La bandera franquista ondeaba a la izquierda del Altar Mayor.
Foto: Infonacional.com

La Iglesia católica lo ha vuelto a hacer. Con motivo del trigésimo quinto aniversario de la muerte de Francisco Franco, la parroquia madrileña de Santa Gema celebró una misa para rendir tributo al dictador que durante casi cuatro décadas asoló España. Justo a la izquierda del Altar Mayor ondeaba la bandera preconstitucional.

Tal y como se recoge en varias páginas de extrema derecha, la ceremonia religiosa -oficiada el pasado viernes 19 de noviembre-, fue convocada por la Fundación Nacional Francisco Franco con el objetivo de pedir por las almas del dictador y su camarada José Antonio Primo de Rivera.

Alabanzas a Franco

La misa fue presidida por el Padre Miguel y concelebrada por los padres Angulo, Noviski, Gabriel y César, según informa la página web de Acción Juvenil Española (AJE). Fue el padre Gabriel Calvo quien tras finalizar el acto, pronunció al lado de la bandera franquista unas sentidas palabras sobre la necesidad de pedir por las almas de los difuntos y agradecer al Generalísimo Franco y a José Antonio cuanto hicieron por España.

La Duquesa de Franco acudió

Su intervención, atentamente seguida por Blas Piñar y la Duquesa de Franco, despertaron -según el propio relato de los fascistas- "tanta emoción que al finalizar se produjo una ovación que duró varios minutos, como nunca se había visto en una ceremonia así”.

Lo que dice la Iglesia

“La España auténtica, la que evangelizó América, la que hizo rente a la herejía protestante y al Islam y luego a las Revoluciones liberales, venciendo siempre. No hay que tener miedo ante la actual persecución, sabiendo que Dios está con nosotros y que volveremos a vencer”, afirmó literalmente el padre Gabriel Calvo a escasos centímetros de la popularmente conocida como la bandera del aguilucho.

Fragmentos de homilía del padre Gabriel Calvo

"Franco y José Antonio son España. Franco el soldado heroico, José Antonio el mártir heroico, son España. Es cierto que España es mucho más grande que ellos, pero no es menos cierto, que ellos nos devolvieron España. La España de siempre, la España grande, la España inmortal.(…)

Frente a Dios se alza desafiante la religión del hombre que se hace Dios. Que es el socialismo, el comunismo y la democracia, que conduce necesariamente al laicismo como podemos ver que ocurre en nuestra patria. A sustituir la voluntad de Dios por la voluntad del hombre. (…)

La situación actual no admite términos medios, por eso hoy, desde aquí, en nombre de Cristo Rey y por la sangre de todos nuestros mártires y de los caídos por Dios y por España os convoco a proseguir con la cruzada, con el espíritu de esperanza y de fe ciega en la victoria que Dios nos quiere dar.(…)

Luchamos por el Señor. Luchamos por el Señor. Por la fe y por la patria. Por el Altar y por la Familia. Dios lo quiere. ¡Va por ti Señor! Somos tus soldados y sabemos que ante ti nunca seremos héroes anónimos. (…)"

José María Garrido

Fuente: El Plural

El ex magistrado Juan Guzmán Tapia, quien procesó en Chile al dictador Augusto Pinochet, afirmó en una entrevista con EFE que las leyes penales que se están aplicando a los activistas mapuches son propias de un régimen fascista.

"Son leyes que se heredan del sistema fascista que imperó durante la dictadura" de Pinochet (1973-1990), afirmó el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien agregó que la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en cárceles del sur de Chile desde hace 72 días "es un sacrificio, una forma de inmolarse por un bien social importante".

"Ellos están luchando con los medios que tienen para beneficiar a su pueblo", declaró Guzmán, quien en 2008 participó en la defensa del dirigente mapuche Héctor Llaitul, que tras permanecer 16 meses en prisión preventiva fue absuelto de los delitos terroristas que se le imputaban.

Como Llaitul, decenas de comuneros han sido procesados los últimos años en Chile en el marco del conflicto que comunidades indígenas mantienen con latifundistas y empresas forestales en la región de la Araucanía por la devolución de lo que consideran sus tierras ancestrales. "Chile todavía está en un proceso de retorno a la democracia incompleto, en la medida en que continúen leyes como la Constitución que se dictó durante el gobierno de Pinochet, a la que falta reformar en aspectos fundamentales", aseveró.

Guzmán recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente revoltosa", explicó.

El pasado 12 de julio, 32 comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaron un ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la ley antiterrorista ni se les someta a un doble juicio (civil y militar). Días después, el presidente Sebastián Piñera firmó dos proyectos de ley para modificar estas normas, pero los comuneros mantienen la huelga porque consideran que se sigue limitando su derecho a defenderse y a tener un juicio justo.

Según el ex juez Guzmán, esas leyes deberían haber sido reformadas tras el restablecimiento de la democracia, en 1990, "pero lamentablemente sólo ahora se está hablando de ello, a raíz de la movilización que ha habido por parte de los mapuches", afirmó. "Desde luego, la ley de justicia militar no es aplicable" a los casos de los comuneros mapuches en huelga de hambre, mientras que "la ley de conductas terroristas tiene procedimientos terriblemente engorrosos y difíciles", e imposibilita el otorgamiento de la libertad bajo fianza para quienes están a la espera de un juicio, sostuvo Guzmán.

"Además -agregó-, se está creando una discriminación terrible, porque los mismos hechos que en la Región Metropolitana (de Santiago) son considerados como incendios, daños o estragos, en la Araucanía (la región donde habita la mayoría de los 600.000 mapuches chilenos), son castigados como hechos terroristas". Respecto a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo y que ahora se debaten en el Parlamento, Guzmán dijo que "hay que modificar drásticamente estas leyes, y no solamente retocarlas un poquitito".

"Tienen que hacerse enmiendas muy importantes en la tipificación de los delitos, el procedimiento y la pena", recalcó Guzmán, quien añadió que a veces "un espíritu casi justiciero por parte de los fiscales" propicia montajes y falsas acusaciones de "testigos encubiertos" de los que luego los imputados no pueden querellarse por falso testimonio. Por otro lado, Guzmán criticó la "politización" de la Justicia española por actuar contra el magistrado Baltasar Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, en un caso en el que es acusado de prevaricación.

"Me parece muy mal que se preste la Justicia a fines políticos, como se está haciendo lamentablemente en un país tan importante como es España, que a Dios gracias pudo salir de un sistema totalitario tan espantoso como el que implicó la muerte de tantas personas", declaró Guzmán a Efe en alusión al franquismo. A juicio de Guzmán, que hoy está retirado de la judicatura y se dedica a la asesoría jurídica, "la Justicia española y el juez (Luciano) Varela están considerando como prevaricación una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977".

"Es un error, eso no es prevaricación", opinó el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó el pasado 7 de septiembre que Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). El juez Varela había dictado con anterioridad un auto de apertura de juicio oral por prevaricación contra Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.

"Nosotros, los jueces chilenos, interpretamos la Ley de Amnistía de 1978 (promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los represores) y estimamos que no era aplicable a los crímenes de secuestro o desaparición forzada porque el delito se está perpetrando hasta que la persona aparece", explicó Guzmán a Efe. "Esa interpretación y la superioridad de los tratados internacionales sobre violaciones a los derechos humanos por encima de las leyes (de un país) son las que aplica correctamente Garzón", afirmó.

Fuente: AZKINTUWE