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La madre de todos los horrores llega a su final; hoy se inicia el debate.
El mundo nos mira
La comunidad mundial aguarda con singular expectativa la decisión de nuestro país sobre una ley de terror que nunca debió haber existido. Sólo tres testigos de aquella sanción quedan hoy en el Parlamento que la hará desaparecer del mapa jurídico del país: Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Heber y Ope Pasquet. Se estima que el proyecto interpretativo será aprobado en el Senado por 16 votos contra 15, incluyendo entre la minoría al senador frentista Jorge Saravia, que votará en contra de la decisión del lema que lo condujo a la banca. En Diputados habrá una más amplia mayoría a favor del proyecto anulatorio. Todas las instancias culminarán antes del 20 de mayo, día del martirologio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz.
La Ley de Caducidad y la rebelión de los uniformados ante la Justicia en aquel 1986
¿En qué contexto fue aprobada en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado? ¿Se pactó la impunidad en el Club Naval? ¿Qué querían los militares? ¿Qué hicieron los partidos?
Los hechos se precipitaron en aquel tumultuoso diciembre de 1986, cuando el juez penal Ricardo Harriague, le comunicó a la Jefatura de Policía de Montevideo que el día 22, a la hora 8, debía presentarse a declarar por el caso Orletti, el teniente coronel José Nino Gavazzo, quien catorce meses antes, desafiante, dijo públicamente: "como militar, no estoy dispuesto a concurrir ante ningún juez civil para que se me juzgue por operaciones militares". Gavazzo era el primero de nueve oficiales convocados (el 23, Manuel Cordero, el 24, Ernesto Ramas).
Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.
El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.
Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).
Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.
Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.
Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa gerente de noticias de canal 12, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.
El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.
La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.
LAS DOS CONSULTAS
Referéndum del 16 de abril de 1989:
Papeleta amarilla (mantener la Ley): 1.082.454 (55.9 %)
Papeleta verde (anularla): 799.109 (41.3 %); en Montevideo alcanzó el 55 %
Plebiscito del 25 de octubre de 2009
Papeleta Rosada (eliminarla): 1.105.768 (47.98 %). La opción hubiera resultado victoriosa si llegaba a la mitad más uno de los habilitados.
DDHH EN EL CLUB NAVAL
"Ellos (los militares, durante las negociaciones del Club Naval, en 1984), presentaron distintos textos, a través de los cuales pretendían que la Justicia militar siguiera entendiendo en los delitos comunes cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones. Y entonces todo aquello que pudiera haber sido violación de los derechos humanos, hubiera sido competencia de la Justicia militar y no de la Justicia civil (ordinaria). Ese texto fue rechazado y fue el momento más duro de la negociación, donde se interrumpió por un largo rato, hasta que finalmente se llegó a mantener el texto de la Constitución de 1967" (declaraciones de Juan Young, uno de los representantes del Frente Amplio en el Club Naval, y por entonces presidente de la Democracia Cristiana en "La Primera Orden", de Alfonso Lessa, 2009).
Evalúan pedir libertad para militares
Los abogados que representan a los militares retirados y ex policías, detenidos en Domingo Arena, comenzaron a evaluar la posibilidad de pedir la liberación de los procesados, si el Parlamento deja sin efecto la ley de Caducidad, afirmaron a La República allegados a los presos.
Si bien los procesados por delitos de violación a los derechos humanos admiten que para poder juzgarlos el Poder Ejecutivo los excluyó de le ley de Caducidad, entienden que la actuación judicial se realizó en base a la vigencia de la ley aprobada en 1986.
En tanto, las fuentes indicaron que los clubes sociales que nuclean a los retirados, ofrecieron su asesoramiento en caso de que la ley de Caducidad quede sin efecto. En ese sentido, los informantes señalaron que ante cada citación judicial que reciban los retirados, se presentarán recursos "de inconstitucionalidad" ante la Suprema Corte de Justicia. Afirmaron que los más de 20 casos en que la Suprema Corte falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pueden servir de antecedente para sus casos. Subrayaron que en principio está descartado presentar un recurso masivo, sino que se harán individualmente. Los retirados anunciaron además su disposición a presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por considerar que existieron "irregularidades" en los procesos judiciales. El ex integrante de la OCOA, coronel retirado Jorge Silveira admitió que él presentará su caso ante la corporación internacional, al igual que otros detenidos.
Entre tanto, los procesados por delitos de lesa humanidad prosiguen con su campaña de cartas a legisladores, intendentes, autoridades del Ejecutivo y ámbitos internacionales en los que cuestionan la actuación del Poder Judicial.
A través de una misiva firmada por el Inspector Mayor (R), Ricardo Medina se el policía retirado sostiene que: "Se habilitó un sistema jurídico especial. Se obviaron normas de Derecho. Se violaron principios del Derecho. Tácitamente se mantiene el concepto de "asociación ilícita", cuando no lo es. En los casos presentes no corresponde la tipificación de delitos de lesa humanidad. Insistentemente se pretende por los operadores judiciales la imputación de los delitos de "desaparición forzada", "homicidio político", contraviniendo lo establecido en la Constitución nacional, los convenios y tratados que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos en que sean beneficiosas para el inculpado".
"COMPLICES"
El diputado del Frente Amplio, Luis Puig desafió al senador Francisco Gallinal a debatir si está a favor de la justicia o de la impunidad, y acusó a los gobiernos blancos y colorados de haber sido cómplices de los terroristas de Estado, violadores y asesinos.
El senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal que fuera además secretario del ex senador Alberto Zumarán será el legislador que defenderá hoy en el plenario de la Cámara de Senadores, la posición contraria a la ley interpretativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Gallinal dijo que el Frente Amplio, con su postura de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pone al pueblo uruguayo "como víctima de esta situación". Para el diputado Puig, Gallinal está cambiando los ejes de la discusión, y olvida que "fue el terrorismo de Estado quien puso al pueblo como víctima". Acusó a los gobiernos blanco y colorados de "haber negado a las víctimas el derecho a la justicia". Recordó a Tota Quinteros que murió sin saber el paradero de su hija, a María Ester de Gatti, buscando a sus hijos, y a Sara Méndez en su búsqueda de Simón.
MOVILIZACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS
La deliberación parlamentaria que se inicia hoy en el Senado y que comenzará a determinar la suerte de las modificaciones a la Ley de Caducidad, también ha despertado la expectativa y movilización de organizaciones sociales dentro del país, y de la diáspora uruguaya. Para presenciar el debate, lanzaron una convocatoria, el PIT-CNT, Crysol, la organización integrada por hijos de desaparecidos, entidades vinculadas a los derechos humanos y movimientos nucleados en las redes sociales.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera dijo a LA REPUBLICA que la central sindical junto a la organización Crysol, y movimiento de la redes sociales, se congregarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo el martes, para asistir al debate. Agregó que a las 14.30 horas los integrantes de la "Mesa permanente contra la impunidad" se concentrarán e instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento.
En Argentina
Con motivo del tratamiento parlamentario en Uruguay, uruguayos frenteamplistas, organizaciones civiles, sociales, políticas y de DDHH "convocan a manifestarse a las 18 horas frente a la Embajada del Uruguay (Av. Las Heras 1907 esq. Ayacucho) a fin de entregar un documento al embajador Guillermo Pomi y a la cónsul general Lilián Alfaro, para que por intermedio de ellos le hagan llegar la petición a los legisladores uruguayos, que aprueben con prontitud dicha iniciativa".
Senado debate hoy fin de la Ley de Caducidad, 24 años después
El Senado se expedirá hoy sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, declarando que varios de sus artículos "presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".
En lo estrictamente político, a partir de la hora 9.30 de hoy se espera un áspero y largo debate. Se cuenta con una mayoría conformada por dieciséis legisladores del Frente Amplio y la oposición de los quince restantes, compuesta por nacionalistas, colorados, y Jorge Saravia (Frente Amplio), quien incluso argumentará en contra (ver nota aparte).
En su momento, los senadores Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro expresaron sus reparos al emprendimiento. En Comisión de Constitución y Legislación, sus suplentes, Gustavo Guarino y Carlos Gamou, respectivamente, dejaron constancia de la postura que asumieron aprobando el proyecto en virtud de una resolución de la fuerza política.
Pasaron 293 meses y como legisladores quedan tres testigos de aquella jornada de diciembre de 1986 en que se consagró la Ley de Caducidad: el senador Luis Alberto Lacalle (PN), y los entonces diputados Luis Alberto Heber (PN) y Ope Pasquet (PC).
Textualmente, cuando desde la Presidencia, Danilo Astori abra la sesión, el punto a tratar es la "Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se interpretan los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y se declara que presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".
La iniciativa, en caso de sancionarse favorablemente por la Cámara alta, debe ser analizada en la Cámara de Representantes. El compromiso del Frente Amplio es aprobarlo antes del 20 de mayo.
Desde el Frente Amplio, el miembro informante será el senador Oscar López Goldaracena (ocupa la banca del comunista Eduardo Lorier); por el Partido Nacional hará lo propio Francisco Gallinal; mientras que desde el Partido Colorado la tarea recaerá en Ope Pasquet.
Acceso a la Justicia
El proyecto del FA apunta a interpretar los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848, aprobada el 22 de diciembre de 1986. Dichos artículos fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009, al no pasar la barrera del 50% de los sufragios emitidos en la elección nacional. Goldaracena fue uno de los promotores de la consulta que planteaba la anulación de esos artículos. "En materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, no existen dos bibliotecas: no es posible convalidar, ni aceptar ninguna ley que impida el acceso a la Justicia. Es un principio inderogable del derecho internacional. El derecho cierra, en este caso, las opciones políticas y el único camino es el de remover la Ley de Caducidad como si la misma nunca hubiera existido", sostuvo días atrás.
"Si se compartieran los artículos 1º, 2º, 3º y 4º que presentan una ilegitimidad manifiesta alguien podría decir que en épocas de dictadura no pudo recurrir a los Juzgados y que cuando lo intentó se dieron todos los inconvenientes con la Ley de Caducidad, por las razones que sean, incluso de Estado; no estoy haciendo un juicio de valor", afirmó en Comisión el senador Rafael Michelini (FA).
Por tanto, "quiere decir que el ciudadano, la víctima, tuvo dos impedimentos: uno de hecho, causado por la dictadura y otro, provocado por el Parlamento, si esos artículos se declaran ilegítimos. Insisto: como la víctima aún cuando la persona haya fallecido lo es cuando retoma el derecho a la Justicia se encuentra ante la prescripción, lo que se intenta, independientemente de que se puede llegar al límite de otros derechos y aspectos, no es caprichoso, no es algo venido de la nada y sin ningún fundamento, sino que se procura devolverle a la víctima un derecho que fue conculcado por la dictadura y luego por una ley".
Propósito electoral
Desde el PN, Gallinal indicó que "este proyecto de ley tiene un propósito político electoral manifiesto, porque el Frente Amplio ha abusado y abusado de este tema y va a generarle no pocos problemas al país". Estimó que ello será así "porque reabre heridas muy profundas del pasado, y porque además es tirar una bomba con la mecha encendida adentro del Poder Judicial que es el que va a tener después que lidiar con principios jurídicos recogidos por nuestro texto constitucional que son puestos en tela de juicio por el proyecto de ley que se pretende aprobar". Para el legislador blanco "también es responsabilidad de los gobernantes respetar los pronunciamientos populares. A mí no me sirve el argumento de proteger a los individuos contra las decisiones de la mayoría democrática".
Anulación de la ley
"Estamos en contra de este proyecto de ley que propone, más allá de denominarse interpretativo que no lo es, se propone anular la Ley de Caducidad porque la declara ilegítima, inconstitucional y la priva de todo efecto jurídico, y luego se preocupa por establecer que esa supresión de los efectos se hace retroactivamente, con lo cual no queda ninguna duda de que esto se trata de una anulación de la ley", indicó Pasquet. El senador colorado señaló que "se incurre en evidente inconstitucionalidad por varias razones: porque la facultad de declarar inconstitucional las leyes la tiene la Suprema Corte de Justicia, cuyo ámbito de competencia se invade, y porque la retroactividad que se procura, lesiona derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
Luis Casal Beck y Marcelo Márquez
Fuente: La República
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