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Un año después del golpe de Estado en Honduras, los recientes sucesos en Ecuador demuestran que sectores opuestos a los cambios en la región están activos y constituyen una amenaza para los procesos democráticos en marcha.

"Después de Zelaya, el próximo soy yo", dijo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuando en junio de 2009 militares hondureños secuestraron al mandatario Manuel Zelaya y lo llevaron a la fuerza a Costa Rica. La historia le dio la razón.

Y es que, a pesar de las peculiaridades de cada país, en los acontecimientos de Honduras y Ecuador existe un paralelismo evidente.

Ambas conspiraciones tienen entre sus protagonistas a sectores de la ultraderecha, apoyados por Estados Unidos, que ante la imposibilidad de llegar al poder mediante elecciones intentan alcanzarlo de manera violenta para no perder sus privilegios.

"Los que levantamos la bandera del Socialismo estamos en la mira de fuerzas de la derecha, cuyo amo está en Washington", declaró el jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, al conocer lo ocurrido en Ecuador.

Si nos remontamos al 28 de junio del año pasado, recordaremos que Zelaya fue derrocado el mismo día en que se iba a celebrar una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a futuras reformas constitucionales.

Sectores de la oligarquía, que vieron en la consulta una amenaza a sus intereses, intentaron engañar a la opinión pública con el argumento de que la intención del presidente era extender su mandato más allá de enero de 2010.

Lo sucedido ahora en Ecuador evoca la ruptura institucional en Honduras.

Al igual que Zelaya, Correa fue secuestrado y el pretexto para ello fue la Ley del Servicio Público, cuyo contenido fue manipulado para desinformar a los policías insubordinados.

Si lo ocurrido en Honduras se intentó presentar como una sucesión presidencial, en Ecuador los grandes medios internacionales hablaban de una simple sublevación policial.

Pero el encierro del presidente durante 12 horas en un hospital de la policía, las acciones coordinadas en varias ciudades y la toma del aeropuerto de Quito, pusieron en evidencia que se trataba de un plan para derrocar al gobierno.

Una encuesta realizada por Prensa Latina esta semana arrojó que 66,7 por ciento de los entrevistados consideraron los acontecimientos en Ecuador como un intento de golpe de Estado y de magnicidio.

Afortunadamente en Ecuador, la firme posición de Correa, la movilización del pueblo en defensa de su presidente y la respuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, abortaron la intentona.

No ocurrió lo mismo en Honduras, donde la alianza de 10 poderosos grupos de la oligarquía, con las fuerzas armadas, la Fiscalía, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, lograron el derrocamiento de Zelaya y la imposición de un régimen de facto.

Sin dudas, los sucesos en ambos países, como otros intentos de golpe de Estado similares en Venezuela (2002) y en Bolivia (2008), forman parte de una estrategia para acabar con los procesos de cambios y desarticular a los gobiernos progresistas.

Tanto Zelaya como Correa incorporaron a sus países a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo basado en la solidaridad, la cooperación y la complementariedad de las economías y no en el libre mercado.

En el país centroamericano, donde 70 por ciento de la población vive en la pobreza, Zelaya destinó amplios recursos para fomentar la producción en el área rural, otorgó créditos a pequeños y medianos productores y extendió los programas de salud y educación.

En el caso de Ecuador, durante el gobierno de Correa la educación y la salud ya son gratuitas, el gasto social se ha multiplicado y las bases estadounidenses han sido expulsadas.

¿Qué sucede cuando un país ordena la salida de una base militar de Estados Unidos, minimiza su relación con Washington, rechaza el modelo neoliberal y al mismo tiempo aumenta su cooperación con Irán y Venezuela?, se preguntaba la investigadora Eva Golinger.

Según la analista venezolano-estadounidense Washington comenzó a mover sus piezas para desestabilizar a Correa el año pasado, luego del golpe de Estado en Honduras.

Sectores de la ultraderecha estadounidense han expresado su apoyo al ex presidente Lucio Gutiérrez, a quien Correa sindicó de estar detrás de la conspiración.

Washington también mantiene contactos dentro de las fuerzas de seguridad de Ecuador y por lo menos uno de los tres coroneles arrestados por intento de asesinato contra el presidente, estudió en la llamada Escuela de las Américas.

Un papel similar asumieron antes, durante y después del golpe en Honduras.

Tras su secuestro, Zelaya fue llevado a la base de Soto Cano (Palmerola), el Departamento de Estado se negó a calificar lo sucedido como un golpe de Estado y congresistas estadounidenses visitaron el país para apoyar a la dictadura de Roberto Micheletti.

Se ha dicho que la consumación de la asonada en Honduras y la impunidad de que gozan los responsables, son el caldo de cultivo para la reedición de otros intentos de derrocar a gobiernos democráticamente electos.

Sólo la unidad de los pueblos en torno a sus gobiernos, la posición de mecanismos de integración como el ALBA y la UNASUR y el rechazo de la comunidad internacional, podrán impedir la repetición de otro hecho similar en la región.

Carmen Esquivel*

(*) La autora es jefa de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.

Fuente: PL

En la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima, Hillary Clinton tanteó a los demás cancilleres para lograr la reincorporación de Honduras.

La mayoría de los países latinoamericanos se mostró renuente para abrirle la puerta al presidente Porfirio Lobo, porque no ha tomado ninguna medida contra los militares que dieron el golpe en su país. Clinton desistió y el consenso fue que la OEA no trataría ese tema en público. No quieren poner más en evidencia la debilidad de Lobo y tampoco quieren que cualquier medida contra los golpistas sea interpretada como una imposición. Por historia y por sobrevivencia, el golpismo militar siempre será importante para los gobiernos civiles de la región, nunca un tema menor. Por eso las declaraciones del embajador chileno en Buenos Aires, Miguel Otero, producen tanto ruido.

No solamente es una cuestión histórica. Las mayorías en este país y en todo el mundo detestan a Pinochet. Se lo detesta por lo que hizo en Chile y por lo que cada pueblo emparenta con cosas que sucedieron en sus propios países. Y de la misma manera se rechaza la idea del golpe militar.

En los años ’70 solamente dos o tres países de la región no tenían dictaduras militares. En muchos casos, como en el argentino o el boliviano, había dos o tres golpes por año. Era una lacra que empastaba la vida económica y social, impedía cualquier tipo de progreso y promovía la violencia. Y no se veía ninguna salida de ese infierno, porque, además, los gobiernos norteamericanos, las jerarquías eclesiásticas y los capitales concentrados y transnacionales estimulaban y eran favorecidos por él.

El golpismo es un camino de ida. No hay nada más fácil que entrar y después es casi imposible salir. Y además, la tentación es permanente, aunque hayan pasado años sin que se ejerza. Por eso, la mejor forma de tratarlo en la actualidad es como si fuera el virus de la viruela. Apenas queda suelto, hay que aislarlo y combatirlo. No se puede hacer ninguna concesión porque cada una que se haga será el escalón que tendrá el siguiente.

A Clinton, la tozudez de casi todos los gobiernos sudamericanos frente a Honduras puede parecerle irracional porque no vivió ni entiende el fondo de esta historia y las sensibilidades lógicas que despierta. Pero en ese tema tiene razón la intransigencia. No sólo se cuidan ellos mismos de un contagio, sino que además así también apuntalan el poder democrático en Honduras.

En ese contexto aparece el embajador de Chile y habla de Pinochet en los mismo términos en que lo hicieron los golpistas hondureños. En eso no hay originalidad. El golpe en Honduras se produjo unos meses antes de que finalizara el mandato de un presidente democrático y hubiera elecciones. No tenía sentido. Fue pura demostración de fuerza. Un ejemplo que se proyecta hacia todas las situaciones de crisis política o social que se puedan producir en América latina.

Las palabras de Otero parecen calcadas de las del presidente de facto hondureño Roberto Micheletti. Claro que Pinochet es más conocido que el golpista centroamericano. Justifica el golpe porque con Salvador Allende “no se podían comprar productos importados”. Y dice, como todos los golpistas, que la mayoría de los chilenos no vivió a Pinochet como un dictador.

Ningún gobierno, sea de Chile o de cualquier otro país, del color político que fuere, tiene derecho a enviar embajadores que se expresen de esa manera, que vayan en detrimento del esfuerzo por apuntalar los procesos democráticos que se abrieron en las últimas décadas. Eso es independiente del debate interno en Chile con los pinochetistas.

Puede parecer un cavernícola, un anacrónico o que sus palabras no pesan. Pero es como la viruela. Está erradicada desde hace muchos años y nadie se cruza de brazos: ante el primer síntoma se reacciona con energía, se toman todos los recaudos. Hablar bien de las dictaduras o del golpismo tiene un eco interno aunque se hable de Pinochet, no es aconsejable que lo hagan embajadores en esta parte del mundo.

Luis Bruschtein

Fuente: Página 12