Un signo más de los muchos que ilustran la profunda crisis moral de la “civilización occidental y cristiana” que Estados Unidos dice representar lo ofrece la noticia del asesinato de Osama Bin Laden. Más allá del rechazo que nos provocaba el personaje y sus métodos de lucha, la naturaleza de la operación llevada a cabo por los Seals de la Armada de los Estados Unidos es un acto de incalificable barbarie perpetrado bajo las órdenes directas de un personaje que con sus conductas cotidianas deshonra el galardón que le otorgó el Parlamento noruego al consagrarlo como Premio Nobel de la Paz del año 2009. De acuerdo con lo establecido por Alfred Nobel en su testamento esta distinción, recordémoslo, debía ser adjudicada, “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.” El energúmeno que anunció al pueblo estadounidense la muerte del líder de Al-Qaida diciendo que “se ha hecho justicia” es la antítesis perfecta de lo estipulado por Nobel. Un comando operativo es lo menos parecido al debido proceso, y arrojar los restos de su víctima al mar para ocultar las huellas de lo que se ha hecbo es propio de mafiosos o genocidas. Lo menos que debería hacer el Parlamento noruego es exigirle la devolución del premio.

En la truculenta operación escenificada en las afueras de Islamabad hay múltiples interrogantes que permanecen en las sombras, y la tendencia del gobierno de los Estados Unidos a desinformar a la opinión pública torna aún más sospechoso este operativo. Una Casa Blanca víctima de una enfermiza compulsión a mentir (recordar la historieta de las “armas de destrucción masiva” existentes en Irak, o el infame Informe Warren que sentenció que no hubo conspiración en el asesinato de Kennedy, obra del “lobo solitario” Lee Harvey Oswald ) nos obliga a tomar con pinzas cada una de sus afirmaciones. ¿Era Bin Laden o no? ¿Por qué no pensar que la víctima podría haber sido cualquier otro? ¿Dónde están las fotos, las pruebas de que el occiso era el buscado? Si se le practicó una prueba de ADN, ¿cómo se obtuvo, dónde están los resultados y quiénes fueron los testigos? ¿Por qué no se lo presentó ante la consideración pública, como se hizo, sin ir más lejos, con los restos del comandante Ernesto “Che” Guevara? Si, como se asegura, Osama se ocultaba en una mansión convertida en una verdadera fortaleza, ¿cómo es posible que en un combate que se extendió por espacio de cuarenta minutos los integrantes del comando estadounidense regresaran a su base sin recibir siquiera un rasguño? ¿Tan poca puntería tenían los defensores del fugitivo más buscado del mundo, de quien se decía que poseía un arsenal de mortíferas armas de última generación? ¿Quiénes estaban con él? Según la Casa Blanca el comando dio muerte a Bin Laden, a su hijo, a otros dos hombres de su custodia y a una mujer que, aseguran, fue ultimada al ser utilizada como un escudo humano por uno de los terroristas. También se dijo que dos personas más habían resultado heridas en el combate. ¿Dónde están, qué se va a hacer con ellas? ¿Serán llevadas a juicio, se les tomarán declaraciones para arrojar luz sobre lo ocurrido, hablarán en una conferencia de prensa para narrar lo acontecido? Por lo que parece esta “hazaña” pasará a la historia como una operación mafiosa, al estilo de la matanza de San Valentín ordenada por Al Capone para liquidar a los capos de la banda rival.

Osama vivo era un peligro. Sabía (¿o sabe?) demasiado, y es razonable suponer que lo último que quería el gobierno estadounidense era llevarlo a juicio y dejarlo hablar. En tal caso se habría desatado un escándalo de enormes proporciones al revelar las conexiones con la CIA, los armamentos y el dinero suministrado por la Casa Blanca, las operaciones ilegales montadas por Washington, los oscuros negocios de su familia con el lobby petrolero estadounidense y, muy especialmente, con la familia Bush, entre otras nimiedades. En suma, un testigo al que había que acallar sí o sí, como Muammar Gadafi. El problema es que ya muerto Osama se convierte para los yihadistas islámicos en un mártir de la causa, y el deseo de venganza seguramente impulsará a las muchas células dormidas de Al-Qaida a perpetrar nuevas atrocidades para vengar la muerte de su líder.

Tampoco deja de llamar la atención lo oportuna que ha sido la muerte de Bin Laden. Cuando el incendio de la reseca pradera del mundo árabe desestabiliza un área de crucial importancia para la estrategia de dominación imperial, la noticia del asesinato de Bin Laden reinstala a Al-Qaida en el centro del escenario. Si hay algo que a estas alturas es una verdad incontrovertible es que esas revueltas no responden a ninguna motivación religiosa. Sus causas, sus sujetos y sus formas de lucha son eminentemente seculares y en ninguna de ellas -desde Túnez hasta Egipto, pasando por Libia, Bahrein, Yemen, Siria y Jordania- el protagonismo recayó sobre la Hermandad Musulmana o en Al-Qaida. El problema es el capitalismo y los devastadores efectos de las políticas neoliberales y los regímenes despóticos que aquél instaló en esos países y no las herejías de los “infieles” de Occidente. Pero el imperialismo estadounidense y sus secuaces en Europa se desvivieron, desde el principio, para hacer aparecer estas revueltas como producto de la malicia del radicalismo islámico y Al-Qaida, cosa que no es cierta. Santiago Alba Rico observó con razón que en pleno auge de estas protestas seculares -anti-políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial- un grupo fundamentalista desconocido hasta entonces asesinó al cooperante italiano Vittorio Arrigoni, activista del Movimiento de Solidaridad Internacional, en una casa abandonada en la Franja de Gaza. Pocas semanas después un terrorista suicida hace estallar una bomba en la plaza Yemaa el Fna, uno de los destinos turísticos más notables no sólo de Marruecos sino de toda África, y mata al menos a 14 personas. “Ahora –continúa Alba Rico- reaparece Bin Laden, no vivo y amenazador, sino en toda la gloria de un martirio aplazado, estudiado, cuidadosamente escenificado, un poco inverosímil. ‘Se ha hecho justicia’, dice Obama, pero la justicia reclama tribunales y jueces, procedimientos sumariales, una sentencia independiente.” Nada de eso ha ocurrido, ni ocurrirá. Pero el fundamentalismo islámico, ausente como protagonista de las grandes movilizaciones del mundo árabe, aparece ahora en la primera plana de todos los diarios del mundo y su líder como un mártir del Islam asesinado a sangre fría por la soldadesca del líder de Occidente. La Casa Blanca, que sabía desde mediados de Febrero de este año que en esa fortaleza en las afueras de Islamabad se refugiaba Bin Laden, esperó el momento oportuno para lanzar su ataque con vistas a posicionar favorablemente a Barack Obama en la inminente campaña electoral por la sucesión presidencial.

Hay un detalle para nada anecdótico que torna aún más inmoral a la bravata estadounidense: pocas horas después de ser abatido, el cadáver del presunto Bin Laden fue arrojado al mar. La mentirosa declaración de la Casa Blanca dice que sus restos recibieron sepultura respetando las tradiciones y los ritos islámicos, pero no es así. Los ritos fúnebres del Islam establecen que se debe lavar el cadáver, vestirlo con una mortaja, proceder a una ceremonia religiosa que incluye oraciones y honras fúnebres para luego recién proceder al entierro del difunto. Además se especifica que el cadáver debe ser depositado directamente en la tierra, recostado sobre su lado derecho y con la cara dirigida hacia La Meca. ¿Con qué celeridad tuvieron que ser hechos el combate, la recuperación del cadáver, su identificación, la obtención del ADN, el traslado a un navío de la Armada estadounidense, situado a poco más de 600 kilómetros del suburbio de Islamabad donde se produjo el enfrentamiento y finalmente navegar hasta el punto donde el cadáver fue arrojado al mar como para respetar los ritos fúnebres del islam? En realidad, lo que se hizo fue abatir y “desaparecer” a una persona, presuntamente Bin Laden, siguiendo una práctica siniestra utilizada sobre todo por la dictadura genocida que asoló la Argentina entre 1976 y 1983. Acto inmoral que no sólo ofende a las creencias musulmanas sino a una milenaria tradición cultural de Occidente, anterior inclusive al cristianismo. Como lo atestigua magistralmente Sófocles en Antígona, privar a un difunto de su sepultura enciende las más enconadas pasiones. Esas que hoy deben estar incendiando las células del fundamentalismo islámico, deseosas de escarmentar a los infieles que ultrajaron el cuerpo y la memoria de su líder. Barack Obama acaba de decir que después de la muerte de Osama Bin Laden el mundo es un lugar más seguro para vivir. Se equivoca de medio a medio. Probablemente su acción no hizo sino despertar a un monstruo que estaba dormido. El tiempo dirá si esto es así o no, pero sobran las razones para estar muy preocupados.

Atilio Borón

Fuente: Rebelión

Tras la muerte del escritor argentino, autor del prólogo del Nunca Más, se reaviva la polémica en torno a la relación entre cultura y política. Un análisis de su rol en la configuración de la memoria oficial y la apropiación simbólica de la esencia democrática.

Ernesto Espeche*

El 15 de diciembre de 1983, menos de una semana después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín dictó el decreto 187 que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Tenía la expresa responsabilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En la Comisión estaban, entre otros, el cirujano René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y el escritor Ernesto Sábato.

El periodista Ulises Gorini dijo en su obra sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo que la mayoría de aquellos “notables” pertenecía a una variada y compleja franja de la población que, tras haber avalado en términos generales la “lucha anti-subversiva” –el genocidio-, se habían sumado tardíamente a la condena de la dictadura. “Incluso algunos habían prestado servicios al régimen, como Ruiz Guiñazú, encargada de prensa del Ministerio de Economía, o integrando la delegación que había concurrido a Malvinas después del desembarco argentino, como René Favaloro”.

Sábato era, entonces, la expresión de los que habían pensado que los militares habían venido a poner orden al caos del gobierno de Isabel Perón y la acción de la guerrilla, y en algún momento comenzaron a percibir la “desproporción” de la respuesta del régimen dictatorial, la “desviación de la legalidad” en la utilización de los métodos represivos, los “excesos” y las “víctimas inocentes”.

Los “notables” de la llamada etapa de la transición a la democracia forjaron y acompañaron la construcción de la memoria oficial. El filósofo José Pablo Feinmann hace referencia a esa lamentable funcionalidad: “el referente es alguien a quien la sociedad coloca en determinado lugar (…) Se trata de un pacto. La sociedad se reconoce en el referente porque éste reconoce a la sociedad, expresándola, el referente cree, no solo en la sociedad, sino muy especialmente en sí mismo. Cree que su palabra es necesaria (…) de aquí que siempre debe pronunciarla (…) Adquiere con el tiempo un aura de santo. Los valores de la sabiduría y la santidad lo constituyen (…) La sociedad le exige la palabra sabia, orientadora”.

Desde este enfoque, puede valorarse el papel jugado por Sábato en un momento clave de la historia reciente. “El prólogo del Nunca Más incurre en la exaltación del punto medio”. Así “se dibuja un país inocente que es asolado, herido desde los extremos: el extremo izquierdo y el extremo derecho. El referente mira y juzga desde el medio. El punto medio es el punto de la inocencia. Los demonios son los extremos”.

Con la creación de la comisión, Alfonsín eludió la responsabilidad de poner a cargo de las indagaciones e investigaciones al Parlamento, tal como lo habían solicitado los organismos de derechos humanos. Su tarea era desarrollar su investigación en un plazo perentorio de 180 días, según lo expresado por el decreto, “de modo de evitar que la dolorosa necesidad de investigar estos hechos sustraiga, más allá de cierto lapso prudencial, los esfuerzos que deben dirigirse a la tarea de afianzar en el futuro una convivencia democrática y respetuosa de la dignidad humana”.

Estaba en juego el canon de la memoria colectiva. Más allá de la repercusión pública de la Conadep, inseparable de su labor de denuncia del terrorismo de Estado, no se puede ocultar que su discurso imponía una interpretación de los hechos del pasado reciente que se sintetizaba en el mito de los dos demonios, una interpretación que no era la del poder militar, pero tampoco la del movimiento de derechos humanos.


Gorini explica que “el prólogo del Nunca Más, escrito por un hombre de sinuosa actuación bajo el régimen dictatorial, establecía una relación directa entre el genocidio y la actuación de los grupos armados de la izquierda más radicalizada de la década del setenta”. Durante esos años, sostenía Sábato, “la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Semejante afirmación no fue el resultado de alguna investigación efectuada por la Comisión, sino que era una estricta evaluación política del escritor, en sintonía con el discurso oficial. La idea de terrorismo incluía, en el informe, a las organizaciones armadas de la izquierda. El terrorismo, agrega Gorini, es una categoría que “se aplicaba a experiencias históricas diversas y servía para manipular identidades complejas, que de ningún modo eran equiparables, ni siquiera comparables. No bastaba que Sábato dijera que el terrorismo de Estado había sido infinitamente peor que el otro. No había comparación posible”.

El periódico de las Madres de Plaza de Mayo reflejó el informe Sábato con el título “Las trampas del Nunca Más”. En él se consignó que si bien la información recogida por la comisión revelaba que un porcentaje considerable de las víctimas de las desapariciones no eran guerrilleros, este aspecto no aparece considerado en el informe. Se había omitido indagar sobre la militancia de los desaparecidos y las causas de las desapariciones. La contracara de la demonización de los militantes de los setenta es, en el Nunca Más, la despolitización de los desaparecidos en la figura de la víctima. El sadismo, la perversión y la locura explicaban la extensión de la represión hacia las “víctimas inocentes”. Por otra parte ¿cómo justificar la idea de que el terrorismo de Estado fue la respuesta a otro terrorismo cuando se conocía que un alto porcentaje de los desaparecidos no estaba involucrado con la lucha armada?

El escritor Osvaldo Bayer fue quien planteó de manera más frontal una polémica con Sábato. En un artículo publicado en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo en enero de 1985, Bayer habló del “reacomodamiento situacionista” del autor de “Sobre héroes y tumbas” al recuperar sus palabras del 19 de mayo de 1976: “el general Videla me dio una excelente impresión, se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente”. Sábato, agrega Bayer, “sabía muy bien qué efecto podían ocasionar sus palabras en los lectores, precisamente en uno de los meses de represión más bárbara de este general de amplitud de criterio”. Pero “¿por qué exigir otra cosa de Sábato? Sábato es el representante intelectual legítimo de nuestra clase media. Hoy, precisamente, es el héroe porque esa, nuestra clase media, se ve reflejada en él plenamente: sus fantasmas, sus miedos, sus exitismos, sus necesidades de verse premiada, su capacidad de remordimiento. Pasa alegremente, sin ningún problema de la más trágica de las dictaduras a un país con libertades, sin haber sacrificado ni una lágrima”.

Años más tarde, al cumplirse 30 años del golpe genocida, el gobierno de Néstor Kirchner reeditó el prólogo del Nunca Más. El nuevo relato resultó de otra configuración de la memoria oficial, asentada en la memora y la verdad, y en una política de efectiva justicia. Se trata de un texto que desarmó los fundamentos esenciales del informe Sábato y que contó con el unánime apoyo del movimiento de derechos humanos.

Las corporaciones mediáticas, políticas y empresarias se opusieron a los nuevos argumentos e intentaron –casi desde el ridículo- sostener la paternidad simbólica del alfonsinismo en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Acusaron al oficialismo de tener una “actitud revanchista” y de “menospreciar los enormes esfuerzos realizados en pos de una verdadera pacificación nacional”.

No resulta extraño, entonces, que quienes confrontan las políticas actuales en materia de justicia y ampliación de derechos sean los mismos que subieron a Sábato en el pedestal de la ética democrática.

*El autor es Doctor en Comunicación de la UNLP, director de Radio Nacional Mendoza, docente e investigador de la UNCuyo, director de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNCuyo

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur

Este fin de semana, el vicepresidente Danilo Astori y la senadora Lucía Topolansky (MPP) manifestaron por separado la necesidad de repensar la decisión de dar sanción definitiva al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.

Astori alertó sobre “consecuencias negativas” tanto políticas como jurídicas si se aprueba la iniciativa e indicó que “está en juego la credibilidad” del Frente Amplio (FA). “La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias [...] y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo”, afirmó a El País. Topolansky dijo en Salto que no tiene “claro qué va a pasar”. “Se ha entreverado mucho la madeja. Esperemos que con el correr de los días se despeje un poquito el panorama”, declaró, según El Pueblo.

El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, AU), del mismo sector que Astori, recalcó a la diaria que AU “respeta la unidad de acción” del FA y “tiene en cuenta la decisión del plenario” de eliminar la Ley de Caducidad, pero que “ha sido crítico de todo el proceso”. “Estaremos a lo que el FA resuelva en este período de reflexión, pero hay que ver también las señales de Presidencia”, precisó en referencia a las afirmaciones de José Mujica acerca de que con la aprobación del interpretativo se arriesga la “unidad nacional”.

El diputado Aníbal Pereyra (MPP) enfatizó que pese a las advertencias de los catedráticos de que el interpretativo es inconstitucional “lo único que hay es una firme decisión política del plenario” y “la necesidad de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana”. Pereyra explicó que la propuesta del abogado Martín Risso -que Astori consideró un “camino ágil”- no cumple con esa sentencia que “el propio Risso dijo que Uruguay debe cumplir”.

Risso plantea la derogación de la Ley Caducidad y que, para sus efectos en el pasado, el Ejecutivo decrete la nulidad de los actos administrativos por los cuales se aplicó esa norma. Pereyra explicó que este camino dejaría afuera los casos para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley de Caducidad -entre ellos el de Gelman-, ya que este organismo no puede pronunciarse dos veces sobre los mismos expedientes. “Hoy no está en discusión que el 20 de mayo se vote”, concluyó.

Felipe Michelini (Nuevo Espacio) afirmó que como coordinador de bancada hasta el momento no recibió ningún planteo. “Si el Ejecutivo quiere decretar, me parece bien, pero eso no quita la necesidad de aprobar el interpretativo. Tanto que critican que el proyecto no cumple con el principio de retroactividad de la ley penal, no hay ley más retroactiva que la propia Caducidad”, apuntó.

El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró en diálogo con la diaria que “no hay ninguna posibilidad” de que se convoque un plenario antes del 20 de mayo para que revea su decisión, si bien reglamentariamente es posible. “La posición de Astori es la posición de [Eleuterio Fernández] Huidobro y de otros. Cuando se actúa correctamente no deben hacerse cálculos políticos sino éticos. Uruguay no está cumpliendo con los derechos humanos. Eso es lo peor que nos pueden decir y yo, como dirigente político, tengo la obligación moral de dar los pasos para hacerlos respetar y darle a la Justicia el valor que tiene. Definitivamente, los intereses políticos no pueden estar por encima de la Justicia”, señaló.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

"Represores", de Ricardo Carpani

LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLÍTICA PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD

Pactos, mentiras y videos

Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.

La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.

La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.

En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.

En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”

El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.

LOS TIGRES DE PAPEL

Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.

No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.

Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.

El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.

El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.




JUSTICIA PARA TODOS

Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.

La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.

En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.

Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.

El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.

EL JUEGO DEL MIEDO

En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.

En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.

El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.

Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.

La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

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Durante el acto, el PIT CNT anunció un paro parcial para el 20 de mayo, convocando a los trabajadores a "rodear" el Palacio Legislativo mientras se vota el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad en una actitud "festiva".

El secretario general del PIT CNT Juan Castillo fue el encargado de la parte central del acto del 1º de mayo. En su discurso Castillo reconoció algunos avances del país durante este último período como la baja de la mortalidad infantil o la reducción del desempleo, y agradeció al gobierno por escuchar la propuesta de los trabajadores de bajar el IVA y aumentar el mínimo imponible del IRPF.

En contrapartida, Castillo dijo que ha habido "avances y retrocesos" en el proceso de crecimiento del país. "Muchos se preguntan por qué hacemos tantos reclamos, y es porque Uruguay todavía es una sociedad capitalista y la lucha de clases sigue existiendo" comentó el sindicalista, introduciendo uno de los puntos centrales del acto: la redistribución de la riqueza.

Según el dirigente "es verdad que hay más trabajo, pero las condiciones laborales y salariales distan de ser dignas", a lo que agregó que "el país está mejor, pero el 20% de los más ricos tienen el 50% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre sobrevive con el 5%".

El sindicalista agregó que "con esta matriz productiva no es posible avanzar hacia la distribución de la riqueza", añadiendo que el Estado debe invertir, y no sólo las trasnacionales. Castillo mencionó en este punto el proyecto de ley de Participación Publico-Privada, e instó a los legisladores a votar con responsabilidad para "votar un buen instrumento y no un arma de doble filo".

Uno de los momento importantes en el discurso de Castillo fue el saludo a los trabajadores de la empresa Metzen y Sena, para los cuales el presidente Mujica prometió una solución en la reunión del viernes con el PIT CNT. Castillo puso en su voz el reclamo de estos trabajadores, al decir que "no queremos una pensión vitalicia, sino a la fábrica echando humo de nuevo", y terminó expresando el deseo de que el próximo acto del 1º de Mayo se realice en la puerta de Metzen y Sena ya funcionando.

Durante el discurso se presentaron algunas de las propuestas del PIT CNT como la necesidad de un plan agropecuario, un frigorífico nacional y que el Estado tenga su propia flota pesquera. La aprobación de la Ley de Vestimenta es otra de las prioridades de la Central Sindica, de igual forma que la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud y de un Plan de Vivienda Nacional.

Entre las propuestas comunicadas por Castillo, hubo dos que generaron los aplausos del público. La primera de ellas fue la convocatoria a aprobar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, mientras que la segunda fue el llamado a festejar el 20 de mayo entorno al Palacio Legislativo, para celebrar que "vamos a sacarnos la vergüenza de ser el único país del mundo que tiene una ley que protege a los asesinos". Durante el acto, el PIT CNT anunció un paro parcial para el 20 de mayo, convocando a los trabajadores a "rodear" el Palacio Legislativo mientras se vota el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad en una actitud "festiva".

Castillo se mostró contrario también al proyecto de bajar la edad de imputabilidad. "No hay que estigmatizar a los jóvenes por el sólo hecho de ser jóvenes" dijo, agregando que "la derecha no ha entendido que no es a fuerza de palo que genera conciencia".

Anteriormente, el también dirigente del PIT - CNT Edgardo Oyenard había condenando la permanencia de la Ley de Caducidad, diciendo que "es insoportable seguir viviendo con la ley de impunidad en la sociedad, especialmente para los más jóvenes". Por ello, llamó a una movilización el próximo día 20, para "rodear el Palacio Legislativo" en rechazo a la norma.

Condenó asimismo la campaña de recolección de firmas llevada adelante por el Partido Colorado, en procura de la reducción de la edad de imputabilidad.

Tal como se había anunciado, el presidente Mujica concurrió al acto en Las Piedras. También hicieron acto de presencia los funcionarios de presidencia Alberto Breccia y Diego Cánepa, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta, el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el ex canciller Reinaldo Gargano, la intendenta montevideana Ana Olivera y su par canario Marcos Carámbula.

Foto: Manuel Lino

“Artigas sigue siendo peligroso”

“Artigas sigue siendo peligroso” aseguró Eduardo Galeano durante el acto del 1º de Mayo celebrado en la localidad de Las Piedras. El escritor trazó una semblanza del prócer, mientras el actor Ruben Yañez llamó a velar por la cultura y la educación.

El mal tiempo reinante obligó a modificar la locación del acto del 1 de Mayo, trasladándolo a las instalaciones del club Juventud de Las Piedras. La oratorio comenzó sobre las 14.30, con alocuciones del actor Ruben Yañez y el escritor Eduardo Galeano.

Este último evocó la gesta independentista de la que se cumplen doscientos años, y se detuvo en la figura de Artigas y su vigencia. Para Galeano, el nombre del prócer oriental "es la más bella palabra que esta tierra ha dicho", por ello "cada vez que los codiciosos la quieran o la lastimen, usted hará falta".

Galeano recordó las dificultades experimentadas por las autoridades del último régimen dictatorial, en momentos de la culminación del mausoleo donde hoy descansan los restos de caudillo. En aquel momento, el gobierno de facto se las vio en figurillas cuando procuró hallar una frase artiguista que fuera funcional a la dictadura, y que pudiera estamparse con tranquilad en el monumento. "Artigas es el más vivo de los muertos, y continúa siendo peligroso", afirmó.

Anteriormente, Ruben Yañez había llamado la atención sobre la necesidad de profundizar las políticas educativas y culturales, e hizo referencia a la difundida pintada que pudo verse en los últimos meses en numerosas paredes montevideanas, donde el conductor televisivo Marcelo Tinelli pateaba la figura de José Pedro Varela. "Seguimos teniendo a Tinelli pateándonos la cabeza", lamentó el artista.

Fuente: Montevideo Portal

Nos Sobra Una Ley
Cine Documental

Lunes 2 de mayo

Teatro El Galpón

Entrada Libre




Desde distintos lugares de la cultura,
activistas dan testimonio a un año del plebiscito
por la Anulación de la Ley de Caducidad.

Distintas miradas desde el después.

Después del voto verde,
Después del voto rosado.
Un mismo resultado, nos sobra una ley.


Dirección: Daiana Di Candia _ Denisse Legrand
Producción: Magdalena Bosch _ Denisse Legrand
Dirección de Fotografía _ Cámara: Pablo Abdala
Sonido: Marcelo Gamboa
Postproducción de Sonido: Edgardo Mattioli
Música: latejapride* - Contra Las Cuerdas - Cuatro Pesos de Propina
Coordinación de proyecto: Victoria Verrastro

Presenta: Casa Bertolt Brecht
Invita: Iguales y Punto

"QUE LOS MAS INFELICES SEAN LOS MAS PRIVILEGIADOS"

POR UN PAÍS PRODUCTIVO Y CON JUSTICIA SOCIAL
Más y mejor redistribución de la riqueza.
Más salario y mejor empleo.
Más formación y mejor negociación colectiva.
Más y mejor sistema integrado de salud.
Más y mejor educación.
Más vivienda y mejores condiciones de vida.
Anulación de la Ley de impunidad.

En nuestro país y en especial para el movimiento sindical, siempre existen variadas ra zones y compromisos para participar en las manifesta ciones del Día de los Trabajadores. Este año aumentan.

Asumida como una jornada de lucha y reflexión, de compromiso y combate por nuestras ideas, de solidaridad e in ternacionalismo, haremos un balance del año transcurrido y colocaremos algunas propuestas de estrategia para desarrollar tanto en el resto del año como en el transcurso del próximo Congreso de nuestro PITCNT.

La propia consigna del acto, une los ideales del Gral. José G. Artigas con las demandas de miles de compatriotas 200 años después. En verdad, transcu rridos 5 años luego de un gran debate en nuestro país por la asignación de recursos para atender las políticas sociales en aquel recientemente crea do Ministerio de Desarrollo Social (recordemos que como consecuencia de los gobiernos neoliberales queda ron 1 millón de habitantes sumidos en la pobreza y 300 mil de ellos en la indigencia), la derecha decía que era ¨regarle plata a los atorrantes¨ y en el otro extremo los ultras decían que eso era ¨asistencialismo¨.

Algunos no entendían, otros a sa biendas no querían que se aplicara en la práctica y que quedara solo en el discurso, la solidaridad con los más desprotegidos, como quería Artigas.

Hoy el debate se instala en tres ejes en apariencia distintos pero que en esencia, definen cuál sociedad tene mos y cuál es a la que aspiramos, entre todos, formar, construir, desarrollar.

La redistribución de la riqueza, la anulación de la ley de caducidad y la baja de la imputabilidad.

Ya hemos desarrollado en anteriores ediciones la visión de la central en materia de redistribución de la rique za y que, como propuesta elaborada y argumentada, entregamos al gobierno. Todavía falta la respuesta aunque algu nas de nuestras ideas, ya están en de bate o en planes de ejecución. Es obvio que los editoriales de la prensa escrita que responde a los intereses de la gran burguesía, intentan denigrarlas.
Nosotros queremos que la riqueza se reparta mejor y entonces eso le quita a los que la están concentrando. Sin embargo este debate, esta discusión es mejor que la de hace 5 años porque demuestra que el país está mejor, aun que no todos quieran reconocerlo.

En los próximos días, vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, la anulación de la Ley de Ca ducidad. Luego del áspero debate en el Senado, donde el Partido Colorado y el Partido Nacional defendieron su com promiso con los militares, y a pesar de algunas contradicciones y diferencias en el Frente Amplio, culminó con la aprobación por mayoría del texto que la declara inexistente. Todo indica que para el próximo 20 de mayo, la ya tradicional Marcha del Silencio podrá clamar bien fuerte, NUNCA MÁS!

Finalmente, el hijo de Juan María Bordaberry, en forma oportunista aparece con una iniciativa que capta los sentimientos reales de inseguri dad pública de nuestra sociedad ante los hechos de violencia, y coloca a los jóvenes como responsables del drama social. La recolección de firmas para bajar los años de imputabilidad, no es más que utilizar un problema social con fines electorales, ya que solicita se convoque a un plebiscito para el 2014 junto a las elecciones nacionales. A propósito desconoce que la Justi cia actúa a partir de los 13 años de edad, sólo que los centros a los que se remiten los infractores no son las cárceles de adultos, sino centros de rehabilitación en procura de educar y reencauzar.

No dice nada que esto no es causa, sino efecto. Efecto de las políticas neo liberales y de la exclusión social que generó el individualismo y el “hacé la tuya”, políticas implementadas por los gobiernos blanqui – colorados a continuación de la dictadura fascista que encabezó su padre.

Nosotros, como movimiento sindi cal y como trabajadores, honramos a nuestro prócer y padre de la patria, Don José Artigas, y por eso nuestras propuestas y demandas son para cons truir una patria más digna, con justicia social y valores solidarios!

Fuente: PIT-CNT