Comunicado de Prensa

Informe 2010
Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva

Profesionales de la salud y salud sexual y reproductiva “Estudio sobre percepciones, valores y prácticas”

El próximo jueves 5 de Mayo de 2011 a las 9.30 horas, MYSU presenta el Informe 2010 del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, en el salón de actos de la UPAEP (Barrios Amorín 870 esq Cebollatí).

Presentarán el informe Alejandra López y Lilian Abracinskas, directoras de MYSU. Participarán de la actividad el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker y la Directora de la Red de Atención Primaria de de ASSE en Montevideo, Dra. Alicia Sosa, en cuyos servicios se realizó el estudio. De parte de las agencias de Naciones Unidas, intervendrá la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay y Fernando Filgueira, representante auxiliar de UNFPA.

El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva es un programa de generación sistemática de información para el ejercicio calificado del monitoreo ciudadano en la agenda nacional en salud sexual y reproductiva creado por MYSU en el año 2007, el cual cuenta con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y desde 2008, ha sido declarado de interés ministerial por parte del Ministerio de Salud Pública.

Durante los años 2008 y 2009 elaboró informes sobre el estado de implementación de las normas y guías clínicas vigentes en el país en distintos componentes de la salud sexual y reproductiva (SSR) mediante la instrumentación de estudios en base a diseños complejos que recogieron información desde la perspectiva de mujeres usuarias de ginecología y de mujeres hospitalizadas en situación de puerperio inmediato; profesionales de la salud; directores de servicios y observación directa de instalaciones.

En 2010 optó por colocar el foco en las prácticas profesionales de quienes se desempeña en los servicios de salud públicos del primer nivel de atención de ASSE en Montevideo partiendo de la hipótesis que los recursos humanos en salud y en particular las prácticas profesionales constituyen un escenario privilegiado para identificar y conocer tanto las barreras como las potencialidades de transformación del modelo de atención.

El documento busca servir de insumo y orientación para el desarrollo e implementación de políticas y programas en SSR tomando en cuenta el factor humano y las lógicas ‐ prácticas que determinan el desempeño de los profesionales de la salud y sus posicionamientos frente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y varones. Allí radica una de las principales dimensiones para el cambio del modelo de atención.

Enviado por MYSU

“Se incita a la venganza demagógica”

El juez de la Corte Suprema señala que su libro, producto de casi tres décadas de estudio y reflexiones, no obedece sólo a razones académicas, sino a un “objetivo político-social”: el de desafiar a la “criminología mediática”.

“Me siento francamente abrumado”, suspiró el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, mientras hacía un paneo por las casi mil personas que lo habían ido a escuchar. “Empiezo a sentir miedo de lo que escribí”, bromeó. Con la misma acidez y un gran sentido del humor, se tomó media hora para explicar que La palabra de los muertos, el producto de casi tres décadas de estudio y reflexiones, no obedece sólo a razones académicas, sino a un “objetivo político-social”: el de desafiar a la “criminología mediática”, aquella que pinta un mundo amenazado exclusivamente por el delito común y el terrorismo; aquella que se construye desde los medios de comunicación, al servicio del poder y de un modelo de “Estado gendarme” o “policial” de raíces estadounidenses, que infla el miedo, alimenta la paranoia, estigmatiza e instala la creencia de que la única salida está en respuestas vengativas como encerrar, castigar, reprimir y ajusticiar.

La fuerza de ese paradigma, dice Zaffaroni, ha vuelto invisibles a los muertos en las mayores masacres, que –sin embargo– son ejecutadas por el propio Estado y que abarcan no sólo casos como el genocidio armenio, el holocausto, las matanzas en Ruanda, Somalia o Irak –entre otras decenas–, sino lo que llama “masacres por goteo”, más lentas pero no menos destructivas, donde entran desde las torturas, los muertos en las cárceles, hasta las víctimas del uso irresponsable de armas y las ejecuciones sin proceso. Son homicidios de seres indefensos, pero no entran en las estadísticas, según advierte. Por eso propone una “criminología cautelar”, capaz de prevenir la multiplicación de las masacres, “preservar la vida humana” y propiciar una “sociedad inclusiva” corriendo el foco de “la exaltación del poder punitivo”.

A juzgar por el poeta Juan Gelman, La palabra de los muertos. Conferencias de criminología cautelar (Ed. Ediar), más que un libro es “una hazaña”, según describió en el prólogo. “¿Es posible cambiar la criminología, el derecho y el sistema penales y los modelos de policiales para prevenir, impedir o moderar la violencia del poder y, en consecuencia, reducir la punición a lo estrictamente necesario sin recurrir a la fábrica de cadáveres?”, se pregunta Gelman, y anuncia que “el autor piensa que sí, que hay que hacerlo”, e invita a leer la obra. Zaffaroni la escribió “en lenguaje coloquial”, para que la pueda leer quien quiera, explicó ante la multitud que lo fue a escuchar en la Feria del Libro. “Este deseo de que trascienda obedece a que vivimos una época en que hay una tremenda construcción mediática de la realidad”, alertó. “Una construcción peligrosa, paranoica. Es como si los curanderos se hubiesen apoderado de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación y la ciencia médica se hubiese quedado en la Facultad de Medicina encerrada, o los políticos construyesen hospitales, o no, o hiciesen campaña de vacunación según lo que dicen los curanderos”, ironizó.

Zaffaroni fue ovacionado ante cada definición, y festejado con risas sonoras ante cada comentario mordaz. “El título del libro no es una propaganda de una empresa de pompas fúnebres”, sonrió. “La única verdad es la realidad y la única verdad de la criminología son los muertos. Sucede que la criminología se ocupó de todos los delitos y del poder punitivo pero se olvidó de las masacres. Olvidó que los estados cometieron más de 100 millones de homicidios calificados por lo menos por alevosía. Mataron a dos personas de cada cien. ¿Qué índice de homicidios hay en Argentina? Menos de 6 por cada 100 mil habitantes”, contrastó. “En los países donde se cometieron genocidios, esos muertos quedan fuera de las estadísticas criminales. ¿Y quién los mató? El Estado, el poder punitivo, el mismo que tenía que haber preservado la vida. Fueron la policía, la Gestapo, la Kgb, y cuando no los mató la policía los mató el Ejército, pero no en guerra, en función policial.” El libro dice que estos muertos son “los desaparecidos de la criminología y su consorte, el derecho penal”.

En el amplio escenario de la Sala Jorge Luis Borges, entre luces brillantes y coloridas, el juez supremo estuvo acompañado por el ex ministro de seguridad bonaerense León Arslanian, el abogado y militante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Pedro Paradiso Sottile y el periodista Víctor Hugo Morales. El moderador fue el catedrático guatemalteco Landelino Franco, a quien llenó de elogios.

Paradiso contó que al leer el libro se ubicó rápidamente a sí mismo “en el lugar de los muertos”, “en el lugar de la marginación”. “La medicina decía que éramos enfermos, peligrosos, se preguntaba si teníamos el cerebro más pequeño. Y tampoco estamos hablando sólo de la inquisición, sino del año pasado, cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario.” Paradiso citó cifras elocuentes: “hay ochenta países que criminalizan la homosexualidad con prisión y siete con pena de muerte”.

“El poder es ser dueño de la verdad”, citó Víctor Hugo a Maquiavelo. “No hay poder más grande y más peligroso que el que tiene el poder de la construcción de esa verdad”, dijo. Haciéndose eco de las afirmaciones de Zaffaroni –a quien llamó “el Maradona de la Justicia”–, sostuvo que esa construcción llega al punto de lograr que se legisle en función de ella. Refrescó un informe de la BBC que dice que “en Argentina hay poca violencia y mucha preocupación”. E ilustró con una anécdota del pueblo de Laprida, donde mucha gente anda en bicicleta, la deja en la calle y sin cadena, duerme con la puerta de su casa sin llave y sin embargo, cuando les preguntan cuál es su principal problema, dicen “la inseguridad”.

Arslanian, a quien Zaffaroni recordó conocer “desde que teníamos nuestros modestos juzgaditos de sentencia en un corredor que parecía un supermercado”, hizo una exposición más teórica y se ocupó de resaltar nociones clave del texto: “la criminología mediática tiene una finalidad política para defender modelos económicos determinados, contrarios a la distribución”, e “instala demandas de ley y orden”. “El poder punitivo se apropia del problema de la víctima y se convierte en una traba para resolver el conflicto”, y así es como “los Estados cometieron más homicidios que todos los homicidas del planeta”.

“El peligrosímetro manda a matar toda sombra que se mueva, los grandes medios de comunicación son grandes miedos”, dice el escritor Eduardo Galeano en la contratapa. Zaffaroni, antes de empezar a hablar, le regaló un sentido agradecimiento, igual que a Gelman. Miró a la multitud y nombró a todos sus colaboradores, a Estela Carlotto, al procurador Esteban Righi, ministros (estaba Amado Boudou), a la defensora General Stella Maris Martínez, a legisladores (estaban Diana Conti y Fernando Navarro entre otros), a Lita Boitano y hasta a su custodio de treinta años, César López. Entre el público estaban hasta los mozos de la Corte.

Zaffaroni precisó que “la criminología mediática” que “incita a la venganza demagógica”, “a liberar al poder punitivo de los controles” y “que busca ponernos en el camino de las masacres” es un producto nacido en Estados Unidos, pero a esta altura es un fenómeno mundial, que se reproduce tanto en América latina como en Europa. “Es el modelo de Reagan-Bush –explica– que propone un Estado gendarme, que es excluyente y tiene por función mantener a los excluidos a raya”, y que sucedió al de Franklin Roosevelt, que “era incorporativo y pretendió establecer el Estado social”. “Hoy la publicidad del enorme aparato penal de EE.UU. recorre el mundo; hace que uno de cada cien norteamericanos esté preso. Hay más de dos millones de presos. Tres millones controlados por el sistema penal y tres millones trabajando para ese sistema, lo que implica que además es una variable de empleo y desempleo”, insiste. Y concluye que la discusión de fondo es entre esos dos modelos. “El del Estado social de derecho puede fallar. Pero el Estado gendarme invariablemente termina mal. El excluido un día empieza a resistirse, entonces el gendarme lo mata, o el excluido vence al gendarme y se arma un caos”, vaticina. La decisión, advierte, es entre profundizar los “modelos democráticos”, de “estado de bienestar” y de “una sociedad inclusiva”, o poner en jaque el estado de derecho.

Irina Hauser

Fuente: Página 12

Foto: Eduardo Santillán T./Presidencia de Ecuador

Con virulencia e inusual cohesión en el objetivo común de desacreditar al gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, los medios de prensa opositores demuestran hoy la afirmación oficial de ser los principales adversarios de la Revolución Ciudadana.

Convertida en una campaña donde se juega la relegitimación de Correa, luego de ganar cinco elecciones seguidas después de asumir el poder el 2007, la consulta popular pretende combatir a fondo el principal argumento de la oposición: la inseguridad ciudadana.

De las 10 preguntas a consulta el próximo sábado 7 de mayo, cinco tienen carácter de referendo pues implican reformas a la Constitución aprobada en Montecristi el 2008, precisamente a propuesta de la triunfante Revolución Ciudadana.

Esas primeras cinco pretenden dar un adiós a la actual impunidad de los delincuentes ante jueces corruptos y mecanismos que favorecen la liberación de criminales, evitar los conflictos de intereses y reformar radicalmente el ineficiente sistema judicial.

Las otras cinco interrogantes ponen un freno al enriquecimiento ilícito privado, protegen a los jóvenes con la prohibición de casinos y salas de juego y de los espectáculos que tienen como finalidad dar muerte al animal.

También establecen la necesidad de una ley de comunicación que regule, mediante un consejo la difusión, contenidos lesivos a la niñez en determinados horarios y otra que tipifique como delito la no afiliación de trabajadores al seguro social por sus empleadores.

La manipulación mediática del contenido de la consulta, pretende presentar el voto por el sí a las primeras preguntas como estar de acuerdo en permanecer preso en forma indefinida, o la imposibilidad de obtener fianza u otra medida sustitutiva, cuando realmente las preguntas dicen otra cosa.

Resulta diferente que la prisión preventiva no caduque por maniobras provocadas por la persona procesada o sus abogados, como ha ocurrido en más de cuatro mil casos en Ecuador en los últimos tiempos, o que delitos graves, como asesinato o violación, no sean merecedores de fianzas.

En miles de folletos distribuidos en todo el país el evitar conflictos de intereses entre empresas de comunicación privadas y los grandes bancos o empresas que manejan el poder económico, lo presenta la oposición como un adiós a la libertad económica y de trabajo.

Las preguntas cuatro y cinco referidas a la reestructuración del sistema judicial, pese a establecer claramente procedimientos transparentes para ello con observadores imparciales y control social, la oposición lo muestra como nombrar jueces a dedo y supeditación de la justicia al Ejecutivo.

El tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado es presentado a la población no familiarizada con términos legales como que "para el gobierno todos somos sospechosos", en tanto lo de los casinos y juegos de azar son una "limitación a nuestras libertades".

Para entender el trasfondo de esta contienda electoral que ha logrado dividir el espectro político entre quienes apoyan al gobierno y quienes se oponen es preciso remitirnos a los actores de esta batalla y al principal escenario en que se libran los enfrentamientos.

El Presidente Rafael Correa, como promotor de la consulta y líder del gobernante Movimiento Alianza PAIS, se ha multiplicado para explicar cara a cara en todos los rincones de Ecuador los beneficios de votar por el Sí frente a la labor sistemática de los medios opositores llamando al No.

La popularidad de Correa ha inclinado las encuestas hacia una previsible victoria del Sí, mientras la oposición combinada de muchos medios de prensa privados, sus aliados estratégicos internacionales y la oligarquía nacional, utilizan todos sus recursos por el No.

Una reciente denuncia del gobierno puso en evidencia el entramado que une a los dueños de los principales medios de prensa con el capital financiero privado, los grandes negocios y los causantes de la crisis bancaria de 1999, que estafó al país miles de millones de dólares.

Parte importante de la población tiene información sesgada del contenido de la consulta popular dado el peso que tienen los medios radiales y televisivos en el país, en tanto las obras realizadas por el gobierno durante cuatro años constituyen su principal abogado defensor.

Pese a la avalancha mediática en contra de Correa y su gobierno, desempolvando incluso viejos cables de Wikileaks en el infructuoso intento de desacreditarlos, la popularidad del Mandatario inclina a su favor la mayoría de las encuestas.

Sin embargo, en algunos lugares la acción combinada de los partidos y fuerzas de la oposición con los medios locales de prensa ha logrado incrementar ligeramente el No en las encuestas.

El resultado de la votación de 11,2 millones de ecuatorianos el próximo sábado será, sin dudas, un indicador del respaldo al gobierno de la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones presidenciales del 2013.

Pero también esta campaña anticipó las acciones a que están dispuestos quienes pretenden impedir la anunciada radicalización de la Revolución, y puso de nuevo sobre el tapete las lecciones del fallido intento golpista del pasado 30 de septiembre.

Así lo entendió el gobernante Movimiento Alianza PAIS al poner entre sus primeras prioridades la organización nacional del millón y medio de afiliados mediante una estructura ágil y movilizadora desde las propias bases, y en la voluntad reiterada del Ejecutivo a favor de las mayorías humildes.

También lo entendieron los opositores y sus auspiciadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al intentar que los medios privados de la prensa opositora y un sector de la iglesia jueguen con este gobierno el mismo papel que contra el general Eloy Alfaro en 1912.

El próximo sábado se librará una gran batalla en las urnas, definitoria de lo que será el 2012 como año pre-electoral en Ecuador y de la voluntad popular de cambiar el país en función de los intereses de las grandes mayorías.

Pedro Rioseco

Fuente: PL

Foto: Hilda Mujica

Barcelona, 2 may (EFE).- El periodista uruguayo Roger Rodríguez ha afirmado que la función de los periodistas es "desenmascarar" y "tratar de llegar a la verdad" para que se cumpla "el derecho a estar informado", al recibir hoy en Barcelona el Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica.

"Cuando se sabe la verdad, se exige la justicia", ha manifestado Rodríguez en su intervención en un acto celebrado en la sede de la Fundación Casa América Cataluña con motivo de la entrega del galardón, que cumple este año su sexta edición, y en presencia del embajador de Uruguay en España, Carlos Pita.

El Premio, dotado con 6.000 euros, tiene como objetivo reconocer la tarea de medios de comunicación colectivos o profesionales que se distinguen en el ejercicio del periodismo orientado hacia la defensa de las libertades de expresión, información y opinión en la comunidad iberoamericana.

"Para mi el periodismo es mi forma de vivir", ha subrayado Rodríguez, cuya labor, desde hace años, ha sido investigar y denunciar los abusos a los derechos humanos, los casos de asesinatos, torturas y traslados clandestinos de personas ocurridos durante la dictadura en su país y otras naciones de la región.

El periodista, que en la actualidad investiga para la Fundación Mario Benedetti casos de violaciones de derechos humanos y escribe para la revista Caras&Caretas de Montevideo, ha reivindicado la necesidad de buscar la verdad y dar "contenido" a la información, aportar los elementos para que los ciudadanos "piensen".

Rodríguez, que ha denunciado los "oligopolios" de los medios y una "cultura de la impunidad", ha pedido para su país la anulación de la Ley de Caducidad para que comience "la transición final".

En declaraciones a Efe, el periodista ha subrayado que esa ley, cuya derogación es objeto de debate y polémica en Uruguay, "institucionaliza la impunidad".

"Si no existe esta ley, terminaremos el proceso de transición interno", ha considerado, antes de agregar que "hay que cambiar la cultura de la impunidad por la cultura de los derechos humanos".

"La ley ya no funciona; hay militares que han sido ya juzgados.

Lo que implica la anulación de la ley de caducidad es un acto de justicia histórico; hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Uruguay, como país firmante, a anular esa ley", ha subrayado.

Sobre la concesión del premio que le ha sido entregado hoy, Rodríguez ha indicado que se trata de "un premio importantísimo" que le llega en un "momento de tensión" y cuando ha recibido amenazas de forma "más sutil y cruel" que, dijo, en otras ocasiones.

"Una cosa es el insulto telefónico. Otro el método Juarez, Colombia. Se te insulta públicamente y se publica el plano de tu domicilio. Es una incitación. Más grave que una amenaza directa", ha destacado.

El pasado febrero, la organización militar "Foro de Libertad y Concordia" publicó en su página de Facebook insultos contra el periodista además de sus datos personales, dirección y mapa de su residencia.

Diversas asociaciones y organismos de prensa, entre ellos la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitieron comunicados de condena a estas amenazas y de solidaridad con el periodista.

"Sin verdad no habrá justicia", ha insistido hoy en el acto en el que ha recibido una litografía del caricaturista argentino Miguel Repiso, Rep, de manos de Antoni Traveria, director general de Casa América Cataluña, institución que celebra este año su centenario, y de Manel Vila, representante del Ayuntamiento de Barcelona.

En opinión de Roger Rodríguez, "en materia de derechos humanos no hay nada negociable".

"Yo creo en la verdad. Yo trato de encontrar verdades.Investigo para que se sepa. Una vez se sabe, que llegue a quien corresponde hacer justicia, pero sin trabas", ha señalado.

Y ha añadido: "Exijo la libertad de expresión; la libertad de juzgar, con todos los derechos. Los políticos que hagan lo que tengan que hacer".

Fuente: Efe

El diputado del Frente Amplio Felipe Michelini respondió a los dichos del vicepresidente Danilo Astori, quien declaró preferir la alternativa de la derogación de la Ley de Caducidad. Michelini dijo a Montevideo Portal que derogar la ley no permitiría esclarecer los delitos incluidos en la Caducidad.

El vicepresidente Danilo Astori se mostró afín a derogar la Ley de Caducidad y crítico la decisión del Frente Amplio de preferir anularla, alegando que "está en juego la credibilidad del Frente". Las declaraciones del ex ministro se produjeron en una entrevista con el diario El País, el sábado 30 de abril.

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio Felipe Michelini es contrario a la posición del vicepresidente, y explicó que la visión de Astori no es la que prima dentro del partido de gobierno: "acá hay una resolución del Plenario Nacional que establece que se vote este proyecto, por lo que va todo en todo en dirección de anular la ley".

Michelini dijo que las declaraciones de Astori no ayudan a "clarificar las bondades de este proyecto de ley", pero añadió que "si hay aportes desde el Poder Ejecutivo serán bienvenidos".

Para el abogado y diputado, la alternativa de derogación no es la más conveniente, ya que sólo tendría efectos hacia el futuro. "Algunos dicen que derogar la ley bastaría para adecuar nuestro Derecho con el Derecho Internacional, pero yo creo que no, porque los jueces necesitan una ley clara, una ley interpretativa"

Michelini explicó cuál es, a su juicio, la diferencia fundamental entre anular y derogar. "Anular implicaría que la nueva ley comience a regir desde la fecha que el legislador establezca, mientras que derogar haría que la ley se aplicara sólo en el futuro. Es decir, hacia delante se aplica la nueva ley, pero hacia atrás se aplica la ley anterior".

El legislador fue categórico al decir que "derogar la ley significa que todo lo que se hizo con la ley anterior queda firme". De esta forma, Michelini dejó en claro que la alternativa de derogar la Ley de Caducidad, dejaría como están los casos que fueron incluidos dentro de ésta en el pasado.

Desde el PIT CNT

La propuesta de Astori también generó el rechazo del secretario general del PIT CNT, Juan Castillo, que dijo a Últimas Noticias que lo que dijo Astori "está en contradicción con lo que decidió la fuerza política". Incluso, el sindicalista se cuestionó si el vicepresidentes es conciente de sus declaraciones. "No creo que desconozca cuál fue la resolución de su fuerza política" comentó Castillo.

Fuente: Montevideo Portal

Grupos opositores a Muamar El Gadafi atacaron hoy posiciones gubernamentales en el oriente y occidente de Libia, apoyados por bombardeos de la OTAN, mientras seguidores del líder prometieron vengar el asesinato de su hijo.

Afianzados en la región de las Montañas Occidentales, cerca de la frontera con Túnez, los rebeldes libios prosiguieron su ofensiva contra el Ejército regular, a pesar de que registraron pocos avances debido al poder de la artillería terrestre.

Hombres pertenecientes a tribus bereberes armados con fusiles y otras armas afianzaron sus posiciones en los poblados de Zintan y Yafran, en inmediaciones de la localidad limítrofe de Dehiba, y atacaron a unidades subordinadas al Gobierno de Trípoli.

Sin embargo, informaciones sin confirmación independiente aseguraron que las tropas gubernamentales dispararon al menos 10 cohetes contra el norte de Zintan el lunes en la noche, con el fin de aislar esas zonas por donde se cree entran armas y otros suministros para los alzados.

Portavoces de la insurgencia describieron un panorama de desolación y hambruna allí supuestamente debido al sitio del Ejército, y retomaron los llamados del opositor Consejo Nacional de Transición (CNT) en Benghazi (este) para que la OTAN intensifique sus bombardeos.

Con el argumento de que "es necesario levantar el sitio a Zintan", un vocero identificado como Abdulrahman justificó que los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) serían "útiles" para destruir "objetivos claros" y ayudar al avance insurrecto.

Entretanto, fuentes leales a El Gadafi aseguraron mantener el control del aeropuerto en la también occidental ciudad de Misratah, la tercera de Libia que ha estado bajo intensos combates desde el inicio de la rebelión armada el pasado 15 de febrero.

Los rebeldes arreciaron el lunes sus ataques en un intento fallido por tomar la terminal aérea, y el CNT insistió en más ataques aéreos de la alianza atlántica sobre Misratah, mientras barcos dragaminas rondaron el puerto para remover dos minas sumergidas allí.

Por otro lado, una multitud de seguidores de El Gadafi se concentró ayer para el funeral de su hijo Saif Al-Arab, muerto el sábado durante un bombardeo de la OTAN contra su residencia en Trípoli, lo cual generó amplia condena internacional y represalias dentro del país.

Aunque el líder libio no fue visto en la procesión al cementerio capitalino Hani, Saif Al-Islam, el más conocido de sus siete hijos, asistió junto con su hermano mayor Mohammed para repudiar la acción en la que también perdieron la vida tres nietos del estadista norafricano.

Unas dos mil personas con banderas verdes y fotos del mandatario y su finado vástago acompañaron el ataúd mientras alzaban sus puños y pancartas en las que se leía "Todos estamos con Gadafi y Libia", a la vez que prometían vengar el asesinato.

Fuente: PL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba –qom navogoh– de la comunidad La Primavera, en Formosa. Mediante una resolución, firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por los y las integrantes del pueblo originario con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia (su mujer Amanda Asikaj fue tapa de LasI12 antes de que la represión matara a dos tobas qom en febrero del 2010) en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos integrantes de La Primavera. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, lo que ocasionó la pérdida de sus objetos personales y sus documentos.

Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado argentino que informara “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. La causa penal que se abrió luego de la represión (y la muerte de dos tobas qom) tramita ante la Justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

En estos momentos, algunos representantes de la comunidad (como Félix Díaz) que se encuentran realizando un acampe –desde el mes de diciembre del 2010– en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron una huelga de hambre y el martes cortaron la avenida 9 de Julio. Las mujeres y varones de La Primavera exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado nacional, el 30 de diciembre, por el cual el gobierno nacional se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad.

La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los originarios/as, el Estado federal y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los y las integrantes de la comunidad y sus representantes.

Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales

Fuente: Página 12