El Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsará una campaña contra el endurecimiento de las penas para los niños y los adolescentes, y para expresar su “preocupación” por las intenciones de algunos actores políticos de colocar a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad pública.
“Este año hubo una campaña muy fuerte de criminalización de los menores, con el apoyo de los grandes medios, y resolvimos plantear una contraofensiva en el debate público sobre minoridad”, comentó Gastón González, responsable de prensa de la FEUU. Los estudiantes plantearán este tema en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).
La FEUU, junto a otras organizaciones sociales como el Comité de los Derechos del Niño y la Asociación Nacional de Ong orientadas al desarrollo, realizaron un pronunciamiento público contra “el endurecimiento de los sistemas penales hacia los niños, las niñas y los adolescentes”, y específicamente, contra la baja de la edad de imputabilidad, el establecimiento de mayores tiempos de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes.
Allí señalan que las “políticas de mano dura” que se están proponiendo no significan una “respuesta adecuada”, y que no hay datos “de fuentes confiables y serias” que avalen el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes. Sin embargo, según afirman, lo que sí está avalado “por abundantes cifras y fuentes indiscutibles” es que los niños y los adolescentes son “las principales víctimas de la violencia”. “Ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado; por el contrario, generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema”, afirman, al tiempo que critican a los actores políticos “que apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países en los que se implementaron iguales medidas”.
El actual contexto, según sostienen las organizaciones, coloca en un “puñado de adolescentes” la responsabilidad de los problemas de seguridad, y de esa manera “se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos”. Concluyen que todos los objetivos que se plantean las medidas legislativas propuestas “pueden ser alcanzados mediante la cabal aplicación de las leyes vigentes” y “el correcto funcionamiento de las instituciones existentes”.
Vinculado a este tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, afirmó ayer que el mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad violaría convenios internacionales suscriptos por Uruguay. Citado como especialista por la comisión especial creada por el Parlamento para analizar la legislación relativa a la seguridad pública, y en especial la cuestión de los niños y adolescentes infractores, Chediak manifestó que una medida de este tipo incumpliría “una fortísima recomendación vinculante de las Naciones Unidos”, que sugiere la reserva de esa información. El magistrado agregó que el mantenimiento de los antecedentes violaría también el Código del Niño, que es “un poco más radical” porque plantea directamente que esa información debe eliminarse.
La propuesta para mantener los antecedentes de los menores surgió del propio gobierno. “No de todos, pero sí de quienes cometieron delitos muy graves y muy repetidos, yo creo que tienen que mantenerse [los antecedentes]”, manifestó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Fuente: La Diaria
