La comisión de trabajo del Parlamento Europeo rechazó por gran mayoría -35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones- este techo semanal que sugirieron los 27 países en junio y que se introdujo en la nueva directiva "tiempo de trabajo".
Para los eurodiputados la semana no puede superar las 48 horas sea cual sea el caso, es decir, sin posibilidad de derogación, mecanismo al que se recurre mucho en Gran Bretaña, y que será eliminado en los primeros tres años de validez de la nueva directiva. Además, la comisión de trabajo, que se expresó aprobando el informe del socialista español Alejandro Cercas, incluyó en el cómputo total de las horas laborales todos los turnos de guardia, tanto los activos como los inactivos. Para los ministros, en cambio, debían excluirse, por no contar como trabajo.

En junio los 27 decidieron que la semana laboral debía que poder llegar hasta las 65 horas contando las guardias, y si no, detenerse en las 60. Un acuerdo al que se habá llegado gracias al gobierno Berlusconi, que variaba la posición adoptada por el gobierno Prodi, contrario a estos límites, pues se evaporaba la minoría de conjunto.
"Hemos lanzado una señal clara y contundente al Consejo -dijo Cercas tras el voto-. Su acuerdo, su directiva era un ataque a la Europa social". Pero la cuestión no está cerrada. Para oponerse definitivamente al pacto cerrado entre gobiernos, el Parlamente ha de obtener una mayoría de 393 eurodiputados -la mitad más uno de los miembros- en la votación plenaria que se celebrará el 16 o 17 de diciembre. Se trata de un pulso difícil de resultado incierto que podría evitarse con negociaciones entre el Parlamento y los 27 a partir de esta semana.

Esta directiva es una prioridad de la presidencia francesa, que se concluye a finales de año, y los gobiernos tienen mucha prisa para aprobarla ya que en los últimos años el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha condenado en varias ocasiones a los estados miembros por no respetar la vieja directiva, sobre todo en lo relativo a las horas de guardia.

Ahora, para subsanar los fallos, los 27 pretenden cambiar la laye, una operación a la que se opone el Parlamento, o mejor, el centroizquierda de éste. "Podemos negociar, pero sólo si se mantienen los principios de la Carta de derechos fundamentales", concluye Cercas.

http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/06-Novembre-2008/art45.html

Traducido por Gorka Larrabeiti

Fuente: Rebelión