes situaciones. En la instancia también participan representantes de gobierno. En este caso, por Uruguay encabezará la comitiva la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Beatriz Ramírez.

Tras la audiencia, la CIDH emitirá una serie de recomendaciones al Estado. Hacia eso apuntan las representantes de la sociedad civil, pero también a llamar la atención sobre la gravedad de las situaciones de violencia doméstica (VD). “El objetivo es visibilizar este flagelo, tanto de las víctimas mortales como de las sobrevivientes. Es visto como algo casi ‘normal’. Y muchas de las que fueron asesinadas son mujeres que acudieron a la Justicia en busca de protección. Los tribunales internacionales son el lugar que tenemos para poder reclamar nuestros derechos”, explicó Flor Meza (Cotidiano Mujer), delegada junto con Samuniski y Marina Morelli (Caminos).

En la prensa, acota Samuniski, se logró visibilizar “el titular” después de 20 años de trabajo, no así las cuestiones de fondo de esta problemática. “La prensa anuncia y no pasa nada”, añadió Meza al tiempo de recordar que a través de los medios de comunicación se relevaron desde enero hasta la fecha 28 asesinatos de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. “Es un número elevado, pero no es una excepción. Marca una constante que viene sosteniéndose de la década del 90, lo cual marca un nivel de omisión del Estado que se va pautando anualmente”, destacaron.

Durante 2008 y 2009, hubo más denuncias por VD que por rapiñas; fue el delito más denunciado luego de los hurtos, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Eso significó un promedio de 35 denuncias por día y una cada 40 minutos. Entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, hubo 23 mujeres asesinadas por este delito. “En España son 40 millones de habitantes y llevan 50 mujeres muertas. Nosotros tenemos más de la mitad de esa cifra con poco más de tres millones”, comparó Samuniski.

Pero no son sólo las cifras, advierten. “Las que no mueren son miles. Entre ellas están las que denuncian y las que no porque están amenazadas, tienen miedo, no están informadas o no confían en los discursos del sistema y en que no haya consecuencias protectoras. ¿Qué pasa con las que sí lo hacen? ¿Quién las está recibiendo, cómo se están canalizando sus demandas?”, cuestionaron.

Te lo vengo diciendo

El Estado uruguayo ya recibió observaciones de organismos internacionales por este tema. En 2008, del comité de expertas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -conocida como Belém do Pará- y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En 2009, el llamado de atención provino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En estos informes, según las activistas, se está señalando “en forma clara” cómo el Estado tiene que avanzar en políticas públicas de prevención.

Entre las recomendaciones siempre se destacan la falta de garantías en el cumplimiento de las medidas cautelares, la falta de refugios donde alojar a las mujeres en situación de VD y la capacitación sostenida de los operadores, especialmente los jurídicos. “Hay una violencia psicológica que los magistrados no identifican como tal. Y éste es un punto súper urgente. No podemos pensar ni en un porcentaje mínimo de rehabilitación para varones porque ni siquiera existen servicios. No podemos darnos ese lujo, son vidas humanas las que están en juego”, expresó Meza.

“No hay ninguna idea de reparación de daños en las familias que han sufrido VD más que los que sostenemos con trabajo voluntario las ONG, sin apoyo estatal alguno. O cuando un hombre rompe una puerta a patadas y entra igual, ¿quién arregla esa puerta? Nadie. Es un clima de tortura intramuros”, graficó Samuniski. “Queremos hacer que el Estado se siente con nosotras y diga qué cosas puede hacer. Tiene la obligación de hacerlo”, puntualizó Meza.

Consultada por la diaria, la directora de Inmujeres se excusó de hacer declaraciones porque está terminado el informe oficial que presentará el jueves, aunque adelantó que apuntarán a sistematizar los avances legales en la materia. “Hay progresos normativos y también progresos discursivos -reconoció Samuniski-, lo que no hay son contenidos acordes porque eso requiere cambios culturales, no sólo cambios administrativos. Hay que hacer determinadas cosas pero buscando el marco de una política con un objetivo: lograr determinados cambios en el funcionamiento de la sociedad. En esa etapa estamos muy lentos”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Foto: AFP

La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en conferencia de prensa, anunció su viaje a Ecuador para asistir a la audiencia de la CIDH. “Es muy difícil para mí”, explicó.

Uruguay se sentará el próximo lunes 4 de octubre en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Quito, se tratará la denuncia que presentó Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García. La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en una conferencia de prensa en la capital uruguaya, anunció su viaje a Ecuador para la reunión de la CIDH.

“Es muy difícil para mí enfrentarme a mi propio país, o al país que me impusieron, porque nací y crecí acá”, dijo la mujer, de 33 años. “No es algo que me alegre, me da cierta tristeza”, comentó a este diario desde Montevideo.

El 8 de mayo de 2006, Macarena Gelman interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, según la joven, en su país no había justicia por la desaparición de su madre. En julio de 2008, la CIDH emitió unas recomendaciones al Estado uruguayo para avanzar en el camino de la justicia. Pero ante el incumplimiento de esos pasos, la CIDH elevó el informe a la Corte Interamericana, que tratará el lunes 4 de octubre el caso en Quito. “Lo esperamos con mucha expectativa”, confió a Página/12 Macarena Gelman. “Es una instancia de concreción de un proceso que lleva cuatro años”.

La joven viajará a Ecuador junto con su abuelo. Los acompañará como testigo Sara Méndez, quien estuvo detenida en Automotores Orletti junto con el hijo y la nuera de Juan Gelman. También, la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano oficiarán de peritos de la parte demandante. El Estado uruguayo tendrá que designar un representante que dé explicaciones por la demora del Caso Gelman.

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada el 24 de agosto de 1976 junto con Marcelo Gelman. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. La pareja fue llevada al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, una sede del Plan Cóndor.

Los restos de Marcelo fueron encontrados en 1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). De María Claudia se supo que fue trasladada por oficiales de la Fuerza Aérea uruguaya al Servicio de Información de Defensa (SID). María Claudia y Macarena estuvieron juntas hasta aproximadamente diciembre de 1976 en esa dependencia de Montevideo. Los represores dejaron el 14 de enero de 1977 a la beba en una cesta en la puerta de la casa de la familia del ex policía Angel Tauriño. Después de años de búsqueda, su abuelo, Juan Gelman, la encontró en los primeros meses de 2000. Macarena todavía busca los restos de su madre.

Durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, la causa por la desaparición de María Claudia se reabrió en dos oportunidades, en 2005 y en 2008, pero los avances han sido casi nulos. “Actualmente la causa sigue su curso. No ha habido investigación. No ha habido hechos concretos. No siento que exista una voluntad política, más allá de palabras”, denunció la nieta del poeta. “Lo que se ha hecho es una acumulación de papeles y pruebas que pueden alcanzar para condenar, pero no indica que haya investigación, porque la Justicia no es sólo castigar a los culpables sino que representa la verdad. Y, de verdad, yo no he obtenido nada en diez años”, La prensa uruguaya publicó en los últimos días que el oficialismo está apurando la aprobación de un proyecto de ley para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que impide que se juzgue a los represores de la dictadura uruguaya. “Impunidad existe porque hay una ley que la consagra”, se quejó Macarena, quien ve con buenos ojos que desde el Frente Amplio se esté avanzando para terminar con esa normativa. “Sería muy satisfactorio que se concretara, porque sigue siendo un proyecto de ley. Pero es bueno que el Estado tome esa iniciativa”.

Según difundió el diario uruguayo La República, la bancada oficialista espera que la Cámara de Diputados le otorgue entre el 5 y el 6 de octubre la media sanción al proyecto y que después pase rápidamente al Senado. La prensa local explicó que el gobierno pretende que se sancione la ley interpretativa antes de que terminen las audiencias en Quito.

Dicha ley podría evitar que el organismo falle en contra de Uruguay por no respetar la legislación internacional que obliga a avanzar en materia de verdad y justicia. “Lo último que quería yo era llegar a esta instancia”, explicó ayer Macarena Gelman en la conferencia de prensa. La Corte Interamericana puede emitir una sentencia inapelable y de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que espera Macarena: “Hay gente que renuncia a la justicia pero ésa no es mi opción. Yo no renuncio a la justicia y quiero una justicia plena”.

Informe: Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

Foto: AP

Si camina como un pato y dice cuac, debe ser un pato. Más allá de algunas formalidades importantes, el gobierno de Porfirio Lobo (foto) en Honduras se parece demasiado a una dictadura. O por lo menos a lo que muchos argentinos entendemos por dictadura.

Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. “Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras” desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.

“La CIDH condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas de la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información obtenida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.”

El informe pasó desapercibido en los grandes medios que entonces desplegaban la noticia de Orlando Zapata Tamayo, quien había muerto haciendo huelga de hambre en una cárcel de Cuba. Uno no puede defender que un recluso muera de inanición en su celda, ya sea prisionero de conciencia o delincuente común. Pero ésa es otra historia.

El caso es que al mismo tiempo, no muy lejos de Cuba y casi en silencio, un grupo de represores, escuadrones de la muerte activados por un golpe de Estado, inventaba una nueva metodología terrorista para suprimir la protesta social: usar a los hijos.

“La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la ciudad de Danlí, departamento de Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado Siempre al Frente con el Frente, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días, durante los cuales habría sido maltratada físicamente.

“Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron un vehículo en el cual viajaba la joven junto a su hermano, su hermana y otras dos personas, cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, ‘a ver si esta vez los denunciaba’. Los cinco fueron obligados a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente, la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas.”

Quizá la denuncia no llamó la atención porque no fue nada a contracorriente de los últimos acontecimientos a nivel regional. En la cumbre de Cancún del mes pasado, Brasil dio luz verde para el regreso de Honduras a la Organizacion de los Estados Americanos. No es un dato menor. Además de ser el país más poderoso de Latinoamérica, Brasil había sido el que más se había comprometido con la continuidad democrática en Honduras, al punto de albergar durante varios meses en su embajada de Tegucigalpa al presidente derrocado, con la esperanza de que el golpe se pudiera revertir.

La semana pasada, bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, de gira por la región, los países de Centroamérica, incluida la Nicaragua sandinista, aceptaron el regreso de Honduras al organismo regional, SICA, y comprometieron su apoyo para su vuelta a la OEA. Horas más tarde, el flamante presidente salvadoreño y referente del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, fue recibido por Obama en el Salón Oval, un logro que líderes de países más importantes y gobiernos más afines todavía esperan concretar. Al salir de la reunión, Funes abogó por la reinserción de Honduras en la comunidad internacional.

El aislamiento ha terminado. Las elecciones hondureñas del 29 de noviembre promovidas por Estados Unidos fueron razonablemente participativas, aunque hasta el día de hoy no se conoce bien el nivel de abstención que tuvieron, ya que ningún organismo internacional de talla las monitoreó. Pasó el tiempo, Brasilia y Washington arreglaron sus cuitas y Manuel Zelaya, el presidente derrocado, quedó en el olvido. Salvo honrosas excepciones, claro está.

Pero como todo fruto de un árbol envenenado, el gobierno electo de Porfirio Lobo ha continuado ciertas prácticas de la dictadura que son mortales para la salud de cualquier democracia que se precie de tal.

La persistencia del terrorismo de Estado en Honduras no es casual. En este gobierno el dictador Goriletti ocupa una banca de diputado vitalicio y el general golpista Romeo Vázquez Velázquez ha sido premiado con un puesto gerencial en la telefónica estatal.

Para colmo, la seguridad está a cargo del sobrino y ladero del militar que introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar su metodología terrorista.

En efecto, el secretario de Seguridad de Lobo es Oscar Alvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Alvarez Martínez, graduado en el Colegio Militar de El Palomar en los años ’70, jefe de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, el más notorio violador de derechos humanos de su país, confeso admirador de la dictadura argentina y huésped en Palmerola del destacamento del Batallón 601 enviado a Centroamérica para dictar cátedra sobre torturas y desapariciones.

El actual secretario de Seguridad es además el arquitecto de la política de súper mano dura contra las “maras” o pandillas, cuando ocupó el mismo cargo que tiene ahora durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). A su cruzada contra la “delincuencia” de jóvenes sin futuro ahora le ha acoplado un nuevo enemigo, los “subversivos” sobrevivientes de la campaña de aniquilación del tío Gustavo.

Es bajo su política de seguridad que aparece una nueva forma de terrorismo de Estado. Ya no se ataca frontalmente a los blancos elegidos, sino que se hace a través de lo que esas personas más quieren, que son sus hijos. Para lograr mayor eficiencia se hace gradualmente, desde la amenaza de muerte a la violencia física y al asesinato liso y llano, buscando así quebrar a los padres para que desistan de sus activistas políticas.

Como suele pasar en estos casos, la represión persigue fines tanto políticos como económicos, ya que los líderes de la resistencia son también, en muchos casos, líderes comunales y sindicales, especialmente del gremio docente, el más activo de la resistencia. Y los mismos empresarios mediáticos y grupos económicos que apoyaron el golpe hoy se benefician con el clima de terror que siembran las patotas activadas por Romeo y Goriletti, que hoy actúan a la sombra del manto de legalidad que consiguieron Alvarez y Lobo.

Está bien. Lo hecho, hecho está. Los hondureños eligieron y es lógico que no quieran volver atrás. El tiempo pasó. Pero en el apuro de Washington y Brasilia por cerrar este desagradable capítulo, no estaría de más exigirles que en vez de preparar una fiesta de bienvenida le exijan a Honduras un mínimo respeto por los más elementales derechos humanos.

Porque un pato es un pato y ya sabemos lo que hacen los patos. Hacen lo que hacen porque no saben hacer otra cosa, y también lo hacen porque no pueden parar.

Santiago O’Donnell

Fuente: Página 12