El voto es a la vez derecho y deber. Yo quiero ejercerlo.... y vos???
Campaña por el voto en el exterior
Esquina por la alegría
"Hoy más que nunca la alegría es un artículo de primera necesidad, tan urgente como el agua o el aire. Pero nadie nos va a regalar ese derecho de todos; .... es preciso pelearlo...."
Eduardo Galeano
Esquina por Verdad y Justicia
Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad
Nunca más terrorismo de estado
Esquina contra la violencia de género
Esquina contra el bloqueo
Esquina por la libertad de los 5
Esquina contra la pornografía infantil
Esquina Víctor Jara
Esquina contra la vergüenza
Ningún ser humano es ilegal
Hacelos valer
Campaña por nuestros derechos sexuales y reproductivos
Esquina contra la directiva del horror
PIT-CNT
Escritores por la Tierra
Foro social mundial de las migraciones
Esquina por la Paz
Esquina por la aparición de Julio López
Esquina Bertold Bretch
Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
FEROZ COMPETENCIA POR LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE QUE CREA EL TRATADO DE LISBOA
El tratado crea un nuevo y codiciado puesto, el de presidente del Consejo Europeo, quien será el frontman de la UE en el mundo. Ya hay varios anotados y Blair picó en punta, pero el euroescepticismo británico le juega en contra.
Estos días Bruselas es la capital de los rumores. La reciente cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea (UE) señaló la inminente aprobación del Tratado de Lisboa y la creación de un nuevo y codiciado puesto, el de presidente del Consejo Europeo, quien será la cara visible, el frontman de la UE en el mundo. Ya hay varios anotados y Tony Blair picó en punta.
El Consejo Europeo es el órgano intergubernamental de la UE que agrupa a los presidentes y primeros ministros de los países miembros. Es el verdadero centro de poder de la Unión, y hasta el momento se ha regido mediante una presidencia rotativa de seis meses. El Tratado de Lisboa establecerá un presidente permanente por dos años y medio, el cual será elegido por votación en el Consejo y la figura de un Alto Representante, encargado de las relaciones exteriores.
La competencia para ocupar el cargo de presidente se recalentó esta semana cuando fue removido el último obstáculo para la entrada en vigencia del tratado, la aprobación de la República Checa, mediante un acuerdo fruto de una intensa negociación.
Además del poder y el prestigio que la función trae consigo, el beneficiado recibirá un sueldo de unos 25 mil euros mensuales, estadía en Bruselas con gastos pagos, viáticos mensuales, un coche con chofer y un staff personal de unas 20 personas.
Hasta hace unos días el ex primer ministro británico Tony Blair parecía número puesto. Su candidatura había levantado revuelo debido a su apoyo a Bush y la guerra en Irak, pero contaba con el respaldo de los peso pesado europeos: Francia, Italia, España y el Reino Unido, por ser una de las figuras europeas más reconocidas en el mundo.
Sin embargo, durante la reciente cumbre celebrada el 29 y 30 de octubre, su candidatura parece haberse desinflado. Un aparente acuerdo tácito de que el puesto de la Presidencia iría para un candidato del centroderecha y que el cargo de Alto Representante iría para el centroizquierda parece restarle posibilidades a Blair, quien pertenece al Partido Laborista, el centroizquierda inglés.
Además, durante la Cumbre, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y su homólogo francés Nicolas Sarkozy insinuaron haber desistido de respaldar a Blair. Por su parte, se dice que la canciller alemana Angela Merkel prefiere que el cargo sea ocupado por una persona proveniente de un país pequeño, lo que excluiría al inglés.
La candidatura de David Miliband, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, para el puesto de Alto Representante, también juega en contra de Blair. Si Miliband es elegido, es prácticamente imposible que el puesto de presidente sea ocupado por otro inglés.
Sin embargo, no está todo dicho para Blair. Fuentes diplomáticas inglesas creen que la negativa de los gobiernos de Alemania y Francia en apoyar abiertamente a Blair no es más que una pantalla para negociar con los ingleses. Según esta versión, Merkel y Sarkozy apoyarán finalmente a Blair a cambio de que Inglaterra ceda a Alemania y Francia puestos financieros claves en la Comisión, el organismo ejecutivo de la UE.
Los otros candidatos son figuras menos conocidas. Luego de la cumbre, los más claros favoritos parecen ser el actual primer ministro holandés Peter Balkenende y el ex canciller austríaco Wolfgang Schüssel. Ambos entrarían dentro de las preferencias de Merkel, quien parece querer un presidente germanoparlante.
El martes pasado el primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker se convirtió en el primer político en presentar su candidatura oficial para la presidencia de la UE, y lo hizo con una andanada de críticas dirigidas a Blair y Balkenende. Al primero le enrostró una supuesta falta de “inspiración europea” del Reino Unido, y al segundo no haber hecho lo suficiente para impedir el “No” en el referéndum de la Constitución Europea de 2004 en Holanda.
Otro de los temas en discusión es acerca de las funciones del futuro puesto. El Tratado de Lisboa no es demasiado específico al respecto. Además de presidir las reuniones en el Consejo Europeo, el presidente deberá asumir “la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común”. Según los analistas, dicha falta de claridad le permitiría al presidente tener un amplio margen de maniobra en sus funciones.
Sobre el asunto existe una clara división entre quienes prefieren un presidente fuerte y con peso político, y quienes se inclinan por un presidente con poco poder, que sirva únicamente como chairman para dirigir las reuniones del Consejo y representante protocolar para las visitas extranjeras. Para estos últimos, un candidato ideal es el holandés Balkenende. Con perfil de “buen tipo” y personalidad tranquila, su presidencia sería apacible y sin sobresaltos.
“Necesitamos a alguien que sirva para hacer acuerdos, alguien que sepa mediar, no más que eso”, señala el analista Peter Defraigne de la fundación Madariaga, quien se muestra contrario a una figura fuerte para la presidencia.
Otros analistas opinan diferente. “Europa debe elegir entre un candidato fuerte y controversial como Blair, pero capaz de hacer funcionar al Consejo, u otro candidato más débil hacia quien nadie tiene antipatía pero que no sería efectivo”, sostiene Michiel van Hulten, antiguo europarlamentario y analista de asuntos europeos.
De todas maneras la carrera por el puesto continúa y aún no hay nada decidido. Ya se habla acerca de una cumbre extraordinaria organizada por los suecos al mando de la presidencia rotativa de la UE que tendrá lugar el 12 o el 19 de noviembre en la que se elegiría al nuevo presidente.
Esa elección se hará por votación en el Consejo, lo cual excluye a la población del proceso. Esta vez no habrá campaña ni slogans, sólo reuniones a puertas cerradas y muchos rumores.
Más conservador, más fragmentado y con la irrupción de la ultraderecha. Éste es el retrato robot de un Parlamento Europeo con una izquierda en estado de coma, que coleccionó derrotas notables (Francia, Austria, Holanda, Italia y Reino Unido según las encuestas) o erosiones (en España y Portugal).
Las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron una vez más la incapacidad de las instituciones europeas para arrastrar a más votantes a las urnas. Pese a asistir en primera línea a los efectos de la crisis económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial, la participación continuó avanzando hacia el abismo y registró un 43,39%, un punto menos que en 2004.
La apatía de los votantes europeos, que comienzan a escasear tras dos décadas menguando, coincide paradójicamente con unos años en los que Eurocámara ha conquistado más cotas de influencia y decisión.
En varios países bajó considerablemente. Es el caso de Italia, con un 66% (frente al 71,72% de 2004), o Irlanda, donde fue cuatro puntos menor. Tras conocer el dato europeo, el presidente saliente de la institución, Hans Gert Pöttering aseguró desde Bruselas que "habrá que reflexionar" sobre la alta abstención, la más alta de toda la historia. "No es tiempo para la complacencia", aseguró el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
La derecha sigue en cabeza
La derecha sigue mandando en el nuevo hemiciclo, fiel al color actual de los grandes Gobiernos europeos, y vence en las urnas a una izquierda sin armas ni capacidad movilizadora.
En Francia, la UMP de Nicolas Sarkozy sube 12 puntos mientras los socialistas pierden 18, según los resultados provisionales. En el Reino Unido, el escándalo de los gastos de los parlamentarios y las dimisiones de miembros de su Gobierno sitúan a los laboristas muy por debajo de los tories de David Cameron, según las encuestas.
Al cierre de esta edición, el Reino Unido aún contaba sus papeletas, tres días después de haberse producido la votación, algo que levantó todo tipo de críticas y dudas sobre el procedimiento de recuento.
La derecha que domina el Parlamento Europeo no es compacta. Está muy fragmentada en múltiples partidos que buscarán desde hoy superar el mínimo de 25 diputados de al menos siete países que permiten disponer de un grupo parlamentario propio en la Eurocámara.
La primera fuerza europea seguirá siendo el Partido Popular Europeo (PPE), donde se integran los partidos de centro derecha más importantes del continente, entre ellos el Partido Popular español.
El PSE sigue en segundo lugar
El PPE ocupará entre 267 y 271 de los 736 escaños que se eligieron anoche, frente a los 288 que tenía en la anterior legislatura, donde la Cámara contaba con 785 diputados.
El Partido Socialista Europeo, incapaz de rentabilizar la crisis, seguirá ocupando la segunda posición, con 157-161 escaños y una caída de un 5%. "Es una noche triste para la socialdemocracia", aseguró el presidente de los socialistas europeos, Martin Schulz, que reconoció que esperaba "mejores resultados". Schulz insistió en la necesidad de "mercados mejor regulados o una política mejor para el clima" y atribuyó a los "factores internos" y la ausencia de un debate europeo el descalabro socialista.
Grupo propio tory
El principal grupo conservador perdió ayer escaños en una Eurocámara con menos sillas para repartir que en 2004, pero está ideológicamente más arropado que nunca. Su retroceso numérico se explica por la marcha de los conservadores o tories británicos, que han anunciado la creación de un grupo propio, posiblemente con partidos checos y polacos.
El espacio ideológico más radical del centro-derecha europeo fue aprovechado ayer por pequeños partidos que avanzaron posiciones, desde los países con más tradición europea hasta los miembros del Este.
En la nueva Eurocámara, la presencia de la ultraderecha dejará de ser anecdótica. Ya no se reducirá a la inspiración del reelegido Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, y diputados afines. En Holanda, el Partido por la Libertad, del anti-Islam Geert Wilders, se convirtió el jueves en la segunda fuerza del país, con un 15,3% de los votos. En Austria, los herederos de George Haider junto a la Unión por el Futuro suman el 18% de los sufragios.
En Finlandia, Dinamarca o Hungría, los partidos que piden más mano dura con la delincuencia, más control de la inmigración o la paralización de las ampliaciones avanzan posiciones, alimentándose del descontento popular con los grandes partidos.
Escaso voto de castigo Tras PPE y PSE se sitúan los liberales, que ocuparán entre 80 y 82 escaños y los Verdes (54), dos grupos a menudo imprescindibles a la hora de ganar votaciones en una cámara sin una disciplina de voto estricta. Los Verdes avanzaron en Finlandia, Bélgica y en Francia.
Los resultados muestran que, pese a una crisis económica sin precedentes en el último medio siglo, los ciudadanos europeos no han optado de manera masiva por el voto de castigo a los gobiernos. En algunos casos, como en Francia, el partido en el poder ha visto multiplicar sus votos gracias a una oposición dividida cuyo mensaje no cuajaba. En otros, como en Alemania o España, el partido gobernante cedió varios puntos sin cosechar una drástica derrota.
Irlanda y Grecia son quizás la excepción a la regla. Según los primeros sondeos, el partido Fianna Fail, liderado por el primer ministro, Brian Cowen, sufrió un descalabro en favor de la oposición. Irlanda es uno de los países que más está sufriendo la crisis económica, pasando de una creación de empleo y riqueza ejemplar a abanderar el furgón de cola de una Europa en recesión.
La baja participación, que apenas llegó al 20% en países como Eslovaquia, Lituania o Eslovenia, ha beneficiado en otros países a partidos pequeños y muy movilizados. El caso más paradigmático es el del Partido Pirata en Suecia, que logró un escaño pese a no contar con oficinas y organizarse íntegramente en la Red. Sus líderes lograron convencer al electorado más joven con las promesas de reforma de las leyes de propiedad intelectual y la defensa de los valores de Internet.
Barroso, el presidente de la Comisión, siguió ayer con especial interés el desenlace de las elecciones europeas, que lo han colocado más cerca de repetir mandato. No era candidato por ningún partido, pero en el Ejecutivo comunitario nadie oculta que su campaña ha sido más larga que la de ninguna fuerza política europea. Su continuidad al frente de la Comisión, respaldada de momento por España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, depende de una mayoría de derechas en la Eurocámara, que debe ratificar su nombramiento.
Sin alternativa a Barroso
Aunque en los últimos meses han surgido dudas sobre el apoyo de Sarkozy, Barroso es, de momento, el único candidato a un puesto que deberá renovarse antes de final de año.
Pese a criticar su escasa actividad frente a la crisis o sus extremas cautelas para no enfadar a ninguno de los grandes países, la izquierda europea no ha logrado presentar un candidato alternativo y ha afrontado las elecciones dividida entre los partidarios de "cualquiera menos Barroso", como reza una campaña en Internet, y los firmes defensores del antiguo primer ministro de Portugal, entre ellos José Sócrates, su sucesor en el cargo, Zapatero o Brown.
En un período en que los gobiernos nacionales son rehenes del modelo de (des)regulación neoliberal y de la pequeña elite financiera que provocó la profunda crisis económica y social en la que nos encontramos, la próxima elección del Parlamento de la Unión Europea podría ser el momento de Europa. Mediante su voto, los ciudadanos europeos tienen la oportunidad de manifestarse a favor de otra política y de otro modelo social y económico. ¿Por qué no será así? ¿Por qué las próximas elecciones, lejos de ser el momento de Europa, se realizarán en lugar de Europa? ¿Por qué es que, en lugar de Europa, lo que se va a votar es tan sólo la resignación o la rebelión de los ciudadanos europeos ante las políticas de los gobiernos nacionales? ¿Por qué el probable alto grado de abstención será una mezcla ponzoñosa y paradójica de altos niveles de resignación y de rebelión?
La respuesta es compleja, pero sus principales características son las siguientes. La UE es hoy un fantasma de Europa. Existe en lugar de la Europa en que los ciudadanos creían y existe para ocultar la verdadera dimensión de la sustitución. Sólo un ejemplo. La UE fue uno de los más fascinantes procesos plurinacionales contemporáneos, inspirada en una lógica de inclusión social transnacional, basada en un círculo virtuoso entre altos niveles de competitividad y de protección social, portadora de una concepción avanzada de ciudadanía, en cuyo núcleo residían los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Ese fue, en resumen, el famoso modelo social europeo.
En los últimos quince años, este modelo fue minado desde adentro y desde afuera a través de una insidiosa convergencia entre el neoliberalismo impuesto por los Estados Unidos y las elites económicas y financieras europeas, deseosas de librarse de una fuerte regulación estatal y de los costos de las políticas sociales. Paulatinamente, los ciudadanos europeos fueron “convencidos” de que el Estado era un problema y que el mercado era la solución, que la seguridad social era insostenible, que la educación y la salud públicas cercenaban la autonomía del ciudadano-consumidor, que los inmigrantes eran un fardo y un factor de inseguridad, que en el plano internacional Europa debía dejar de ser una alternativa a la globalización predadora de los Estados Unidos y pasar a ser un socio incondicional. Todo esto se fue convirtiendo en una obsesión por contener el déficit presupuestario, condensada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos legó una cultura de caída de la economía real y libre aceleración de la lotería económica de las altas finanzas. Fueron estas políticas europeas las que generaron la crisis y las que, al convertirse los gobiernos nacionales en mini Europas, dejaron poco margen de maniobra para reaccionar cuando aquella estalló.
En los últimos años, José Manuel Durao Barroso –el presidente de la Comisión Europea– fue la imagen más farsesca de esta “Europa en lugar de Europa” y, por eso, su plan para enfrentar la crisis no puede ser sino un engaño: de los 400 mil millones de euros anunciados para colaborar con las políticas de atención sólo 35 mil millones eran dinero fresco; el resto era dinero ya afectado a otros planes nacionales. ¿Pueden los ciudadanos europeos creer en una Europa que al mantener a Durao Barroso muestra más dificultades para librarse de la herencia de Bush que los propios Estados Unidos?
En estas elecciones, los ciudadanos tendrán que esperar por el momento de Europa. La Europa de la solidaridad y de la interculturalidad; de la democracia de alta intensidad; el control público y participativo de los sectores clave, como el financiero y el energético; la defensa; el derecho al ambiente, a la salud y la educación; el derecho a un trabajo con derechos; la política de inmigración antirracista; la política de investigación y desarrollo tecnológico al servicio de los ciudadanos; la política exterior basada en la cooperación fraternal con los países del sur global y el rechazo a la imposición unilateral y la guerra.
* Doctor en Sociología del Derecho; profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal) y de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.).
¿Qué significa hoy, en el mundo de la crisis económica globalizada, ser migrante? Significa ser el blanco, el objetivo, el sujeto sobre el cual tratar de descargar las consecuencias más apremiantes de la crisis económica, es decir los despidos masivos, la falta de empleos, la reducción salarial. Significa ser las primeras víctimas de la tentativa de descargar encima de los migrantes, justamente en el momento en el que el mundo celebra la elección del hijo de un migrante a la presidencia de Estados Unidos, el precio de una economía global inestable, de mercados financieros que supieron y pudieron eludir las reglas escritas por sus propios jugadores, de un estado del bienestar –en donde aún queda– incapaz de ofrecer respuestas a millones de precarios, permanentemente en la búsqueda de un rédito entre trabajo a destajo, despedidas y erosión de las garantías adquiridas en el pasado. De tal manera que la competición se traslada hacia abajo: los migrantes nos convertimos en los adversarios en la búsqueda de un trabajo y en algunos casos sujetos de peligro público. Claro está: no es la primera vez ni la última será que la individuación del enemigo, del peligro, se ubique en la figura de los migrantes. Sin duda la política y la información han jugado y siguen proponiéndolo un papel fundamental en este sentido. Sin embargo el verdadero nudo a resolver es que alimentar y volver a proponer este juego encuentra, en la crisis, aún mayor terreno en el que establecerse. Y entonces hoy, a la par con el establecerse de nuevas herramientas represivas y descriptivas del “peligro extranjero”, sobre todo en los países más ricos, se presenta una nueva apremiante problemática. Si bien es cierto que miles son los migrantes que tendrán que volver a su tierra de origen, tal como lo demuestra la reciente realidad que finalmente cumple con lo que por meses los gobiernos negaron, también es muy acertado afirmar que muchos migrantes –¿la mayoría?– no se irán a ningún lado. Quiérase porque decidan aguantar las vacas magras y no volver a arriesgar su aún precaria permanencia en el país receptor, quiérase porque muchos son los migrantes que ya están insertados cultural, económica, social e inclusive políticamente en la sociedad de acogida.
Miremos pues a la Unión Europea, en la que toda legislación migratoria siempre se ha centrado en interpretar a los flujos migratorios como a oleadas de mano de obra barata. Con la crisis actual, miles son los migrantes que están siendo despedidos y alejados de sus puestos de trabajo. ¿Qué hacer en estos casos? Algunos gobiernos se han planteado la expulsión inmediata de los miles de trabajadores nuevos desempleados. Protestan entonces los industriales europeos porque mañana –habrá un fin a esta crisis, esperan– cómo se podrá volver a contratar a esos miles de trabajadores ya calificados y preparados. No fuera suficiente, y más importante aún, lo mencionado arriba: habrá quienes no querrán irse. Por años criticamos a la perversión legal que amarra el permiso de legal estancia al contrato laboral. Así han sobrevivido millones de migrantes durante años, estableciendo sus redes sociales, enviando sus hijos a las escuelas del país receptor, en fin, construyendo vidas y sueños en el territorio de acogida. ¿Querrán moverse estas personas? Creemos que no. Y si así habrá de ser, nos encontraremos con millones de nuevos desempleados, sujetos a expulsión y que –esperamos nosotros– tendrán que oponer resistencia. Juntos a éstos, los otros, los que llegarán.
Circula una nueva consigna en la Unión Europea: bloquear las nuevas llegadas. Suspender el ingreso legal, los flujos legales y establecidos anualmente por cada país. Detenerlos, suspenderlos, pues no se necesita de nuevas manos migrantes para los trabajos sucios. Y bien, que lo hagan. Si con esto creen resolver el problema... como si hasta ahora el camino migrante hubiera dependido de las leyes europeas. La migración es un fenómeno que va más allá de cualquier ley –más si ésta es con enfoque represivo– que trate de regularla. Y esta crisis que hoy y durante el próximo futuro nos agobia no frenará ciertamente el deseo migrante de una mejor vida. Quizás será justamente el contrario.
¿Qué sucederá entonces? Difícil preverlo. Si es cierto que la crisis en los países del norte se está socialmente –y no sólo– descargando sobre la espalda migrante, lo posible serían una serie de medidas de resistencia que pongan finalmente al descubierto la misma realidad migrante no como una masa de trabajadores privados de identidad y de derechos, sino como un conjunto de sueños, deseos, vidas, proyectos que difícilmente se dejarán borrar del mapa. Es por esto que quizás hoy resulte urgente retomar la consigna que se mencionaba en una anterior entrega a este espacio (La Jornada, 15 de noviembre de 2008): no seremos nosotros quienes pagaremos la crisis. Y no sólo eso. La aparente derrota del neoliberalismo y la real crisis económica pueden estar abriendo espacios en los cuales los señores debilitados del poder globalizado se encuentren necesitados con volver a escribir las reglas del juego. De ser así, por parte migrante –y en general por parte de todos los que abajo estamos– debería ser urgente abrir los espacios para una redefinición colectiva y horizontal de las normas que cambien de signo las actuales leyes represivas.
Ni hablar: sesenta o sesenta y cinco horas de trabajo son demasiadas.
La comisión de trabajo del Parlamento Europeo rechazó por gran mayoría -35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones- este techo semanal que sugirieron los 27 países en junio y que se introdujo en la nueva directiva "tiempo de trabajo". Para los eurodiputados la semana no puede superar las 48 horas sea cual sea el caso, es decir, sin posibilidad de derogación, mecanismo al que se recurre mucho en Gran Bretaña, y que será eliminado en los primeros tres años de validez de la nueva directiva. Además, la comisión de trabajo, que se expresó aprobando el informe del socialista español Alejandro Cercas, incluyó en el cómputo total de las horas laborales todos los turnos de guardia, tanto los activos como los inactivos. Para los ministros, en cambio, debían excluirse, por no contar como trabajo.
En junio los 27 decidieron que la semana laboral debía que poder llegar hasta las 65 horas contando las guardias, y si no, detenerse en las 60. Un acuerdo al que se habá llegado gracias al gobierno Berlusconi, que variaba la posición adoptada por el gobierno Prodi, contrario a estos límites, pues se evaporaba la minoría de conjunto. "Hemos lanzado una señal clara y contundente al Consejo -dijo Cercas tras el voto-. Su acuerdo, su directiva era un ataque a la Europa social". Pero la cuestión no está cerrada. Para oponerse definitivamente al pacto cerrado entre gobiernos, el Parlamente ha de obtener una mayoría de 393 eurodiputados -la mitad más uno de los miembros- en la votación plenaria que se celebrará el 16 o 17 de diciembre. Se trata de un pulso difícil de resultado incierto que podría evitarse con negociaciones entre el Parlamento y los 27 a partir de esta semana.
Esta directiva es una prioridad de la presidencia francesa, que se concluye a finales de año, y los gobiernos tienen mucha prisa para aprobarla ya que en los últimos años el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha condenado en varias ocasiones a los estados miembros por no respetar la vieja directiva, sobre todo en lo relativo a las horas de guardia.
Ahora, para subsanar los fallos, los 27 pretenden cambiar la laye, una operación a la que se opone el Parlamento, o mejor, el centroizquierda de éste. "Podemos negociar, pero sólo si se mantienen los principios de la Carta de derechos fundamentales", concluye Cercas.
Cada tres minutos y medio muere una persona por causas relacionadas con el trabajo, y cada cuatro segundos y medio un trabajador de la UE sufre un accidente con baja laboral de, al menos, tres jornadas. Estos datos los ha hecho públicos el director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el finlandés Jukka Takala, quien ha reconocido que son «cifras inaceptables». Lo comparto.
Cada vez que nos remueven las entrañas con esta realidad dramática del trabajo, siempre me pasa por la cabeza la misma pregunta: ¿una sociedad avanzada y desarrollada se puede permitir esta sangría humana por el hecho de ir al trabajo para ganarse el pan? No.
En Euskal Herria han fallecido este año al menos 85 trabajadores, lo que supone una muerte cada tres días. Me sigo haciendo la misma pregunta; sin embargo, veo y leo que los empresarios y los gobiernos siguen leyendo las estadísticas de forma interesada. Ven números y porcentajes y, en cambio, no distinguen en esos charcos de sangre el drama de muchas familias que ven como su ser querido sale un día de casa y no llega. Se ha quedado en el camino, le ha atrapado una máquina, ha caído por el agujero del ascensor, le ha explotado un horno, ha quedado electrocutado o, entre otras, ha sufrido un infarto por el ritmo infernal porque hay que producir sea como sea.
Todas las ilusiones de una vida se derrumban. Se pierden en apenas unas horas. También ocurre que contraes alguna enfermedad profesional cuyo alcance real se conocerá después de unos años. Ocurre con las víctimas del amianto y otras enfermedades. Aquellos trabajadores que iniciaron su actividad cuando apenas llegaban a la máquina, con 14 años, esperan a jubilarse para disfrutar de la vida, pero en ese camino se cruza el cáncer y adiós muy buenas.
Ni antes había medidas de prevención ni control de los riesgos laborales ni las hay ahora, aunque hayan mejorado. Sin embargo, la patronal vasca y la Administración pública nos darán lecciones de estadística. No harán prevención. Sabemos que incumplen la ley. Y de los muertos, ¿qué nos dirán estos hambrientos de los beneficios económicos y de la propaganda?
Al principio muchas figuras del establishment en la Europa continental pensaban que podrían escabullirse de la crisis financiera global. Este era, decían, un problema generado por el libre mercado capitalista “anglosajón” que nada tiene que ver con las tan bien reguladas economías de la euro-zona.
Los dirigentes europeos llegaban al punto de regodearse de la mala situación en EEUU y Gran Bretaña. Pero los líderes de la euro-zona ya no ríen tanto. Resulta que los bancos europeos también eran clientes ansiosos por los préstamos hipotecarios de riesgo juntados en paquetes en forma de oscuros instrumentos financieros que llevaron al boom crediticio de principios del 2000. Así que ahora estamos presenciando una serie de rescates de los bancos europeos por parte de los estados. El Estado alemán está intentando con todos sus fuerzas salvar a la entidad prestamista Hypo Real Estate, arrastrada a la banca rota por las deudas de su filial irlandesa, Depfa.
Lejos de ser inmune a las crisis, la economía de la eurozona se ha estado desacelerando mucho más rápido que la de EEUU. Alemania, el mayor exportador del mundo, es particularmente vulnerable a cualquier contracción del mercado mundial. Además la UE actualmente está peor preparada para responder a la crisis que EEUU. Y eso pasa básicamente por dos razones.
La primera se debe a que la UE no es un estado federal sino una confederación de naciones-estado y cada una de ellas tiene tanto el poder como la disposición de perseguir sus propios intereses. La decisión la semana pasada de Irlanda y Grecia de garantizar todos los depósitos de sus bancos es un claro ejemplo.
Estas son acciones llevadas a cabo por dos estados que económicamente lo han hecho bastante bien cuando estaban fuera de la UE, pero que ahora se ven especialmente expuestos a la crisis. Pero a su vez, estos presionan a los otros estados que tienen garantías bancarias mucho más limitadas.
Gran Bretaña por ejemplo acaba de subir sus depósitos de garantías de 35.000 libras (unos 53.000 euros) por persona y banco hasta 50.000 libras (unos 75.000 euros). Se estima que si al final se adopta esta medida de garantías sin límite y cumplen su promesa de compensar a todos los ahorradores esto costaría 9 trillones de libras, lo cual supone varias veces el tamaño de la economía británica. (En el Estado español Zapatero ya ha anunciado que aumentará los fondos de garantías situados ahora mismo en 20.000 euros como mínimo hasta 40.000. Nota de la trad.)
La preocupación de los bancos británicos es la de no perder clientes frente a sus rivales irlandeses. El economista Willem Buiter se quejaba de que “la garantía irlandesa es la provocación más ratera desde que los ejércitos medievales catapultaban los cuerpos putrefactos con peste bubónica sobre las ciudades que asediaban”. La crisis lejos de unir a la UE está intensificando la rivalidad y competitividad entre sus miembros. No es de extrañar que cuando los líderes de las cuatro principales potencias europeas se reunieron el pasado fin de semana no consiguieron llegar a ningún acuerdo significativo. A su retorno a Berlín, la cancillera alemana, Angela Merkel, rápidamente rompió la unidad de la UE al anunciar garantía ilimitada a todos los depósitos personales de los bancos de su país.
La segunda razón por la que la respuesta de la UE es más débil que la de EEUU es debido a que las instituciones europeas existentes están profundamente marcadas por el dogma de la economía neoliberal. El Acta Única Europea de 1985 hace más difícil para los estados organizar el rescate de las firmas en bancarrota. Con el Tratado de Maastricht, el Banco Central Europeo dejó de tener cualquier tipo de responsabilidad democrática y se concentró en mantener baja la inflación. Por el contrario, su homólogo estadounidense, la Reserva Federal, se debe preocupar también de prevenir un aumento demasiado alto del desempleo.
Finalmente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1996 pone límites al gasto público y a los préstamos del estado. Pero como el economista John Maynard Keynes señaló durante la Gran Depresión de los años 30, cuando la economía se contrae el estado debería incrementar su gasto público y sus préstamos para poder mantener la demanda de bienes y servicios.
Paradójicamente pues, EEUU a pesar de ser la cuna del capitalismo de libre mercado es mucho más flexible cuando se trata de usar el poder del estado para mantener la economía a flote. Estas diferencias pueden significar que EEUU capee mejor la crisis que la UE. Es demasiado pronto para dar por acabado al Imperio Americano.
*Alex Callinicos es profesor de Estudios Europeos en el King's College de Londres y miembro destacado del Socialist Workers Party, organización hermana de En lucha/En lluita en Gran Bretaña
“Crisis time” y la vuelta de las mujeres al papel tradicional
Esa es la receta que quiere aplicar la UE: “que se retiren las mujeres del mercado laboral y que se dediquen a la reproducción y cuidado”; que viene a ser más de lo mismo, porque este episodio se repite en diferentes épocas, con diferentes trajes y medidas.
Ahora que la oferta de trabajo masculina no encuentra puestos de trabajo disponibles suficientes, van creciendo los reclamos y “facilidades” para que aumenten las mujeres que deciden temporalmente volver al redil, al espacio doméstico y a las responsabilidades familiares. Somos elementos intercambiables, de fácil sustitución.
El mensaje sigue siendo el mismo, aunque el mecanismo es ahora más sutil, tanto que hasta parece como si lo hicieran por el bien de las propias mujeres y casi que habrá que agradecerles y todo que se ofrezcan prestaciones económicas para que alguien se dedique a cuidar en casa a sus familiares dependientes - ¿apuestan quién? si en total las mujeres llevan toda la vida encargándose del cuidado a otras personas, ahora que hay una radiografía de “paga monetaria” ¿cómo no van a seguir haciéndole durante casi las 24 horas del día y los 365 días del año?-; habrá que agradecerles también que piensen en la mejora de nuestra salud cuando ofrecen facilidades para la reducción de jornada ante las necesidades del cuidado familiar. Qué más da si ya de paso van preparando el camino de cómo conseguir el equilibrio en el empleo: ellas trabajando a tiempo parcial, que, ya se sabe, es la mejor forma de que las mujeres no se vuelvan esquizofrénicas al tratar de atender las responsabilidades profesionales con las familiares y con las de su vida personal.
Pero la medida estrella, es evidentemente la que proteje la “esencia” misma de lo que consideran que es ser mujer: su dedicación a la maternidad. ¡Mujeres, ya podeis parir como conejas! que además de la paga de los 2.500 euros, la UE está proponiendo ampliar el permiso de maternidad, o lo que es lo mismo el tiempo de ausencia de vuestros puestos de trabajo remunerado. Habrá que agradecerles también que nos recuerden que nuestra misión en la vida es salvar la economía presente y futura. ¡Menudo tufo que desprende eso!
La desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad refleja la concepción de que son las mujeres las que deben ocuparse prioritariamente del cuidado. Es, pues, un residuo del pasado que no refleja los valores adoptados hoy en día por la sociedad.
El nuevo comunicado de la PPIINA recuerda que esta iniciativa de la UE nos aleja del objetivo de la co-responsabilidad y que lo coherente sería promover otro tipo de iniciativa legislativa que rompa con el sistema de división sexual del trabajo ante el nacimiento de un bebé: ¡¡¡permisos iguales e intransferibles!!!
Ya he dicho en otras ocasiones que me repatea el mujerismo y la misoginia no digamos, ese virus mutante que resiste a todos los tiempos!!!
La crisis-time está sirviendo de excusa para asentar aún más la división sexual del trabajo y las evidencias se van mostrando cada vez más. Sin embargo, sería precisamente éste un buen momento para aprovechar la limpieza necesaria del sistema económico y replantearse desde otros criterios, la igualdad, una apuesta, justa y rentable. ¿Por qué será que esto no es lo que se vende? La presentación de los presupuestos generales del gobierno de españa es muy aleccionadora a este respecto: la Igualdad es el cometido con menor presupuesto.
Carmen Castro
Economista, ciberfeminista y experta en Políticas de Igualdad
Desde Bolivia a Bangladesh, la nueva directiva del retorno de la UE –que permite encarcelar a los inmigrantes ‘ilegales’ hasta 18 meses antes de su expulsión– se ha topado con una condena unánime. Pero la directiva representa sólo una pieza más del mecanismo de la ‘Europa fortaleza’ para controlar a todos los inmigrantes.
‘Europa ha dejado de ser la cuna de los derechos humanos’, recriminaba el típico comunicado de prensa. La UE ‘ha legalizado la barbarie’, denunciaba el presidente venezolano Hugo Chávez mientras los dirigentes de la región andina amenazaban con bloquear las negociaciones comerciales con la UE a raíz de la cuestión.
La cuestión era la nueva directiva del retorno, que se votó a mediados de junio de 2008 en el Parlamento Europeo para allanar el terreno hacia su adopción formal en otoño. El paquete de medidas pretende armonizar los diversos aspectos de las políticas y prácticas de los Estados miembro de la UE en materia de expulsión de inmigrantes ‘ilegales’. Entre las normas de procedimiento que impondrá la directiva está un período máximo de detención de hasta 18 meses para las personas deportadas y la prohibición de volver a entrar en la UE durante 5 años para aquellas expulsadas. El acuerdo fue recibido por la condena unánime de la comunidad de los derechos humanos y otros muchos sectores.
Aunque las críticas están plenamente justificadas, la directiva del retorno surge precisamente de la nada. De hecho, el borrador de la directiva lleva sobre la mesa desde septiembre de 2005 y constituye un componente clave de la política común de la UE sobre inmigración y asilo, que se ha estado desarrollando desde 1999. En este sentido, la directiva es simplemente la última herramienta –y hay muchas– dirigida hacia el registro, la vigilancia y el control sistemático de todos los inmigrantes y refugiados en la Unión.
La expulsión legalizada
La Comisión Europea justificó la propuesta original de 2005 con la excusa de que era necesario establecer unas ‘normas mínimas’ de expulsión para mejorar las prácticas en los Estados miembro donde a las personas deportadas se les negaban derechos básicos de procedimiento o donde se las mantenía en malas condiciones. Sin embargo, al proponer un período máximo de detención de seis meses, la Comisión amenazó con exacerbar la situación en aquellos países donde estos períodos eran más cortos, como Francia (32 días), España (40 días) e Italia (60 días). En el Reino Unido y en Irlanda –que, junto con Dinamarca, no han secundado la directiva– no hay un período máximo establecido, por lo que Londres sigue teniendo toda la libertad de detener de forma indefinida a personas que están esperando la deportación alegando motivos de seguridad.
La propuesta de la Comisión también disponía que las órdenes de expulsión fueran obligatorias para todos los residentes ilegales, si bien es cierto que daba prioridad al retorno ‘voluntario’ y no al ‘forzoso’ (‘voluntario’ sería un concepto algo vago, a menudo ofrecido por los Estados como única alternativa a la detención y el retorno forzoso). Pero al menos incluía algunas garantías importantes para los ciudadanos de terceros países sujetos a un expediente de expulsión que habrían permitido, en ciertos casos, evitar la deportación por motivos de derechos humanos.
Sin embargo, algunos Estados miembro consideraron que estas garantías eran demasiado generosas, y para cuando el grupo de trabajo de la UE en materia de expulsión puso punto y final al texto en 2006, estas salvaguardias se habían diluido considerablemente. Las cosas se pusieron mucho más feas cuando Alemania asumió la presidencia de la Unión en 2007 y reelaboró de forma sustancial el borrador del texto, reduciendo aún más las ‘normas mínimas’ que se suponía que se debían introducir con la directiva.
En un intento por alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo, las presidencias que le siguieron –la eslovena y la portuguesa– adoptaron un enfoque más conciliador. Pero aunque éstas mejoraron el texto, el Consejo de la UE –los Gobiernos de los Estados miembro– ya se había avanzado y había propuesto un período de detención administrativa de hasta 18 meses, la posibilidad de detener y expulsar a menores no acompañados, la expulsión de personas a países de tránsito –en lugar de a sus países de origen– y la prohibición de volver a entrar en territorio europeo durante cinco años. Muchos de los principios que protegían los derechos humanos y las garantías de procedimiento propuestos por la Comisión desaparecieron.
Ante la creciente y contundente oposición de las organizaciones de derechos humanos y de la comisión de libertades públicas del Parlamento Europeo, el Consejo recurrió entonces a la táctica habitual: la coacción. Así, le hizo saber al ponente del Parlamento Europeo y a los dirigentes de los diversos grupos políticos que, si no se adoptaba el texto ‘de compromiso’ del Consejo, no habría ningún tipo de acuerdo o se daría la alta probabilidad de que la presidencia entrante de Francia, que ya había propuesto un paquete de medidas más draconiano contra la inmigración ‘ilegal’, presionara para reducir aún más las normas mínimas. Para su vergüenza, el Parlamento no sólo aceptó este supuesto, sino que adoptó la medida en lo que se denomina una ‘primera lectura’, después de una serie de discusiones a puerta cerrada con la presidencia del Consejo.
El procedimiento de primera lectura se introdujo para cubrir las medidas legislativas que no suscitaran polémica o que fueran muy técnicas y sujetas a ‘co-decisión’ –entre el Parlamento y el Consejo–, pero dos tercios de toda la legislación europea se aprueba ahora de este modo, incluidas las 13 medidas sobre inmigración y asilo adoptadas desde 2004. Con esto se eliminan por completo las etapas finales del proceso legislativo de la UE, pues se descartan segundas y terceras lecturas, y se limita el control ciudadano.
La directiva del retorno se aprobó el 18 de junio, con 367 diputados a favor y 206 en contra. Una ‘declaración’ posterior de los Estados miembro, sin valor jurídico, señalaba que no daría motivos a los Estados con reglas más favorables a limitar sus estándares, siguiendo el nuevo ‘principio de igualdad de condiciones’ de la UE. Pero apenas unos días después, Italia ya había triplicado el período que las personas expulsadas pueden estar detenidas, de 60 a 180 días.
Europa: una máquina de deportaciones
Aunque la directiva ha provocado mucha oposición, no se ha mostrado tanta inquietud por el hecho de que la política comunitaria en su conjunto ofrece ahora la posibilidad de practicar la criminalización sistemática de todos los inmigrantes irregulares (incluida la gran mayoría de refugiados). Dentro de ese proceso, la expulsión es simplemente la pena final de un régimen que cada vez está más orientado a la localización y la detención.
A fines de los años noventa, todos los Estados miembro comenzaron a tomar huellas dactilares a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes ‘ilegales’; todos los registros están almacenados en la base de datos Eurodac, que comenzó a funcionar como servicio en línea en 2000. La toma de huellas dactilares es una medida que ahora se está extendiendo a todos los solicitantes de visados, cuyos datos quedarán archivados en un nuevo sistema de información de la UE –incluso en caso de que se denieguen dichos visados–, y todos los titulares de un pasaporte de la Unión.
Los documentos de identidad ‘biométricos’ y los escáneres de huellas dactilares, que ahora se están propagando por toda Europa, se complementarán también con un nuevo sistema comunitario de ‘entradas y salidas’ concebido para interceptar a personas ‘ilegales’ o que hayan sobrepasado la fecha en que les caducaba el visado, y con el nuevo sistema de información de Schengen ‘de segunda generación’, que se utilizará para hacer efectivas órdenes de deportación contra aquellos que se han fugado y prohibiciones de entrada contra aquellos que hayan sido deportados.
Las ‘sanciones a los transportistas’, las multas a las personas que den empleo a ‘ilegales’ y las redadas contra comunidades de inmigrantes complementan estas iniciativas sobre el terreno. En consecuencia, todos los inmigrantes que carecen de la autorización legal para quedarse –a pesar de que no existen estadísticas creíbles, la UE afirma que hay unos ocho millones de ‘ilegales’ presentes en su territorio– se ven cada vez más empujados hacia la ‘clandestinidad’, donde son vulnerables a una mayor coacción y explotación. La nueva presidencia francesa de la Unión se mostró muy crítica con las recientes ‘amnistías’ garantizadas por España e Italia para regularizar a personas en esta situación, y ahora está intentando prohibir próximas concesiones de la misma magnitud.
La directiva del retorno es sencillamente la última medida de una larga serie de políticas de expulsión europeas adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1999, que incluiría, entre las más polémicas, una decisión de 2004 sobre vuelos conjuntos de expulsión. Las ‘expulsiones colectivas’ están de hecho prohibidas en virtud de un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en teoría, se volvieron a proscribir en la Carta de Derechos Fundamentales de 2000, pero la UE ignoró completamente estas reglas. El comisario Vittorino, responsable de Justicia e Interior en el momento en que se aprobaron estas medidas, instó más bien a los Estados miembro a ‘concienciar a sus ciudadanos de que los vuelos conjuntos [de expulsión] no tienen nada que ver con la expulsión colectiva’.
La expulsión viaja en avión
El primer vuelo que se organizó bajo los auspicios de la UE tuvo lugar en julio de 2005, cuando un vuelo chárter recogió a 60 afganos del Reino Unido y Francia y los deportó a Kabul. Dos meses después, España, Francia e Italia organizaron un vuelo conjunto para expulsar de la UE a 125 rumanos –personas que 15 meses más tarde se convertirían en ciudadanos comunitarios, cuando Rumanía se incorporó a la Unión–, con lo que se plantaron las primeras semillas de la actual ofensiva contra los rom en Italia.
Frontex, la joven policía de fronteras de la UE, tiene también un creciente mandato de interceptar a personas que residen ilegalmente en los Estados miembro y efectuar expulsiones en su nombre, incluidas las colectivas. Se trata de un mandato que este cuerpo policial se toma muy en serio, ya que recientemente ha solicitado, para este fin, su propia flota de aviones.
Finalmente, después de mucho tiempo de utilizar el dinero del Fondo Europeo para los Refugiados –que estaba pensado, en principio, para la ‘integración’ de los refugiados– para financiar sus políticas de expulsión, los Estados miembro pueden ahora pasar directamente las facturas a un nuevo ‘Fondo Europeo para el Retorno’, un programa de 629 millones de euros que funcionará hasta 2013, de los que 47 millones están asignados específicamente a operaciones de Frontex.
Todo esto llega en un momento en que la UE profesa ‘depender’ de la mano de obra inmigrante para mantener los actuales niveles de vida de Europa, y en pleno debate de propuestas sobre un nuevo sistema de ‘tarjeta azul’ para facilitar los procedimientos de entrada de las personas que se necesitan para cubrir determinados sectores en que escasea la mano de obra. Si el tráfico de seres humanos es un delito, la Unión Europea está empezando a parecer su principal responsable.
Intelectuales, activistas y políticos suscriben un manifiesto de protesta por la “cacería de migrantes” dirigido a los gobernantes y parlamentos de Europa
En una carta dirigida a los gobiernos y los parlamentos de Europa, un grupo de destacados intelectuales, activistas y políticos del continente americano, reivindicando su origen europeo, manifestaron su rechazo a las nuevas leyes de aquel continente contra los migrantes. Quienes promovieron esta legislación padecen una “amnesia nada inocente” y desconocen la deuda que los países del llamado Viejo Mundo tienen con las Américas y África.
Escrito en castellano, portugués, francés, italiano, inglés y alemán, firman el manifiesto, entre otros, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Pablo González Casanova, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, el subcomandante insurgente Marcos, Osvaldo Bayer, Augusto Boal, Aleida Guevara, Ernesto Cardenal, Mirko Lauer, Gioconda Belli y Sergio Ramírez. Este es el texto íntegro:
“Señores gobernantes y parlamentos de Europa: algunos de nuestros antepasados, pocos, muchos o todos, vinieron de Europa. El mundo entero recibió con generosidad a los trabajadores de la Europa migrante. Ahora, una nueva ley europea, dictada por la naciente crisis económica, castiga como crimen la libre circulación de las personas, que es un derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años.
“Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos expiatorios de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura. Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame.
“La amnesia, nada inocente, impide que Europa recuerde que no sería Europa sin la mano de obra barata venida de afuera y sin los servicios que el mundo entero le ha prestado; Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de los hijos del África, por poner sólo un par de ejemplos de esos olvidos.
“Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores que a su suelo llegan corridos por el hambre y las guerras que los amos del mundo les regalan”.
Augusto Boal, Afranio Mendes Catani, Candido Grzyboswki, Chico Withaker, Emilia Vioti da Costa, Elias de Sá Lima, Gaudêncio Frigotto, Heloisa Fernandes, Jean Pierre Leroy, Jean Marc Von der Weid, Joao Pedro Stedile, Mario Maestri, Pedro Casaldaliga, Renée France de Carvalho, Rita Laura Segato, Vânia Bambirra y Vito Gianotti (Brasil).
Naomi Klein, Pat Mooney y Michael A. Lebowitz (Canadá).
Cosme Caracciolo, Luis Conejeros, Marco Enríquez-Ominami, Manuel Cabieses, Marta Harnecker, Manuel Holzapfel, Ernesto Carmona, Paul Walder, Pedro Lemebel, Flora Martínez, Alberto Espinoza y Tomas Hirsch (Chile).
Aleida Guevarra y Joel Suárez Rodes (Cuba).
Alberto Acosta, Carolina Portaluppi, Juan Meriguet Martínez, Pavel Égüez, Hanne Holst, Luigi Stornaiolo, Osvaldo León y Verónica León-Burch (Ecuador).
Saúl Landau, Norman Solomon, Susanna Hecht, Richard Levins, Noam Chomsky, Peter Rosset, Fernando Coronil, Mario Montalbetti y John Vandermeer (Estados Unidos).
Jean Casimir, Camille Chammers (Haití).
Subcomandante insurgente Marcos, Ana Esther Ceceña, Felipe Íñiguez Pérez, María de Jesús González Galaviz, Pablo González Casanova, Luis Hernández Navarro, Beatriz Aurora, Víctor Quintana, Raquel Sosa, Rodolfo Stavenhagen y Silvia Ribeiro (México).
Carlos Mejía Godoy, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Luis Enrique Mejía Godoy, Mónica Baltodano, Dora María Téllez y Sergio Ramírez Mercado (Nicaragua).
Fernando Lugo, Marcial Gilberto Congon y Ricardo Canesse (Paraguay).
Aníbal Quijano, Carmen Pimentel, Carmen Lora, Mirko Lauer y Rolando Ames (Perú).
La Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista (PAR) adhirió a la Movilización mundial contra la llamada ''Directiva del retorno'' aprobada por el Parlamento Europeo (PE). A través de un comunicado de prensa, la red convocó además a la concentración de condena que se realizará el próximo 28 de agosto a las 12 en Buenos Aires, frente a la Fuente del Monumento a los Dos Congresos.
Comunicado de prensa
PAR entiende que esta Directiva, también llamada con justicia ''Directiva de la vergüenza'', supone un grave retroceso de los derechos fundamentales, y un paso más en el endurecimiento de las políticas migratorias europeas, totalmente contrario al espíritu de construcción de un verdadero espacio común de democracia, libertad y justicia.
Lo que en realidad ha sancionado el PE, es nada más y nada menos que un instrumento de represión contra las y los casi 8 millones de inmigrantes indocumentados/as presentes en territorio europeo, con una lógica policial que derrumba los mismos principios de la Carta Magna de la Unión, ya que condena a personas que no han cometido ningún delito a la privación de libertad, la vulnerabilidad, la exclusión y el destierro, por el mero hecho de haber querido buscar una vida más digna lejos de su país de origen.
No escapa a la Red PAR que este peligroso extravío xenófobo de las políticas comunitarias disfrazado de ''control de flujos migratorios'', afectará con mayor gravedad a las mujeres migrantes. El número de ellas es prácticamente igual al de los varones, pero tienen menor visibilidad, ya que quienes se encuentran en situación de irregularidad, están dedicadas a trabajos o tareas de fácil ocultación y de máxima reserva, y casi siempre con sujeción a funciones domésticas o al cuidado de menores y personas ancianas.
Muchas están llegando a los países receptores no como parte de su entidad familiar, sino como personas con plena autonomía, dejando a marido e hijos e hijas en el país de origen, hasta ser ellas la pieza de la subsistencia común, como avanzada de un proceso -o de un deseo- que se inicia con la esperanza de una nueva y mejor vida colectiva.
Estas mujeres inmigrantes que envían recursos a los suyos y muchas veces son el elemento fundamental para la compra de la vivienda, para el establecimiento de un negocio o para el sostenimiento familiar, son víctimas de malos tratos que trascienden menos que en el resto de las mujeres, por el miedo y la inseguridad que genera su situación.
Ello es particularmente comprobable en los casos de violencia machista, ya que las inmigrantes sin papeles no pueden ser atendidas en los servicios de apoyo de la Administración europea. Esto, unido a la incapacidad para contar con abogado/a de oficio o justicia gratuita, pone trabas casi insuperables a la denuncia contra hombres maltratadores. Peor aún, presentar denuncias ante la policía se convertirá en un riesgo que difícilmente nadie estará dispuesta a correr a partir de la criminalización que la Directiva del retorno propone.
Ante esta regresión de alcance incalculable de los valores que están -en teoría- en la base de la construcción europea, manifestamos nuestra condena y reclamamos enérgicamente la mayor presión internacional para la derogación de tal Directiva, escandalosa en cuanto al incumplimiento de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas en migración.
Hindu Anderi del Foro Itinerante de Participación Popular
Foto: D. Iacobelli
Hindu Anderi
La controversial ley Directiva Retorno, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, mediante la cual no solo se fijan normas para la admisión de extranjeros sino que además se asumen métodos bárbaros para su expulsión, es la demostración de que el "choque de civilizaciones", más que una teoría, es la realidad que actualmente vive la humanidad.
La teoría de Samuel Huntington señala que "los estados-nación seguirán siendo los actores más poderosos del panorama internacional, pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones."
Si damos crédito a los que señalan que el modelo occidental es el autodenominado "la civilización", y las naciones orientales y pobres del planeta que son la mayoría, son vista como "la barbarie", ya existe entre ambas una confrontación cultural, del occidente con el oriente que no necesariamente se refiere a naciones que comparten la misma ubicación geográfica. Se deduce de ello, que Occidente considera tanto a los árabes, africanos, asiáticos y latinos como "bárbaros" y los condena a la marginación.
La división existente entre los movimientos socialistas en Europa, facilitó la aprobación de esta ley sobre flujos migratorios que contradice toda lógica social y humana y que es considerada por Amnistía Internacional como un "retroceso en materia de derechos humanos que criminaliza la migración". Algunos parlamentarios europeos votaron a favor de este texto por demás controversial que entrará en vigencia el año 2010.
La Directiva Retorno ha contado con el drástico rechazo por parte de intelectuales, artistas, organizaciones de derechos humanos, ecologistas, comunistas, socialistas y países de la Comunidad Andina de Naciones.
Esta ley permite la detención de los expulsables hasta de año y medio, práctica desdeñable para cualquier gobierno que se denomine democrático. El presidente de Ecuador, Rafael Correa por su parte, la calificó como una "agresión" y la rebautizó como "Directiva de la vergüenza". Entre otras cosas porque este reglamento viola los derechos humanos a tal punto que establece que tanto los adultos como los menores de edad, lactantes, niños y adolescentes, son igualmente expulsables y no podrán regresar en un período de cinco años al territorio de donde han sido echados.
La Comisión Europea estima que el número de inmigrantes ilegales es de 8 millones, quienes viven clandestinamente, y que cada año ingresan de manera legal a Europa alrededor de 2 millones de personas, a quienes ahora quieren expulsar o echar en condiciones humillantes para que regresen a sus tierras de origen.
Europa quiere privilegiar los servicios y derechos a los ciudadanos originarios de su región; garantizar como Estados Unidos lo hace la atención a la población blanca. Lo demostró cuando el huracán Katrina azotó a los estados de Florida, Bahamas, Luisiana y Mississippi, mayoritariamente de población afrodescendiente, que fue abandona a su suerte. Unas dos mil personas fallecieron víctimas del fenómeno natural.
Esta ley aprobada por el Parlamento Europeo no sólo es deleznable como dezlenable e injusta es la política de no retorno que Israel aplica al pueblo palestino, desplazado de su territorio desde hace 60 años.
La Organización de Naciones Unidas, en 1951 decretó como Refugiado "…todas aquellas personas que huyen legalmente de su país debido a un temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas…". Sin embargo, según los movimientos de derechos humanos, por lo menos a 7 millones de palestinos desplazados en el mundo, el estado sionista de Israel les niega el derecho a retornar a su tierra, de los cuales por lo menos 1 millón 500 mil sobreviven en campos de refugiados, discriminados, sometidos a practicas terroristas y a masacres.
La fuerza de ocupación israelí, que cuenta con el silencio y la complicidad de la mayor parte de la llamada "comunidad internacional" representada en los gobiernos, argumenta que los palestinos desplazados no tienen lugar en esa tierra, pero abre programas para que judíos de todas partes del mundo ingresen a ese territorio. Incluso es tan descarada esta práctica que todo ciudadano independientemente de su nacionalidad, si se convierte al judaísmo puede optar por la nacionalidad israelí y vivir allí. Incluso las autoridades de las embajadas en los distintos países están obligadas a facilitar los trámites y recursos para el traslado. Porque el fin último es no dejar espacio para el retorno de los palestinos.
Hoy con toda justicia los inmigrantes que escogieron una tierra para trabajar y vivir, protestan en contra de la ley de inmigración aprobada por Europa, y por fortuna su protesta tiene espacio en los medios. También millones son las voces que se levantan, con menos oportunidad mediática, y claman porque se respete el derecho que tiene el pueblo palestino de retornar voluntariamente a su tierra.
¡No a la Directiva Retorno… Retorno sí, pero para los palestinos!
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
Gobiernos, parlamentos e instituciones regionales de América Latina expresaron su rechazo a la ley de inmigración sancionada esta semana por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada "Directiva de Retorno", que criminaliza a los indocumentados y ordena su encarcelamiento.
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
Este viernes, el Mercado Común del Sur (Mercosur) dejó por sentado su rechazo a la Directiva, que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 a los 18 meses y sin derecho a un proceso jurídico. Además, contempla la expulsión de menores no acompañados y la prohibición de regresar a la UE.
Argentina, en su carácter de presidente pro-témpore del mecanismo de integración, emitió un comunicado en el que aseveró que los países del bloque "lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo (el miércoles) de la Directiva de Retorno".
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", añade el texto, a la vez que destaca "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
El gobierno brasileño ya había "lamentado" el miércoles, a través de un comunicado, la medida europea: "Brasil, país que dio acogida a millones de inmigrantes, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", dice el texto.
La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos", añade.
La Cancillería de Chile, por su parte, indicó que también que el Gobierno de Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales.
Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos", agregó el texto.
En el comunicado, Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios".
Izquierda denuncia agresión
Los gobiernos izquierdistas de la región tuvieron duras palabras contra la decisión de los Veintisiete.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró la normativa y expresó que buscarán respuestas claras, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial. "De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", dijo y aseveró que si dependiera de su gobierno, "suspendería esas negociaciones" pues "¿acaso vamos a hablar solo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?.
De su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó que "esa ley donde establecen penas de cárcel para los inmigrantes es terrorista" ya que "incluye forma y mecanismos de chantaje para sacar a los inmigrantes de Europa". "Todo esto se llama terrorismo de Estado y lo están practicando los europeos, y nosotros lógicamente lo condenamos", enfatizó Ortega.
De igual forma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que la decisión de la UE es "una agresión a la humanidad y a la vida". El Jefe de Estado andino exhortó a los parlamentarios y gobernantes de la UE a ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia". Les recordó que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, sauqeado, humillado, odiado y explotado".
A estas posiciones se suman la del ex presidente cubano Fidel Castro quien este viernes calificó la medida como "brutal" y el mandatario venezolano quien el jueves pasado advirtió a los países que apliquen esta normativa, que suspenderá el suministro de petróleo. "Hay que rechazar con toda el alma esta llamada Directiva del Retorno" que criminaliza a los inmigrantes, dijo Chávez.
Derecha también rechaza
Mientras que en Perú, el presidente Alan García, de centroderecha, afirmó que la medida "no es justa", ya que no se puede sancionar a muchos por los delitos de algunos pocos. García aseveró que con esta política, Europa "le da la espalda a la historia", pues excluye a los inmigrantes que han generado aportes a ese continente. El madatario peruano dijo que su Gobierno no sólo "defenderá a sus connacionales, sino a todos los latinoamericanos. Por los delitos de unos cuantos no pueden sancionar a los millones de latinoamericanos que existen".
Que les parece compatriotas, esa Europa que alguna vez produjo luces para el mundo hoy produce vergüenza al aprobar una ley de inmigración que criminaliza el derecho que tenemos todos los seres Humanos de buscar una mejor calidad de vida para si y para los suyos.
¿Es que acaso se olvidan los ciudadanos europeos que ellos alguna vez fueron inmigrantes?
¿Es que acaso olvidan los ciudadanos europeos que cuando vinieron y vieron que los países o territorios a los que llegaban tenían menor capacidad de defensa, de inmigrantes pasaron a ser conquistadores invasores?
¿Olvidaron acaso los ciudadanos europeos que la gran vida que disfrutan hoy día ha sido lograda a base de amontonar millones de muertos en sus conciencias?
¿Acaso son concientes los ciudadanos europeos que el nivel de vida que llevan es gracias a que, sus gobiernos de turno han robado y saqueado las riquezas naturales de los países de Asia, África y América?
¿Son concientes los ciudadanos europeos que durante siglos: españoles, portugueses, italianos, franceses, alemanes, holandeses, británicos (Ingleses), ocuparon territorios de Asia, África y América, humillando, matando y saqueando indiscriminadamente esos pueblos?
¿Son concientes los ciudadanos Europeos con sus aires de superioridad intelectual y étnica que la seguridad y la buena vida que hoy disfrutan es gracias a los amarillos asiáticos, a los negros africanos y a los aborígenes americanos?
¿Saben los ciudadanos europeos que la gran vida que llevan de consumismo desmedido, está sometiendo grandes regiones de la Tierra al hambre y la miseria?
¿Saben y están concientes los ciudadanos Europeos que las grandes potencias norteamericanas llámense Estados Unidos y Canadá, fueron creadas por INMIGRANTES ingleses, irlandeses, italianos y franceses?
¿Saben que estos otrora inmigrantes acabaron con la población Aborigen de la América del norte y que utilizaron las mismas técnicas usadas por los gobiernos de sus países de origen? Recuerden: esclavizar, someter, matar y saquear a los países de centro y sur América, Asia y África, ahora tampoco quieren a los inmigrantes y los persiguen y los matan o si tienen suerte los deportan.
Estos ciudadanos europeos y norteamericanos que satanizan y criminalizan a los inmigrantes, son los mismos que aplauden a sus gobiernos de turno y aupan a las transnacionales a que sigan saqueando las riquezas naturales de los pueblos del África y de la América Mestiza.
Estos ciudadanos europeos y norteamericanos tan cultos ellos, son los que no levantan ni un dedo por los pueblos del mundo sometidos al hambre y la miseria para que ellos sigan viviendo con un nivel de consumo tan alto que con lo que vive una familia “pobre” de Alemania, Inglaterra, Holanda, Canadá, vivirían de diez a quince familias pobres de África o Centroamérica.
Estos ciudadanos europeos y norteamericanos tan concientes ellos, tan piadosos ellos, son los que año tras año votan en elecciones por esos gobiernos que apoyan ocupaciones y genocidios en Irak, Afganistán, Palestina, esos mismos son los que apoyan reyes europeos que mandan a callar a presidentes electos democráticamente mientras en otros tiempos se abrazaban con los tiranos dictadores del mundo.
Esos ciudadanos europeos y norteamericanos tan inocentes ellos, tan cristianos ellos, son los que gracias a sus elegidos gobiernos se han tragado media Humanidad y aún quieren tragarse la otra media.
Esos ciudadanos Europeos y Norteamericanos son los mismos que permiten que se considere criminal a un ser Humano que es el producto de lo que sus gobiernos han hecho en el mundo.
Quisiera que la oposición Venezolana tan Cristiana ella, tan piadosa ella, tan capitalista ella y que llamó a una ley la ley “sapo” me digan que opinan de la ley anti-inmigrante que pide sapear a otros para ser botado o deportado en un mes o de lo contrario les meten un año o más presos. Solo por ser INMIGRANTES.
Para un cierto europeísmo autocomplaciente, las críticas de fondo al proceso de integración siempre pueden explicarse apelando al trasnochado provincialismo o a la falta de información de quien la profiere. Si se objeta el carácter furtivo y tecnócrata de las decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias y los Estados miembros, sólo puede hacerse de la mano de Le Pen o de algún excéntrico tory británico. Si se cuestiona el sesgo antisocial de las políticas fraguadas en Bruselas con el visto bueno del representante estatal de turno, ello obedece a un miedo atávico a la globalización y a las oportunidades que ofrecen la competencia económica y el libre mercado. Si se considera, en fin, que una manera de expresar el desacuerdo con el proyecto europeo oficial es no votar o rechazar los tratados que con nocturnidad y alevosía pretenden consolidarlo, sólo cabe atribuirlo al chovinismo o a la inmadurez de los votantes.
En la cabeza del euroentusiasta, conservador o pretendidamente de izquierdas, no cabe otra oposición a la Unión Europea realmente existente que la atribuible a algún tribalismo irredento o a un pobre sentido de complejidad de las cosas. De ahí su mot d’ordre tras el rechazo francés y holandés al Tratado constitucional y tras el reciente no irlandés a su versión casi siamesa, el Tratado de Lisboa: evitar, a cualquier precio, las consultas a una ciudadanía que, a fin de cuentas, no está a la altura de la empresa que generosa-mente se le ofrece.
Lo que revela este argumento es que todo lo que no sea cuadrarse ante los dictámenes de la clase política y económica que dirige el actual consenso europeo queda equiparado a un irracional espasmo localista que se empeña en no dar a la Unión Europea “una voz única en el mundo”. Poco importa si esa voz se expresa en un murmullo imperceptible a la hora de denunciar los vuelos de la CIA, la histeria liberticida de ciertas políticas antiterroristas o la impune proliferación de paraísos fiscales. O si se muestra bronca y expeditiva cuando de lo que se trata es de recortar derechos laborales arduamente conquistados, de consagrar un modelo productivista e insostenible que ha arruinado a los pequeños agricultores, de ajustar los controles sobre los trabajadores migrantes o de reformar los tipos de interés a medida de la gran banca y en perjuicio de los bolsillos más modestos. Lo importante –se afirma con descaro– es que sea una voz “única”. Que desafine o aturda es algo que el tiempo –¿cuándo? ¿cómo? ¿a cuento de qué?– se encargará de enmendar.
Esta manera de plantear las cosas insulta aún más la inteligencia cuando los acuerdos alcanzados en el entramado institucional estatal-comunitario pretenden hacerse pasar por la voluntad de los “pueblos europeos”. Así, si el parlamento de un Estado ratifica un tratado, el resultado se endosa de manera inmediata y sin fisuras a todos y cada uno de los habitantes de dicho país. Da igual que el apoyo parlamentario se haya producido por escaso margen; que la mayoría de ciudadanos e incluso de diputados no tenga conocimiento del texto en cuestión –como ocurrió en Hungría a propósito del Tratado de Lisboa–; o que el aparente consenso partidista resulte controvertido en las urnas, como pasó en el caso francés. En cambio, cuando millones de ciudadanos no votan o deciden votar contra un tratado europeo, la lectura dominante es que unos pocos miles de personas no pueden frustrar la voluntad de 500 millones que, aun no habiendo sido consultados, ya han pasado, por arte de birlibirloque, a engrosar la lista del europeísmo incondicional.
Es difícil saber qué tendría que ocurrir para que las clases dirigentes europeas admitieran la profunda desafección que el proceso de integración está generando como producto de su persistente deriva antidemocrática y antisocial. Por lo pronto, su primera reacción ante el resultado irlandés no ha sido proponer el retiro de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, un mayor control de los paraísos fiscales, el impulso de una armonización al alza de los estándares normativos sociales y ambientales o la apertura de un auténtico proceso de democratización que supusiera, como mínimo, la elección de una asamblea constituyente con capacidad para discutir en serio las políticas hoy en curso. Por el contrario, lo que se ha producido es la escenificación, sin rubores, del mismo sonsonete machacón de siempre: hay que olvidarse de las urnas y seguir con las ratificaciones como si nada. No hay Plan B concebible, es esto o el estancamiento, somos nosotros o el caos.
¿Hasta cuándo podrá este imperturbable desprecio por las señales de la calle invocar el nombre de Europa? ¿Por cuánto tiempo podrá alguien con genuinos impulsos solidarios e internacionalistas identificarse con el europeísmo romo que practican los ejecutivos estatales y la burocracia comunitaria? ¿No sería más genuino un europeísmo que, siguiendo la mejor tradición ilustrada, se atreviera a criticar sin complejos un proyecto empeñado en avanzar a través de sus peores vicios?
Gerardo Pisarelloes profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Jaume Asenses vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona