La Corte de Justicia decidió no pronunciarse sobre la categorización de los crímenes de la dictadura como "delitos de lesa humanidad". No esgrimió posición sobre si se trata de crímenes imprescriptibles. No se sabe si prescriben el 1º de noviembre.

El máximo órgano del Poder Judicial decidió no hacer lugar a un recurso de ampliación y aclaración interpuesto por la fiscal Mirtha Guianze, contra el fallo por el cual se confirmó la condena de los militares José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, por el "homicidio muy especialmente agravado" de 28 personas.

La representante del Ministerio Público presentó el recurso para clarificar la postura de la Corte en torno a la posible clasificación de los delitos perpetrados durante la dictadura como "delitos de lesa humanidad", y por ende de carácter imprescriptible.

Guianze fundó su pedido en que la no categorización de los crímenes como "delitos de lesa humanidad" vulneraría las normas de la Convención Americana y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la imprescriptibilidad de dichos crímenes.

Versiones periodísticas de las últimas horas daban cuenta de la decisión de la Corte de rechazar la categorización de "delitos de lesa humanidad", con lo cual todos los crímenes de la dictadura prescribirían el 1º de noviembre. Empero, la Corte decidió no pronunciarse sobre el punto, so pena de prejuzgar, según el fallo al cual accedió La República.

"La sentencia en cuestión al confirmar el pronunciamiento del Tribunal, en lo que hacía a la figura delictiva imputada a los encausados, indicó que en aplicación del principio de legalidad del delito de desaparición forzada, al ser un delito creado contemporáneamente, devenía inaplicable en autos".

"Obsérvese que al fundar sus conclusiones la Corporación se refirió tanto a normas de orden interno como internacionales, coincidiendo con el fiscal de Corte, que recién a partir de (la) ratificación de la Convención Interamericana del año 1995, se podría sostener su vigencia, siendo de aplicación para hechos acaecidos hacia el futuro, en virtud de lo cual no correspondía que se pronuncie sobre los delitos que se consideran de lesa humanidad", expresa la Corte.

En este sentido, "pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento", señala el fallo. Por tanto, la Corte decidió no hacer lugar a los recursos de "aclaración y ampliación", en virtud de la inexistencia de "conceptos oscuros o palabras dudosas" en la sentencia cuestionada.

En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, denunciante en varias causas por violaciones a los derechos humanos, explicó que la postura de la Corte es clara, en cuanto a que pronunciarse sobre el punto sería "prejuzgar". "No se expide en ningún sentido, ni si los considera imprescriptibles o prescriptibles, porque en cualquiera de los dos casos estaría prejuzgando", explicó Chargoñia.

"La Corte dice que el tema no es objeto del proceso, ni de la aclaración que se le requiere, por lo cual no puede pronunciarse". "Para saber qué posición tiene la Corte lo mejor es seguir denunciando y que un caso llegue a casación, con un cuestionamiento sobre la imprescriptibilidad", señaló.

No hay malestar en la SCJ con la Jueza Mota

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) descartó ayer cualquier tipo de "malestar" con relación a la presunta participación de la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, en la 16ª Marcha del Silencio, organizada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Versiones periodísticas daban cuenta de un presunto malestar de los ministros del máximo órgano del Poder Judicial con la magistrada por su presencia en la marcha. Empero, "los ministros de la Corporación no han manifestado malestar alguno en relación a la referida magistrada por su participación en un acto público", expresa un comunicado de la Corte.

En este sentido, "la doctora Mota ha informado a la Suprema Corte de Justicia tal como le fue ordenado, no habiéndose requerido a la magistrada informe ampliatorio en tal sentido". "El asunto continúa a estudio de la Corporación y, hasta el momento, no se ha adoptado resolución", señala el texto.

El máximo órgano del Poder Judicial solicitó un informe a la magistrada como forma de clarificar la polémica desatada por su participación en la Marcha del Silencio, en virtud de tener bajo su órbita diversas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

La jueza ya brindó sus explicaciones, por lo cual los ministros de Corte deberán definir posibles medidas a adoptar, no descartándose el inicio de una "investigación administrativa". En tanto, abogados de militares investigados en el proceso penal por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, en 1976, decidieron "recusar" a la magistrada en virtud de que "existen circunstancias comprobadas y comprobables" que afectan su "imparcialidad".

Fuente: La República

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Paso atrás en Uruguay

Uruguay: Suprema Corte ratificó a crímenes de la dictadura como “delitos comunes”

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ratificó que las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar son delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1º de noviembre próximo. El Ejecutivo estudia cómo abrir juicios en los 88 casos existentes, dijo ayer un senador del Frente Amplio.

El pronunciamiento del máximo tribunal responde a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 “homicidios muy especialmente agravados”. Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad.

El fallo de la Corte explicó que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de de-saparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1º de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

La abogada Hebe Martínez Burlé, letrada de la familia del senador Zelmar Michelini, secuestrado y desaparecido junto a Héctor Gutiérrez Ruiz en la Argentina, dijo que no coincide con la decisión de la Corte. “Uruguay es signataria de todos los tratados internacionales desde los juicios de Nuremberg a la fecha, incluido el de San José de Costa Rica, que consideran de lesa humanidad e imprescriptibles las torturas, el secuestro, el asesinato y las de-sapariciones en el marco del terrorismo de Estado”, precisó la letrada. A su juicio, “es un gran dilema lo que ocurrirá luego del 1º de noviembre, porque hay muchas demandas iniciadas, pero hay una mitad de la biblioteca que dice que pueden prescribir y la otra mitad dice lo contrario”.

Reconoció que “lo cierto es que la Corte marcó un paso y será muy difícil seguir con los juicios”, aunque indicó que, de todos modos, “hay casos que podrán seguir bajo juicio por jurisdicción universal, como en el caso de los represores uruguayos juzgados en España”. Martínez Burlé añadió que la resolución de la Corte, tomada por mayoría de cuatro de los cinco jueces, “no tiene precedentes, porque Nuremberg apartó de la ley común los casos de terrorismo de Estado y genocidio, y gracias a ello el pueblo judío aún persigue nazis 50 años después del Holocausto”.

Por su parte, el senador frenteamplista Alberto Curiel dijo que el presidente José Mujica estudia qué hacer con “los juicios de 88 casos a los que mandatarios anteriores no hicieron lugar”. Afirmó que el Ejecutivo está estudiando “la apertura de todos esos casos” juntos, o “caso por caso”, y su “andamiento por el artículo cuarto de la Ley de Caducidad”, pero antes del 1º de noviembre. El dirigente reconoció que el fallo pone al gobierno en una encrucijada. “Constituye un gran desafío para la izquierda y el Frente Amplio.”

Y es que la misma coalición de centroizquierda Frente Amplio fracasó en su intento de acabar con la impunidad en Uruguay. El 19 de mayo pasado, los diputados frentemaplistas no lograron darle sanción a un proyecto que postulaba anular la Ley de Caducidad. Esta norma impide que se juzgue a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese frustrado texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Ley de Caducidad.

La norma fue aprobada en 1986, durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos, aunque cuestionados en su validez por los mecanismos utilizados. La administración de Tabaré Vázquez (2005-10) dejó por fuera de la Caducidad algunos casos, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.

Fuente: Página 12

Las cifras emitidas por el Ministerio de Salud corresponden a los caídos entre el 19 de marzo y 26 de mayo de 2011

Un total de 718 civiles muertos y cuatro mil 67 heridos, han dejado los ataques perpetrados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre territorio libio, según un balance ofrecido por el gobierno de este país en conflicto.

Las cifras emitidas por el Ministerio de Salud corresponden a los caídos entre el 19 de marzo y 26 de mayo de 2011, informó Telesur.

El portavoz del gobierno de Libia, Musa Ibrahim, informó que del total de heridos, 433 están en estado de gravedad. Aclaró que estos guarismos no tienen en cuenta a los militares caídos, dato que el Ministerio de Defensa se niega a divulgar.

El 19 de marzo pasado se inició una operación militar en Libia con la participación de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, España, Dinamarca, Noruega y Qatar. Luego, el 31 de marzo, la OTAN asumió el pleno control de todas las operaciones.

El traspaso del mando de la agresión contra la nación árabe se decidió el 27 de marzo en Londres, donde las naciones que integran la OTAN acordaron que este organismo se hiciese cargo del control y coordinación de las acciones contra el gobierno del líder libio, Muammar Gaddafi.

Libia ha hecho reiterados llamados de cese el fuego, ignorados por los países que conforman la alianza de la OTAN contra Libia y los rebeldes. Esta semana, una delegación de la Unión Africana, encabezada por el presidente surafricano Jacob Zuma se entrevistó con Muammar Gaddafi para adelantar una propuesta de paz.

Italia abre consulado

El jefe de la diplomacia italiana, Franco Frattini, visitó la ciudad bastión de los rebeldes, Bengasi, con motivo de la apertura de un consulado del país europeo en esa ciudad.

"El régimen de Gaddafi está terminado. Debe dejar el poder y debe abandonar el país”, declaró Frattini, durante una conferencia de prensa.

Jorge Rivas

Fuente: IVKE

El cómico italiano se burla del primer ministro Berlusconi tras su aplastante derrota


"¡Barack, estoy en Pesaro, aquí son todos comunistas, no tienen cerebro y huelen mal! Verás, tengo un problema, ¿no tendrás un técnico para arreglar el sonido del teléfono? Es que en Italia tenemos una dictadura de técnicos de izquierda".

Es el comienzo de una parodia improvisada por el cómico italiano Roberto Benigni tras la aplastante derrota de Berlusconi, en la que simula una conversación con el presidente de EEUU, a quien le da consejos sobre como tratar al Primer Ministro:“Sé que tienes que apoyarle, pero no deberías hacerlo, no es bueno. Tú preséntale a una mujer que tengas cerca… No, Angela Merkel, no, es demasiado anciana. Alguna más joven, como la traductora”.

Fuente: La República.es

Unas 50.000 personas se reunieron por séptimo día consecutivo en la plaza de la Constitución protestando contra la clase política.

El compositor Mikis Theodorakis manifiesta su apoyo público a los indignados

Parecía que el fenómeno de la Puerta de Sol de Madrid se extendería rápidamente por Europa, aunque de momento el espíritu del movimiento 15-M sólo ha calado fuerte en Atenas, donde desde hace siete días miles de personas acampan a las puertas del Parlamento de la capital griega clamando contra la clase política.

Ayer, cerca de 50.000 personas se concentraron de nuevo en la plaza Syntagma o plaza de la Constitución al grito de "No nos iremos hasta que no se vaya el Gobierno, el Parlamento y su deuda". Algunos diputados se quedaron atrapados en el Parlamento hasta que la Policía organizó un cordón para evacuarlos del edificio.

Las movilizaciones, como sucede en España, se realizan sin emblemas de partidos políticos, sindicatos o banderas. De hecho, estas concentraciones están teniendo mucho más apoyo que las convocadas por los movimientos sindicales y funcionarios contra los recortes aplicados por el primer ministro Yorgos Papandreu y se han desarrollado sin ningún tipo de incidente.



El pasado domingo, se calculaba que en Syntagma podía haber hasta 100.000 personas y las protestas se producen al mismo tiempo en otras ciudades griegas como Salónica, Patras y Creta.

Por la tarde, mientras Papandreu seguía negociando con la UE el segundo plan de rescate, los indignados se reunieron en la Universidad, donde el rector, Theodoros Pelegrinis, había convocado una asamblea.

Al movimiento se unió el compositor Mikis Theodorakis, que junto a varios profesores decidieron "unir sus voces con la de la sociedad contra las medidas que se están adoptando sin contar con nosotros", recoge el portal Athens News.

Fuente: Público



Αποχώρηση βουλευτών από Βουλή 31/5/2011 by News247

Comunicado


El barco español zarpará con el resto de la coalición internacional pese a los llamamientos de Ban Ki-Moon a los gobiernos internacionales para que “desalienten” a sus ciudadanos de participar en la expedición


Rumbo a Gaza pide al secretario general de las Naciones Unidas que dirija sus esfuerzos diplomáticos a presionar al Estado de Israel para que ponga fin al bloqueo a la Franja de Gaza.

La Campaña Rumbo a Gaza pide a Naciones Unidas que proteja a la Segunda Flotilla de la Libertad, a las personas que en ella participan y a las embarcaciones que partirán en la tercera semana de junio con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Desde Rumbo a Gaza se entiende que Naciones Unidas está obligada a dar cobertura a esta expedición, en lugar de instar a los gobiernos a “desalentar” a las personas que en ella participan, como ha hecho el secretario general de la organización, Ban Ki-Moon, en una carta que ha dirigido el pasado viernes, 27 de mayo de 2001, a los Ejecutivos de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Bélgica, Holanda, Irlanda, Suecia y Alemania.

Rumbo a Gaza, que aporta a la Flotilla un barco, un nutrido grupo de activistas españoles y un cargamento de ayuda humanitaria, quiere señalar a través de este comunicado que la expedición naval que busca romper y poner fin al bloqueo de Gaza es una acción pacífica, no violenta, legal y acorde con el derecho internacional y de defensa de los Derechos Humanos y la legalidad internacional. Todos estos objetivos son plenamente coincidentes con las metas perseguidas por Naciones Unidas, por lo que sostenemos que la obligación legal y moral de la organización es dar pleno respaldo a la Segunda Flotilla de la Libertad.

De hecho, esta protección de Naciones Unidas es absolutamente necesaria teniendo en cuenta los antecedentes: hace ahora un año, el 31 de mayo de 2010, el Ejército de Israel abordó en aguas internacionales a la primera Flotilla de la Libertad, asesinando a nueve activistas, hiriendo a otros 50 y secuestrando al resto de las más de 700 personas que participaban en la expedición.

Por estas razones, nos vemos obligados a manifestar públicamente nuestra más profunda discrepancia con el contenido de la misiva enviada el viernes por Ban Ki-Moon a los Gobiernos anteriormente citados. La presión ejercida por el secretario general de la organización a nuestros Gobiernos traiciona por completo los ideales y objetivos de Naciones Unidas.

En este sentido, creemos firmemente que los esfuerzos diplomáticos de Ban Ki-Moon deben estar dirigidos a presionar a Israel para que rompa y ponga fin al bloqueo a la Franja de Gaza -considerado ilegal por las propias Naciones Unidas- y cumpla con la legislación internacional en todo lo que se refiere a la ocupación y sometimiento del pueblo palestino. El propio Ki-Moon señala en su carta que la situación en Gaza es “insostenible” y pide al Estado de Israel que ponga fin al bloqueo ilegal. Desde Rumbo a Gaza animamos a Ban Ki-Moon a que dé los pasos pertinentes para proponer a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sanciones concretas a Israel que vayan más allá de las meras declaraciones.

No obstante, desde Rumbo a Gaza estamos dispuestos a reunirnos con el secretario general de Naciones Unidas para explicarle la naturaleza de la Segunda Flotilla de la Libertad y trasladarle -al igual que hacemos a través de este comunicado- nuestro más firme e inquebrantable propósito de zarpar en la tercera semana de junio con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo a la Franja de Gaza.

Mediante este comunicado también queremos pedir al Gobierno de España que no se someta a ningún tipo de presión -bien sea la ejercida por Ban Ki-Moon este viernes o a cualquier otra que se haya producido o pueda producir- y que cumpla con su obligación legal de tomar las medidas necesarias para proteger al barco y a los activistas españoles.

En la reunión mantenida el pasado 20 de abril entre miembros de Rumbo a Gaza y el director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, Juan González-Barba Pera se acordó establecer un canal de comunicación directo entre Asuntos Exteriores y Rumbo a Gaza para analizar y dar respuesta a las eventualidades que puedan surgir en torno a la Segunda Flotilla de la Libertad. Desde la Campaña reiteramos nuestra más absoluta disponibilidad a utilizar éste y cualquier otro medio para colaborar con el Gobierno español con el objetivo de que Rumbo a Gaza y la Segunda Flotilla de la Libertad puedan cumplir su objetivo de zarpar para romper y poner fin al bloqueo a la Franja de Gaza

Fuente: Rumbo a Gaza

Nota de Edición: En 5 meses prescriben las violaciones a los Derechos Humanos llevadas adelante por el Terrorismo de Estado. Urgen propuestas concretas por parte del Ejecutivo para cumplir con el fallo de la CIDH, y por parte del Frente Amplio para cumplir con lo estipulado en su programa: el compromiso de anular la ley de impunidad.


La Suprema Corte de Justicia de Uruguay estableció que las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. De este modo, esos casos prescribirán el 1º de noviembre próximo.

La decisión de la Corte por mayoría responde a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze.

El reclamo de la fiscal se produjo cuando el máximo tribunal descartó el 6 de mayo pasado la imputación por "desaparición forzada" contra los militares José Gavazzo y Ricardo Arab.

La Corte condenó en aquel momento a los militares a 25 años de prisión por 28 asesinatos "muy especialmente agravados". Sin embargo, según el fallo, la desaparición forzada no estaba tipificada como delito al momento que ocurrieron los hechos, en 1976.

Los delitos de desaparición forzada son considerados de lesa humanidad en Uruguay desde 2006, cuando se creó por ley la figura legal.

Con este dictamen, la Corte señala que los crímenes de la dictadura, entre 1973 y 1985, son ilícitos comunes pero no delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Por lo tanto, prescriben el próximo 1º de noviembre, con todas las extensiones posibles.

Vale señalar que el 19 de mayo pasado el Frente Amplio no alcanzó los votos necesarios para anular la Ley de Caducidad.

Esta norma impide que militares y policias sean juzgados por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar uruguaya

Fuente: Púlsar