El imputado es Manlio Torcuato Martínez, quien deberá declarar mañana ante el juez Daniel Bejas. La fiscalía sostiene que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de policías y militares.

La Fiscalía Federal n° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, presentó al Juez Federal Daniel Bejas un pedido para que cite a prestar declaración indagatoria al ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) “Tuerto” a prisión perpetúa.

Se trata del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

De ésta manera, la presencia de Martínez a cargo del juzgado federal nº1 “otorgaba a los responsables del aparato represivo en Tucumán la anuencia de aquél para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados” según señala el dictamen fiscal.

Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Manlio Martínez deberá presentarse ante el juzgado federal de Tucumán, el próximo miércoles 8 de junio, a fin de prestar declaración indagatoria por los hechos que se le imputan.


Un juez de la dictadura


“Manlio Torcuato Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975, en reemplazo del Dr. Jesús Santos. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo Independencia” en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las FFAA a su cargo. Señala Vilas que en aquel momento pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez” según afirma un comunicado oficial de la fiscalía.

“Desde 1975 hasta 1983 Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. Sólo entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas” concluye el comunicado.


La causa por la que es imputado.

Pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un “fusilamiento masivo” (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria Bussi señaló en estos hechos “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente”. Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz.

Pese a cerrar la investigación respecto del personal militar y policial ejecutor de la masacre, Manlio Martínez entendió que sí había mérito suficiente para investigar al propietario del inmueble donde ocurrieron los homicidios, Miguel Armando Romano, a quien privó ilegítimamente de la libertad durante más de un año acusándolo de pertenecer a una asociación ilícita, pese a que su única acción fue firmar un contrato de alquiler con una persona a la que no conocía (quien actuaba además con nombre falso) y a que tenía un severo trastorno mental. Decidió que Romano debía ser detenido e incomunicado en el CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán para luego, al agravarse su enfermedad mental al no proveerle la medicación que necesitaba como parte de su tratamiento, ordenar su internación en una institución psiquiátrica.

Será el próximo 8 de junio, la primera vez que el ex magistrado sea indagado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.

Fuente: Diario 24