El envejecimiento de la población es el mantra que sirve para justificar la reforma de las pensiones. Ese supuesto envejecimiento se esgrime para tapar la brecha de las condiciones sociolaborales entre generaciones.
El Proyecto de Ley de reforma de las pensiones que el Gobierno español presentará ante el consejo de ministros el 28 de enero tendrá una fuerte incidencia en las condiciones laborales de los jóvenes que pretendan incorporarse al mercado laboral. Después de esta reforma, la edad de jubilación pasará de 65 a 67 años paulatinamente a razón de mes y medio por año. Esta medida tendrá un efecto de dilatación del relevo generacional en el mercado laboral que dificultará aún más la posibilidad de acceder a puestos de trabajo a una generación de jóvenes que vive una de las peores situaciones laborales de Europa.
A partir de la aprobación de la reforma de las pensiones los actuales trabajadores indefinidos permanecerán dos años más en sus puestos de trabajo a partir de 2027. Esta reforma, que el Gobierno ya viene anunciando desde febrero de 2010 ha sido justificada por el incremento en la esperanza de vida y la transformación en la pirámide poblacional a raíz de la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. En este sentido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez afirmó recientemente durante su intervención en la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros que “el sistema de pensiones se va a reformar y se va a tocar la edad de jubilación, que es esencial para la sostenibilidad y la justicia de nuestros hijos”.
Flaco favor a la juventud
Sin embargo, los pronósticos hacen pensar que es muy probable que esta medida perjudique gravemente a la juventud, un segmento poblacional que ya vive unas condiciones de precariedad y desempleo sin precedentes. Las estadísticas muestran que existe una elevada población activa joven que podría cotizar contribuyendo a equilibrar la balanza del sistema público de pensiones y que no lo está haciendo. Actualmente la tasa de paro entre los menores de 29 años es del 40% según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, cifra que representa la mayor tasa de la Unión Europea, cuya media de paro juvenil es del 21,4% para el conjunto de los 27.
Además, el salario de los jóvenes es inferior en un 40% al de la población de más de 29 años para el mismo tipo de empleo y el índice de temporalidad entre los menores de 24 años llega al 67%, cuando para el total de los asalariados es el 25%. Según Alberto Montero Soler, profesor de Estructura Económica de la Universidad de Málaga, el retraso en la edad legal de jubilación “supone un retraso en la salida del mercado de trabajo que, sobre la base de una cantidad de puestos de trabajo constantes, inevitablemente impide la incorporación de nuevos trabajadores”.
La respuesta en Francia
Cuando hace dos meses en Francia se produjeron las huelgas contra el aumento de la edad de jubilación, la principal crítica que llevó a movilizarse a la mayoría de los estudiantes de liceos y universidades partía de las mismas condiciones que se señalan aquí, pero en todo caso el escenario francés era mucho más halagüeño tanto para los trabajadores como para los estudiantes. En el momento de la aprobación del aumento de la edad mínima de partida a la jubilación en Francia de 60 a 62 años, la tasa de paro general rondaba el 10% y la tasa de paro juvenil alcanzaba el 24%, según cifras de Eurostat.
En aquel momento miembros del sindicato SUD y de la organización Attac Francia ya criticaban la situación en un artículo publicado en Le Monde el 29 de Septiembre en el que afirmaban que “el aumento de la edad de jubilación tendrá un efecto inmediato de subida en la tasa de paro”. “De esta manera el Gobierno excluye del empleo a aquellos que tienen necesidad de trabajar y fuerza a trabajar a aquellos que quisieran jubilarse”, concluían los sindicalistas en el artículo citado.
Poca politización
Ante el panorama desolador del mercado laboral para la juventud en España que muestran las estadísticas sería esperable un clima social de tensión dentro de este colectivo. Sin embargo, raramente se tiene en cuenta a la juventud precaria como un actor social relevante a la hora de tomar este tipo de medidas por parte de los gobiernos.
Para Luis Giménez, militante del colectivo universitario Rise Up, “el problema está en la escasa politización de nuestra generación y en su empeño en buscar soluciones individuales a problemas colectivos”. Giménez cree que “el hecho de que la rabia aún no haya explotado en este segmento está determinado por la posibilidad de seguir disfrutando del colchón familiar hasta edades muy avanzadas gracias a los contratos indefinidos de los que disfruta una importante proporción de la generación de nuestros padres”.
Otro factor importante según este estudiante es que “los sindicatos del Estado español no tienen en cuenta a la juventud precaria porque ésta no está sindicada dadas las características de los empleos a los que puede acceder”. “No obstante, desde los diferentes movimientos sociales en los que estamos involucrados los jóvenes, llevamos años intentando consolidar una conciencia activa por parte de la juventud precaria”, concluye este universitario.
CIUDADANO PÉREZ ES AUTOR DEL LIBRO ‘¿PENSIONES EN PELIGRO? QUE LA BANCA PAGUE LO QUE DEBE’
Que coticen los cajeros automáticos
Los expertos en voladuras del Estado del Bienestar han conseguido que cale en la opinión pública el falso argumento de que el envejecimiento de la población en 2060 hará inviable el sistema estatal de pensiones. Argumento que no se sostiene cuando está demostrado que el avance tecnológico conlleva un continuo aumento de la productividad.
Según el catedrático Vicenç Navarro: “Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año, en el año 2060 el PIB sería 2,20 veces mayor que ahora. Esto quiere decir que si el PIB fuera cien en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Luego habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas”.
Futuribles aparte, nadie repara en esa productividad oculta que cada uno de nosotros aporta actuando como prosumidor (productor-consumidor) que, al adquirir un bien o servicio, desarrolla alguna fase de su proceso de producción.
El sistema Do it yourself (“hágalo usted mismo”) delega la ejecución de una parte del trabajo en el consumidor, ahorrando así mano de obra en autoservicios de hipermercados, gasolineras y cajeros bancarios automáticos. En ellos el prosumidor trabaja gratis en beneficio del vendedor.
Estos sistemas deberían cotizar a la Seguridad Social en compensación al empleo que destruyen. Por si fuera poco, los bancos cobran comisiones por entregar al cliente esa tarjeta de plástico sin la cual no podría ¡disponer de su propio dinero! Luego, al usar ese dinero de plástico en comercios, los bancos cobran un recargo sobre cada transacción electrónica. Recargo que opera exactamente igual que un impuesto sobre el consumo, esto es, encareciendo el producto final que paga el consumidor.
Resulta asombroso que la gente se enfurezca contra el IVA pero abone con docilidad este impuesto en la sombra que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado. Las pensiones no están en peligro como se nos quiere hacer creer. Para allegar fondos adicionales habrá que hacer que contribuyan algo más los que más tienen. La banca, principal responsable de la actual crisis financiera, ha sido generosamente socorrida por el Estado cuando se ha visto en situación de emergencia.
El crecimiento de la Deuda Pública está causado, en gran medida, por las ayudas de los gobiernos a las entidades bancarias.
Una vez reflotado con fondos públicos, el sector bancario debería ser obligado a devolver a la sociedad el favor que ésta le ha hecho. Y una excelente forma sería que sus cajeros automatizados cotizasen a la Seguridad Social a través de un impuesto robótico.
Si tuviéramos gobernantes y legisladores que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Pero a nuestros parlamentarios el recorte de pensiones les importa una higa, pues hace tiempo que ellos blindaron las suyas. El hecho de haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años les garantiza el cobro de la pensión máxima: 2.497,91 euros. Sin duda, una paga brillante al lado de los 347,60 euros de la pensión más baja del sistema.
Segundo González García
Fuente: Diagonal
