Foto: Hilda Mujica

Barcelona, 2 may (EFE).- El periodista uruguayo Roger Rodríguez ha afirmado que la función de los periodistas es "desenmascarar" y "tratar de llegar a la verdad" para que se cumpla "el derecho a estar informado", al recibir hoy en Barcelona el Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica.

"Cuando se sabe la verdad, se exige la justicia", ha manifestado Rodríguez en su intervención en un acto celebrado en la sede de la Fundación Casa América Cataluña con motivo de la entrega del galardón, que cumple este año su sexta edición, y en presencia del embajador de Uruguay en España, Carlos Pita.

El Premio, dotado con 6.000 euros, tiene como objetivo reconocer la tarea de medios de comunicación colectivos o profesionales que se distinguen en el ejercicio del periodismo orientado hacia la defensa de las libertades de expresión, información y opinión en la comunidad iberoamericana.

"Para mi el periodismo es mi forma de vivir", ha subrayado Rodríguez, cuya labor, desde hace años, ha sido investigar y denunciar los abusos a los derechos humanos, los casos de asesinatos, torturas y traslados clandestinos de personas ocurridos durante la dictadura en su país y otras naciones de la región.

El periodista, que en la actualidad investiga para la Fundación Mario Benedetti casos de violaciones de derechos humanos y escribe para la revista Caras&Caretas de Montevideo, ha reivindicado la necesidad de buscar la verdad y dar "contenido" a la información, aportar los elementos para que los ciudadanos "piensen".

Rodríguez, que ha denunciado los "oligopolios" de los medios y una "cultura de la impunidad", ha pedido para su país la anulación de la Ley de Caducidad para que comience "la transición final".

En declaraciones a Efe, el periodista ha subrayado que esa ley, cuya derogación es objeto de debate y polémica en Uruguay, "institucionaliza la impunidad".

"Si no existe esta ley, terminaremos el proceso de transición interno", ha considerado, antes de agregar que "hay que cambiar la cultura de la impunidad por la cultura de los derechos humanos".

"La ley ya no funciona; hay militares que han sido ya juzgados.

Lo que implica la anulación de la ley de caducidad es un acto de justicia histórico; hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Uruguay, como país firmante, a anular esa ley", ha subrayado.

Sobre la concesión del premio que le ha sido entregado hoy, Rodríguez ha indicado que se trata de "un premio importantísimo" que le llega en un "momento de tensión" y cuando ha recibido amenazas de forma "más sutil y cruel" que, dijo, en otras ocasiones.

"Una cosa es el insulto telefónico. Otro el método Juarez, Colombia. Se te insulta públicamente y se publica el plano de tu domicilio. Es una incitación. Más grave que una amenaza directa", ha destacado.

El pasado febrero, la organización militar "Foro de Libertad y Concordia" publicó en su página de Facebook insultos contra el periodista además de sus datos personales, dirección y mapa de su residencia.

Diversas asociaciones y organismos de prensa, entre ellos la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitieron comunicados de condena a estas amenazas y de solidaridad con el periodista.

"Sin verdad no habrá justicia", ha insistido hoy en el acto en el que ha recibido una litografía del caricaturista argentino Miguel Repiso, Rep, de manos de Antoni Traveria, director general de Casa América Cataluña, institución que celebra este año su centenario, y de Manel Vila, representante del Ayuntamiento de Barcelona.

En opinión de Roger Rodríguez, "en materia de derechos humanos no hay nada negociable".

"Yo creo en la verdad. Yo trato de encontrar verdades.Investigo para que se sepa. Una vez se sabe, que llegue a quien corresponde hacer justicia, pero sin trabas", ha señalado.

Y ha añadido: "Exijo la libertad de expresión; la libertad de juzgar, con todos los derechos. Los políticos que hagan lo que tengan que hacer".

Fuente: Efe

El diputado del Frente Amplio Felipe Michelini respondió a los dichos del vicepresidente Danilo Astori, quien declaró preferir la alternativa de la derogación de la Ley de Caducidad. Michelini dijo a Montevideo Portal que derogar la ley no permitiría esclarecer los delitos incluidos en la Caducidad.

El vicepresidente Danilo Astori se mostró afín a derogar la Ley de Caducidad y crítico la decisión del Frente Amplio de preferir anularla, alegando que "está en juego la credibilidad del Frente". Las declaraciones del ex ministro se produjeron en una entrevista con el diario El País, el sábado 30 de abril.

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio Felipe Michelini es contrario a la posición del vicepresidente, y explicó que la visión de Astori no es la que prima dentro del partido de gobierno: "acá hay una resolución del Plenario Nacional que establece que se vote este proyecto, por lo que va todo en todo en dirección de anular la ley".

Michelini dijo que las declaraciones de Astori no ayudan a "clarificar las bondades de este proyecto de ley", pero añadió que "si hay aportes desde el Poder Ejecutivo serán bienvenidos".

Para el abogado y diputado, la alternativa de derogación no es la más conveniente, ya que sólo tendría efectos hacia el futuro. "Algunos dicen que derogar la ley bastaría para adecuar nuestro Derecho con el Derecho Internacional, pero yo creo que no, porque los jueces necesitan una ley clara, una ley interpretativa"

Michelini explicó cuál es, a su juicio, la diferencia fundamental entre anular y derogar. "Anular implicaría que la nueva ley comience a regir desde la fecha que el legislador establezca, mientras que derogar haría que la ley se aplicara sólo en el futuro. Es decir, hacia delante se aplica la nueva ley, pero hacia atrás se aplica la ley anterior".

El legislador fue categórico al decir que "derogar la ley significa que todo lo que se hizo con la ley anterior queda firme". De esta forma, Michelini dejó en claro que la alternativa de derogar la Ley de Caducidad, dejaría como están los casos que fueron incluidos dentro de ésta en el pasado.

Desde el PIT CNT

La propuesta de Astori también generó el rechazo del secretario general del PIT CNT, Juan Castillo, que dijo a Últimas Noticias que lo que dijo Astori "está en contradicción con lo que decidió la fuerza política". Incluso, el sindicalista se cuestionó si el vicepresidentes es conciente de sus declaraciones. "No creo que desconozca cuál fue la resolución de su fuerza política" comentó Castillo.

Fuente: Montevideo Portal

Grupos opositores a Muamar El Gadafi atacaron hoy posiciones gubernamentales en el oriente y occidente de Libia, apoyados por bombardeos de la OTAN, mientras seguidores del líder prometieron vengar el asesinato de su hijo.

Afianzados en la región de las Montañas Occidentales, cerca de la frontera con Túnez, los rebeldes libios prosiguieron su ofensiva contra el Ejército regular, a pesar de que registraron pocos avances debido al poder de la artillería terrestre.

Hombres pertenecientes a tribus bereberes armados con fusiles y otras armas afianzaron sus posiciones en los poblados de Zintan y Yafran, en inmediaciones de la localidad limítrofe de Dehiba, y atacaron a unidades subordinadas al Gobierno de Trípoli.

Sin embargo, informaciones sin confirmación independiente aseguraron que las tropas gubernamentales dispararon al menos 10 cohetes contra el norte de Zintan el lunes en la noche, con el fin de aislar esas zonas por donde se cree entran armas y otros suministros para los alzados.

Portavoces de la insurgencia describieron un panorama de desolación y hambruna allí supuestamente debido al sitio del Ejército, y retomaron los llamados del opositor Consejo Nacional de Transición (CNT) en Benghazi (este) para que la OTAN intensifique sus bombardeos.

Con el argumento de que "es necesario levantar el sitio a Zintan", un vocero identificado como Abdulrahman justificó que los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) serían "útiles" para destruir "objetivos claros" y ayudar al avance insurrecto.

Entretanto, fuentes leales a El Gadafi aseguraron mantener el control del aeropuerto en la también occidental ciudad de Misratah, la tercera de Libia que ha estado bajo intensos combates desde el inicio de la rebelión armada el pasado 15 de febrero.

Los rebeldes arreciaron el lunes sus ataques en un intento fallido por tomar la terminal aérea, y el CNT insistió en más ataques aéreos de la alianza atlántica sobre Misratah, mientras barcos dragaminas rondaron el puerto para remover dos minas sumergidas allí.

Por otro lado, una multitud de seguidores de El Gadafi se concentró ayer para el funeral de su hijo Saif Al-Arab, muerto el sábado durante un bombardeo de la OTAN contra su residencia en Trípoli, lo cual generó amplia condena internacional y represalias dentro del país.

Aunque el líder libio no fue visto en la procesión al cementerio capitalino Hani, Saif Al-Islam, el más conocido de sus siete hijos, asistió junto con su hermano mayor Mohammed para repudiar la acción en la que también perdieron la vida tres nietos del estadista norafricano.

Unas dos mil personas con banderas verdes y fotos del mandatario y su finado vástago acompañaron el ataúd mientras alzaban sus puños y pancartas en las que se leía "Todos estamos con Gadafi y Libia", a la vez que prometían vengar el asesinato.

Fuente: PL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba –qom navogoh– de la comunidad La Primavera, en Formosa. Mediante una resolución, firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por los y las integrantes del pueblo originario con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia (su mujer Amanda Asikaj fue tapa de LasI12 antes de que la represión matara a dos tobas qom en febrero del 2010) en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos integrantes de La Primavera. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, lo que ocasionó la pérdida de sus objetos personales y sus documentos.

Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado argentino que informara “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. La causa penal que se abrió luego de la represión (y la muerte de dos tobas qom) tramita ante la Justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

En estos momentos, algunos representantes de la comunidad (como Félix Díaz) que se encuentran realizando un acampe –desde el mes de diciembre del 2010– en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron una huelga de hambre y el martes cortaron la avenida 9 de Julio. Las mujeres y varones de La Primavera exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado nacional, el 30 de diciembre, por el cual el gobierno nacional se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad.

La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los originarios/as, el Estado federal y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los y las integrantes de la comunidad y sus representantes.

Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales

Fuente: Página 12

Un signo más de los muchos que ilustran la profunda crisis moral de la “civilización occidental y cristiana” que Estados Unidos dice representar lo ofrece la noticia del asesinato de Osama Bin Laden. Más allá del rechazo que nos provocaba el personaje y sus métodos de lucha, la naturaleza de la operación llevada a cabo por los Seals de la Armada de los Estados Unidos es un acto de incalificable barbarie perpetrado bajo las órdenes directas de un personaje que con sus conductas cotidianas deshonra el galardón que le otorgó el Parlamento noruego al consagrarlo como Premio Nobel de la Paz del año 2009. De acuerdo con lo establecido por Alfred Nobel en su testamento esta distinción, recordémoslo, debía ser adjudicada, “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.” El energúmeno que anunció al pueblo estadounidense la muerte del líder de Al-Qaida diciendo que “se ha hecho justicia” es la antítesis perfecta de lo estipulado por Nobel. Un comando operativo es lo menos parecido al debido proceso, y arrojar los restos de su víctima al mar para ocultar las huellas de lo que se ha hecbo es propio de mafiosos o genocidas. Lo menos que debería hacer el Parlamento noruego es exigirle la devolución del premio.

En la truculenta operación escenificada en las afueras de Islamabad hay múltiples interrogantes que permanecen en las sombras, y la tendencia del gobierno de los Estados Unidos a desinformar a la opinión pública torna aún más sospechoso este operativo. Una Casa Blanca víctima de una enfermiza compulsión a mentir (recordar la historieta de las “armas de destrucción masiva” existentes en Irak, o el infame Informe Warren que sentenció que no hubo conspiración en el asesinato de Kennedy, obra del “lobo solitario” Lee Harvey Oswald ) nos obliga a tomar con pinzas cada una de sus afirmaciones. ¿Era Bin Laden o no? ¿Por qué no pensar que la víctima podría haber sido cualquier otro? ¿Dónde están las fotos, las pruebas de que el occiso era el buscado? Si se le practicó una prueba de ADN, ¿cómo se obtuvo, dónde están los resultados y quiénes fueron los testigos? ¿Por qué no se lo presentó ante la consideración pública, como se hizo, sin ir más lejos, con los restos del comandante Ernesto “Che” Guevara? Si, como se asegura, Osama se ocultaba en una mansión convertida en una verdadera fortaleza, ¿cómo es posible que en un combate que se extendió por espacio de cuarenta minutos los integrantes del comando estadounidense regresaran a su base sin recibir siquiera un rasguño? ¿Tan poca puntería tenían los defensores del fugitivo más buscado del mundo, de quien se decía que poseía un arsenal de mortíferas armas de última generación? ¿Quiénes estaban con él? Según la Casa Blanca el comando dio muerte a Bin Laden, a su hijo, a otros dos hombres de su custodia y a una mujer que, aseguran, fue ultimada al ser utilizada como un escudo humano por uno de los terroristas. También se dijo que dos personas más habían resultado heridas en el combate. ¿Dónde están, qué se va a hacer con ellas? ¿Serán llevadas a juicio, se les tomarán declaraciones para arrojar luz sobre lo ocurrido, hablarán en una conferencia de prensa para narrar lo acontecido? Por lo que parece esta “hazaña” pasará a la historia como una operación mafiosa, al estilo de la matanza de San Valentín ordenada por Al Capone para liquidar a los capos de la banda rival.

Osama vivo era un peligro. Sabía (¿o sabe?) demasiado, y es razonable suponer que lo último que quería el gobierno estadounidense era llevarlo a juicio y dejarlo hablar. En tal caso se habría desatado un escándalo de enormes proporciones al revelar las conexiones con la CIA, los armamentos y el dinero suministrado por la Casa Blanca, las operaciones ilegales montadas por Washington, los oscuros negocios de su familia con el lobby petrolero estadounidense y, muy especialmente, con la familia Bush, entre otras nimiedades. En suma, un testigo al que había que acallar sí o sí, como Muammar Gadafi. El problema es que ya muerto Osama se convierte para los yihadistas islámicos en un mártir de la causa, y el deseo de venganza seguramente impulsará a las muchas células dormidas de Al-Qaida a perpetrar nuevas atrocidades para vengar la muerte de su líder.

Tampoco deja de llamar la atención lo oportuna que ha sido la muerte de Bin Laden. Cuando el incendio de la reseca pradera del mundo árabe desestabiliza un área de crucial importancia para la estrategia de dominación imperial, la noticia del asesinato de Bin Laden reinstala a Al-Qaida en el centro del escenario. Si hay algo que a estas alturas es una verdad incontrovertible es que esas revueltas no responden a ninguna motivación religiosa. Sus causas, sus sujetos y sus formas de lucha son eminentemente seculares y en ninguna de ellas -desde Túnez hasta Egipto, pasando por Libia, Bahrein, Yemen, Siria y Jordania- el protagonismo recayó sobre la Hermandad Musulmana o en Al-Qaida. El problema es el capitalismo y los devastadores efectos de las políticas neoliberales y los regímenes despóticos que aquél instaló en esos países y no las herejías de los “infieles” de Occidente. Pero el imperialismo estadounidense y sus secuaces en Europa se desvivieron, desde el principio, para hacer aparecer estas revueltas como producto de la malicia del radicalismo islámico y Al-Qaida, cosa que no es cierta. Santiago Alba Rico observó con razón que en pleno auge de estas protestas seculares -anti-políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial- un grupo fundamentalista desconocido hasta entonces asesinó al cooperante italiano Vittorio Arrigoni, activista del Movimiento de Solidaridad Internacional, en una casa abandonada en la Franja de Gaza. Pocas semanas después un terrorista suicida hace estallar una bomba en la plaza Yemaa el Fna, uno de los destinos turísticos más notables no sólo de Marruecos sino de toda África, y mata al menos a 14 personas. “Ahora –continúa Alba Rico- reaparece Bin Laden, no vivo y amenazador, sino en toda la gloria de un martirio aplazado, estudiado, cuidadosamente escenificado, un poco inverosímil. ‘Se ha hecho justicia’, dice Obama, pero la justicia reclama tribunales y jueces, procedimientos sumariales, una sentencia independiente.” Nada de eso ha ocurrido, ni ocurrirá. Pero el fundamentalismo islámico, ausente como protagonista de las grandes movilizaciones del mundo árabe, aparece ahora en la primera plana de todos los diarios del mundo y su líder como un mártir del Islam asesinado a sangre fría por la soldadesca del líder de Occidente. La Casa Blanca, que sabía desde mediados de Febrero de este año que en esa fortaleza en las afueras de Islamabad se refugiaba Bin Laden, esperó el momento oportuno para lanzar su ataque con vistas a posicionar favorablemente a Barack Obama en la inminente campaña electoral por la sucesión presidencial.

Hay un detalle para nada anecdótico que torna aún más inmoral a la bravata estadounidense: pocas horas después de ser abatido, el cadáver del presunto Bin Laden fue arrojado al mar. La mentirosa declaración de la Casa Blanca dice que sus restos recibieron sepultura respetando las tradiciones y los ritos islámicos, pero no es así. Los ritos fúnebres del Islam establecen que se debe lavar el cadáver, vestirlo con una mortaja, proceder a una ceremonia religiosa que incluye oraciones y honras fúnebres para luego recién proceder al entierro del difunto. Además se especifica que el cadáver debe ser depositado directamente en la tierra, recostado sobre su lado derecho y con la cara dirigida hacia La Meca. ¿Con qué celeridad tuvieron que ser hechos el combate, la recuperación del cadáver, su identificación, la obtención del ADN, el traslado a un navío de la Armada estadounidense, situado a poco más de 600 kilómetros del suburbio de Islamabad donde se produjo el enfrentamiento y finalmente navegar hasta el punto donde el cadáver fue arrojado al mar como para respetar los ritos fúnebres del islam? En realidad, lo que se hizo fue abatir y “desaparecer” a una persona, presuntamente Bin Laden, siguiendo una práctica siniestra utilizada sobre todo por la dictadura genocida que asoló la Argentina entre 1976 y 1983. Acto inmoral que no sólo ofende a las creencias musulmanas sino a una milenaria tradición cultural de Occidente, anterior inclusive al cristianismo. Como lo atestigua magistralmente Sófocles en Antígona, privar a un difunto de su sepultura enciende las más enconadas pasiones. Esas que hoy deben estar incendiando las células del fundamentalismo islámico, deseosas de escarmentar a los infieles que ultrajaron el cuerpo y la memoria de su líder. Barack Obama acaba de decir que después de la muerte de Osama Bin Laden el mundo es un lugar más seguro para vivir. Se equivoca de medio a medio. Probablemente su acción no hizo sino despertar a un monstruo que estaba dormido. El tiempo dirá si esto es así o no, pero sobran las razones para estar muy preocupados.

Atilio Borón

Fuente: Rebelión

Tras la muerte del escritor argentino, autor del prólogo del Nunca Más, se reaviva la polémica en torno a la relación entre cultura y política. Un análisis de su rol en la configuración de la memoria oficial y la apropiación simbólica de la esencia democrática.

Ernesto Espeche*

El 15 de diciembre de 1983, menos de una semana después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín dictó el decreto 187 que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Tenía la expresa responsabilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En la Comisión estaban, entre otros, el cirujano René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y el escritor Ernesto Sábato.

El periodista Ulises Gorini dijo en su obra sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo que la mayoría de aquellos “notables” pertenecía a una variada y compleja franja de la población que, tras haber avalado en términos generales la “lucha anti-subversiva” –el genocidio-, se habían sumado tardíamente a la condena de la dictadura. “Incluso algunos habían prestado servicios al régimen, como Ruiz Guiñazú, encargada de prensa del Ministerio de Economía, o integrando la delegación que había concurrido a Malvinas después del desembarco argentino, como René Favaloro”.

Sábato era, entonces, la expresión de los que habían pensado que los militares habían venido a poner orden al caos del gobierno de Isabel Perón y la acción de la guerrilla, y en algún momento comenzaron a percibir la “desproporción” de la respuesta del régimen dictatorial, la “desviación de la legalidad” en la utilización de los métodos represivos, los “excesos” y las “víctimas inocentes”.

Los “notables” de la llamada etapa de la transición a la democracia forjaron y acompañaron la construcción de la memoria oficial. El filósofo José Pablo Feinmann hace referencia a esa lamentable funcionalidad: “el referente es alguien a quien la sociedad coloca en determinado lugar (…) Se trata de un pacto. La sociedad se reconoce en el referente porque éste reconoce a la sociedad, expresándola, el referente cree, no solo en la sociedad, sino muy especialmente en sí mismo. Cree que su palabra es necesaria (…) de aquí que siempre debe pronunciarla (…) Adquiere con el tiempo un aura de santo. Los valores de la sabiduría y la santidad lo constituyen (…) La sociedad le exige la palabra sabia, orientadora”.

Desde este enfoque, puede valorarse el papel jugado por Sábato en un momento clave de la historia reciente. “El prólogo del Nunca Más incurre en la exaltación del punto medio”. Así “se dibuja un país inocente que es asolado, herido desde los extremos: el extremo izquierdo y el extremo derecho. El referente mira y juzga desde el medio. El punto medio es el punto de la inocencia. Los demonios son los extremos”.

Con la creación de la comisión, Alfonsín eludió la responsabilidad de poner a cargo de las indagaciones e investigaciones al Parlamento, tal como lo habían solicitado los organismos de derechos humanos. Su tarea era desarrollar su investigación en un plazo perentorio de 180 días, según lo expresado por el decreto, “de modo de evitar que la dolorosa necesidad de investigar estos hechos sustraiga, más allá de cierto lapso prudencial, los esfuerzos que deben dirigirse a la tarea de afianzar en el futuro una convivencia democrática y respetuosa de la dignidad humana”.

Estaba en juego el canon de la memoria colectiva. Más allá de la repercusión pública de la Conadep, inseparable de su labor de denuncia del terrorismo de Estado, no se puede ocultar que su discurso imponía una interpretación de los hechos del pasado reciente que se sintetizaba en el mito de los dos demonios, una interpretación que no era la del poder militar, pero tampoco la del movimiento de derechos humanos.


Gorini explica que “el prólogo del Nunca Más, escrito por un hombre de sinuosa actuación bajo el régimen dictatorial, establecía una relación directa entre el genocidio y la actuación de los grupos armados de la izquierda más radicalizada de la década del setenta”. Durante esos años, sostenía Sábato, “la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Semejante afirmación no fue el resultado de alguna investigación efectuada por la Comisión, sino que era una estricta evaluación política del escritor, en sintonía con el discurso oficial. La idea de terrorismo incluía, en el informe, a las organizaciones armadas de la izquierda. El terrorismo, agrega Gorini, es una categoría que “se aplicaba a experiencias históricas diversas y servía para manipular identidades complejas, que de ningún modo eran equiparables, ni siquiera comparables. No bastaba que Sábato dijera que el terrorismo de Estado había sido infinitamente peor que el otro. No había comparación posible”.

El periódico de las Madres de Plaza de Mayo reflejó el informe Sábato con el título “Las trampas del Nunca Más”. En él se consignó que si bien la información recogida por la comisión revelaba que un porcentaje considerable de las víctimas de las desapariciones no eran guerrilleros, este aspecto no aparece considerado en el informe. Se había omitido indagar sobre la militancia de los desaparecidos y las causas de las desapariciones. La contracara de la demonización de los militantes de los setenta es, en el Nunca Más, la despolitización de los desaparecidos en la figura de la víctima. El sadismo, la perversión y la locura explicaban la extensión de la represión hacia las “víctimas inocentes”. Por otra parte ¿cómo justificar la idea de que el terrorismo de Estado fue la respuesta a otro terrorismo cuando se conocía que un alto porcentaje de los desaparecidos no estaba involucrado con la lucha armada?

El escritor Osvaldo Bayer fue quien planteó de manera más frontal una polémica con Sábato. En un artículo publicado en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo en enero de 1985, Bayer habló del “reacomodamiento situacionista” del autor de “Sobre héroes y tumbas” al recuperar sus palabras del 19 de mayo de 1976: “el general Videla me dio una excelente impresión, se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente”. Sábato, agrega Bayer, “sabía muy bien qué efecto podían ocasionar sus palabras en los lectores, precisamente en uno de los meses de represión más bárbara de este general de amplitud de criterio”. Pero “¿por qué exigir otra cosa de Sábato? Sábato es el representante intelectual legítimo de nuestra clase media. Hoy, precisamente, es el héroe porque esa, nuestra clase media, se ve reflejada en él plenamente: sus fantasmas, sus miedos, sus exitismos, sus necesidades de verse premiada, su capacidad de remordimiento. Pasa alegremente, sin ningún problema de la más trágica de las dictaduras a un país con libertades, sin haber sacrificado ni una lágrima”.

Años más tarde, al cumplirse 30 años del golpe genocida, el gobierno de Néstor Kirchner reeditó el prólogo del Nunca Más. El nuevo relato resultó de otra configuración de la memoria oficial, asentada en la memora y la verdad, y en una política de efectiva justicia. Se trata de un texto que desarmó los fundamentos esenciales del informe Sábato y que contó con el unánime apoyo del movimiento de derechos humanos.

Las corporaciones mediáticas, políticas y empresarias se opusieron a los nuevos argumentos e intentaron –casi desde el ridículo- sostener la paternidad simbólica del alfonsinismo en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Acusaron al oficialismo de tener una “actitud revanchista” y de “menospreciar los enormes esfuerzos realizados en pos de una verdadera pacificación nacional”.

No resulta extraño, entonces, que quienes confrontan las políticas actuales en materia de justicia y ampliación de derechos sean los mismos que subieron a Sábato en el pedestal de la ética democrática.

*El autor es Doctor en Comunicación de la UNLP, director de Radio Nacional Mendoza, docente e investigador de la UNCuyo, director de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNCuyo

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur

Este fin de semana, el vicepresidente Danilo Astori y la senadora Lucía Topolansky (MPP) manifestaron por separado la necesidad de repensar la decisión de dar sanción definitiva al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.

Astori alertó sobre “consecuencias negativas” tanto políticas como jurídicas si se aprueba la iniciativa e indicó que “está en juego la credibilidad” del Frente Amplio (FA). “La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias [...] y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo”, afirmó a El País. Topolansky dijo en Salto que no tiene “claro qué va a pasar”. “Se ha entreverado mucho la madeja. Esperemos que con el correr de los días se despeje un poquito el panorama”, declaró, según El Pueblo.

El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, AU), del mismo sector que Astori, recalcó a la diaria que AU “respeta la unidad de acción” del FA y “tiene en cuenta la decisión del plenario” de eliminar la Ley de Caducidad, pero que “ha sido crítico de todo el proceso”. “Estaremos a lo que el FA resuelva en este período de reflexión, pero hay que ver también las señales de Presidencia”, precisó en referencia a las afirmaciones de José Mujica acerca de que con la aprobación del interpretativo se arriesga la “unidad nacional”.

El diputado Aníbal Pereyra (MPP) enfatizó que pese a las advertencias de los catedráticos de que el interpretativo es inconstitucional “lo único que hay es una firme decisión política del plenario” y “la necesidad de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana”. Pereyra explicó que la propuesta del abogado Martín Risso -que Astori consideró un “camino ágil”- no cumple con esa sentencia que “el propio Risso dijo que Uruguay debe cumplir”.

Risso plantea la derogación de la Ley Caducidad y que, para sus efectos en el pasado, el Ejecutivo decrete la nulidad de los actos administrativos por los cuales se aplicó esa norma. Pereyra explicó que este camino dejaría afuera los casos para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley de Caducidad -entre ellos el de Gelman-, ya que este organismo no puede pronunciarse dos veces sobre los mismos expedientes. “Hoy no está en discusión que el 20 de mayo se vote”, concluyó.

Felipe Michelini (Nuevo Espacio) afirmó que como coordinador de bancada hasta el momento no recibió ningún planteo. “Si el Ejecutivo quiere decretar, me parece bien, pero eso no quita la necesidad de aprobar el interpretativo. Tanto que critican que el proyecto no cumple con el principio de retroactividad de la ley penal, no hay ley más retroactiva que la propia Caducidad”, apuntó.

El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró en diálogo con la diaria que “no hay ninguna posibilidad” de que se convoque un plenario antes del 20 de mayo para que revea su decisión, si bien reglamentariamente es posible. “La posición de Astori es la posición de [Eleuterio Fernández] Huidobro y de otros. Cuando se actúa correctamente no deben hacerse cálculos políticos sino éticos. Uruguay no está cumpliendo con los derechos humanos. Eso es lo peor que nos pueden decir y yo, como dirigente político, tengo la obligación moral de dar los pasos para hacerlos respetar y darle a la Justicia el valor que tiene. Definitivamente, los intereses políticos no pueden estar por encima de la Justicia”, señaló.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria