En los últimos días fueron asesinados cinco líderes rurales en el Brasil. En el Pará mataron a Herenilton Pereira dos Santos y a la pareja de ambientalistas María do Espirito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva, del proyecto agroextractor Praialta-Piranheira.

Los tres vivían en el mismo asentamiento rural, en Nova Ipixuna. José Claudio tenía arrancada una oreja, lo que prueba que fue un asesinato por encargo. Es práctica habitual que el encargante exija al pistolero la oreja de la víctima como ‘recibo’ por el pago por el ‘servicio’ prestado.

En Rondonia asesinaron a Adelino Ramos, presidente del Movimiento Campesino Corumbiara. Y en Eldorado dos Carajás mataron a Marcos Gomes da Silva.

El gobierno federal tomó medidas para capturar a los encargantes y a los pistoleros y convocó una reunión ministerial de emergencia para analizar la relación de los crímenes con la reciente aprobación, por la Cámara de Diputados, del nuevo Código Forestal.

La ministra María del Rosario, de los Derechos Humanos, pasó a las autoridades del Pará denuncias de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, que dan cuenta de 17 asesinatos sucedidos en el estado en los últimos años, sin que la policía paraense haya abierto ninguna investigación.

"El Pará es el lugar de mayor actividad de los grupos de exterminio hoy en el Brasil”, declaró la ministra de los Derechos Humanos. "Hay una gran impunidad. Y eso es incompatible con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.

Las cuatro víctimas lideraban luchas contra la deforestación de la Amazonía, causando la ira de madereros y latifundistas. El proyecto Praialta- Piranheira es un modelo de asentamiento sustentable de reforma agraria, adoptado por el Incra en la Amazonía. Su objetivo es asegurar el sustento de familias de pequeños agricultores sin devastar la selva.

Adelino Ramos, en Rondônia, lideraba el proyecto de asentamiento agroforestal. Los dos proyectos, según el Ministerio del Medio Ambiente, son obstáculos para la deforestación (que transforma la selva en pasto) y para la extracción ilegal de madera en la Amazonía.

El nuevo Código Forestal, según fue aprobado por los diputados federales, deberá sufrir modificaciones en el Senado, y sus cláusulas más nocivas serán, con toda seguridad, vetadas por la presidenta Dilma.

Al transferir a los estados y a los municipios el control de la deforestación y al amnistiar el agronegocio de fuertes multas aplicadas a crímenes de degradación ambiental, el nuevo Código da luz verde a la ocupación incontrolada de tierras y agrava las tensiones.

Tal como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, el nuevo Código retira la referencia a la ley de crímenes ambientales (Ley 9.605/98). En el art. 130, que exceptúa propiedades de hasta cuatro módulos fiscales de la obligatoriedad de mantener la Reserva Legal en los límites de la ley, permite la deforestación directa de 69.245.404 hectáreas de selvas vírgenes. Sólo en los estados del norte del Brasil, ese dispositivo causaría el despale de hasta 71 millones de hectáreas de selvas vírgenes.

Más que un Código Forestal, el Brasil necesita urgentemente una reforma agraria. Es lamentable que este tema esté ausente de la agenda del Congreso Nacional. Somos una nación de proporciones continentales, con recursos naturales inestimables e inigualables y sin embargo convivimos con la tragedia de cerca de 4 millones de familias expulsadas de sus tierras. ¡El 1 % de los propietarios rurales es dueño del 50 % del territorio brasileño!

La Comisión Pastoral de la Tierra, que acompaña los conflictos agrarios desde 1985, registra que, desde aquel año hasta el 2010, fueron asesinadas 1.580 personas en el campo. De los asesinos, sólo fueron juzgados y condenados 94: 21 encargantes y 73 ejecutores (pistoleros). Y de entre los encargantes solamente uno se encuentra preso, Vitalmiro Bastos de Moura, el Bida, responsable de la muerte de la hermana Dorothy Stang, baleada en el Pará el año 2005.

Actualmente la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de las muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no pone un basta ya a la nefasta estrategia amazónica de matar para deforestar.

Habrá más muertes por asesinato si la presidenta Dilma no toma precauciones enérgicas para calificar los asentamientos rurales, para impedir la deforestación y castigarla con rigor, así como cobrar las multas aplicadas, federalizar los crímenes contra los derechos humanos y, sobre todo, vetar el Código Forestal aprobado por los diputados federales y promover la reforma agraria.

Frei Betto

Traducción: J.L.Burguet

Fuente: Adital