Mercedes López San Miguel
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El triunfo electoral del Frente Amplio en octubre de 2004 auguró cambios de gran envergadura para la sociedad uruguaya. Si bien es innegable que significó un avance respecto del neoliberalismo de los años anteriores, la izquierda sigue en deuda en dos cuestiones: la redistribución de la riqueza y la aplicación de una política de Estado a favor de la memoria y la justicia.

La ortodoxia económica fue la máxima expresión de la continuidad, en tanto se privilegió mantener los equilibrios macroeconómicos. En el vecino país persisten la marginación y la pobreza, lo que promueve un discurso popular que alimenta las bases del senador José “Pepe” Mujica.

Hasta ahora se hablaba sólo del mercado, se decía que había que asegurar las condiciones de inversión. Como ministro de Economía, Danilo Astori fue quien mejor reencuadró el programa “El país productivo” de acuerdo con los principios del discurso económico post Consenso de Washington, más a tono con la economía de mercado y la globalización. Una prioridad de su gestión fue alcanzar un acuerdo con el FMI para asegurarse el acceso a créditos internacionales. Por otro lado, un enfoque más progresista aterrizó de la mano de una reforma tributaria y un aumento del gasto social.

Ahora se dice: dentro de una economía de mercado, con algo de economía mixta, hay espacios para innovar en las formas de propiedad social. Mujica es el mejor posicionado en este debate. El ex guerrillero tupamaro sintoniza con los sectores que probablemente vengan del proceso de marginalidad y de crisis económica.

Pero el asunto que más polémica generó en estos primeros cinco años de poder del centroizquierda en Uruguay fue el argumento a favor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tanto Astori como el presidente Tabaré Vázquez lo promovieron, defendiendo la búsqueda de mercados más allá del Mercosur.

En cuanto al tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la estrategia del gobierno de Tabaré consistió en buscar la colaboración de los mandos de las Fuerzas Armadas para ubicar los restos de los desaparecidos y excluir de la Ley de Caducidad algunos crímenes cometidos durante el período de facto (1973-1985). Recién a principios de este año, todo el Frente Amplio –incluyendo al mandatario– apoyó la campaña para la derogación de la ley que impide juzgar a los represores.

En términos de políticas igualitarias, Mujica se comprometió a bajar la pobreza a la mitad. En cuanto a la memoria, Uruguay no sólo vota un próximo presidente el 25 de octubre; también decide si anula la amnistía.

Fuente: Página 12