El excomisario inspector Rolando Nerone y el exsubcomisario de la Policía Federal Argentina Oscar Gutiérrez, ambos imputados por "el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas"

La Justicia argentina procesó a dos ex policías por el secuestro de la uruguaya Victoria Grisonas, madre de Anatole y Victoria Julien, secuestrada en setiembre de 1976, detenida en Automotores Orletti, y desaparecida desde entonces. Su marido, Roger Julien, murió en el operativo en que secuestraron a su esposa.

La Justicia argentina procesó a dos expolicías por el secuestro de una mujer uruguaya llevada a la cárcel clandestina "Automotores Orletti", símbolo de la represión en el Cono Sur en los años 70, informaron fuentes judiciales.

La medida, adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, recayó sobre el excomisario inspector Rolando Nerone y el exsubcomisario de la Policía Federal Argentina Oscar Gutiérrez, ambos imputados por "el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas", informó el Centro de Información Judicial.

Asimismo, el magistrado dispuso trabar embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de 800.000 pesos (unos 195.000 dólares) cada uno.

En su fallo, Rafecas dijo que pudo acreditar la intervención de los dos expolicías en un operativo llevado a cabo el 26 de setiembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Martín que culminó con la detención de la uruguaya Victoria Grisonas, quien fue trasladada a "Automotores Orletti" y se encuentra desaparecida.

Grisonas era esposa del uruguayo Roger Julien, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), requerido por la "justicia militar" uruguaya y murió en el violento operativo.

La mujer y sus dos hijos, Anatole, de 3 años, y Victoria, de 1 año, fueron secuestrados y llevadas a Orletti.

Según el testimonio del niño, su madre habría recibido un disparo no mortal al momento de intentar escapar con sus hijos.

Los dos niños fueron hallados en una plaza de la ciudad chilena de Valparaíso a finales de 1977 y dados en adopción a una familia chilena que desconocía lo ocurrido con sus padres biológicos.

En 1979 el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, dependiente del Arzobispado de San Pablo, Brasil, los localizó en Chile, lo que permitió restituirles la identidad.

Fuente: Montevideo Portal

Fue secuestrada en Buenos Aires durante una operación conjunta del Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país, Uruguay, en un vuelo clandestino, donde estuvo presa con la hoy primera dama. Un caso testigo.

Fue durante 26 años una madre buscando a su hijo robado por las dictaduras uruguaya y argentina. A su hijo de veinte días se lo quitaron no bien irrumpieron en su casa de Belgrano en julio de 1976. Sara Méndez, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país en un vuelo clandestino. Más tarde estuvo presa en el penal de Punta Rieles con Lucía Topolansky, la esposa del hoy presidente José Mujica. En 2002 pudo ver el rostro ya adulto de su hijo Simón. Sara Méndez contó su historia a Página/12 tras declarar en el juicio oral por los crímenes de Orletti. Enumeró a los implicados argentinos que ella pudo reconocer: el ex jefe de la SIDE Otto Paladino, a Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo. Del lado uruguayo, Méndez reconoció al teniente coronel Rodríguez Buratti –quien se suicidó hace cuatro años–, al hoy procesado José Nino Gavazzo y al capitán Manuel Cordero.

La noche del 13 de julio quedó grabada en la memoria de Sara Méndez. “Unas quince personas de civil entraron a mi casa rompiendo puertas. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para que digamos direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires. Mi marido, Mauricio Gatti, no iba a llegar esa noche. Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo.”

Los militares se quedaron con su hijo. “Cuando agarro a Simón en mis brazos me dicen que lo deje, que no lo puedo llevar conmigo. ‘No se preocupe señora’ –lo recuerdo como algo grotesco de quienes ya me habían golpeado e insultado–. Al niño no le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños.”

Sara Méndez militaba en el Partido de la Victoria del Pueblo que se había reorganizado en Argentina. “Se conforma un frente de lucha contra la dictadura acá, desde el exilio. Lo paradójico es que el partido se rearme en el exilio y el régimen argentino le aplica un golpe rotundo.” Ella dice que no usó armas nunca.

A Sara la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo –cree– diez días. “El lugar quedaba en el Bajo Flores, donde por delante pasaba el tren y detrás había una escuela. Ese pozo o chupadero, como le dicen acá, era un lugar de tortura y exterminio. En algunos casos si no lo mataban allí, lo sacaban y ya estaba la desaparición forzada como método represivo. Yo fui secuestrada, no me dieron información, no pude ver a mi familia.”

Al otro día de su secuestro su marido Mauricio tuvo indicios de que algo andaba mal. La familia Méndez, alertada por aquél, empieza a buscar a Simón y a ella. Su padre se trasladó a Argentina y junto con gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –Acnur– realizaron la búsqueda. Mauricio Gatti murió en 1991.

Sara Méndez recuerda el montaje de su detención en Uruguay. “Fuimos trasladados 24 personas de Buenos Aires a Montevideo. El hermano de mi marido, Gerardo Gatti, quedó en Automotores Orletti. Nos llevaron en lo que hoy se llama el primer vuelo. Estuvimos cuatro meses como desaparecidos en sedes clandestinas. Luego alquilaron una casa en un balneario y habitaciones en hoteles céntricos de Montevideo, hicieron documentos falsos a gente que se parecía físicamente a nosotros y los mandaron a registrarse en esos lugares. Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.”

Luego Sara fue llevada por el mismo Nino Gavazzo al penal de Punta Rieles, en Montevideo, en donde estuvo cuatro años y medio. Allí conoció a quien hoy es primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky.

“Eramos compañeras. Estaba también su gemela María Elia. Comíamos juntas, hacíamos actividades de estudio, aprendíamos de la especialidad de la otra. Yo era maestra, Lucía estudiante de arquitectura. María Elia sabía mucho de física. Hacíamos intercambio de conocimiento. Estaba prohibido hacer gimnasia, así que nos turnábamos para poder hacer ejercicio. Las cartas se tenían que leer en voz alta, con lo que sabías todo de la otra. Eran cárceles en donde se ponían en práctica métodos sofisticados: debilitar el ser político. No teníamos ninguna información de lo que pasaba en el mundo, vestíamos uniformes, nos llamaban por un número, era una militarización. Una despersonalización. Las visitas eran escuchadas. Había situaciones de riesgo, estados de alarma, teníamos que hacer cuerpo a tierra.”

En la primera visita que recibió Sara Méndez en la cárcel se enteró de que su familia no había logrado ubicar a Simón.

Sara salió de prisión tras cumplir su condena casi cinco años después. Eso sí, bajo libertad vigilada. Todavía Uruguay estaba bajo el régimen militar –la democracia llegaría en 1985–. “Tuve que dar mi domicilio, no podía salir de Montevideo sin autorización, me hacían visitas. Me contacté con lo que era el germen de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Chicha Mariani guardó los datos de un niño pelirrojito como Simón en un tarrito de lata y lo enterró. Después no lo pudo encontrar.”

Por ese tiempo Sara se iba a ilusionar con que ya había encontrado a su hijo. Estuvo diez años para conseguir que la familia del menor que había sido dejado en el Hospital Norte aceptara hacerle un ADN. Dio negativo. “Tuve que empezar la búsqueda de nuevo.”

A raíz de una investigación que realizaron el periodista Roger Rodríguez y el político Rafael Michelini dieron con un ex policía que era quien adoptó a Simón. “Estoy convencida de que ese señor sabía que era un bebé robado”, afirma Sara y agrega: “Michelini habló con el ex policía y éste le dijo que iba a contarle a Simón sobre su adopción y que lo buscaba su madre”. Simón, con 25 años, se hizo el ADN y se reencontró con su madre.

–¿Cómo fue ese momento?

–Mi vida era la búsqueda. Yo me encontré a un hijo que ya era un adulto. Cuando lo encontré cambió todo para mí. Viajo cada dos meses, o viaja él. El tuvo resistencia a asumir la historia.

El caso del secuestro de Simón está comprendido en la Ley de Caducidad, una norma que impide el juzgamiento de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Hoy el oficialismo uruguayo impulsa un proyecto en el Congreso para interpretar algunos artículos de la norma. “Todavía no se avanzó en nada. El proyecto de ley no lo conoce la ciudadanía”, afirmó Sara. Y destacó el rol del centroizquierda. “Con los gobiernos blanco y colorado toda causa quedaba comprendida en la Ley de Caducidad. Desde que asumió el Frente Amplio comenzaron los procesamientos a los militares.”

Mercedes López San Miguel

Fuente: Página 12

Frente a una nueva provocación de grupos que apoyan los delitos de lesa humanidad, y el genocidio cívico-militar cometido en nuestros países por la denominada Operación Cóndor.

Queremos repudiar enérgicamente la agresión de éstos grupúsculos que atacan porque están siendo juzgados por aberrantes crímenes cometidos contra militantes populares.

No somos unos pocos sino que la población en general ha repudiado lo actuado por los golpes cívico-militares y por eso se los a condenado en todo momento. No obstante continúan agraviando y ofendiendo la lucha de nuestros compañeros.

Por tal motivo y en su nombre reivindicamos su lucha que es la nuestra. Seguiremos adelante hasta lograr la cárcel común y perpetua a todos los criminales.

Por los compañeros y compañeras, Por verdad y justicia.

Comisión de DDHH de uruguayos en Argentina




Enérgico repudio del IEM

Nuevo acto de provocación en “Automotores Orletti”

El Instituto Espacio para la Memoria expresa su más enérgico repudio y preocupación por las pintadas y afiches intimidatorios pegados en el frente del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti” y en el muro ubicado en el terreno aledaño. El texto de los afiches lleva la firma de RADIO ARAMBURU y expresa: Atención. Ayer “Las guerrillas terroristas con conexión internacional iniciaron una guerra contra el pueblo de la Nación Argentina para tomar el poder e instalar un sistema comunista…”.




También aparece la leyenda: “Los terroristas están libres. Muchos son funcionarios del gobierno!”.

Por otra parte en la mañana del 30 de agosto aparecieron nuevas leyendas en las paredes del edificio donde funcionó el ex CCDTyE: “aquí se ajustició a terroristas asesinos” “asesinos zurdos”.

Este nuevo hecho se suma al ya denunciado por el IEM, cuando el lunes 9 de agosto aparecieron pintadas e inscripciones sobre el frente de la Escuela Nº 09 "Lic. Don Mauro Fernández", lindante al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, que dicen “ninguno inocente” e “hijos de asesinos”.




"Automotores Orletti", ubicado en Venancio Flores 3519/21, casi esquina Emilio Lamarca, en el barrio porteño de Floresta, fue uno de los centros clandestinos de detención que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante la última Dictadura Militar, como una de las bases principales de las fuerzas de inteligencia argentinas y extranjeras que actuaban en el marco de la Operación Cóndor, coordinación represiva ilegal entre las dictaduras de países del Cono Sur.

En junio de este año comenzó, ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 1, el juicio a 6 represores por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas. El juicio se encuentra en la etapa de debate en el que día a día se vienen escuchando las atrocidades que impunemente se cometían en estos sitios del horror. Hoy, en el marco de los juicios a los autores materiales de estos delitos, se producen estos hechos delictivos que no hacen más que mostrar la metodología de quienes, están acostumbrados a actuar en las sombras.

Desde el IEM, además de efectuar las denuncias correspondientes, expresamos nuestro rechazo por estas provocaciones que ofenden no sólo la memoria de los 30 mil detenidos-desaparecidos por la Dictadura genocida, sino la lucha sostenida e inclaudicable de los sobrevivientes y familiares de las víctimas en pos de verdad y justicia.

Foto: Rolando Andrade

Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó. Narró una discusión entre argentinos y uruguayos sobre el viaje de los detenidos a Montevideo. Mencionó a Manuela y Carlos Santucho, Sara Méndez y María Claudia Irureta Goyena.

Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. “¿Cómo que no sabés de mí?”, le dijo. “Si yo conozco a tantos otros.” Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: “Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos”.

Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: “Quiero empezar desde antes”. En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba “requerida” y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.

Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: “A mí –aseguró– me pareció un disparate”.

A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. “Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto.” Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.

En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.

“Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?”

Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: “Sésamo”, dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. “Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos.” Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, “yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra”.

El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. “Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos.”

Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho “fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’”.

Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. “Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí.”

Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: “Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien”. La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: “También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso”.

En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: “No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales”. Miró su cuerpo en la primera ducha: “No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo”.

Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. “Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos.” Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.

Los uruguayos les propusieron una negociación: la “vida” a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: “Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol”.

El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.

Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. “Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?”

Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12

Sara Méndez y Mónica Soliño Platera fueron secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo. Narraron la muerte de Carlos Santucho y mencionaron a la nuera del poeta Juan Gelman.

Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.

Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.

A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”

Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.

–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.

–¿Por qué? –preguntó el fiscal.

–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.

Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12

Macarena Gelman comparecerá el próximo jueves 5 de agosto ante la Justicia argentina para declarar en la causa por la cual se indagan los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) inició el pasado 3 de junio el proceso oral contra seis agentes de la dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados en dicho centro clandestino de detención, con la lectura de la acusación del fiscal Federico Delgado.

El cronograma de audiencias pautada por el TOF1 determina la continuidad de la lectura de la acusación hasta el próximo 17 de junio, tras lo cual se le tomará declaración a los seis imputados: los represores Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo. El 8 de julio comenzará el testimonio de los testigos.

El 5 de agosto comparecerá Macarena Gelman. La joven estuvo presente en la primera audiencia del proceso, pero no podrá presenciar más audiencias hasta declarar en la causa. En este sentido, Gelman destacó el desarrollo del proceso mediante un sistema oral y público.

El modelo del proceso "hace a la transparencia del juicio", porque no sólo permite el acceso de todos los interesados en las audiencias, sino que permite "la participación de la víctimas" y "ser parte te ayuda necesariamente, no sé si a cerrar, pero a delinear etapas. Uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que esta ahí", dijo Gelman en entrevista con Radio El Espectador.

"Más allá de lo terrible, porque los relatos son espantosos, ya que la lectura tiene que ver con los tormentos infringidos a los detenidos, para mí fue bueno poder estar y escuchar". "Es una pena que en el sistema penal uruguayo no exista", reflexionó la joven.




"Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecución de los exiliados políticos en la República Argentina, en el marco del "Plan Cóndor". Por sus entrañas desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades. En este sentido, Gelman destacó que entre los 65 delitos imputados por privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, 33 corresponden a ciudadanos uruguayos.

Asimismo, la joven criticó la aparente lentitud del proceso judicial en Uruguay. El caso refiere a la búsqueda de los restos de su madre, desaparecida en diciembre de 1976.

"Es una gran incógnita. Hasta ahora no hubo, o por lo menos que esté en mi conocimiento, nuevos datos sobre una posible ubicación. En lo que a mí respecta (la causa) está detenida. Seguramente haya información en la cual se esté trabajando, pero hasta ahora no hay iniciativa con respecto a ingresos a otros predios. Es difícil pero hay que seguir. No pierdo las esperanzas, más allá de la realidad que te golpea", señaló Gelman.

Fuente: La República

El juez federal Daniel Rafecas procesó, con prisión preventiva, al ex agente de inteligencia Miguel Angel Furci, quien actuaba en el centro clandestino de detención conocido como "Automtores Orletti". Le imputó alrededor de siete decenas de secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura militar. El enjuiciamiento se da en el marco del juicio contra otros seis represores que comenzó ayer.

La medida alcanzó al ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci a quien el magistrado responsabilizó por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 67 víctimas -en su mayoría uruguayos- que permanecieron cautivas en ese centro de detención, base de la SIDE y del Plan Cóndor, como se conoció a los operativos conjuntos de dictaduras latinoamericanas para eliminar a opositores políticos.

El procesamiento de Furci se dictó horas antes del inicio del juicio oral y público contra otros seis represores que actuaron en Automotores Orletti que comenzará hoy y llevará adelante el Tribunal Oral en lo Federal Uno en el que están imputados, entre otros, Raúl Guglielminetti.

Rafecas tomó la medida en la "megacusa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fue reabierta, al igual que la "causa ESMA", tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Furci adquirió notoriedad raíz de comprobarse la apropiación de la niña Mariana Zaffaroni Islas, de un año y medio, hija de los ciudadanos uruguayos María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, ambos detenidos en "Orletti" y actualmente desaparecidos; hecho por el cual el represor ya fue condenado.

La detención de Furci, indicaron los informantes, se suma a otros seis detenidos por "Orletti" respecto de quienes el juez dispuso la elevación a juicio de la causa, radicada actualmente ante el mismo Tribunal Oral que hoy comenzará a juzgar a Guglielminetti, quien actuaba bajo el apodo "Guastavino"; junto a Eduardo Alfredo Ruffo, alias "Capitán" o "Zapato", entre otros.

"En la causa focalizada en los sucesos que tuvieron lugar en ´Orletti´, el juez Rafecas desde el año 2006 se encuentra a la espera de la extradición solicitada a la República Oriental del Uruguay de militares uruguayos que prestaron servicios en ese centro" señalaron las fuentes.

En esa oportunidad el magistrado solicitó la extradición de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas Pereira, Ricardo Medina Blanco, José Arab Fernández, Gilberto Vázquez Bisio, Luis Maurente Mata y Ernesto Soca Prado quienes revistaban en el Servicio de Información de Defensa uruguayo y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Fuente: La República

Empezó ayer el juicio a cinco represores acusados por delitos de lesa humanidad en Automotores Orletti

El general retirado Eduardo Cabanillas, el coronel retirado Rubén Visuara y los ex agentes de la SIDE Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz están acusados de imposición de tormentos y homicidios en 65 casos.

Rubén Visuara llegó a la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py con una bufanda que le cubría la cara, como si de esa forma pudiese evitar los flashes que lo retrataban sentado en el banquillo de los acusados. Visuara es uno de los cinco represores que comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el destino de los detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor. Junto a él estaban su antecesor como titular de la División de Operaciones Tácticas de la SIDE, Eduardo Cabanillas; y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, en el que sostiene que Orletti no estaba conducido por “una horda desbocada”, sino que se trató de un “enclave del terror” donde todo estaba “calculado y planificado”. Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en diálogo con Página/12, dijo tener “buenas expectativas” de que los imputados reciban “penas ejemplares” y aseguró que “para antes de fin de año” debería haber un veredicto.

En Orletti, ubicado en el barrio de Floresta, estuvieron detenidos, entre otros, Marcelo Gelman, hijo del escritor Juan Gelman; Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. En su requerimiento, el fiscal Delgado aseveró que se trataba de un “enclave del terror” que no era conducido por “una horda desbocada”, sino “algo calculado y planificado que convertía a todos en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites”. Al igual que el juez federal Daniel Rafecas en su momento, cuando condujo la investigación del caso, Delgado comparó este centro clandestino con los campos de concentración del nazismo.

Los cinco imputados llegaron a la sala del subsuelo de Comodoro Py poco después de las diez de la mañana, el horario anunciado para el comienzo del juicio, que se retrasó cerca de una hora. Con dos cuartos intermedios, la lectura del requerimiento se estiró hasta bien entrada la tarde. Además del coronel retirado Visuara y el general retirado Cabanillas y los agentes civiles de inteligencia Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz, había un sexto imputado en la causa, el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, pero “fue declarado inhábil para afrontar el juicio”, tal como determinaron los peritos oficiales. De todas formas, la Justicia decidió que se le realicen “exámenes periódicos” para determinar cuándo será capaz de ser juzgado.

La bufanda no fue el único recurso que intentó Visuara para evitar los flashes molestos. Antes de la lectura del dictamen de Delgado, su defensor pidió permiso al tribunal para que el represor no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Jorge Gettas, aceptó estudiar y resolver “oportunamente”. De todas formas, les recordó que es obligatorio que los acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más interrupciones y con los cinco represores escuchando un repaso por su labor en Automotores Orletti, a medida que se desplegaba el requerimiento del fiscal. El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, prevé escuchar más de cien testimonios no sólo de sobrevivientes argentinos, sino también provenientes de países limítrofes, ya que por ese centro clandestino pasaron los detenidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación de fuerzas represivas de toda la región.

“Tenemos buenas expectativas. Es un tribunal serio, con jueces capacitados para llevar adelante un juicio de estas características –confió Rodolfo Yanzón–. Contamos con un fiscal que también es una garantía. Los cinco sometidos a este juicio van a recibir altas condenas.” De todas formas, Yanzón aclaró que “tenemos un juicio por 65 víctimas cuando sabemos que por Orletti pasaron cientos, y con cinco imputados cuando los criminales fueron muchos más”. Hecha esta salvedad, se manifestó “muy optimista” y asegura que “antes de fin de año” debería conocerse el veredicto.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que estuvo presente en el comienzo del juicio –aunque se retiró pronto–, consideró que el inicio de este proceso, junto al que investiga la Masacre de Margarita Belén (ver aparte), representan “otro paso gigantesco en la búsqueda de la Verdad y la Justicia” que volvió a tomar impulso con “la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. El funcionario hizo un repaso sobre la situación de los casos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y recordó que “mil doscientos militares ya fueron imputados, más de un centenar ya fueron juzgados y condenados y quinientos centros clandestinos de detención fueron reconocidos, en tanto ahora se avanza también en el juzgamiento de cómplices civiles” de la represión. “La reapertura de los juicios a los genocidas de la última dictadura volvió a convertir a la Argentina en un modelo mundial en materia de derechos humanos”, concluyó.

Nicolás Lantos

Fuente: Página 12