Los cuatro líderes mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días continuarán con esa medida de fuerza, luego que la Corte Suprema desistió de anular el juicio en su contra.

Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros, dijo estar "muy decepcionada" del máximo tribunal y responsabilizó al Estado chileno "en caso de que les pase algo" a sus hermanos de etnia, en riesgo de muerte por el prolongado ayuno, el segundo en menos de un año por igual espacio de tiempo.

"El veredicto de la Corte avaló los testigos sin rostro contra nuestros hermanos. Hablé con ellos y están tan molestos como todo nuestro pueblo y van a continuar la huelga de hambre", afirmó la portavoz mapuche.

Denunció Llanquileo que la condena de este día es para todo el pueblo mapuche, por lo que necesariamente se tendrá que acudir a los tribunales internacionales. La Corte, subrayó, amparó la aplicación de la ley antiterrorista y la vulneración de las garantías al debido proceso. Esta situación no la vamos a aceptar por ningún motivo, remarcó.

Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, señaló que lo de hoy "fija un precedente gravísimo para que se siga aplicando la ley antiterrorista a los luchadores contra este gobierno capitalista y de derecha".

La rebaja de pena no corrige el error de fondo en el encausamiento judicial, opinó Pezoa en relación con la citada figura jurídica, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La Corte desoyó el pedido de anulación del juicio contra los cuatro líderes mapuche y optó únicamente por reemplazar la sentencia.

El nuevo fallo condenó a ocho años de cárcel a José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical y a 14 a Héctor Llaitul, en lugar de las penas de entre 20 y 25 años emitidas por el tribunal de Cañete, región del Bío Bío.

Quedó sin efecto el cargo por presunto homicidio frustrado contra un fiscal chileno en 2008, el que varió por supuesta responsabilidad en lesiones a funcionarios policiales y robo con intimidación.

El veredicto fue impugnado por las comunidades indígenas que reaccionaron de inmediato con protestas en el centro de esta ciudad.

Las manifestantes fueron reprimidos con carros lanzaaguas por la Policía de Carabineros, que detuvo además a una docena de ellos.

Natividad Llanquileo criticó la violencia empleada y dijo que proceder así es el habitual. "Lamentablemente este tipo de gente no está bien formada", aseveró.

Fuente: PL

"No se puede permitir que en el futuro alguien pueda decir que un señor fue autoritario en vez de ser un dictador."

El calor bajo la carpa era insoportable, pero el maestro estaba allí, fresco y lúcido a los 94 años, ofreciendo generoso lecciones de sabiduría y humanismo al centenar de personas que acudieron hoy a la presentación en la Feria del Libro de Madrid de su última obra, Cuarteto para un solista (Plaza y Janés), coescrito con su mujer, Olga Lucas.

Cada palabra de José Luis Sampedro fue certera: "No se puede permitir que en el futuro alguien pueda decir que un señor fue autoritario en vez de ser un dictador. Autoritario puede ser el jefe de una tienda que mande a los dependientes con autoridad, no un dictador", dijo sobre la polémica que ha rodeado a la edición del Diccionario Biográfico Español, cuyo tratamiento franquista ha levantado la alarma social. "No se puede publicar tan ligeramente una cosa", insistió.

Uno a uno el filósofo y economista condenó parte de los signos de una sociedad en crisis que queda dibujada en Cuarteto para un solista. El libro narra la historia de un viejo profesor que recibe la visita de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, después de que estos hayan hecho un viaje por cuatro ciudades, Tombuctú, Ginebra, Venecia y Knossos, en Creta. Amante de la mitología desde niño, Sampedro ha querido recuperar la manera de narrar de la Antigua Grecia, donde los dioses estaban humanizados e impregnados del gozo de vivir.

El resultado es una alegoría de nuestro tiempo, que no aspira a ser elevada ni críptica, sino accesible para todo el que busque la reflexión. Con estilo claro, Sampedro, junto a Olga Lucas, emprende un viaje a través de la historia, donde sale a relucir el papel de Europa, la sociedad de consumo o la crisis de valores de Occidente. "Tenemos que recuperar la idea de que el hombre es parte de la naturaleza", precisó.

La lección es sencilla, aunque nos cueste aprenderla: "Hay que gozar de la vida. Nos educan para que seamos productores y consumidores, pero el verdadero desarrollo está en algo que decían los griegos: Hazte quien eres. El desarrollo verdadero es que uno llegue a ser lo máximo que hay en cada uno".

Pero la realidad es otra y, como dice Sampedro, no nos miramos por dentro ni a palos. Recordó que vivimos en "una sociedad en ruinas", en la que "el hombre se ha olvidado de sí mismo" para vivir bajo el ideal de "la acumulación de dinero". Sin embargo, hay esperanza: "Hay que empezar por reconocer que existe alternativa al capitalismo", insistió.

A favor del 15-M

Por eso, cuando le preguntaron si el movimiento del 15-M está perdiendo fuelle, Sampedro fue enérgico: "Los que atacan el 15-M son el ayer, ellos son el mañana", apuntó. "Si es necesario, el movimiento continuará en las catacumbas como pasó a los primeros cristianos, pero no hay vuelta atrás", afirmó.

En efecto, como dice Sampedro, el hombre de hoy no está civilizado. El reciente asesinato de Osama bin Laden así lo confirma. "Esta es una cultura que ha destruido todos sus valores, incluido el derecho internacional. ¿Cómo se puede decir que el asesinato de Bin Laden es justicia? ¿Cómo se lo puede celebrar?", se preguntó hoy el profesor. La respuesta la dio él mismo: "Esto significa el fin de esta civilización".

Sara Brito

Fuente: Público

Los antidisturbios dicen que los jóvenes les agredieron


Inaudito, y revelador de la degeneración de la democracia española. Los Mossos d’Esquadra podrían denunciar a los ’indignados’ por supuestas agresiones a antidisturbios durante las duras cargas policiales del pasado viernes en la acampada de la plaza Cataluña.

Desde la dirección de los Mossos no quieren "que quede impune ninguna actuación contra la policía".

Más adelante, Puig, ajeno a las múltiples peticiones de dimisión, estudiará si decide derogar la orden que impulsó su antecesor Joan Saura para que todos los agentes uniformados vayan siempre identificados, ya que ni en época del ecosocialista ni ahora con el nuevo consejero, esto se ha cumplido en el caso de los antidisturbios cuando se ponen el chaleco antitrauma.

Fuente: La República.es

Marcos Ana y Valdenia Aparecida. Ex-preso y abogada. El poeta y la letrada brasileña dialogan en el aniversario de Amnistía Internacional.

Dos símbolos de la lucha contra la impunidad se reunieron ayer a escasos 300 metros de la Puerta del Sol, símbolo actual de la voz del pueblo. El expreso y poeta comunista Marcos Ana y la abogada activista brasileña Valdenia Aparecida Paulino reflexionaron sobre el pasado y el presente de los derechos humanos en la celebración del 50 aniversario de la ONG Amnistía Internacional.

"Me pienso llevar a Brasil este movimiento de los jóvenes. Allí tenemos una juventud muy alienada por culpa de los medios de comunicación. Sólo la generación del hip-hop trata de lanzar un mensaje contra la discriminación, pero son reprimidos por la Policía", analiza la abogada Valdenia Aparecida Paulino. Ella sabe muy bien cómo es la Policía brasileña. Su lucha en las favelas de los suburbios de São Paulo por los derechos de las niñas muchas de ellas violadas y prostituidas por la Policía le llevó a un acoso tal que Aministía Internacional tuvo que acogerla en 2008 como protegida en España.

Valdenia escucha admirada cómo Marcos Ana (seudónimo artístico de Fernando Macarro), de 91 años, explica cómo ha pasado varios días en la Puerta del Sol "hablando con los chicos hasta las dos y las tres de la madrugada". "Estoy totalmente a favor del espíritu del texto del 14 de mayo", dice confundiendo la fecha del 15-M, quizá consciente del paralelismo con el 14 de abril. "Es un orgullo que estos jóvenes que no ven certeza en su futuro peleen", explica el poeta, que estuvo 23 años consecutivos en prisión hasta que salió en 1961.

Ana lucha por la memoria de su generación que peleó contra el fascismo de una dictadura militar como la que también sufrió Brasil. "Los miembros de la dictadura ocupan hoy puestos importantes en el Congreso en Brasil. De ahí que no se haya podido abrir la comisión de la verdad y la justicia que debía abrir los archivos de la dictadura. El cuerpo y la memoria están en los archivos, y no abrirlos es como decir que se mató el cuerpo y se borró de la historia", explica Valdenia en paralelo al caso Garzón que indigna al poeta.

"Es lo mismo que ocurre aquí. La denuncia a Garzón fue de Falange Española de las JONS, que debería ser un partido ilegal. Son los hijos de los que nos encarcelaron los que siguen administrando justicia", añade Marcos.

"¿En los 23 años no tuviste condicional?", pregunta asombrada Valdenia.

"No, fueron seguidos, consecutivos, sin salir", le responde el poeta antes de recibir un beso de su "compañera brasileña".

Diego Barcala

Fuente: Público

Sr. secretario de edición de Semanario Búsqueda

Sr Director,

Qué sorpresa tuve con la carta publicada en vuestra edición del miércoles 25.5.2011, firmada por el coronel Walter Forischi.

Una carta que pretende historiar la vida del ejército uruguayo pero saltándose a la torera -al decir de mi madre- una parte de la historia en la que fué protagonista esencial: en 1972 el coronel que escribe ejercía en el 6º de Caballería y fue quien me detuvo el 21 de junio, en el inicio de un crudo invierno. Tuve allí tres meses de capucha, torturas, plantones, electricidad, simulacros de fusilamiento, submarino (forma eufemística de nombrar la forma en que se mete de cabeza a un detenido encapuchado en un bidón de doscientos litros de agua con vómitos, orina, y el etcétera imaginable). En realidad el submarino lo hacían tanto en piletones para los caballos o en estanques, o en lo que fuera, y si cortaban el agua al cuartel, también una bolsa de nylon bastaba, sólo que en ese caso le llamaban ˝submarino seco˝.

Esta síntesis de los métodos de interrogatorio que este oficial y sus compañeros practicaban en el 6º de caballería podría ampliarse con, por ejemplo, lo que hacían cada vez que algo le sucedía a un militar en el país: se torturaba a todos los detenidos, y no para saber algo, sino ˝pa que aprendan˝.

Durante ese período estuve más de un mes desaparecido para mi familia y cuando finalmente decidieron incluirme en una lista de detenidos y mis padres pudieron enviarme ropa, a cambio recibieron mi muda, con un mes y pico de uso, ensangrentada por los castigos recibidos. Se imaginarán el impacto. Yo tenía 19 años. Eso llevó a mi padre a informar a Zelmar Michelini de la situación, y Zelmar denunció las torturas que yo sufría en el parlamento.

Esa misma noche o a la siguiente, los valientes torturadores del 6º de Caballería, en una de sus sesiones me gritaron :

˝¿Asi que sos amigo de Zelmar?... ese anda hablando de que nosotros te torturamos˝ y dale golpe o patada o lo que fuese. Para la triste historia de este país y aunque pasaron unos cuantos años, hay algo que me quedó grabado para siempre : ˝a tu amigo, decile que es boleta, tarde o temprano se la vamos a dar˝....

Esto sucedió a finales de julio o agosto de 1972..... sí bastante antes del golpe de Estado del año 1973.

¿Será que no se acuerda de nada el actual coronel Walter Forischi ? ¿No se acuerda de sus amigos y colegas torturadores del 6º de caballería ? ¿No se acuerda del capitan Alexis Grajales, del teniente Orlando, de Rodríguez, de Arocena, del teniente Flores, del cabo Ruiz, de Vázquez (quien sigue en el 6º de caballería actualmente, pero preso, ya que el 6º de caballería es hoy la cárcel para militares de Domingo Arena)? ¿No se acuerda del Teniente coronel Goldaracena, jefe de la unidad, que paseaba por las noches con sus perros por las barracas donde nosotros estabamos tirados, encapuchados, mojados, sucios, y él, calmo como propietario de una gran estancia recorriendo sus dominios, pasaba con sus botas brillantes, lo único que yo lograba ver bajo el borde de la capucha....

Ese jefe de cuartel decidió desconocer un fallo cuando la justicia le ordenó liberar a cuatro médicos que eran torturados en esa unidad.

En el 6º de caballería dejaron a algunos detenidos prácticamente como vegetales, violaron compañeras, a mí me torturaron delante de mi compañera, me hicieron firmar la libertad para luego llevarme a los bañados de Carrasco y ˝ejecutarme˝… me pusieron una pistola sobre la cabeza y dispararon. Después de eso el teniente Flores me dijo que él no me iba a interrogar más, que se había convencido de que yo sabía nada, pero al regresar al 6º el alférez Tobi Alvarez me dió una paliza, estando yo atado y encapuchado, para sacarse la bronca...dijo.

¿Porqué será que cuando hablan del Ejército Nacional lo ponen así con mayúscula y negrita, pero se olvidan de ciertos actos de servicio ?

En el 6° desaparecieron a Luis Eduardo González, ¿donde está? ¿Forischi no recuerda donde lo enterraron ?

A propósito de Dalmao: hay quien ha dicho que era un alférez, que no tocaba pito, pero en el 6º varios alférez torturaron, como el alférez ˝Tobi˝ Alvarez, sobrino del Goyo, otro de los que se ensañaban (hace un par de años apareció en un informativo con cara de « yo no fuí », diciendo que no tenía nada que ver con nada....) pero había muchos… Hubo hasta un oficial de reserva que trabajaba en lo civil durante la semana y el fin de semana calzaba las botas y la camperita verde y se venía al 6º a torturar. No me lo contaron...lo contaba él.

Podría mencionar otros ilustres cuarteles de colegas de Forischi, como los del 9º de caballería, donde me ingresaron un período, en los calabozos donde estaban los detenidos recientes. Allí estaban los compañeros del PCR totalmente destruidos por las salvajes torturas vividas en el interior del país (en la Base Santa Bernardina), allí en el calabozo vecino al mío escuché las violaciones a jóvenes que eran detenidas, e incluso una noche salieron ˝a levantar un puta para violarla˝, como me lo comentaron los soldados al dia siguiente....

Yo estuve solamente un año detenido y después de una última sesión de torturas en Inteligencia de la calle Maldonado por miembros del ejército, salí directo del calabozo a un avión que me llevó a España. Un año después nos encontramos con Zelmar en el Tribunal Russell II, y junto a otros compañeros relatamos las ˝prácticas profesionales˝ de nuestros militares. Zelmar desnudó el mecanismo utilizado para montar un sistema de dominación y sometimiento como el que las fuerzas armadas uruguayas comenzaban a instrumentar, y mostró cómo la tortura y el terror eran piedras angulares del mismo.

De eso hablaba Zelmar en 1974 en el Tribunal Russell cuando decía :

“Nuestra obligación en este Tribunal Russell que tanto prestigio tiene a nivel internacional [...] es bregar para encontrar –y aquí es necesario la inteligencia y la imaginación‐ el método y la posibilidad de [...] decirles a los militares uruguayos, brasileros o chilenos, a los hombres que sintiéndose fuertes violan los acuerdos internacionales y el derecho, castigan, torturan, maltratan y matan, que hay posibilidad de una condena con efectiva sanción de tal manera –concluía Michelini‐ que la ley y el derecho internacional no sean letra muerta y que el hombre puede sentirse defendido [...].”

Cuando una sociedad se construye basándose en la impunidad, un torturador bien puede terminar escribiendo sobre Historia en Búsqueda, como lo hizo el coronel Forischi : el festejo del Bicentenario, escribió, ˝debió ser diferente, debió ser una oportunidad de exaltación patriótica pura y exclusivamente del Ejército Nacional, donde los medios de prensa priorizaran con orgullo la efemérides, estimulando en la población el verdadero sentimiento que debe aflorar en los buenos Orientales : el respeto y la ponderación del Ejército Nacional en su Bicentenario˝

Si no fuera para llorar, daría para reírse.

Juan Angel Urruzola

CI 1.326.330-6


Nota de Edición: Las fotografías que acompañan esta nota pertenecen a Juan Ángel Urruzola

La Suprema Corte de Uruguay y el crimen de Lesa Humanidad

Condenado por la OEA y criticado por la ONU, el Estado uruguayo puede volver a constituirse estos días en noticia internacional, si la Suprema Corte de Justicia sanciona a un magistrado por reivindicar el derecho a la verdad y la justicia, o en algún momento termina por desconocer que las violaciones a los derechos humanos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. La prescripción que se viene sería, entonces, la de la propia justicia.

El escenario judicial uruguayo emergió a las primeras planas y espacios de los medios de comunicación una vez que se despejó el humo del debate parlamentario sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante la lucha “contra reloj” que tendrán las causas sobre violaciones a los derechos humanos cuando se señala que todos los crímenes que no se hayan denunciado pueden prescribir el próximo 31 de octubre.

Uruguay ya fue noticia internacional días atrás cuando la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó que el Parlamento uruguayo no anulara la ley de caducidad. “Se sigue haciendo cuesta arriba abordar el legado de muchos años de abusos sistemáticos por parte del Estado”, dijo Pillay, quien agregó que “las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos de justicia transicional”.

Al hablar sobre Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay sostuvo que "el fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no solo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos, sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado" y coincidió con Amnistía Internacional al lamentarse de que Uruguay haya perdido "una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar".

La advertencia, se sumó a la que habían realizado en un comunicado de prensa las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes recordaron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman obliga al Estado uruguayo a dejar sin efectos la ley de caducidad y debe remover los obstáculos que existan para asegurar la verdad y la justicia a las victimas.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede transformarse en una nueva noticia con repercusiones internacionales, por la decisión adoptada ante el planteo de una fiscal sobre si se puede o no tipificar como crimen de lesa humanidad los casos de homicidio político durante la dictadura y ante la posibilidad de que se sancione a una jueza por su eventual participación en la marcha del silencio.

La jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, que instruye varios de los más importante casos de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, fue interrogada por la jerarquía Judicial ante una denuncia de prensa sobre su presencia en la marcha del pasado 20 de mayo. Mota respondió con un extenso alegato y cualquier sanción que eventualmente decida aplicarle la Suprema Corte se transformaría en argumento para su recusación en cada una de las causas que hoy lleva adelante.

Homicidio o desaparición

Desde el 14 de abril de 2010 el máximo órgano judicial venía estudiando una serie de reclamos interpuestos por la defensa y por el ministerio público ante la sentencia por la que el 29 de marzo de 2009 el juez penal de 19º turno, Luis Charles, resolvió la condena a 25 años de prisión de los ex coroneles José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, entre otros, como autores responsables de 28 homicidios especialmente agravados.

El juez Charles había instruido desde el año 2006 el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba, que había derivado en la causa conocida como la del “Segundo vuelo de Orletti”, donde una veintena de uruguayos, secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” Automotores Orletti, había sido trasladada ilegalmente a Uruguay donde se los ejecutó sumariamente y se desapareció sus cuerpos.

La sentencia de Charles, apelada por la defensa y por la fiscalía, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno el 4 de febrero de 2010, por lo que los abogados de Gavazzo y Arab y el propio ministerio público plantearon recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Los defensores, en contra de la condena y la fiscal Mirtha Guianze en contra de la tipificación del delito.

Los abogados de Gavazzo y Arab plantearon que los imputados debían ser amparados en la Ley de Caducidad en la medida que se trataba de una amnistía, afirmaron además que los crímenes que se les adjudicaban habían prescripto, que tampoco podía ampliarse la prescripción porque ambos reos a su edad y estado de salud no era peligrosos y que no podía tipificárseles un delito de homicidio cuando no había cadáveres.

La fiscal Guianze, por su parte, consideraba que la figura a aplicar era la de una desaparición forzada dado su carácter de delito pluriofensivo y su condición de crimen de lesa humanidad. Guianze abundó en ejemplos de derecho internacional, sentencias en distintos países, convenciones y tratados vigentes desde 1945, para fundamentar el carácter permanente e imprescriptible del delito cometido.

La resolución de la Suprema Corte, fechada el 6 de mayo último, redactada por el ministro Jorge Ruibal Pino, apoyada por los jueces Jorge Chediak, Daniel Gutiérrez y Jorge Larrieux, con el voto desconforme del presidente Leslie Van Rompaey, descartó los reclamos: Mantuvo la condena por 28 homicidios especialmente agravados y rechazó el planteo de la fiscalía de tipificarlos como casos de desaparición forzada.



Lesa humanidad o no

El propio presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, había fundamentado en solitario que “aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas, no resulta impedida por una aplicación estricta del principio de legalidad y el de irretroactividad de la norma penal, por cuanto el delito de desaparición forzada se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueran ultimados por los agentes estatales”. Es decir, lo que alguna vez Isabel Letelier denominó como el “derecho al cadáver”.

La sentencia de los magistrados no analizó entonces uno de los temas de fondo planteado por la fiscal Guianze sobre si se trataba o no de crímenes de lesa humanidad y por tanto era imprescriptibles. Y tampoco lo hizo en las últimas horas al responder con cierto malestar al nuevo pedido del ministerio público que fue cuestionado por los ministros como la búsqueda de "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso", rezongó.

El órgano judicial sostuvo finalmente que “pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento"

Al evitar un prejuzgamiento, los ministros de justicia pospusieron una vez más un pronunciamiento, que haría jurisprudencia, sobre si las violaciones a los derechos humanos son o no crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. La nueva definición de la Corte deja ahora en manos del Parlamento la posibilidad de aprobar –antes del próximo 31 de octubre- una ley que amplíe los casos de prescripción previstos en el Código Penal, como propuso en Caras&Caretas, Alberto Pérez Pérez, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los observadores y defensores de los derechos humanos tendrán que esperar, ahora, cuál será la caracterización que el máximo órgano judicial uruguayo dará a la serie de casos por tortura que se han presentado en el presente año ante los juzgados penales, cuando el delito está tipificado como crimen de lesa humanidad en el Tratado de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención de Ginebra de 1949, ratificada por Uruguay en 1968.

La Suprema Corte ya ha considerado que el secuestro, la tortura, el traslado ilegal, la ejecución y la desaparición sobre una persona, no constituye un crimen de lesa humanidad y sostuvo que sólo se podría aplicar esa tipificación -establecida en la Ley 18.026 de setiembre de 2006- si los delitos se volverán a cometer en el futuro. Lo paradójico es que esa ley incorporó a la legislación uruguaya las normas internacionales establecidas en el Tratado de Roma, precisamente, para que esos crímenes no ocurrieran nunca más.

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

SCJ archivó actuaciones contra Mota pero advirtió que no observó el deber ético de imparcialidad.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) evitó pronunciarse ayer sobre si la jueza Mariana Mota incumplió el artículo 77 numeral 4 de la Constitución, que prohíbe a los magistrados, así como a otros funcionarios públicos, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, "formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

El semanario Búsqueda publicó el jueves que Mota -quien tiene a su cargo causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre ellas las denuncias por tortura en la base aérea Boiso Lanza- asistió a la Marcha del Silencio convocada por Madres y Familitares de Detenidos Desaparecidos. La SCJ le pidió a la magistrada un informe sobre el artículo periodístico en cuestión, y la jueza respondió el viernes.

En el escrito presentado ante la máxima sede judicial, Mota no admite que haya asistido a la marcha, aunque sí afirma que sus declaraciones publicadas por Búsqueda corresponden en términos generales a lo conversado con el periodista. Mota dijo al semanario que ese día durante la marcha estuvo "en la calle" conversando con el senador comunista Óscar López Goldaracena. "No tengo prohibida la palabra con nadie ni cuando me lo encuentro a alguien en la calle", respondió la jueza al periodista.

La mayor parte del escrito presentado por Mota se dedica a argumentar por qué la Marcha del Silencio no debe ser considerada un acto político en el sentido atribuido por el artículo 77. Para precisar este sentido, cita al constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, que restringe el alcance de este artículo a las manifestaciones político-partidarias. Mota compara un hecho como la participación en la Marcha del Silencio con manifestaciones en contra de la violencia doméstica, en contra de la xenofobia, o la participación en actos como la conmemoración de la noche de los cristales rotos o el genocidio armenio. Además, pone el caso de un juez que participa en una conferencia contra la tortura y tiene causas vinculadas, y se pregunta si estaría incurriendo en una violación de la imparcialidad.

Finalmente, hace una referencia indirecta a Búsqueda, al considerar el gran poder que tienen los medios, y al señalar que a veces, en su afán por conseguir noticias, incurren en abusos.

Archivo con objeciones

La SCJ dio a conocer su resolución ayer. En primer lugar, entendió que no le corresponde juzgar un ilícito electoral como el que regula el artículo 77, sino que esto compete a la Corte Electoral, y además, en este caso, no existió una denuncia presentada por cualquiera de las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo o las autoridades de los partidos políticos, por lo tanto, no corresponde un pronunciamiento.

A continuación, la SCJ señala que la "eventual vulneración de la imparcialidad en que pudo haber incurrido la Dra. Motta" debe ser resuelta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (ver recuadro). No obstante, advierte que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial dispone en su artículo 12: "El Juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa", y que "tal debe ético no resultó observado por la Dra. Mota, en la obvia medida que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad provocando se solicitara su apartamiento de la causa".

Finalmente, la SCJ establece que Mota no incurrió en una falta disciplinaria porque cuando concurrió a la marcha no estaba actuando "en el cumplimiento de sus cometidos" o en el ejercicio de su función judicial, y dispone el archivo de las actuaciones.

Sigue adelante

Mota firmó ayer un decreto en el que rechaza la recusación presentada en su contra y eleva los antecedentes al Tribunal de Apelaciones en lo Penal Interviniente. Esta semana se presentaron tres demandas de recusación contra Mota, dos el lunes y una ayer, por parte de abogados de militares retirados -algunos de ellos indagados por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla en 1976- que entendieron que la jueza no les ofrecía garantías de imparcialidad. Para fundamentarlo apelan al artículo de Búsqueda. Con la decisión de Mota de no aceptar la recusación, el Tribunal de Apelaciones tendrá 35 días para expedirse sobre si corresponde o no apartar a la jueza del proceso.

Fuente: La Diaria