A las 7.30 horas lo sacaron del Hospital Santaniense y lo trasladaron en una ambulancia a Uruguayana. Al mediodía le hicieron sendos exámenes médicos en hospitales de Uruguayana y Paso de los Libres. Argentina se comprometió a cuidar su salud. Sería alojado en una cárcel especial.

El coronel (r) Juan Manuel Cordero Piacentini se transformó ayer en el primer militar uruguayo en ser extraditado a Argentina para que lo enjuicien por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el denominado "Plan Cóndor", la coordinación represiva establecida entre las dictaduras del cono sur en los años setenta y ochenta.

Manuel Cordero (71) fue finalmente entregado por la policía brasileña a Interpol de Argentina y deberá comparecer en 48 horas ante el Juzgado Federal de 7º Turno, a cargo del subrogante Dr. Norberto Oyarbide, quien quedó al frente de la histórica causa iniciada por el Dr. Juan José Galeano y continuada por el Dr. Guillermo Montenegro.

El juez Galeano había pedido la extradición de Cordero, junto a la de los ex militares José Gavazzo, Jorge Silveira y el policía Campos Hermida, pero el gobierno de Julio Sanguinetti no dio trámite a la requisitoria, que terminó cerrándose cuando el presidente Carlos Menem aprobó un indulto (Decreto 1003) para los militares uruguayos en 1989. En 2003 el Congreso Argentino declaró nulas las leyes de "obediencia debida" y "punto final" que otorgaron impunidad a las violaciones de los derechos humanos y los jueces consideraron inconstitucionales los indultos de Menem, que terminaron por caer definitivamente en el año 2006, cuando los pedidos de extradición se reactivaron.

Apología y fuga

La reiteración de los pedidos de extradición provocó la detención de ocho militares y policías (que luego serían procesados y condenados en Uruguay) miembros del aparato represivo de la dictadura que había actuado en Buenos Aires, pero Manuel Cordero logró evitar su captura y prisión preventiva porque ya había huido a Brasil.

En 2001, Cordero realizó declaraciones al periodista Raúl Ronzoni del semanario Búsqueda en las que justificó lo tortura aplicada sobre los presos políticos durante la dictadura y sus afirmaciones determinaron que de oficio el juez penal José Balcaldi le iniciara una causa por apología de ese delito.

Sin embargo, la defensa de Cordero ­a cargo entonces del abogado Alejandro Phaiff­ realizó una serie de maniobras dilatorias que incluyeron la recusación del juez por considerar que Balcaldi, quien había sido policía administrativo, estuvo bajo las órdenes del militar. El juez cerró el caso e inició otro por el delito de "desacato con ofensa".

En esa instancia, mediados de 2004, fue que Cordero huyó del país con destino desconocido y su requisitoria no se procesó porque el delito tenía una pena que no excedía los dos años exigidos en el Tratado de Asunción, con el que se dirimen las causas de extradición entre los países del Mercosur.

Búsqueda y amparo

Una fuente militar indicó a LA REPUBLICA que Cordero se había refugiado en Brasil y el dato fue derivado al activista brasileño Jair Krischke del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, quien inició una paciente búsqueda del torturador uruguayo prófugo, que podía haber sido detectado en San Pablo.

Krischke fue quien encontró a Cordero en Santana do Livramento, escondido en la casa de su cuñado y alertó a las autoridades de Uruguay y Argentina. La información se filtró a la prensa y la revista Caras y Caretas obtuvo fotos del militar radicado en la rua Uruguai 1007 de la ciudad fronteriza con la uruguaya Rivera.

Cordero fue descubierto en enero de 2005 cuando se presentó en el consulado uruguayo para firmar un poder para que su cuñado cobrara su jubilación y se supo, insólitamente, que su presencia en Brasil era del conocimiento del propio canciller uruguayo Didier Opertti, quien autorizaba mensualmente el pago de sus haberes.

Durante dos años Cordero intentó radicarse definitivamente en Brasil. Primero, solicitó asilo político al definirse como perseguido del gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez, quien aún no había asumido. Luego pidió refugio e intentó obtener la ciudadanía brasileña por su condición de esposo de una ciudadana de ese país.

Requisitorias y prisión

Cordero volvió a "desaparecer" durante meses y se temía que hubiera huido a Paraguay, pero volvió a ser ubicado por Kirschke, quien viajó a Buenos Aires y promovió el pedido de extradición del juez federal Guillermo Montenegro, entonces a cargo de la causa Cóndor, quien reclamó su prisión preventiva.

En Uruguay, el juez penal de 19º Turno, Dr. Luis Charles, también lo requirió en el marco del caso de desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires en 1976 y, simultáneamente, hubo una ampliación del pedido argentino por parte del juez Daniel Rafecas quien instruye la causa "Automotores Orletti".cDe ese modo, en febrero de 2007 se logró la detención del militar uruguayo quien fue trasladado a la ciudad de Porto Alegre para permanecer durante meses recluido en la sede de la Policía Federal gaúcha, hasta que logró su traslado a la cárcel de Livramento y a la Brigada Militar Nº 2, donde le otorgaron una "prisión domiciliaria".

La extradición de Cordero quedó en manos del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurelio de Melo (primo de Fernando Collor) quien demoró el proceso por un debate interno de Brasil donde se discutía la validez de una amnistía autoimpuesta por la dictadura en 1979 y se exigía el juicio a los violadores de los derechos humanos.

Trámite y definición

El expediente de la Extradición Nº 974 tuvo un largo trámite hasta el 11 de setiembre de 2008 cuando finalmente llegó al plenario del STF que en su primera sesión, tras escuchar los argumentos del ministro relator Marco Aurelio (que cedió la presidencia a su colega Gilmar Mendes) arrastró cuatro votos en contra de la extradición.

Sin embargo, el ministro Ricardo Lewandowski realizó un alegato a favor del enjuiciamiento de Cordero debido a la desaparición de niños. Aquella primera sesión terminó con los votos en contra de los ministros Marco Aurelio de Melo, Carlos Menezes, Carmen Lúcia y Eros Grau, y el voto a favor de Lewandowski.

El alegato de la minoría llevó al ministro César Peluso a pedir un cuarto intermedio y cuando la sesión se reanudó el 30 de octubre, sumó su votó a favor de la extradición y logró que le apoyaran los ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres y Carmen Lúcia, quien cambió su votación. Esta vez el cuarto intermedio lo pidió Eros Grau.

La votación se encontraba 5 a 2 a favor de la extradición en los diez ministros que componen el cuerpo, donde sólo en caso de empate define el presidente del STF. Dos veces se pospuso la reanudación hasta que, el 6 de agosto de 2008, Eros Grou votó a favor y la sentencia de extradición a favor de Argentina se hizo inapelable.

Burocracia y dilaciones

El proceso burocrático del sistema judicial brasileño y las presiones políticas para que la extradición no se concretara en un escenario interno brasileño donde se sucedían los reclamos por esclarecer los crímenes de la dictadura, demoró el trámite de promulgación de la sentencia judicial.cTambién incidieron una serie de maniobras jurídicas dilatorias ensayadas por el abogado Julio Favero, que con el apoyo de Marco Aurelio de Melo logró que en diciembre de 2008 se otorgara la prisión domiciliara a Cordero, quien fue grabado mientras bebía cervezas en un bar, fumando y corriendo a su casa al sentirse filmado.cEsos videos fueron exhibidos por Krischke en un seminario en San Pablo frente a fiscales estaduales brasileños que elevaron sus quejas a las autoridades, que determinaron la realización de un chequeo médico, fijado para el 23 de noviembre de 2009, al que el militar uruguayo no asistió.

Finalmente, el 19 de enero, se ordenó la detención y prisión de Cordero para su traslado a Argentina vía Uruguayana, pero el torturador alegó sentirse mal y logró internarse por cuatro días en un hospital, hasta que peritos brasileños dictaminaron que podía viajar y lo llevaron ayer a las 7.30 de la mañana, en una ambulancia, hasta la frontera.

Trasladado

La ambulancia brasileña de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que, custodiada por la Policía Federal, trasladó al coronel Manuel Cordero hasta Uruguayana, llegó a la frontera con Argentina sobre las 11.30 horas y el militar fue sometido a un chequeo médico en el Hospital de la Casa de la Misericordia de la localidad brasileña.

Pasado el mediodía, Cordero traspasó los 1.419 metros del "Puente Internacional Augustín P. Justo­Getulio Vargas" que lo separaban de la ciudad de Paso de los Libres en Corrientes, Argentina, donde fue llevado a otro nosocomio, el Hospital San José, para que las autoridades argentinas le realizaran un nuevo estudio sobre su salud.

Fuentes policiales señalaron que fue fundamental para la autorización del traslado el compromiso asumido por el juez Norberto Oyarbide respecto a asegurar el estado sanitario del extraditado, que era esperado por otra ambulancia para ser llevado a Buenos Aires, donde en 48 horas asistirá a una audiencia de acusación. Cordero deberá designar entonces su defensa o recibir el apoyo de un abogado de oficio y será trasladado al Penal de Marcos Paz, a 48 kilómetros de la capital federal, o a las celdas especiales de los presidios de Villa Devoto, Ezeiza o Campo de Mayo, donde también están encarcelados otros violadores de los derechos humanos.

Roger Rodriguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: La República

La decisión del máximo órgano judicial brasileño ya es inapelable. Cordero será extraditado a la Argentina, pero su abogado interpone desesperados recursos para dilatar el traslado. En Buenos Aires, jueces, fiscales y gobierno lo están esperando.

La defensa del coronel uruguayo Manuel Cordero ensayó el viernes una nueva maniobra dilatoria para posponer su inminente traslado a la Argentina, donde será juzgado por crímenes de lesa humanidad, y presentó un nuevo "habeas corpus" en el que impugna la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) por la que se otorgó su extradición.

Cordero, de 71 años, ya había presentado un "habeas corpus" que fue rechazado por el máximo órgano judicial brasileño en noviembre de 2005, cuando se habilitó su detención que recién llegó a concretarse en febrero de 2007. El torturador uruguayo también había pedido un "refugio" que fue denegado por el Ministerio de Justicia.

El Supremo Tribunal Federal, luego de dos años de proceso judicial, otorgó el 6 de agosto de 2009 la extradición de Cordero a Argentina, donde era reclamado por su participación en violaciones a los derechos humanos en el marco del llamado Plan Cóndor que actualmente instruye el juez Norberto Oyarbide.

El abogado de Cordero, Julio Favero, había presentado días atrás otro recurso en el que pedía autorización para que el militar uruguayo sea intervenido de un cateterismo en Porto Alegre, pero el reclamo sería denegado ya que el coronel no se presentó a un examen médico forense previsto para el pasado 23 de noviembre.

El coronel uruguayo alega que sufre serias dolencias cardíacas y por eso le fue concedida una prisión domiciliaria en la casa de su cuñado, radicado en la ciudad de Santana do Livramento, sin embargo, el militar fue visto bebiendo cervezas en un bar y filmado fumando y corriendo, lo que evidencia su real estado de salud.

Lo están esperando...

Más allá de las operaciones de prensa del abogado de Cordero, el trámite de extradición continúa su proceso, desde que el pasado 28 de diciembre el STF informó formalmente su decisión a favor de la extradición al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Federal de Brasil.

Desde el Palacio de Itamaraty ya se comunicó la extradición a la Embajada de Argentina en Brasilia, que informó a su cancillería, donde la jefa del Departamento Jurídico, Dra. Ana Fidotti, procesará el trámite para que la Policía Federal argentina coordine el traslado del torturador con la policía brasileña e Interpool.

En el Juzgado Federal de la calle Comodoro Py, en la "Causa Cóndor" que tramita el juez Oyarbide, bajo la secretaría de Gustavo Russo, ya tienen dispuesto el proceso que se dará al torturador uruguayo que, posiblemente, sea alojado en la cárcel de Marcos Paz, en la Provincia de Buenos Aires, se indicó a La República.

Cordero fue extraditado para que se lo juzgue por los casos de secuestro de niños y la desaparición de los uruguayos Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, Hugo Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni y María Claudia García de Gelman.

Roger Rodriguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: La República

"No es el olvido lo que puede salvar a una
comunidad del rencor y la venganza.
Sólo el ejercicio de la justicia permite
que la comunidad recupere su equilibrio"


La Fundación Mario Benedetti, que preside Sylvia Lago e integran Eduardo Galeano y Daniel Viglietti, enviará al embajador de Brasil en Uruguay una carta, a la que adhieren personalidades latinoamericanas, en la que manifiestan al presidente Lula Da Silva su preocupación por la demora de la extradición a la Argentina del torturador uruguayo Manuel Cordero.

Una copia de la carta, que también firman Juan Gelman, Jair Krischke, Ernesto Cardenal, Joan Manuel Serrat y Roberto Fernández Retamar, entre otros, será presentada al Ministerio de Justicia en Brasilia, a través de familiares de uruguayos víctimas de desaparición forzada durante la coordinación represiva "Plan Cóndor" en el que actuó el coronel uruguayo durante las dictaduras militares en el cono sur.

La nueva campaña para que se concrete el traslado de Cordero, cuya extradición dictaminó en forma inapelable el Supremo Tribunal Federal de Brasil el pasado 6 de agosto, aparece encabezada por casi treinta firmas de escritores, músicos, poetas, periodistas, activistas sociales y catedráticos universitarios, a las que se puede adherir a través de un formulario en la página de Internet: http://sites.google.com/site/formulariobenedetti/

La misiva enviada por la Fundación Mario Benedetti, dice textualmente:


Excelentísimo Sr. Embajador de la República Federativa del Brasil

Don José Eduardo M. Felicio.

De nuestra mayor consideración.

La Fundación Mario Benedetti, apoyada por las adhesiones de los abajo firmantes, cumple el mandato de uno de sus objetivos: la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las violaciones de los mismos, para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos contra los pueblos de nuestra América y para la aplicación de la Justicia a los mismos.

Es por eso que reclamamos se dé la mayor celeridad al trámite que refiere a lo resuelto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil el pasado 6 de agosto, cuando se otorgó a la Argentina la extradición del confeso represor del Plan Cóndor, el coronel uruguayo Manuel Cordero, de cuyos antecedentes lo ponemos en conocimiento.

Cordero es uno de los más sanguinarios represores del Plan Cóndor, acusado como asesino, secuestrador, torturador y violador de detenidas, que provocó la desaparición de decenas de personas, entre otros delitos por los que fue denunciado ante la justicia de Uruguay, de Argentina, de Italia y de España.

Perteneció al denominado Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y realizó operaciones clandestinas en Buenos Aires en coordinación con la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A), que persiguiera, entre otros, al escritor Mario Benedetti, amenazándole de muerte.

También operó, conjuntamente con el Servicio de Información y Defensa (SID) uruguayo, junto al Servicio de Información del Estado (SIDE) argentino en el centro clandestino de detención 'Automotores Orletti', donde fueron secuestrados y desaparecidos medio centenar de uruguayos.

En Orletti, está implicado en las causas de desaparición de los uruguayos Ary Cabrera, Gerardo Gatti, León Duarte, José Méndez, Francisco Candia, Juan Morales Von Pieverling, Josefina Klein Lledo, Mario Cruz Bonfiglio, Roger Julién, Victoria Grisonas, Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, Cecilia Trías, Washington Cram, Ruben Prieto, Casimira Carretero, Segundo Chejenian, Rafael Lezama, Graciela Martínez, Miguel Angel Moreno, Juan Pablo Recagno y Carlos Rodríguez Mercader, Bernardo Arnone, Washington Queiro y la ciudadana argentina María Claudia Irureta Goyena García de Gelman, nuera del renombrado poeta Juan Gelman.

En Argentina fue requerido por los jueces federales Guillermo Montenegro a cargo de la causa Plan Cóndor, Daniel Rafecas quien indaga sobre el 'pozo' Automotores Orletti y Norberto Oyarbide, quien instruye el caso de los niños desaparecidos, entre ellos Simón Riquelo, Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, quienes fueron recuperados luego de muchos años en los que estuvieron secuestradas sus identidades. En 2004 se inició en su contra una causa por apología de la tortura, pero fugó a Brasil, donde fue encontrado en 2005 y detenido por la Policía Federal brasileña, ante una orden de captura internacional librada por la justicia argentina y por la justicia uruguaya. Estuvo detenido en Porto Alegre y en una unidad de la Policía Militar.

Hoy, sin embargo, aduciendo problema de salud, se encuentra bajo régimen de una "prisión domiciliaria" que incumple y ha sido visto caminando libremente por las calles de Santana do Livramento, sin custodia y con la posibilidad de fugarse, como ya había hecho al ser requerido por la justicia uruguaya.

Los abajo firmantes, acompañamos la decisión del Supremo Tribunal Federal y solicitamos su intervención a efectos de que se cumpla a la brevedad su extradición. Pedimos, asimismo, a través de su Excelencia, que haga llegar nuestra inquietud al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que se proceda en consecuencia.

De esta forma entendemos que se podrá conocer la verdad por la actuación de la justicia, tan necesaria en estos tiempos, cumpliendo con lo que a nuestro entender es un mandato histórico fortalecedor de la causa de nuestros pueblos que, como dijo nuestro prócer José Artigas en 1811, no admite la menor demora.

Saludamos a Ud. con la certeza de que se atenderá nuestro sincero reclamo.

Atentamente.

Firman: por la Fundación Mario Benedetti: Silvia Lago (Presidenta), Guillermo Chiflet (Secretario), Ricardo Elena (Tesorero), Daniel Viglietti (Vocal), Eduardo Galeano (Vocal) y Ariel Silva (Gerente); adhieren: Juan Gelman (Escritor y Periodista, Argentina), Jair Krischke (Movimiento Justicia y Derechos Humanos, Brasil), Ernesto Cardenal (Poeta, Nicaragua), Joan Manuel Serrat (Músico, España), Roberto Fernández Retamar (Escritor, Cuba), Miguel Rojas Mix (Escritor, Chile), Louise Popkin (Luchadora social, USA), Manuel Cabieses Donoso (Periodista, Chile), Claribel Alegría (Escritora, Nicaragua), Rodrigo Arocena (Rector de la Universidad de la República, Uruguay), Humberto Tommasino (Pro Rector de Extensión Udelar, Uruguay), Gregory Randall (Pro Rector de Investigación Udelar, Uruguay), Roger Rodríguez (Periodista, Uruguay), Fundación Zelmar Michelini (Uruguay), Coriún Aharonian (Compositor Músico, Uruguay), Diane Denoir (Compositora y Cantante, Uruguay), Laidi Fernández (Escritora, Cuba), Víctor Brindisi (Maestro, Movimiento Educadores por la Paz, Uruguay), Ambrosio Fornet (Casa de las Américas, Cuba), Constanza Moreira (Politóloga, Senadora electa, Uruguay), Silvia Gil (Casa de las Américas, Cuba).


Enviado por Crysol

La Justicia dispuso la extradición hacia Argentina de cinco militares y un policía por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El fallo se inserta dentro de la causa "Automotores Orletti", la cual se indaga en ese país. La defensa apelará la resolución.

El juez Penal de 5º Turno, Daniel Tapie, concedió el pasado miércoles la extradición de los militares José Nino Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira, José Arab, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y del jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina hacia la República Argentina para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el advenimiento del "Plan Cóndor".

La resolución del magistrado no ingresa en valoración sobre "el fondo" del litigio, por cuanto el mismo no corresponde en los procesos extraditorios, aunque deja constancia sobre su rechazo a la consideración de la Ley de Caducidad como "una ley de aministía", tal cual pregonaron las defensas de los militares.

La requisitoria del juez en lo Criminal y Correccional Nº 3, Daniel Rafecas, se enmarca en la investigación "de las privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos de sesenta y cinco personas" que luego de ser ilegalmente detenidas fueron alojadas en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Asimismo, la solicitud de extradición comprende "como objeto procesal" los homicidios de Ricardo Alberto Gaya, Gustavo Gaya, Ana María del Carmen Pérez, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y Dardo Albeano Zelarrayán, todos considerados de "lesa humanidad" por el magistrado requiriente. En este sentido, el juez Rafecas consideró que "Automotores Orletti" funcionó como un centro clandestino de detención subordinado al Ejército argentino, en el cual se actuó "en forma conjunta" con oficiales uruguayos pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y al Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). El magistrado estimó que "no corresponde" en el marco de un proceso de Extradición ­proceso jurisdiccional y no judicial­ ingresar "al tratamiento o valoración de la prueba que motivare la iniciación de un proceso penal en el estado requirente", lo cual "excedería y violentaría" la naturaleza jurídica de los procesos extraditorios. Para Tapie, la ley de Caducidad, "desde que establece excepciones y aún la posibilidad de investigar en las condiciones y por los conductos en ella establecidos, no es ni absoluta ni irrestricta, ni incondicional o ilimitada; y por tanto no olvida, no borra ni vuelve hacia el pasado destruyendo hasta la primera huella del mal", expresa la sentencia. En cuanto a la prescripción, entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985 "nuestro país vivió un régimen de excepción (...) consolidando una dictadura cívico-militar", período en el cual "no rigió" el Estado de Derecho, "suspendieron las garantías individuales, no imperaban ni el derecho ni la ley", entre otras cosas. "La realidad no era diferente en Argentina", dice el fallo. Además, la requisitoria del juez Rafecas fue concebida bajo el imperativo de la normativa internacional, por lo cual, más allá de "planteos doctrinarios o jurisprudenciales (...) existe un dato extraído de la realidad que no puede soslayarse y es el interés claramente decidido y contundente que demuestra la comunidad internacional en no tolerar el no castigo o la impunidad de los agentes de crímenes contra la humanidad". En su requisitoria internacional, el juez Daniel Rafecas realiza una descripción pormenorizada de los crímenes atribuidos a los militares y policías uruguayos, así como del contexto general de la época.

En este sentido, dice el magistrado: "al instaurarse el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983, se impuso un plan sistemático de represión ilegal, que, motivado por una ideología afín a la sostenida por el gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del 30 y 40 del siglo XX, implementó una mecánica de funcionamiento en el cual ­con el objeto de lograr la supuesta reorganización de la nación­ se utilizaron medios como la detención de personas que generalmente eran trasladadas a centros de detención clandestinos creados específicamente para ello; los interrogatorios mediante tortura de los apresados a los efectos de obtener información que pudiera servir a la convalidación y 'agilización' del régimen, la aplicación de torturas, y la práctica usual de la eliminación de personas".

Fuente: La República

La Justicia brasileña accedió al pedido de extradición del militar uruguayo, Manuel Cordero, realizado por la Justicia Argentina. "Pedí a nuestra Policía Federal que mantuviera una cierta vigilancia en la casa donde está Cordero", afirmó a Montevideo Portal el activista brasileño Jair Krischke.

La Justicia brasileña resolvió este jueves conceder a la Justicia argentina la extradición del militar uruguayo Manuel Cordero.

Según averiguó Montevideo Portal, Cordero estaba sin custodia hasta entrada la tardecita del jueves y según los datos de la policía de la zona, no se realizará el operativo hasta el viernes cuando llegue la orden del juez.

"Cordero se pasea por acá, va al mercado, hace su vida normal", afirmaron fuentes locales a Montevideo Portal que señalaron también que desde que se conoció la orden de la Justicia brasileña mantiene su celular apagado.

El activista brasileño Jair Krischke quien encontró al militar uruguayo en Brasil informó a Montevideo Portal que ya pidió a la Policía la disposición de una custodia en el domicilio del militar, ubicado en la calle Uruguay, en la ciudad de Santana do Livramento.

"Este tema es importante para los uruguayos que fueron las víctimas y para los argentinos que fue donde ocurrieron los hechos, pero especialmente para Brasil, porque es la primera vez que la Justicia brasileña se expide sobre un hecho de esta naturaleza", afirmó el activista.

En ese sentido destacó que el fallo genera entonces un antecedente importante en materia de derechos humanos: "Los torturadores nuestros, pueden ser llevados a los tribunales. Esto fue algo realmente importantísimo para todo el Cono Sur de nuestra América, pero especialmente para Brasil que tiene una cultura de impunidad que parecía que nunca se iba a romper, y hoy se rompió".

Krischke informó a Montevideo Portal que pidió a la Embajada argentina en Brasil que el traslado se concrete lo más pronto posible. "Y además pedí a nuestra Policía Federal que mantuviera una cierta vigilancia, en la casa donde está Cordero, que por ironía se encuentra en la calle Uruguay, a una cuadra de la línea de frontera", afirmó.

Cordero se fugó a Brasil en el 2004 cuando estaba siendo investigado por la Justicia uruguaya. En el 2007 fue detenido por la Justicia brasileña a la espera de un pronunciamiento de la justicia brasileña.

Ahora Cordero será trasladado a Argentina, debido a que el Tratado del MERCOSUR prioriza el país donde ocurrieron los hechos por los que se pide una extradición y en segundo lugar el país que primero elevó la solicitud, en ambos casos Argentina.
Cordero fue extraditado por la desaparición del ciudadano uruguayo Adalberto Soba, quien fuera desaparecido en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Adalberto Soba era militante del Partido Por la Victoria del Pueblo y fue secuestrado en 1976, torturado en Automotores Orletti y trasladado en el "segundo vuelo", el 5 de octubre de ese año.

La investigación derivó en el procesamiento de Ricardo Arab, José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande, los primeros militares y policías procesados con prisión por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Fuente: Montevideo Portal

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se reunió ayer para retomar el tema de la extradición del torturador uruguayo Manuel Cordero, conocido por sus víctimas como el "303". El laudo fue de 5 votos contra 2 a favor de la extradición.

Los Ministros Ricardo Lewandowski (se había pronunciado en la sesión del 11 de setiembre), Cézar Peluso, Cármen Lúcia (que modificó su voto), Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britto, votaron ayer a favor de la extradición. En tanto que Marco Aurelio de Mello (relator del caso) y Carlos Alberto Menezes (había votado en la sesión anterior), votaron en contra. El ministro Eros Grau (quien había votado en contra), pidió la posposición de la sesión para estudiar nuevamente el expediente. El estudio del caso en el Supremo Tribunal Federal continuaría antes de fin de año.

El caso del secuestro del hijo de Sara Méndez, el niño uruguayo Simón Riquelo, que permaneció como desaparecido entre 1976 y 2002, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, fue un factor determinante para el comienzo del cambio de posición de los Ministros del STF.

La campaña internacional que llevamos adelante para lograr la extradición de este siniestro personaje cuenta, entre muchas otras, con la firma de Joao Vicente Goulart, hijo del ex presidente de Brasil, el escritor Julio Campos Avila de Chile, el maestro Miguel Soler desde Barcelona, la investigadora J. Patrice McSherry de Estados Unidos y el cantautor uruguayo Daniel Viglietti.

Los Ministros del STF recibieron la carta redactada por el periodista uruguayo Roger Rodríguez, desde Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y desde el país que nos alberga: Suecia.

El torturador Cordero se había refugiado en Brasil en el 2004, huyendo de una causa judicial en Uruguay, en la cual un juez lo acusó de desacato en un juicio por "apología de la tortura".

Así las cosas, se va cocinando a fuego lento el momento en que este Cordero "303", se enfrente a la Justicia y pague por todas y cada una de las violaciones a los Derechos Humanos que cometió.

Y ya conocen el refrán que reza, “Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, porque la Memoria porfiada de este Pueblo no descansará hasta que todos los que participaron del Terrorismo de Estado acudan a su cita con la Justicia.

Brujita