El único país que votó en contra fue Ecuador

La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles en sesión extraordinaria, el reintegro de Honduras al sistema interamericano, luego de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya. El único país que votó en contra fue Ecuador, que pide que se castigue a los golpistas y represores antes de restituir a la nación. Venezuela votó a favor pero con reservas.

Para que Honduras sea plenamente aceptada por Ecuador es necesario que se apliquen sanciones judiciales a los responsables del golpe de Estado de 2009, además de lo que implica el acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático, que permite el retorno del ex presidente Manuel Zelaya y la realización de consultas populares, consideró este miércoles la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea ecuatoriana, Linda Machuca.

En una entrevista exclusiva con teleSUR, Machuca indicó que "tiene que existir una sanción en el orden judicial y creo que esto es lo que le hace falta a Honduras (...) no son hechos aislados los que se han producido'' en este país centroamericano durante el golpe de Estado de junio de 2009.

La presidenta de la Comisión agregó que ''efectivamente creo que esta posición del Ecuador ha tenido el respaldo en virtud de una situación similar que hemos vivido en el país'' luego de intento de golpe de Estado que experimentó el presidente, Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010.

Indicó que Ecuador no está sola en su posición puesto que hay sectores en Honduras que están haciendo lo necesario para que los responsables del golpe sean castigados.

''Yo creería que no estamos solos en este mensaje, en Honduras existe también sectores que están llevando a cabo esta lucha'', dijo.

Con respecto al llamado hecho por el presidente, Porfirio Lobo, a la reconciliación de los hondureños, Machuca consideró loable esta postura, así como también el que haya permitido el reingreso de Zelaya al país.

''Creo que en este interés de consensuar, de llevar la paz a las naciones (...) los mandatarios tienen que ceder posiciones (...) en este sentido hay que aplaudir la posición (de Lobo) de permitir el ingreso del ex Presidente Zelaya'', manifestó.

No obstante resaltó ''que no se puede hablar de un completo restablecimiento de la situación en el país (...) mientras no se tome en cuenta lo que ha ocurrido (...) en los hechos ocurridos" en el golpe de Estado de junio de 2009, añadió.

La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles en sesión extraordinaria, el reintegro de Honduras al sistema interamericano, luego de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya. El único país que votó en contra fue Ecuador, que pide que se castigue a los golpistas y represores antes de restituir a la nación. Venezuela votó a favor pero con reservas.

Fuente: TeleSur

Isis Obed Murillo cayó de un balazo en la cabeza en las inmediaciones del Aeropuerto Toncontin, luchando por sacar del Poder a la camarilla golpista que expulsó del país al Presidente Manuel Zelaya. Casi veintitrés meses después, y en el mismo lugar donde Isis Obed derramó su sangre, arribó a suelo patrio el desterrado Coordinador General del FNRP, Manuel Zelaya, ante la presencia de centenares de miles de hombres y mujeres curtidos de la lucha contra la dictadura golpista.

Un escenario más que simbólico de lo que cabía esperar de este acto histórico.

Haciendo a un lado los inconvenientes de la organización del evento, el Pueblo en Resistencia ahí presente esperaba del compañero Zelaya un discurso que invitara a la lucha popular contra el régimen; que llamara a organizar la movilización del Pueblo hasta derrotar el régimen de Porfirio Lobo Sosa, y a demandar la salida de los golpistas del poder; o al menos un discurso en el cual los denunciara, como antesala de las batallas que habrá que librar tras su regreso.

En lugar de eso, el compañero Zelaya se deshizo en agradecimientos hacia la dictadura de Porfirio Lobo Sosa por haberlo traído al país, y llamo a “reconciliarnos” con él, sin que ninguno de los funcionarios que participó en el Golpe de Estado haya salido del gobierno y mucho menos esté en la cárcel por los crímenes que cometieron.

¿Cómo puede haber reconciliación con un régimen que no para la brutal represión? Con un régimen que lleva más de doscientos compañeros y compañeras asesinados/as; que ha profundizado la política de entreguismo y la violación a nuestras conquistas sociales; que hoy tienen a decenas de maestros y maestras en huelga de hambre. Para muestra un botón: Ni se había enfriado la tinta con que se firmó el acuerdo de Cartagena, cuando los golpistas arremetieron con gases y bala viva en el Instituto Jesús Aguilar Paz, capturando a mansalva estudiantes; desalojaron a humildes vendedores ambulantes en el Parque Central; y asesinaban a dirigentes campesinos en el Aguan. Con un régimen así no vale ninguna “reconciliación” sino enfrentarlo con la lucha popular.

Por si eso no bastara, el compañero Mel Zelaya llegó tratando de convencernos de que el Acuerdo deCartagena, que permite el retorno del Estado de Honduras a la OEA, y que, por consiguiente, permite el blanqueo del Golpe de Estado y el fortalecimiento económico de esta dictadura, es un “triunfo” del Pueblo y que permitirá la democratización del país. Nada más falso.



Si uno lee el Acuerdo se verá que los golpistas no cedieron absolutamente en nada. Se aseguraron de que con su firma el compañero Zelaya respalde toda la institucionalidad tal como está, sin cuestionarla; que el respeto de los derechos humanos queda en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en todo este tiempo ha mostrado que es un aliado del régimen; que la convocatoria a la Constituyente (que ya no sería originaria ni auto convocada) dependerá de un plebiscito que está en manos de los golpistas; que la inscripción del FNRP como fuerza político electoral (por cierto algo que las bases nunca han aprobado) también dependerá de la Ley Electoral del golpismo sin que ni siquiera se exija reestructurar el Tribunal Supremo Electoral, hoy dominado por los partidos de la oligarquía. Ni aún la anulación de los juicios que sirvieron de base jurídica para su retorno pueden considerarse un logro, ya que su reactivación depende de que los golpistas levanten un dedo. A cambio de nada, el régimen golpista hará una entrada triunfal en la próxima Asamblea General de la OEA, con la única oposición –digna de felicitar por cierto—del gobierno ecuatoriano.

En fin, ese acuerdo es un acuerdo de rendición por el cual el compañero Zelaya no debía sentirse orgulloso, y mucho menos pretender que la Resistencia lo acepte.

Por supuesto que celebro saber que el compañero Manuel Zelaya está de nuevo en Honduras, porque nunca debió ser echado de su tierra. Su retorno (no el acuerdo firmado) es un logro indirecto de la presión del Pueblo, de casi dos años de sacrificios, no de la buena voluntad del régimen de Lobo; así que a este no hay nada que agradecerle. Lo que incomoda es la política reconciliadora con la que vino, pues esa política deforma ese triunfo convirtiéndolo en un inmerecido espaldarazo al régimen de Porfirio Lobo Sosa, en lugar de convertirlo en un motivo para la lucha contra la dictadura.

El compañero Mel no puede comprometer ni firmar nada a nombre de la Resistencia que no sea decidido colectivamente por las instancias de conducción, en especial los acuerdos de la Asamblea Nacional del FNRP, mucho menos algo que traicione la causa por la cual fue elegido Coordinador Nacional de este portentoso movimiento popular.

La sangre de nuestros mártires es demasiado cara para que sea profanada.

Tomás Andino Mencia

Fuente: Rebelión

Representantes de más de 30 organizaciones civiles mexicanas exigieron la libertad para todas las personas detenidas en Honduras y en especial de las cinco maestras acusadas de sedición y protesta ilícita, y demandaron garantizar la vida de las mujeres y su derecho a manifestarse en contra de las políticas que las afectan y por las violaciones a sus derechos humanos.

Durante la manifestación realizada el pasado día 8 en la representación de la Embajada de Honduras en México, las activistas y feministas entregaron la carta que contiene éstas y otras demandas, a Carolina Medina, titular del área jurídica de la representación hondureña, quien se comprometió a entregarla al embajador Mariano Castillo y a la Secretaria de Relaciones Exteriores en ese país.

En la misiva, las organizaciones también pidieron investigar y sancionar a los responsables de atacar a las y los manifestantes, haciendo valer la constitución hondureña, que garantiza a la ciudadanía el derecho a manifestarse de forma pacifica.

Con la consigna ¡Ni golpes de Estado, ni golpes para las mujeres! las activistas manifestaron su rechazo a la violencia y persecución contra las defensoras de derechos humanos y activistas hondureñas así como a la impunidad por las agresiones y asesinatos cometidos contra ellas pues dijeron, más del 90 por ciento de los casos siguen impunes.

Marusia López Cruz, integrante de las organizaciones Asociadas por lo Justo y de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, informó que en lo que va de 2011 se registraron 50 casos de feminicidio, mientras que durante 2010 ocurrieron cinco asesinatos de defensoras de derechos humanos.

La activista denunció la crítica situación que enfrentan las mujeres y el pueblo hondureño, debido al incumplimiento de los compromisos internacionales “con la democracia y los derechos humanos”, que adquirió Porfirio Lobo, al asumir la presidencia de Honduras, en enero de 2010.

Cabe recordar que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) documentó en su informe titulado “Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”, 47 casos de amenazas y ataques, incluidos 18 asesinatos contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos que ocurrieron después de que Lobo Sosa asumió el poder en enero de 2010.

Ante ello alertó que hasta que las autoridades hondureñas sancionen a los responsables de la violencia en contra de opositores al régimen actual, “podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país”.

Para lograrlo, HRW indicó que el gobierno de Honduras, encabezado por Porfirio Lobo Sosa, debe tomar medidas concretas para que los agresores rindan cuentas y para que este tipo de acciones no se repitan.

La falta de sanciones, sumada a la violencia y a las amenazas continuas, “han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política en esta nación”, sobre todo entre quienes se opusieron al golpe de Estado, menciona HRW.

Agregó que después del golpe de Estado, que inició en junio de 2009, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de DH, como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, así como la imposición de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de reunión.

PROTESTA INTERNACIONAL

A la manifestación que se realizó en la Ciudad de México, se sumaron las realizadas de manera simultánea en consulados y representaciones del gobierno hondureño en Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

De igual modo, las asociaciones mexicanas junto con las de quince países más, anunciaron que enviarán por diversos medios una solicitud a Navy Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, y a Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, para que emitan un comunicado conjunto de rechazo a la “política de represión” en Honduras.

Guadalupe Cruz Jaimes

Fuente: Cimac

El presidente Porfirio Lobo vincula los crímenes a la delincuencia común, quitándoles contenido político. Siguen impunes la mayoría de los asesinatos de los trabajadores de medios cometidos después del golpe de Estado.

Otro periodista fue asesinado ayer en Honduras, con lo que ya suman diez los trabajadores de prensa asesinados en 2010. Mientras el presidente Porfirio Lobo vincula estos crímenes a la delincuencia común, las organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión sigue creciendo en Tegucigalpa.

Al salir de su casa ubicada en el municipio de la Masica, Atlántida (norte), Henry Souza se desplomó. Varios sujetos, aún no está confirmado el número, lo acribillaron a balazos. Según relataron los vecinos de la zona, los atacantes tuvieron tiempo para fugarse en bicicleta. Al cierre de esta edición, no se había dado a conocer información oficial acerca del asesinato del comunicador, que era corresponsal de la importante emisora HRN en la ciudad de La Ceiba y que también trabajaba en el canal Cablevisión del Atlántico.

Jorge Abilio Díaz, propietario de esa emisora televisiva, dijo que el crimen habría sido perpetrado por sicarios y agregó que conocería los posibles móviles del asesinato. Según publicó la prensa local, el padre de Suazo sería un reconocido dirigente campesino en ese sector. “En ese lugar, hay una lucha de las comunidades por el uso de los ríos. Puede ser que Souza haya prestado su micrófono a la población y esté vinculado a eso su asesinato, aunque no lo tengo confirmado”, explicó a Página/12 Bertha Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Con el asesinato de Souza, son diez los periodistas que fueron asesinados en Tegucigalpa. Según publicó el diario hondureño La Tribuna, las víctimas son Joseph Hernández Ochoa (Canal 51), David Meza (Radio El Patio), José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez (Radio Súper 10), Nahum Palacios (Televisión del Aguán), Luis Chévez (emisora W105), Georgino Orellana (canal de San Pedro Sula), Nicolás Asfura (periodista radial) y Luis Arturo Mondragón, director de noticias del Canal 19 de El Paraíso. La organización Campaña para un Emblema de Prensa dio a conocer el lunes una lista con los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No por casualidad, Honduras ocupó el tercer puesto, detrás de México y Pakistán.

Las organizaciones de prensa y los organismos de derechos humanos denuncian que sigue impune la mayoría de los asesinatos de los trabajadores de medios cometidos después del golpe de Estado que arrancó del poder al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. El actual mandatario hondureño, Porfirio Lobo, intentó en varias ocasiones sacarles el tinte político a estos crímenes y desligar al gobierno de la responsabilidad por la muerte de los periodistas. Según el gobernante, los homicidios se deben a la “violencia criminal” que sacude al país. “Hay una fina estrategia para justificar toda la persecución que hay y para que ésta aparezca como un crimen común”, declaró Oliva de Nativí.

La violencia y la represión están a la orden del día en Tegucigalpa, según hacen saber las organizaciones humanitarias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reconoció que en los primeros seis meses de 2010 hubo un promedio de 16 muertes violentas por día. “En el primer semestre de 2010, la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 36 y podría llegar a 72 al final de 2010 de mantenerse la tendencia actual”, indicó Custodio en un informe reciente. En 2009, Tegucigalpa había registrado una tasa de homicidios por habitante que multiplicaba por ocho al promedio mundial, que el Informe Mundial de la Violencia y la Salud estableció en 8,8.

La semana pasada, Human Rights Watch (HRW) emitió un informe y una recomendación para que el gobierno de Honduras investigue 47 casos de agresiones o amenazas y otros 18 asesinatos cometidos desde enero de este año contra periodistas, militantes políticos y defensores de los derechos humanos. “A pesar de que el presidente Lobo expresó su preocupación por estos casos, en los últimos seis meses atacó directamente a las organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de tener intereses políticos”, dijo a este diario Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh). Méndez dijo que aún las organizaciones no manejan cifras definitivas, pero que en 2011 se presentará la investigación que está llevando a cabo la Comisión de la Verdad, de la que es cofundadora Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo.

Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

Foto: Rel-UITA

Burda campaña mediática trata de justificar el despliegue militar impuesto por Porfirio Lobo

Dos semanas después de la masacre de cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), a manos de las guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, la zona del Bajo Aguán vive una nueva pesadilla. La bota militar volvió a pisar esas tierras fértiles que fueron usurpadas para implementar el monocultivo de palma africana. En medio de una campaña mediática que criminaliza la lucha campesina para el acceso a la tierra, las organizaciones de la zona alertan sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

El Bajo Aguán está nuevamente militarizado. Respaldado por una feroz campaña mediática de los principales medios de comunicación, que denuncian la presencia de grupos irregulares armados y la infiltración terrorista en las organizaciones campesinas de la zona, Porfirio Lobo ha anunciado que va a resolver personalmente el problema.

Centenares de efectivos policiales y militares fueron enviados a la zona, se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y montaron retenes en todas las carreteras, supuestamente en búsqueda de armas de las que aún no hay rastro alguno.

“Porfirio Lobo emitió un decreto con el que intervino administrativamente el INA, en búsqueda de supuestas irregularidades. Las instalaciones siguen tomadas por el Ejército y la Policía, y a diario llegamos a la institución para ver si nos dejan entrar a trabajar”, explicó a Sirel, la presidenta de la seccional de Tocoa del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.

A la comisión interventora, encabezada por el director del Instituto de la Propiedad (IP), Pompeyo Bonilla y el Viceministro del Interior, José Zelaya, se le otorgó también la facultad de remover o suspender a los trabajadores.

“Ya no están hablando de buscar armas, sino que comenzaron a revisar las informaciones contenidas en las computadoras y hasta pidieron su decomiso. Nuestro temor -continuó Banegas- es que el verdadero objetivo es enterrar a la institución y acabar con el Sindicato”.

Para la directiva del SITRAINA, esta grave situación acontece en medio de una fuerte campaña mediática de atemorización de la gente y criminalización de los movimientos sociales y campesinos.

“Es un recrudecimiento de la estrategia para defender los intereses de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Son ellos que los que mandan y lo van a hacer a punta de armas”, alertó Banegas.


Foto: Giorgio Trucchi

Un plan hegemónico

Según Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de la UITA, la crisis que se está viviendo en el Bajo Aguán es algo más complejo de lo que se puede creer.

“Desmontaron la reforma agraria, promueven los monocultivos que benefician a los grandes terratenientes, aprobaron leyes que privatizan el sector público que legalizan el trabajo temporal y arrebatan los derechos de los trabajadores.

Es claro -continuó Reyes- que en el país no son las instituciones las que gobiernan, sino una dictadura, un grupo hegemónico golpista que les dicta órdenes, como la de reprimir al pueblo, de criminalizar y satanizar la protesta social.

Hoy más que nunca es necesario luchar por una Constituyente para refundar nuestro país”, concluyó el dirigente sindical.

Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), responsabilizó a Porfirio Lobo y a los que controlan los hilos de su política errática en el Bajo Aguán, de estar generando una situación insostenible.

“Tratamos de volver a nuestras labores en los proyectos de desarrollo alimentario que tenemos en los terrenos del INA, pero no fue posible porque no hay ninguna garantía de seguridad.

Hay un montaje permanente para desprestigiar al movimiento campesino, vinculándolo con supuestos grupos armados. Condenamos la actitud del señor Porfirio Lobo porque se está prestando a un juego muy peligroso”, dijo Rivas.

El dirigente del MUCA alertó también sobre el peligro que se cierne sobre las organizaciones sociales y campesinas.

“Estamos viviendo días sumamente tensos, sin embargo seguimos exigiendo que se derogue la Ley de Modernización Agrícola, que reconcentró las tierras en pocas manos, y que se implemente una reforma agraria integral.

Queremos producir para garantizar la seguridad alimentaria en la región y en el país. ¡Basta ya de los monopolios de quienes se adueñaron fraudulentamente de las tierras!

Y si estos militares y policías, entrenados a disparar contra un pueblo indefenso, vienen a desalojarnos, una vez más quedará demostrado ante el mundo que aquí no es el Presidente él que manda, sino los poderes fácticos del país”, concluyó Rivas.

Giorgio Trucchi

Fuente: Rel-UITA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que desistirá de acudir a la Cumbre Iberoamericana que organizará Argentina en diciembre si participa en ella el mandatario de Honduras, Porfirio Lobo, un dictador que es producto de un golpe de Estado.

“Si el tal Lobo, el presidente producto del golpe de Estado en Honduras (..) va a la Cumbre Iberoamericana, yo no voy a participar”, dijo Morales en un discurso en la inauguración de un congreso de productores de coca en la región central del Chapare, desde donde saltó a la vida política.

“No voy a ir. ¿Cómo voy a estar con dictadores en esa cumbre que se va realizar este año en Argentina?”, señaló Morales.

Morales hizo la alusión al tema cuando refería el desde el año 2002, Estados Unidos respaldó intentos de golpe de Estado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, destacándo que sólo triunfó en Honduras.

“En uno, el imperialismo nos ha ganado, en Honduras, y en tres, en Bolivia, Venezuela y Ecuador, ganamos, así que estamos 3-1”, matizó.

Se trata de “intentos de golpe al Alba y Unasur”, enfatizó Morales.

Fuente: Patria Grande

Una escalofriante oleada de crímenes de lesa humanidad bajo el nuevo régimen.

Más de 700 violaciones a los derechos humanos -incluyendo doce asesinatos- es el resultado del monitoreo realizado del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 por el COFADEH. Ya son más de 9 mil las violaciones registradas desde el golpe de Estado y 544 los “incidentes” contra defensores de derechos humanos.

Faltando pocas semanas para la conmemoración del primer aniversario del sangriento golpe de Estado, Sirel conversó con Bertha Oliva, coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para hacer el punto de la situación.

-¿Cuál es el balance sobre los derechos humanos en Honduras después de cuatro meses de gobierno Lobo?

-Lo que hemos logrado recopilar durante estos cuatro meses del gobierno de Porfirio Lobo es algo escalofriante. Es una prueba más de que en Honduras se siguen dando violaciones selectivas y sistemáticas a los derechos humanos, que obedecen a una política de Estado muy fina y silenciosa, y por lo tanto muy peligrosa y preocupante.

-A nivel internacional, el presidente Porfirio Lobo está tratando de presentar una imagen de país diferente, un país en vías de normalización y reconciliación...

-La comunidad internacional, la cooperación y los gobiernos del mundo deben entender que en Honduras los políticos nunca hacen lo que dicen públicamente. Hay una total hipocresía, y cuando anuncian que se instaló un gobierno más humano, de reconciliación y respetuoso de los derechos humanos, los hechos revelan sus mentiras.

Siguen las detenciones ilegales, los acosos, las torturas y los asesinatos. Siguen violando las leyes todos los días. En Honduras siguen imponiéndose las fuerzas económicas y políticas, a través de las instituciones públicas que supuestamente están encargadas de aplicar la justicia.

-¿Hubo un cambio de estrategia represiva en el país a raíz del golpe de Estado?

-Antes del golpe había represión, pero era sobre todo por abuso de autoridad. Ahora la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se dan por razones políticas y los represores han afinado sus instrumentos y métodos.

Para las organizaciones de derechos humanos, actualmente es más difícil trabajar con base en patrones de violencia. La estrategia es más fina y diversificada, y los represores son más atentos a no dejar huellas.

Es una política de Estado sistemática, acompañada por una campaña mediática más cínica y agresiva de los medios corporativos de comunicación, que apunta a desarticular cualquier tipo de trabajo o experiencia organizativa y social.

Lo vemos en estos días con el cierre de la radio comunitaria de Zacate Grande, la persecución de sus líderes, la represalia laboral y judicial contra los sindicalistas de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y el despido de jueces y magistrados que se opusieron al golpe.

Llevan semanas en huelga de hambre y no hay ninguna intención de resolver el conflicto. Están creando crisis disfrazadas de legalidad, imponiendo el derecho bajo los conceptos usados durante el golpe militar

-También hay señales muy preocupantes. ¿Las amenazas y los ataques que sufrieron directivos del STIBYS y la campaña para desprestigiar a la dirigencia de la Resistencia son parte de esta estrategia?

-El COFADEH está muy preocupado por lo que ocurrió en los días pasados. Hay señales claras de que las amenazas contra Carlos H. Reyes, el asalto a la sede del STIBYS en San Pedro Sula y la campaña de desprestigio en contra de los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) son parte de esa misma estrategia represiva.

Una estrategia que quiere acallarnos, dominarnos, dejándonos sin el derecho que tenemos a organizarnos y protestar por lo que está ocurriendo en el país. Hasta el momento la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada sobre estos hechos.

-El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, condicionó el retorno de Honduras a esta instancia al regreso “en absoluta tranquilidad” del ex presidente Manuel Zelaya. ¿Qué opina de esta propuesta?

-Tiene todo el derecho de hacerla, pero no tiene el derecho a manipular las mentiras. Este gobierno sigue mintiendo a la comunidad internacional y se propone de contrarrestar el proceso de unidad y organización que surgió después del golpe.

No se puede negociar el retorno del presidente Zelaya a cambio de su seguridad, y creemos que no es justo considerar un regreso de Honduras a las instancias internacionales mientras no se den señales de verdadera convivencia en democracia, respeto a los derechos humanos y una correcta aplicación de la justicia.

Tenemos más de 700 violaciones a los derechos humanos desde que asumió Porfirio Lobo. Hay que mantener el aislamiento de Honduras hasta que las fuerzas represoras recapaciten, den una señal clara de arrepentimiento y acepten responder por los delitos que han cometido.

Nosotros vamos a seguir denunciando y trabajando, aun a sabiendas de que en cualquier momento pueden tratar de cortar nuestras voces.

Aquí nadie se está reconciliando con nadie. Al contrario, los que tienen el control del poder y de las armas, los que han asaltado las instituciones del Estado, siguen con su estrategia homicida y no les importa lo que dice la comunidad internacional.

-¿Qué aniversario va a ser el próximo 28 de junio?

-Va a ser un encuentro que el mundo va a tener con el pueblo hondureño. No hay por qué llorar, al contrario, vamos a abrazarnos y a celebrar, porque nos dimos cuenta de que hay millones de personas en el planeta que expresaron su solidaridad, y que sufrieron cuando sintieron que Honduras estaba siendo atacada.

En esta fecha vamos a instalar la Comisión de Verdad Alternativa. Va a ser un buen mensaje para buscar la memoria, recuperar la historia. Para decir a los pueblos del mundo, al gobierno de Honduras que prefirió ser la continuación del golpe, que siguen dándose violaciones, que no fue una sucesión constitucional, sino un golpe militar.

El 28 de junio hay que vivirlo con alegría, pensando que hace doce meses el pueblo despertó y lo sigue demostrando en las calles.

Giorgio Trucchi

Fuente: Rel-UITA

En la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima, Hillary Clinton tanteó a los demás cancilleres para lograr la reincorporación de Honduras.

La mayoría de los países latinoamericanos se mostró renuente para abrirle la puerta al presidente Porfirio Lobo, porque no ha tomado ninguna medida contra los militares que dieron el golpe en su país. Clinton desistió y el consenso fue que la OEA no trataría ese tema en público. No quieren poner más en evidencia la debilidad de Lobo y tampoco quieren que cualquier medida contra los golpistas sea interpretada como una imposición. Por historia y por sobrevivencia, el golpismo militar siempre será importante para los gobiernos civiles de la región, nunca un tema menor. Por eso las declaraciones del embajador chileno en Buenos Aires, Miguel Otero, producen tanto ruido.

No solamente es una cuestión histórica. Las mayorías en este país y en todo el mundo detestan a Pinochet. Se lo detesta por lo que hizo en Chile y por lo que cada pueblo emparenta con cosas que sucedieron en sus propios países. Y de la misma manera se rechaza la idea del golpe militar.

En los años ’70 solamente dos o tres países de la región no tenían dictaduras militares. En muchos casos, como en el argentino o el boliviano, había dos o tres golpes por año. Era una lacra que empastaba la vida económica y social, impedía cualquier tipo de progreso y promovía la violencia. Y no se veía ninguna salida de ese infierno, porque, además, los gobiernos norteamericanos, las jerarquías eclesiásticas y los capitales concentrados y transnacionales estimulaban y eran favorecidos por él.

El golpismo es un camino de ida. No hay nada más fácil que entrar y después es casi imposible salir. Y además, la tentación es permanente, aunque hayan pasado años sin que se ejerza. Por eso, la mejor forma de tratarlo en la actualidad es como si fuera el virus de la viruela. Apenas queda suelto, hay que aislarlo y combatirlo. No se puede hacer ninguna concesión porque cada una que se haga será el escalón que tendrá el siguiente.

A Clinton, la tozudez de casi todos los gobiernos sudamericanos frente a Honduras puede parecerle irracional porque no vivió ni entiende el fondo de esta historia y las sensibilidades lógicas que despierta. Pero en ese tema tiene razón la intransigencia. No sólo se cuidan ellos mismos de un contagio, sino que además así también apuntalan el poder democrático en Honduras.

En ese contexto aparece el embajador de Chile y habla de Pinochet en los mismo términos en que lo hicieron los golpistas hondureños. En eso no hay originalidad. El golpe en Honduras se produjo unos meses antes de que finalizara el mandato de un presidente democrático y hubiera elecciones. No tenía sentido. Fue pura demostración de fuerza. Un ejemplo que se proyecta hacia todas las situaciones de crisis política o social que se puedan producir en América latina.

Las palabras de Otero parecen calcadas de las del presidente de facto hondureño Roberto Micheletti. Claro que Pinochet es más conocido que el golpista centroamericano. Justifica el golpe porque con Salvador Allende “no se podían comprar productos importados”. Y dice, como todos los golpistas, que la mayoría de los chilenos no vivió a Pinochet como un dictador.

Ningún gobierno, sea de Chile o de cualquier otro país, del color político que fuere, tiene derecho a enviar embajadores que se expresen de esa manera, que vayan en detrimento del esfuerzo por apuntalar los procesos democráticos que se abrieron en las últimas décadas. Eso es independiente del debate interno en Chile con los pinochetistas.

Puede parecer un cavernícola, un anacrónico o que sus palabras no pesan. Pero es como la viruela. Está erradicada desde hace muchos años y nadie se cruza de brazos: ante el primer síntoma se reacciona con energía, se toman todos los recaudos. Hablar bien de las dictaduras o del golpismo tiene un eco interno aunque se hable de Pinochet, no es aconsejable que lo hagan embajadores en esta parte del mundo.

Luis Bruschtein

Fuente: Página 12

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el mandatario hondureño, Porfirio Lobo, en Madrid. Junto a los otros presidentes centroamericanos, firmaron un Acuerdo de Asociación entre los bloques regionales. La vuelta de Honduras a los foros internacionales.

Mientras en Washington Barack Obama y Felipe Calderón le prometían respaldo, en España el presidente hondureño Porfirio Lobo recibía otro apoyo crucial, el del presidente pro témpore de la Unión Europea, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo recibió y luego firmaron, junto a los otros mandatarios centroamericanos, un Acuerdo de Asociación entre los bloques regionales. Lobo escuchó críticas y dudas, y no pudo participar de la cumbre anterior con el resto de América latina, pero el viaje fue una victoria política. “Después de haber estado aislado completamente por siete meses, realmente esto es un éxito para nosotros”, celebró ayer en Madrid el ministro hondureño de Comunicaciones, Miguel Angel Bonilla.

Zapatero se sacó la foto con Lobo, sonrió y conversaron en privado, pero no hubo conferencia de prensa conjunta. El único que habló –con mucha emoción– sobre el encuentro fue el presidente hondureño. Se mostró receptivo a las críticas y, principalmente, a revisar la cuestionada ley de inmunidad, que logró proteger a los responsables del golpe de Estado pero no garantizar la vuelta al país del ex mandatario derrocado Manuel Zelaya, quien sigue refugiado en República Dominicana. “A Rodríguez Zapatero le pedí lo mismo que le dije a la OEA, o sea, una comisión de juristas que revise la amnistía, para que consideren si hay algo que reformar”, planteó el mandatario, electo bajo la dictadura cívico-militar de Roberto Micheletti.

Lobo sugirió una fórmula que Europa ya aplicó en Guatemala. La importación de un fiscal especial, ajeno a los conflictos de intereses locales y a la corrupción endémica de los pequeños países centroamericanos, la mayoría con un largo historial de gobiernos de facto y autoritarios. En Guatemala desde hace dos años funciona la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, encabezada por el jurista español Carlos Castresana, el hombre que logró desactivar la peor crisis política de los últimos años al investigar un asesinato que tenía como principal sospechoso al presidente Alvaro Colom.

Según el mandatario hondureño, Zapatero habría aceptado enviar a alguien a Tegucigalpa. El trabajo de ese fiscal no sería sólo analizar la ley de amnistía, sino también todos los procesos judiciales que aún penden sobre la cabeza de Zelaya. La concesión no es casual. En Madrid, los presidentes centroamericanos y las autoridades de la Unión Europea le recordaron a Lobo que la vuelta del ex presidente depuesto era una condición necesaria para normalizar las relaciones entre el pequeño país y el resto del mundo. En el caso de sus vecinos, el objetivo principal es que reingrese al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), un primer paso obligado antes de negociar la vuelta a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde encontrará más resistencia.

Lobo repitió que Zelaya puede volver cuando quiera, que la Justicia no lo perseguirá. Pero mientras él reiteraba esa promesa, desde Washington la organización Human Rights Watch condenaba la decisión de la Corte Suprema hondureña de remover a cuatro jueces, todos abiertamente críticos al golpe de Estado contra Zelaya. Lobo tomó distancia de la decisión judicial, pero no la cuestionó.

Más allá de los gestos y guiños que adornaron las reuniones de ayer en Madrid, lo cierto es que la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica marcó el retorno de Honduras a los foros internacionales. Lobo, Colom, su par panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Mauricio Funes y la nueva presidenta costarricense Laura Chinchilla sellaron un tratado muy similar al de Libre Comercio con el mayor bloque regional del mundo. El único ausente fue el nicaragüense Daniel Ortega, quien mandó a su ministro de Comercio.

El acuerdo, que también incluye promesas de cooperación y de apoyo político, se centra en lo comercial. A partir de ahora Centroamérica podrá exportar por año a la UE 10 mil toneladas de carne, valuadas en unos 42 millones de euros, y 20 mil toneladas de arroz, otros ocho millones de euros. Los europeos, a cambio, tendrán luz verde para exportar todos sus productos industriales sin pagar ningún tipo de aranceles.

Fuente: Página 12

Foto: AP

Si camina como un pato y dice cuac, debe ser un pato. Más allá de algunas formalidades importantes, el gobierno de Porfirio Lobo (foto) en Honduras se parece demasiado a una dictadura. O por lo menos a lo que muchos argentinos entendemos por dictadura.

Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. “Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras” desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.

“La CIDH condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas de la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información obtenida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.”

El informe pasó desapercibido en los grandes medios que entonces desplegaban la noticia de Orlando Zapata Tamayo, quien había muerto haciendo huelga de hambre en una cárcel de Cuba. Uno no puede defender que un recluso muera de inanición en su celda, ya sea prisionero de conciencia o delincuente común. Pero ésa es otra historia.

El caso es que al mismo tiempo, no muy lejos de Cuba y casi en silencio, un grupo de represores, escuadrones de la muerte activados por un golpe de Estado, inventaba una nueva metodología terrorista para suprimir la protesta social: usar a los hijos.

“La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la ciudad de Danlí, departamento de Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado Siempre al Frente con el Frente, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días, durante los cuales habría sido maltratada físicamente.

“Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron un vehículo en el cual viajaba la joven junto a su hermano, su hermana y otras dos personas, cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, ‘a ver si esta vez los denunciaba’. Los cinco fueron obligados a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente, la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas.”

Quizá la denuncia no llamó la atención porque no fue nada a contracorriente de los últimos acontecimientos a nivel regional. En la cumbre de Cancún del mes pasado, Brasil dio luz verde para el regreso de Honduras a la Organizacion de los Estados Americanos. No es un dato menor. Además de ser el país más poderoso de Latinoamérica, Brasil había sido el que más se había comprometido con la continuidad democrática en Honduras, al punto de albergar durante varios meses en su embajada de Tegucigalpa al presidente derrocado, con la esperanza de que el golpe se pudiera revertir.

La semana pasada, bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, de gira por la región, los países de Centroamérica, incluida la Nicaragua sandinista, aceptaron el regreso de Honduras al organismo regional, SICA, y comprometieron su apoyo para su vuelta a la OEA. Horas más tarde, el flamante presidente salvadoreño y referente del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, fue recibido por Obama en el Salón Oval, un logro que líderes de países más importantes y gobiernos más afines todavía esperan concretar. Al salir de la reunión, Funes abogó por la reinserción de Honduras en la comunidad internacional.

El aislamiento ha terminado. Las elecciones hondureñas del 29 de noviembre promovidas por Estados Unidos fueron razonablemente participativas, aunque hasta el día de hoy no se conoce bien el nivel de abstención que tuvieron, ya que ningún organismo internacional de talla las monitoreó. Pasó el tiempo, Brasilia y Washington arreglaron sus cuitas y Manuel Zelaya, el presidente derrocado, quedó en el olvido. Salvo honrosas excepciones, claro está.

Pero como todo fruto de un árbol envenenado, el gobierno electo de Porfirio Lobo ha continuado ciertas prácticas de la dictadura que son mortales para la salud de cualquier democracia que se precie de tal.

La persistencia del terrorismo de Estado en Honduras no es casual. En este gobierno el dictador Goriletti ocupa una banca de diputado vitalicio y el general golpista Romeo Vázquez Velázquez ha sido premiado con un puesto gerencial en la telefónica estatal.

Para colmo, la seguridad está a cargo del sobrino y ladero del militar que introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar su metodología terrorista.

En efecto, el secretario de Seguridad de Lobo es Oscar Alvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Alvarez Martínez, graduado en el Colegio Militar de El Palomar en los años ’70, jefe de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, el más notorio violador de derechos humanos de su país, confeso admirador de la dictadura argentina y huésped en Palmerola del destacamento del Batallón 601 enviado a Centroamérica para dictar cátedra sobre torturas y desapariciones.

El actual secretario de Seguridad es además el arquitecto de la política de súper mano dura contra las “maras” o pandillas, cuando ocupó el mismo cargo que tiene ahora durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). A su cruzada contra la “delincuencia” de jóvenes sin futuro ahora le ha acoplado un nuevo enemigo, los “subversivos” sobrevivientes de la campaña de aniquilación del tío Gustavo.

Es bajo su política de seguridad que aparece una nueva forma de terrorismo de Estado. Ya no se ataca frontalmente a los blancos elegidos, sino que se hace a través de lo que esas personas más quieren, que son sus hijos. Para lograr mayor eficiencia se hace gradualmente, desde la amenaza de muerte a la violencia física y al asesinato liso y llano, buscando así quebrar a los padres para que desistan de sus activistas políticas.

Como suele pasar en estos casos, la represión persigue fines tanto políticos como económicos, ya que los líderes de la resistencia son también, en muchos casos, líderes comunales y sindicales, especialmente del gremio docente, el más activo de la resistencia. Y los mismos empresarios mediáticos y grupos económicos que apoyaron el golpe hoy se benefician con el clima de terror que siembran las patotas activadas por Romeo y Goriletti, que hoy actúan a la sombra del manto de legalidad que consiguieron Alvarez y Lobo.

Está bien. Lo hecho, hecho está. Los hondureños eligieron y es lógico que no quieran volver atrás. El tiempo pasó. Pero en el apuro de Washington y Brasilia por cerrar este desagradable capítulo, no estaría de más exigirles que en vez de preparar una fiesta de bienvenida le exijan a Honduras un mínimo respeto por los más elementales derechos humanos.

Porque un pato es un pato y ya sabemos lo que hacen los patos. Hacen lo que hacen porque no saben hacer otra cosa, y también lo hacen porque no pueden parar.

Santiago O’Donnell

Fuente: Página 12