No en mi nombre

En la noche del martes una movilización convocada por una autodenominada coordinadora anti-megaoperativos fue epilogada por una desmedida reacción de los policías encargados de custodiar la puerta del Ministerio del Interior e inmediaciones. Y si bien quien suscribe está en contra de cualquier tipo de represión policial, no puede dejar de reparar en las consecuencias directas de la actitud violenta de algunos de los manifestantes que acudieron a la marcha (asumo que otros fueron de forma pacífica y con auténtica inquietud y preocupación ante las políticas de seguridad pública que aplica el actual gobierno). Si bien cualquier persona está en total derecho de concurrir a una convocatoria de estas características, creo que no todos tienen derecho a ensuciar el trabajo de aquellos que de forma mesurada y propositiva intentan combatir las políticas represivas propuestas o implementadas en nuestro país. La misma semana en que la Universidad de la República, que actores de la sociedad civil, que organizaciones de derechos humanos y hasta parte de las bases frenteamplistas, se pronunciaron en contra de los procedimientos del Ministerio del Interior, un grupo de personas colabora -consciente o inconscientemente- en alimentar las mismas políticas que dice combatir. La indignación burguesa que se despierta ante el uso de molotovs, piedras y vallas caídas; las inmediatas reacciones de las señoras de barrio que se molestan contra los “violentos de siempre”, los medios que se restriegan las manos ante imágenes de fuego y jóvenes, no hacen más que deslegitimar cualquier propuesta colectiva que cuestiona -con argumentos jurídicos, técnicos y hasta éticos- la improcedencia de los mega-operativos. Al mismo tiempo que legitima el accionar policial, el endurecimiento de los deberes punitivos del Estado contra los jóvenes díscolos, capaces de tirar bombas y piedras en la puerta del ministerio. Deberían saber los príncipes de la revolución que esas actitudes cortoplacistas e irresponsables son inconducentes.

Quien esto escribe está en contra de bajar la edad de imputabilidad, de los mega-operativos y de casi todas las propuestas estatales en materia de seguridad pública. Conozco muchos jóvenes que piensan como yo. Es posible que quienes acudieron a esa marcha piensen como yo. Pero también conozco muchos jóvenes que creen que estas propuestas derechizantes se desarticulan con argumentos y verdadera movilización, no con posturas burguesas que, escudadas en una pashmina o un pasamontañas, tiran piedras a la Policía. ¿O acaso deslegitimar el trabajo colectivo no es una actitud burguesa? Puede que los objetivos sean comunes, pero mientras esa metodología violentista sea la herramienta utilizada para combatir el capitalismo y sus manifestaciones (¿o acaso estigmatizar a los pobres no es una consecuencia del sistema?), seguro que ninguno de los que tiraron piedras en la movilización del martes hará nada en mi nombre. Los jóvenes uruguayos tenemos algo más decente para ofrecer en este reinado de la anti-política.

Nicolás Duffau

Fuente: La Diaria

Argimón contra baja de edad de imputabilidad; jóvenes independientes y grupo colorado se suman a campaña del PIT-CNT y de la FEUU.

El 22 de junio será el lanzamiento oficial de la red "No a la baja", integrada por el PIT-CNT, la FEUU, organizaciones no gubernamentales y juventudes políticas del Frente Amplio. Se han sumado a esa articulación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, y se eligió ese día para la presentación pública con la intención de contrarrestar una jornada nacional de recolección de firmas, convocada por el Partido Colorado para el 18 de junio. La ex diputada Beatriz Argimón (Alianza Nacional, Partido Nacional -PN-) no integra formalmente esa contracampaña, pero se pronunció contra la propuesta plebiscitaria.

El título del documento de Argimón cita la consigna de los promotores de la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad: "Ningún pibe nace chorro. Es más fácil encerrar que hacerse cargo. Yo no firmo".

La ex directora del Iname, hoy Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), explica en un texto, al que accedió la diaria, que las frases están escritas en dos muros sobre Avenida Italia, y que expresan "con una simplicidad mayúscula, lo que a veces sentimos quienes estamos en contra de esta campaña", promovida por el Partido Colorado (PC) y por prácticamente todo el sector blanco de Unidad Nacional.

Para explicar su postura contraria, Argimón utiliza dos de los argumentos más reiterados por quienes se oponen a la recolección de firmas, principalmente desde el Frente Amplio (FA). "Para quienes no lo saben, la baja de imputabilidad en nuestro país ya se efectuó con la sanción del último Código de la Niñez y Adolescencia [que establece penas desde los 13 años], además se estableció un proceso penal para los adolescentes en conflicto con la ley con medidas privativas de libertad y socio educativas", recuerda Argimón. Además, la dirigente del PN considera que la "creciente inseguridad ciudadana claramente tiene que ver con los adultos, quienes directa o indirectamente, utilizando adolescentes cometen delitos" y agregó que para demostrarlo "alcanza ver el número de reclusos adultos en las cárceles".

No obstante, también cuestiona al FA por su responsabilidad como partido de gobierno. "La institucionalidad no acompañó con los cambios necesarios las exigencias del nuevo código. Y ahí evidentemente hay un notorio fracaso, especialmente del FA, que durante mucho tiempo, siendo oposición, indicaba que tenía claro el rumbo a seguir en políticas de infancia y cuando llegó al poder no sostuvo, en lo que tiene que ver con la adolescencia infractora, un solo proyecto de resultados existosos", señala. Sin embargo, reconoce que "los tiempos cambiaron, que hay violencia en la sociedad toda y que, por tanto, también los adolescentes son más violentos, también es cierto que las políticas públicas hacia ese sector de la sociedad han fracasado". "Yo tampoco firmo porque quiero que el sistema se haga cargo de estos jóvenes que también son víctimas", culmina Argimón.

Falsas asociaciones

La Red Nacional contra la baja de la edad de imputabilidad en el Uruguay es un espacio que funciona los viernes, y que generalmente se reúne en sindicatos y sedes de organizaciones sociales. Han asistido delegados del PIT-CNT, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la Coordinadora de Estudiantes de la Enseñanza Media, Ielsur, Gurises Unidos, el Comité por la Defensa de los Derechos del Niño y de las juventudes partidarias del Frente Amplio. Han tenido una participación activa los sindicatos más vinculados a la temática, como el que nuclea a los funcionarios policiales, a los del INAU y a los judiciales. También se han integrado a la coordinación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, cuyo principal referente es el dirigente Diego Fau. "La campaña de Pedro es un disparate gigantesco; para un batllista es imposible acompañar esa idea", dijo Fau a la diaria.

Un documento de esta red de organizaciones sociales y políticas, que incluye ocho puntos de acuerdo entre sus impulsores, propone realizar una campaña "respetuosa", que sea capaz de advertir a la ciudadanía sobre los riesgos "que supone la eventual baja de la edad de imputabilidad, buscando desarticular la falsa asociación entre inseguridad y adolescencia". "La baja no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Los países que han implemento estas medidas no han tenido como resultado un aumento de la seguridad. Por lo contrario, las políticas de mano dura han demostrado especializar y profundizar la violencia", agregan.

En el documento citan datos del departamento estadístico de la Suprema Corte de Justicia, que revelan que apenas 5,9% de los procesamientos en el país corresponde a infracciones cometidas por adolescentes y que 2% del total de delitos cometidos por adolescentes es "contra la persona", mientras que 98% es "contra la propiedad, hurtos o rapiñas". "En 2009 hubo en nuestro país 13.709 denuncias por violencia doméstica, y 32 mujeres muertas, 22.784 accidentes de tránsito con 467 víctimas fatales y 548 suicidios. ¿Son los y las adolescentes los responsables del dolor y del peligro?", señalan. Ayer, además, se reunió nuevamente la comisión integrada por decanos del área social de la Universidad de la República, quienes están elaborando un documento con insumos técnicos contrarios a la propuesta de extender el régimen penal adulto. Ese material será discutido el martes 7 de mayo por el Consejo Directivo Central de la Udelar, aunque el rector, Rodrigo Arocena, ya adelantó su postura contraria a la idea que lanzó Vamos Uruguay, a la que luego adhirieron los sectores nacionalistas más cercanos a Luis Alberto Lacalle.

La regla del 30

Diego Fau, de la agrupación colorada Hugo Batalla, recordó que 30% de los convencionales del Partido Colorado rechazó en la orgánica partidaria la campaña de recolección de firmas que desde un primer momento impulsó el sector liderado por Pedro Bordaberry. Para Fau, ese porcentaje refleja la existencia de una "sensibilidad interna" que no está de acuerdo con la mayoría de los planteos que se hacen desde Vamos Uruguay. "Es un número que se ha repetido en las últimas instancias importantes, hay un 30% de votantes colorados que apoyaron a [José] Mujica en la segunda vuelta electoral, y estimamos que un 30% de los votantes del PC ensobraron la papeleta rosada", afirmó.

Fuente: La Diaria

El decano de la facultad de Psicología, Luis Leopold admitió que el grupo de académicos entiende que no es buena cosa bajar la edad de imputabilidad, y que en ningún caso donde se ha aplicado, ha dado resultados positivos.

La recolección de firmas por la baja de edad de imputabilidad generó un movimiento de académicos de la Universidad de la República que empezó una contracampaña en la que se proponen entablar un “debate informado”.

Los académicos entienden que la situación de inseguridad no es tan grave como la están transmitiendo los promotores de la campaña.

Este lunes se reunieron los decanos de las facultades de Derecho, Dora Bagdasarian, Ciencias Sociales, Susana Mallo, Psicología, Luis Leopold, y de Humanidades, Álvaro Rico, para luego, dentro de unas semanas, redactar una declaración que será sometida a juicio del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad.

El movimiento parte de la base de que la situación de inseguridad no es tan grave como la plantean los promotores de bajar la edad de imputabilidad y sostienen que ese no es el camino.

Hace un mes que, encomendados por el CDC, los decanos se reúnen para discutir el tema de la baja de la imputabilidad y sus eventuales consecuencias.

Hace una semana se organizó una actividad con ponencias de expertos sobre el tema en el Paraninfo de la Universidad, por ejemplo.

El Espectador dialogó con Luis Leopold, decano de la facultad de Psicología, quien prefirió no hablar de “contracampaña”. Dijo que a pedido del CDC, buscan sumarle argumentos al debate sobre la baja de imputabilidad y la inseguridad para enriquecer la discusión.

Al respecto Leopold aludió al artículo 2 de la Ley Orgánica que dice que la Universidad tiene que contribuir al análisis de interés general de la población.



Leopold admitió que el grupo de académicos entiende que no es buena cosa bajar la edad de imputabilidad, y que en ningún caso donde se ha aplicado, ha dado resultados positivos.

El decano de Psicología argumentaba de esta forma:

“Internacionalmente esta asumido y respetado por muchos países la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Uruguay esta suscripto, este es un primer elemento a tener en cuenta”, declaró Leopold, el cual agregó que “el proceso de responsabilización de los sujetos, ese proceso tan complejo de construir, en adolescentes y jóvenes, es otro elemento a procesar” y “tiene que apelar a la sanción cuando se infringen acuerdos sociales”.

Ese proceso justamente “tiene que estar vinculado con un proceso educativo que no pasa por tratar a esos niños y jóvenes como si fueran adultos”, señaló.

Leopold entiende que someter a los menores infractores al mismo recinto donde están recluidos los delincuentes adultos es acercarlos a que perfeccionen sus estrategias delictivas en vez de reformarlos.

Un estudio reciente de la empresa Interconsult, publicado por el matutino Últimas Noticias, sostiene que la inseguridad pública es la principal preocupación de los uruguayos. El 67% lo puso en ese lugar, entre otros problemas.

El decano de Psicología dijo que el movimiento no minimiza esta sensación ni culpa a los medios de ese efecto.

“Las medidas como bajar la imputabilidad para menores no han aportado la solución, es mas genera situaciones para su incremento, nosotros no desconocemos los problemas de clima pero insistimos que esta medida no es solución”, agregó Leopold.

“El foco se pone sobre adolescentes y jóvenes como no se hace en los adultos, lo cuales para nosotros es un error porque éstos últimos son los responsables de no menos del 95% de las acciones delictivas”, sentenció.

El diario El Observador dijo que este grupo de académicos invitó al gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a los Jóvenes en Infracción (Semeji) del Inau, Rolando Arbesún, quien es además docente de la Facultad de Psicología, y mantuvo algunas discrepancias con el enfoque y algunos argumentos del grupo.

Leopold señaló que Arbesún fue a la primera reunión y luego no concurrió más, pero que él no advirtió tales diferencias.

Desde hace un mes este grupo estudia informes y escucha voces expertas en procura de elaborar un documento que se hará público dentro de algunas semanas, luego de someterlo a la aprobación del CDC de la Universidad.

Fuente: El espectador

El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, se lanzó con armas y bagajes a la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La iniciativa necesita 250 mil firmas para habilitar una votación simultánea con las elecciones de 2014. Según las versiones de prensa lleva 70 mil firmas reunidas. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución; es más, ni siquiera procura serlo.

Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos.

Primero.- El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayó en varios países del mundo y fracasó. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la “Mano dura” y después la “Súper Mano dura” y sólo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes, por lo cual no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su “Tolerancia Cero” impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial; tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros ha empeorado.

Segundo.- La campaña de Bordaberry parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef , “el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados `infracciones gravísimas a la ley´ - homicidio, violación, rapiña, secuestro – y hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aun como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito”. Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad. Lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Eso contraviene todas las normas internacionales y además, vale reiterarlo una vez más, donde se hizo, fracasó.

Tercero.- Hay 260 mil adolescentes en Uruguay, mientras los que están en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%; el 94.4% restante es protagonizado por mayores. El número de delitos cometidos por menores se ha mantenido estable, aunque ha crecido respecto de los registros históricos. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del INAU, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la reinserción. Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales. Algunos quieren que se mantengan de modo completo; ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo. Otros lo consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto, que es, reiteramos el principal problema en cuanto a los menores infractores.

Cuarto.- Bordaberry integró como Ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita, enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza, multiplicaron el desempleo y la deserción estudiantil. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. La juventud uruguaya hoy, a pesar de todos los avances, es uno de los sectores más golpeados de la sociedad. De los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años. El 17,9% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los índices de pobreza e indigencia son entre los jóvenes casi el triple que los nacionales. Bordaberry lo único que propone es represión. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes: primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión.

Quinto.- La violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, incluso sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con su concepción y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales; su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria. De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población.

El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo; cómo integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos.

Fuente: El Popular

El Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsará una campaña contra el endurecimiento de las penas para los niños y los adolescentes, y para expresar su “preocupación” por las intenciones de algunos actores políticos de colocar a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad pública.

“Este año hubo una campaña muy fuerte de criminalización de los menores, con el apoyo de los grandes medios, y resolvimos plantear una contraofensiva en el debate público sobre minoridad”, comentó Gastón González, responsable de prensa de la FEUU. Los estudiantes plantearán este tema en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).

La FEUU, junto a otras organizaciones sociales como el Comité de los Derechos del Niño y la Asociación Nacional de Ong orientadas al desarrollo, realizaron un pronunciamiento público contra “el endurecimiento de los sistemas penales hacia los niños, las niñas y los adolescentes”, y específicamente, contra la baja de la edad de imputabilidad, el establecimiento de mayores tiempos de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes.

Allí señalan que las “políticas de mano dura” que se están proponiendo no significan una “respuesta adecuada”, y que no hay datos “de fuentes confiables y serias” que avalen el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes. Sin embargo, según afirman, lo que sí está avalado “por abundantes cifras y fuentes indiscutibles” es que los niños y los adolescentes son “las principales víctimas de la violencia”. “Ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado; por el contrario, generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema”, afirman, al tiempo que critican a los actores políticos “que apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países en los que se implementaron iguales medidas”.

El actual contexto, según sostienen las organizaciones, coloca en un “puñado de adolescentes” la responsabilidad de los problemas de seguridad, y de esa manera “se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos”. Concluyen que todos los objetivos que se plantean las medidas legislativas propuestas “pueden ser alcanzados mediante la cabal aplicación de las leyes vigentes” y “el correcto funcionamiento de las instituciones existentes”.

Vinculado a este tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, afirmó ayer que el mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad violaría convenios internacionales suscriptos por Uruguay. Citado como especialista por la comisión especial creada por el Parlamento para analizar la legislación relativa a la seguridad pública, y en especial la cuestión de los niños y adolescentes infractores, Chediak manifestó que una medida de este tipo incumpliría “una fortísima recomendación vinculante de las Naciones Unidos”, que sugiere la reserva de esa información. El magistrado agregó que el mantenimiento de los antecedentes violaría también el Código del Niño, que es “un poco más radical” porque plantea directamente que esa información debe eliminarse.

La propuesta para mantener los antecedentes de los menores surgió del propio gobierno. “No de todos, pero sí de quienes cometieron delitos muy graves y muy repetidos, yo creo que tienen que mantenerse [los antecedentes]”, manifestó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Fuente: La Diaria