Ilustración: Latuff

El otro día, ante un micrófono que creyó apagado, el presidente Obama dijo: creen que somos bobos, en referencia a las maniobras republicanas para reducir los muy adelgazados programas sociales, entre ellos los seguros médicos en Estados Unidos. No hace falta ser el jefe de un estado poderoso para usar expresión parecida a la suya en lo que respecta a los pasos seguidos en la guerra contra Libia.

Desde el inicio se realizaron ataques aéreos contra puentes y objetivos no militares, pese a que la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU tuvo, se supone, el objetivo de proteger a la población civil.

De entrada, ese dictamen peca de viciado. Entre sus contradicciones o insuficiencias legales puede citarse que “la protección de civiles se refiera a las zonas rebeldes del oriente de Libia cuando son tan civiles los libios que viven en Trípoli como los que viven en Bengasi. Mientras que Trípoli está siendo bombardeado, Bengasi está siendo protegido”. (Gustavo Morales, revista War Heat).

Con todo y su dividida o abstenida votación, el texto no autoriza respaldar a una de las partes en conflicto, aunque se hizo y se hace, pese a que en la posterior Conferencia de Londres, donde Occidente se puso de acuerdo sobre cómo actuarían durante y después de la ofensiva, tuvieran que sugerir a los insubordinados libios que crearan una “coalición lo más amplia posible de líderes políticos” que incluyera a la “sociedad civil, a líderes locales”. ¿Estaban admitiendo, acaso, que el Consejo Nacional de Transición libio, no representa a todo el país? Parece que sí.

El texto de marras puede ser vago, mas resulta muy preciso cuando excluye “una fuerza extranjera de ocupación bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio”. La decisión de Gran Bretaña, Francia e Italia, de situar consejeros y asesores militares para entrenar y darle organicidad a la logística de los insubordinados, ¿contraría o no ese dictamen? Si, otra vez.

“Estamos moviéndonos para autorizar bienes y servicios no letales por valor de hasta 25 millones de dólares para apoyar al Consejo Nacional de Transición de Libia y sus esfuerzos por proteger a los civiles y a las áreas pobladas que se encuentran bajo el ataque de su propio gobierno”, dijo a su vez Hillary Clinton horas atrás, luego que el vicepresidente norteamericano Joseph Biden dijera que Estados Unidos no lo puede hacer todo, aludiendo a que no planean participar de las acciones terrestres.

Al calificar al gobierno libio de ese modo, la secretaria de estado, acepta -se lo propongan o no- su legitimidad como administración del país. Eso me hace preguntar sobre lo legítimo de cuanto ejecutan los principales socios de la OTAN, mirado con el lente de la Resolución 1973 o si se aprecia con los del derecho internacional.

Casi todos los analistas que comentan el asunto están convencidos que tras esos asesores, irán tropas. Sobre todo por cuando ya está visto que las cosas no les salieron como pensaban. Alain Juppé, canciller galo, admitió que subestimaron a Gadafi y sus leales. (No es imposible que les ocurra algo similar en otras correrías donde anda metido el Paris de Sarkozi)
Cuanto ha ocurrido en Libia hiede a divergencias internas (dos terceras partes de los “insurgentes” más notables ocuparon altos cargos bajo Gadafi) y apesta también a un oportunismo político exterior que gestó y lleva a extremos, circunstancias puramente locales, para convertirlas en controvertido acontecimiento de gran alcance.

A estas alturas es casi profano e insulso hacer referencia a dobles raseros. Noticias procedentes de Bahrein aluden a declaraciones oficiales que parecen justificar actos represivos actuales y futuros, sobre acciones destinadas a “reforzar la seguridad de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico”. Es decir, no solo ese pequeño país, sino el grupo que conforma el pacto. El diario británico The Guardian, publicó informes precisos con testimonios sobre detenciones de sindicalistas, políticos y profesionales de la sanidad, e incluso de deportistas, entrenadores y árbitros, todos localizados a partir del estudio minucioso de las fotos hechas durante las manifestaciones antigubernamentales.

Se criminaliza a quienes hayan participado de las protestas o hasta que un médico atendiera a un herido. Según los informes, el gobierno de Bahrein, con el apoyo de tropas sauditas, escarmentaron a los manifestantes y extienden el castigo al personal médico, solo por cumplir con el deber de su profesión y en extremos como irrumpir en una sala de operaciones. Hay varios desaparecidos. Ya se sabe lo que significa, pues según los trascendidos, están aplicando medidas parecidas a las de la era Bush y su cruzada antiterrorista, negándoles asistencia legal a quienes encarcelan.

Los actos de las ex metrópolis coloniales o de los sultanatos se parecen demasiado. Pero ¡ojo! Se hacen en, por y para la ¿democracia?

Elsa Claro

Fuente: CubaDebate