Marcos Ana y Valdenia Aparecida. Ex-preso y abogada. El poeta y la letrada brasileña dialogan en el aniversario de Amnistía Internacional.

Dos símbolos de la lucha contra la impunidad se reunieron ayer a escasos 300 metros de la Puerta del Sol, símbolo actual de la voz del pueblo. El expreso y poeta comunista Marcos Ana y la abogada activista brasileña Valdenia Aparecida Paulino reflexionaron sobre el pasado y el presente de los derechos humanos en la celebración del 50 aniversario de la ONG Amnistía Internacional.

"Me pienso llevar a Brasil este movimiento de los jóvenes. Allí tenemos una juventud muy alienada por culpa de los medios de comunicación. Sólo la generación del hip-hop trata de lanzar un mensaje contra la discriminación, pero son reprimidos por la Policía", analiza la abogada Valdenia Aparecida Paulino. Ella sabe muy bien cómo es la Policía brasileña. Su lucha en las favelas de los suburbios de São Paulo por los derechos de las niñas muchas de ellas violadas y prostituidas por la Policía le llevó a un acoso tal que Aministía Internacional tuvo que acogerla en 2008 como protegida en España.

Valdenia escucha admirada cómo Marcos Ana (seudónimo artístico de Fernando Macarro), de 91 años, explica cómo ha pasado varios días en la Puerta del Sol "hablando con los chicos hasta las dos y las tres de la madrugada". "Estoy totalmente a favor del espíritu del texto del 14 de mayo", dice confundiendo la fecha del 15-M, quizá consciente del paralelismo con el 14 de abril. "Es un orgullo que estos jóvenes que no ven certeza en su futuro peleen", explica el poeta, que estuvo 23 años consecutivos en prisión hasta que salió en 1961.

Ana lucha por la memoria de su generación que peleó contra el fascismo de una dictadura militar como la que también sufrió Brasil. "Los miembros de la dictadura ocupan hoy puestos importantes en el Congreso en Brasil. De ahí que no se haya podido abrir la comisión de la verdad y la justicia que debía abrir los archivos de la dictadura. El cuerpo y la memoria están en los archivos, y no abrirlos es como decir que se mató el cuerpo y se borró de la historia", explica Valdenia en paralelo al caso Garzón que indigna al poeta.

"Es lo mismo que ocurre aquí. La denuncia a Garzón fue de Falange Española de las JONS, que debería ser un partido ilegal. Son los hijos de los que nos encarcelaron los que siguen administrando justicia", añade Marcos.

"¿En los 23 años no tuviste condicional?", pregunta asombrada Valdenia.

"No, fueron seguidos, consecutivos, sin salir", le responde el poeta antes de recibir un beso de su "compañera brasileña".

Diego Barcala

Fuente: Público

Impune afirma que:
“La tortura en Guantánamo salvó vidas”.
“La invasión de Irak no fue un error”.
“El mundo está mejor sin Sadam Husein”.

Para Amnistía es una confesión

Amnesty Internacional llamó al gobierno estadounidense a enjuiciar al ex presidente George W. Bush, que en sus memorias publicadas ayer cuenta que ordenó someter a prisioneros interrogados a la “simulación de ahogamiento”, hoy considerada tortura por la CIA. “La confesión del presidente Bush es suficiente para desencadenar la obligación internacional que tiene Estados Unidos de investigar esta confesión y de demandarlo ante la Justicia”, dijo Rob Freer, jerarca de Amnesty Internacional.

En el libro, el ex presidente reconoce haber ordenado someter al submarino al cerebro de los atentados del 9/11, Jaled Cheij Mohammed. Fue “difícil desmoronarlo”, agrega Bush. “Pero cuando lo hizo, nos reveló muchas cosas”. Bush afirma que, según su departamento de Justicia, el “submarino” no era una tortura. Sin embargo, actualmente la CIA considera que el “submarino” es una tortura y haber sometido a él a los prisioneros, “un error”.

Por su parte, el representante estadounidense Jerrold Nadler dijo estar “escandalizado” por las revelaciones de Bush y llamó al secretario de Justicia, Eric Holder, a nombrar un procurador especial para investigar los hechos.

En una entrevista con la cadena de noticias NBC, el ex mandatario justificó sus métodos diciendo: “No hay duda de que el procedimiento era duro, pero expertos médicos aseguraron a la CIA que no producía daños permanentes. Hubiera preferido lograr la información de otra forma”.

Fuente: Página 12

Amnistía Internacional (AI) denuncia los múltiples abusos que se ejercen sobre las mujeres en el marco de la Unión Europea y reclama a la Presidencia española de la UE que abogue porque el Observatorio europeo de Violencia de Género se ocupe de todos los tipos de violencia ejercida sobre mujeres y niñas, además de la producida en manos de la pareja o ex-pareja.

El organismo exige que el Observatorio sea un órgano independiente, con libertad para investigar y actuar. Entre los casos que se reclaman se encuentran la violencia sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos.

Amnistia Internacional informa en un comunicado de los datos recogidos sobre las diferentes situaciones de violencia a la que se enfrentan las mujeres en los distintos Estados miembros.

En Lituania, a pesar de “los altos índices de violencia contra las mujeres”, la organización resalta que no existe una ley específica sobre la violencia de género, y esto produce la total desprotección de la mujer.

Al no contar con un marco de comprensión sobre las formas y las consecuencias de la relación entre víctima y agresor, las fuerzas de seguridad y las instituciones pueden llegar a considerar esta violencia como algo privado en lo que no tienen porqué intervenir.

La protección existente frente a la violencia sexual también conduce a situaciones difíciles de creer. “En Finlandia violar a una mujer que no puede defenderse, por estar dormida por ingesta voluntaria de drogas, por inconsciencia o enfermedad, conlleva menos pena y supone menos protección de la víctima”, informa.

Más grave es aún la legislación de Dinamarca, donde una mujer casada difícilmente puede probar una violación por parte de su esposo. En el caso de las mujeres drogadas, sólo se considera violación si el agresor es responsable de su estado. Allí, “el 60% de los casos de violación en los que la policía ha identificado a un sospechoso son archivados por la fiscalía y nunca se llevan a juicio”.

Situaciones similares se dan por toda la UE. En Reino Unido unas 80.000 mujeres son víctimas de violación o de intento de violación cada año. En Hungría la víctima tiene que demostrar haber opuesto resistencia física durante la agresión para ser considerado delito.

Además, una de cada cuatro víctimas de violaciones en Suecia era menor de edad, y una de cada dos en Dinamarca tenía menos de 20 años. El 15% de las menores en Holanda manifiesta haber sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de familiares.

En cuanto a la trata, AI recoge que un informe sobre tráfico de personas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2006, define Europa Occidental como destino de trata, mientras que Europa Central y Sureste es una subregión de origen y tránsito.

En Reino Unido se estima que en 2003 había 4000 víctimas de trata con fines de explotación sexual. República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovaquia están entre los de más alto índice de origen de la trata. La organización también advierte sobre la ablación.

Un borrador de informe del Comité de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género del Parlamento Europeo de octubre 2008 afirma que unas 500.000 mujeres y niñas que viven en Europa han sido sometidas a mutilación genital femenina.

Finalmente, llaman la atención sobre la existencia de matrimonios forzados en países como Francia. Estos casos son especialmente sensibles por su invisibilidad y por la poca vigilancia que se realiza desde los Estados, cuando “Una adolescente obligada a contraer matrimonio no es dueña ni de su vida, ni de su cuerpo. Violencia, violación, embarazos no deseados, presión por parte de la familia política, condiciones de servidumbre y secuestro son prácticas normalmente asociadas al matrimonio forzado”, denuncia AI.

Fuente: AmecoPress

México, DF.- Amnistía Internacional (AI) solicitó una acción urgente a la Secretaría de Gobernación, para que garantice la seguridad de la activista Cipriana Jurado Herrera, quien a su consideración se encuentra en peligro de muerte por trabajar en casos de violencia militar en conjunto con Josefina Reyes Salazar, quien fue asesinada el fin de semana pasado en Ciudad Juárez.

En un comunicado, AI indicó que, a partir del asesinato de Josefina Reyes, “la situación de vulnerabilidad de mujeres y hombres defensores de derechos humanos” aumentó, “en particular el de la activista juarense Cipriana Jurado quien ha trabajado en colaboración con dicha asociación Internacional en casos de abusos cometidos por militares.

En entrevista con Cimacnoticias, la activista de 45 años, informó que AI solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que intervengan en su protección así como en la de otras y otros defensores de derechos humanos.

Jurado Herrera, quien hoy trabaja en el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, dijo que a partir del crimen contra Josefina Reyes, “se han encendido los focos rojos” por lo que las y los defensores “estamos más preocupados por la situación que se está viviendo en la ciudad”

Cipriana, quien lleva más de 15 años trabajando en la defensa de los derechos humanos, narró que desde la llegada de los militares la situación empeoró para las personas que, como ella se opusieron a la participación del ejército en la seguridad pública e incluso ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de esas fuerzas.

La también ex trabajadora de la maquila, comentó que en abril de 2008 fue detenida por una denuncia “supuestamente” realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por unas protestas que se hicieron contra el feminicidio y los casamigrantes.

“Casualmente nunca me notificaron la denuncia”, y en 2007 a la llegada de los militares, reabrieron el caso. En 2008 la detuvieron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin identificación, sin orden de aprensión y en un vehículo sin placas.

Subrayó que ella lleva algunos casos contra integrantes de las fuerzas armadas que ya están siendo investigados por ministerios públicos militares. Uno de ellos es el caso del homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien fue detenido en octubre de 2008 y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, detenidos en su casa en noviembre del mismo año y de quienes, hasta el momento, no se tiene noticia.

Cipriana dijo que el problema de la frontera del país es que las personas están siendo detenidas y el ejército se mete a las casas por “supuestas llamadas anónimas”.

Indicó que recibió amenazas por su trabajo en la denuncia pública del feminicidio, sin embargo desde que trabaja en casos de violencia militar ha vivido hostigamiento, mismo que se intensificó a partir de que comenzó a denunciar la muerte de Saúl Becerra.

Explicó que Becerra Reyes, fue detenido en un operativo del centro de la ciudad junto con otras cinco personas y a partir de la petición de su esposa, se hicieron protestas en apoyo a los detenidos quienes, a excepción de Saúl, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y para marzo de 2009 su cuerpo fue encontrado en una brecha camino a Ascensión, Chihuahua.

Su caso fue retomado por AI en su informe de violaciones a derechos humanos por parte del ejército mientras que el de los hermanos Guzmán Zúñiga, fue documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como desaparición forzada por parte de militares. Cipriana está coadyuvando con las familias de las víctimas.

Indicó que ya se notificó a la CNDH para que intervenga en el esclarecimiento del asesinato de Josefina Reyes, quien, aclaró, no tenía un puesto de barbacoa como se ha informado en los medios sino, que era clienta del lugar.

Sostuvo que ayer durante una rueda de prensa en ciudad Juárez se habló sobre el clima de violencia que ahí se vive, a causa de la política militarizada que no ha funcionado, pues “en lugar de traer la paz, trajo más violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, AI subrayó que la actual administración en su intento por frenar a los cárteles de la droga con el despliegue de “miles de policías federales y más de 50 mil militares en las zonas más afectadas como Ciudad Juárez”, no ha reflejado una reducción de la violencia.

Fuente: Cimac

Amnistía Internacional Sección Uruguay, desea expresar su posición respecto a la petición de un amplio colectivo nacional sobre la necesidad de legislar en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en nuestro pasado reciente –previas y durante la última dictadura uruguaya-.

El estado uruguayo debe reparar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos según lo manifestado por Naciones Unidas en su Resolución del 16 de noviembre de 2005, denominada - Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. (1)

Dicho documento establece: “Se dispone que conforme al derecho interno y al derecho internacional, se deberá tener en cuenta las circunstancias de cada caso y otorgar a las víctimas, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición preventiva”.

Nuestra organización tiene entre sus objetivos históricos el combate a la impunidad en sus tres vertientes, defendiendo el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a una reparación justa e integral.

Tenemos una visión holística de los Derechos Humanos y consideramos que la reparación está enmarcada dentro de la trilogía anterior. Si observamos la historia occidental de la segunda mitad del siglo pasado la reparación está incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en variadas Convenciones Regionales e Internacionales (hacia ello apuntan por ejemplo el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Desde el punto de vista de los estándares internacionales que resultan pertinentes en la materia, en 1989 le fue encomendado al profesor Theo Van Boven por las Naciones Unidas, un estudio sobre el derecho de restitución, compensación y rehabilitación de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, que ahora se conoce como los principios Van Boven y que son a) el acceso a la justicia b) reparación a los sufrimientos y c) acceso a toda la información concerniente a las violaciones de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional publicitó un documento del 11 de junio de 2007 (2), donde hace algunas recomendaciones sobre políticas de reparación. Sumariamente una de ellas, se refiere a que se deben recoger los puntos de vista de las víctimas sobre las formas de reparación que necesitan para reconstruir sus vidas. Además de medidas de rehabilitación, indemnización y satisfacción, se recomiendan un amplio abanico de reparaciones de otra índole para las víctimas.

Entre estas medidas figuraran las encaminadas a impedir las violaciones ocurridas en el pasado –como la reforma de la legislación, de los procedimientos administrativos y de las prácticas, el reforzamiento del sistema judicial y la promoción de la educación en derechos humanos. Ninguna recomendación sobre reparaciones debe considerarse nunca una medida sustitutoria del procesamiento de los responsables ni impedir que las víctimas traten de obtener también indemnizaciones por via judicial.

Amnistía Internacional en el documento citado anteriormente señala: “El derecho a la verdad exige que los Estados faciliten información sobre las causas de los hechos que han comportado que una persona se haya convertido en víctima de una violación de derechos humanos; las razones, circunstancias y condiciones de la violaciones; sobre los avances y resultados de las investigaciones, la identidad de los responsables ( tanto subordinados como superiores) y, en caso de muerte o desaparición forzada, sobre la muerte y el paradero de las víctimas. Tanto en su dimensión individual como colectiva, el derecho a la verdad es inalienable y tiene sus características propias. Se debe considerar inderogable y no sujeto a limitaciones” (3).

Las comisiones de esclarecimiento que han funcionado en Uruguay, como las Comisiones Parlamentarias de 1985, sobre los asesinatos de los ex – legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; la Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron; la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000-2002 así como el estudio de un grupo de expertos encargado por el actual Poder Ejecutivo sobre los detenidos desaparecidos, han abierto algunos caminos, que es necesario profundizar. Para ello es necesaria la creación de un Mecanismo efectivo de acceso a la Verdad que contemple la verdad sobre todas las víctimas de las violaciones a derechos humanos ocurridas.

La organización insta a legisladores y legisladoras a dar pronto trámite a una legislación de reparación que cumpla con los deberes que el Estado uruguayo ha contraído en el plano nacional e internacional. Contribuyendo así al pleno respeto de todos los derechos humanos para todas las personas.

Amnistía Internacional, Sección Uruguay

Montevideo, 22 de octubre de 2008

oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy


(1) http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm-

(2) POL 30/009/2007, Comisiones de Verdad

(3) POL /30/009/2007, pp. 5 y 6.