El voto es a la vez derecho y deber. Yo quiero ejercerlo.... y vos???
Campaña por el voto en el exterior
Esquina por la alegría
"Hoy más que nunca la alegría es un artículo de primera necesidad, tan urgente como el agua o el aire. Pero nadie nos va a regalar ese derecho de todos; .... es preciso pelearlo...."
Eduardo Galeano
Esquina por Verdad y Justicia
Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad
Nunca más terrorismo de estado
Esquina contra la violencia de género
Esquina contra el bloqueo
Esquina por la libertad de los 5
Esquina contra la pornografía infantil
Esquina Víctor Jara
Esquina contra la vergüenza
Ningún ser humano es ilegal
Hacelos valer
Campaña por nuestros derechos sexuales y reproductivos
Esquina contra la directiva del horror
PIT-CNT
Escritores por la Tierra
Foro social mundial de las migraciones
Esquina por la Paz
Esquina por la aparición de Julio López
Esquina Bertold Bretch
Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales."
Ante la seguidillas de declaraciones de los militares que participaron directa o indirectamente en la represión y tortura durante la dictadura y ante las débiles o inexistentes declaraciones del gobierno ante tantas amenazas, llamamos públicamente a los trabajadores organizados en los sindicatos y nuestra central, a sumarnos a la Convocatoria que desde las redes sociales están llamando a expresar el verdadero sentir de nuestro pueblo.
Nos parece sumamente positivo que existan estas reservas morales en nuestro pueblo y tantas veces hemos sido nosotros los convocantes a diversas manifestaciones, que entendemos justo adherirnos y sumar nuestra voz a rechazar tantas bravuconadas y amenazas a la Justicia y a la Democracia.
En el marco de nuestra estrategia de Operación Memoria y por Nunca más Dictaduras, para seguir peleando para Anular la Ley de Caducidad, a las20 y 30 horas Concentración y Cacerolazoen la Plaza o el lugar más cerca de tú trabajo o tú domicilio.
Una treintena de militares, en situación de retiro, deberán comparecer ante la Justicia por casos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Será este 1º de febrero, cuando se reinicie la actividad judicial, con la reapertura de los tribunales.
La carta emitida por un grupo de militares, nucleados en el "Foro Libertad y Concordia", donde denuncian un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no generó efectos en el accionar de la Justicia, por cuanto varios militares fueron citados para comparecer ante los tribunales con el reinicio de la actividad judicial.
A nivel político, ayer se sumó el Partido Comunista a los cuestionamientos por el contenido de la misiva en la que el grupo castrense no descartó hacer "sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás", en caso que se produzcan nuevos procesamientos. A su vez, para hoy fue convocada una caceroleada en distintos puntos (véase recuadro)
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana Maria Tellechea interrogarán a unos 15 militares en situación de retiro, en el marco de la indagatoria por la desaparición del militante comunista Horacio Gelós Bonilla, un proceso tramitado en expediente anexo a la causa judicial contra el dictador Juan Maria Bordaberry, por "Atentado a la Constitución".
La magistrada y la representante del Ministerio Público analizaron las pruebas recopiladas durante la instrucción y dispusieron la citación de los militares como forma de "ampliar la indagatoria" y poder identificar a los responsables de su tortura, muerte y posterior desaparición, según dijeron fuentes judiciales a La República. Los militares deberán comparecer los días 7, 8, 10 y 12 de febrero.
Gelós Bonilla, un ex militante sindical, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), fue asesinado en enero de 1976, en las entrañas del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, tras una cruenta sesión de torturas. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del Sunca. Los testimonios de testigos indican que fue "castrado" poco antes de morir.
"Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maniatado con las rodillas junto a la cabeza. Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando", narró un testigo ante una Comisión de Derechos Humanos creada en 1986 para investigar los crímenes de la Dictadura.
El cuerpo del militante comunista nunca pudo ser recuperado. El equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República ingresó en 2009 al predio del Batallón de Ingenieros Nº 4 en busca de sus restos, tras el testimonio aportado por un ex militar donde se brindaban datos "certeros" sobre su paradero. Los trabajos no dieron resultados.
Otras causas
La causa por la cual se indaga la muerte y desaparición de Gelós Bonilla, sin embargo, no será la única en la cual se prevé la convocatoria de militares en situación de retiro por los crímenes perpetrados durante la dictadura, tras el reinicio de la actividad judicial.
La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen prevista la citación de ocho militares en el marco de la indagatoria por el "homicidio político" del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, en 1976. La citación de los militares fue producto de los testimonios aportados por tres ex detenidos políticos en la Base Aérea de Boiso Lanza.
Boiso Lanza fue catalogado por los testigos como un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, el cual presuntamente era liderado por el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez, procesado por el crimen de Chaves Sosa en octubre de 2010.
En este sentido, la citación de los militares pretende identificar a los integrantes del cuerpo de oficiales encargado de la práctica sistemática de torturas en la unidad militar, señalaron las fuentes.
Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde.
El caso se tornó emblemático, por cuanto significó el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985. Sus restos reaparecieron el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Udelar, en base a información brindada por la FAU.
En tanto, la fiscal Ana María Tellechea solicitaría la comparecencia de varios militares (seguramente más de 10), en el marco de la indagatoria por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974.
La comparecencia de una veintena de testigos en la causa determinó el fin de la primera etapa de la indagatoria. La jueza Mota resolvió, entonces, derivar el expediente en vista a la Fiscalía para su pronunciamiento; la fiscal pediría la citación de los militares identificados por los testigos como forma de valorar su posible responsabilidad en los hechos. Uno de los citados sería uno de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel Especial para Militares"), por graves violaciones a los derechos humanos.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable" por la Suprema Corte de Justicia. El fallo habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen.
Causas pendientes de resolución
El reinicio de la actividad judicial en 2011 no solamente implicará la citación de una treintena de militares para comparecer como "testigos" o "indagados" en causas por violaciones a los derechos humanos, ya que dos militares en situación de retiro aguardan la resolución de las causas en las cuales son imputados: las muertes de Ramón Peré y Roberto Luzardo.
El juez penal de 3º Turno, Sergio Torres, dejó pendiente para los primeros días de febrero su resolución ante la imputación formulada contra el coronel (r) Tranquilino Machado. El fiscal Juan Gómez solicitó su enjuiciamiento, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado", como autor de los disparos por la espalda que hirieron de muerte a Peré, en julio de 1973.
En tanto, el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, deberá resolver la imputación formulada contra el dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, por la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en el Hospital Militar; la fiscal Adriana Costa solicitó su enjuiciamiento como coautor de un "homicidio muy especialmente agravado".
Alvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), habría sido el autor de la orden por la cual el militante tupamaro no recibió la asistencia médica adecuada en el nosocomio castrense, tras ser herido de bala durante un violento procedimiento en el "Bar Asturias", en agosto de 1972.
El Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, en su sesión “Rogado Pedro Cornalino y Yolanda Ríos” (comunistas recientemente fallecidos), en la fecha, concluido el análisis de coyuntura política nacional e internacional y los ejes de su plan de acción inmediata, resolvió el siguiente pronunciamiento y comunicado a la población.
El pueblo uruguayo sufrió, enfrentó y derrotó a la dictadura fascista instaurada a partir del golpe de Estado de 1973. Muchos integrantes de ese pueblo, de todas las edades, padecieron persecución, secuestro, cárcel, tortura, muerte, desaparición forzada, exilio. Las prácticas criminales cuyas secuelas padecen aun quienes salvaron su vida y los familiares de los asesinados y desaparecidos, tienen responsables. Largos años de lucha constante por la verdad y la justicia, han permitido, en estos años de gobierno frenteamplista, lograr la aparición de los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa , Roberto Gomensoro Josmán y Fernando Miranda. Las denuncias realizadas y la acción de la Justicia abrieron cauce a su vez a varios procesamientos de militares y civiles involucrados en violaciones a los derechos humanos.
El grupo de militares retirados, aunados en el foro singularmente llamado “Libertad y Concordia” han lanzado amenazas inadmisibles en un marco democrático. Dicen estar dispuestos a “resistir” los requerimientos de la Justicia que pueden derivar en nuevos procesamientos. Se quejan de “hostigamiento” y de que jefes militares y gobierno no atienden sus reclamos “en defensa de congéneres acusados por obedecer órdenes superiores”.
Expresiones como “vamos a jugar a muerte”, “soy partidario de endurecer las posiciones, no podemos relegar más espacios” o “sé que muchos camaradas dicen que se van a resistir” lo que –incluso militares en actividad- llaman “embestida judicial”, nos exigen el más enérgico y absoluto repudio; y la advertencia de que la incitación a resistir las citaciones de la Justicia constituye en sí misma un delito.
No logran tales actitudes sino afirmarnos en la convicción de que SIgue siendo injusta la “ley de caducidad”. La Justicia no es revancha, como algunos pretenden mediatizar; es por el contrario, para el pueblo organizado que la reclama, arma de derrota definitiva a la impunidad.
Los comunistas, la clase obrera y el pueblo, nos mantendremos atentos y movilizados para desterrar el fascismo en el Uruguay. Por ello llamamos a promover la más amplia movilización de masas al respecto.
Gran caceroleada en protesta y repudio a las amenazas realizadas en los últimos días por grupos de militares nostálgicos.
Lunes 31 de Enero del 2011
20:30 a 21:00 horas
Se ruega concurrir con banderas uruguayas
Algunos puntos de concentración:
* Plaza Liber Seregni
* José Belloni y Domingo Arena a las 20.00 hs., para marchar hasta la cárcel y comenzar 20.30 hs.
* Santa Catalina: Plaza de la Terminal.
* Plaza Artigas de Paysandú
* José pedro Varela, departamento de Lavalleja
* Plaza Huelga General, Belloni y Cno. Maldonado
* Juan Lacaze
* Pta. Carretas. Plaza de Montero
* Salto - FENAPES, situado en calles ARTIGAS Y LARRAÑAGA, 20.30 horas Marcha hasta plaza 33 Orientales
* Rambla de Pocitos, esquina Br. España.
* Playa Ramirez
* Esquina de Millán y Raffo
* Las Piedras - Concentración en la Plaza
* Ciudad de la Costa: Plaza de Becú (lado Norte) Becú (esq. Giannattasio) Lagomar
* Villa Colón: Lezica y Guanahani (esquina del Colegio Pío)
* Estocolmo - Suecia: Convocamos a URUGUAYOS, LATINOAMERICANOS Y AMIGOS SUECOS, a concentrarnos mañana LUNES 31, a las 17 y 30 hs., frente a la Embajada de Uruguay en Estocolmo, Kommendörsgatan 35. T. Karlaplan (salida Karlaplan).
* * Guichón (Paysandú) Barrio Salto casa de Danilo luego en plaza Williman
* * Melo, en la plaza
* * Mercedes, Plaza independencia
* * Maldonado
* * Salinas
* * Rivera en la Plaza Flores
* * Balneario Las Flores y Ruta 10 frente al Parador
Profesional acusado de implementar tortura psicológica durante la dictadura presta servicios de salud para varias instituciones del Estado.
Martín Gutiérrez Oyhamburo es señalado por ex presos políticos como uno de los artífices del plan de aplicación de tortura psicológica durante la dictadura, en coordinación con el psicólogo Marcelino Dolcey Brito. La clínica del psiquiatra ganó a fines de 2009 varios ítems de una licitación para suministrar estudios y procedimientos médicos. Entonces, otros dos oferentes denunciaron que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) exigida en el pliego, sino que estaba en trámite. Actualmente sigue en este estado.
“La guerra continuaba en el interior del presidio. Día tras día, reglamento tras reglamento, el objetivo perseguido era el de hacerlos sufrir sicológicamente”*. Gutiérrez no recuerda haber pronunciado esa frase atribuida a él -“No tengo idea de lo que está diciéndome”, aseguró a la diaria-, aunque reconoció coincidir en algo: “Mire, yo creo que [la guerra] todavía continúa”. El psiquiatra negó las acusaciones sobre apremios formuladas por ex presos y registradas en diferentes ámbitos (ver recuadro). “Por ahí estaban un poco confundidos. Es una historia muy antigua. […] No cometí abuso de ninguna especie. Yo dejo que caminen esas cosas”, mencionó en referencia al “escrache” de diciembre frente a su clínica, antes de que le tocara el turno a Brito (ver la diaria del 03/12/10). Prefirió no hacer más declaraciones.
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Gutiérrez según Julio María
“Si el radicalismo de izquierda ha llevado al país a una guerra, el de la derecha procura arrastrar al Ejército al golpe de Estado. El semanario Azul y Blanco, impreso en offset a todo color, destila todos los miércoles una cuota de combustible para mantener encendida la hoguera. Reniega de las instituciones democráticas, acusa de comunista a todo el que exprese alguna reserva sobre la conducción militar, hace la constante apología del falangismo y exhuma antecedentes históricos del militarismo uruguayo del siglo XIX (1875-1886), ofrecido como fuente de inspiración. El animador de la publicación es el Dr. Martín Gutiérrez, médico psiquiatra del Hospital Militar, y el redactor responsable el Sr. Diego Ferreiro, hijo de un clásico historiador de origen herrerista. Acción lo enfrenta duramente y, bajo el título de 'La tatucera gorila', denuncia su incitación al golpe, su inequívoca filiación nazi-fascista y su permanente actitud de difamación para con los hombres públicos del país, especialmente los batllistas y los blancos wilsonistas”.
En La agonía de una democracia: proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973), de Julio María Sanguinetti. Taurus, Montevideo, 2008 (páginas 304 y 305).
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Obtuvo su título de psiquiatra a fines de la década de 1960 por competencia notoria, modalidad validada por el MSP. Así lo confirmó su colega Juan Pedro Severino, distinguido por su actividad profesional y gremial en 2004 por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que al momento de la titulación era jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar (hasta ser sustituido en 1975). En esas fechas Severino había viajado a Europa, y fue al regreso de ese viaje que supo que el doctor Daniel Murguía, entonces docente de la Facultad de Medicina (llegó a ser emérito de la cátedra de Psiquiatría), había firmado el título de Gutiérrez. Simpatizante del Partido Nacional, Gutiérrez fue el principal referente de la publicación de derecha Azul y Blanco. “La huella más honda me produjo el conocimiento del Dr. Martín Gutiérrez, joven y brillante líder del nacionalismo uruguayo. […] Es inteligencia, entusiasmo y ardorosa energía, hombre que proyecta el nacionalismo hacia el plano mundial”**. El elogio data de 1975 y corresponde a Sergio Miranda Carrington, integrante de Avanzada Nacional, partido chileno que respaldó abiertamente la dictadura pinochetista. Se conocieron en Punta del Este a fines de 1973, en un encuentro de “cinco apretados días para analizar problemas, principalmente uruguayos, pero también comunes para todo el nacionalismo iberoamericano” y “conocer detalles de la liberación de Chile del marxismo”. Del cónclave también participó el argentino Carlos Alberto Sacheri, también “nacionalista”.
Proceso licitatorio
La clínica de Gutiérrez, EEG Electrodiagnóstico Médico SRL, provee servicios para las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo y en otros departamentos, para Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas, Hospital de Clínicas, Banco de Seguros, Banco de Previsión Social, Banco Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda, desde que se adjudicó la licitación convocada por la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas bajo el llamado “Suministro de estudios y procedimientos médicos”. En julio de 2009, un mes después de la apertura de los pliegos, otros dos oferentes denunciaron formalmente, y por separado, en la UCA, que EEG “no presentó la constancia de habilitación vigente expedida por el MSP”. Este requisito fue añadido al pliego de condiciones en un “comunicado urgente” luego de haber abierto el llamado. El original ya exigía que cualquier permiso debía estar vigente al momento de la apertura y durante el período de vigencia de la ejecución del contrato. Gutiérrez, en cambio, concursó con la copia de una “ficha trámite” que descargó de la página en internet del MSP, y un documento que lleva su firma y que aclara que adjuntó una “acreditación del MSP de rehabilitación en curso y vigente [se renueva cada dos años]”. “Llama la atención la redacción de esta frase, cuya ambigüedad puede haber sido redactada ex profeso para confundir a la administración de la UCA. ¿Qué quiere decir? ¿Desde cuándo se renuevan las habilitaciones cada dos años?”, cuestionan los oferentes en sus denuncias, las cuales nunca fueron respondidas pese a que las reiteraron en enero de 2010 cuando la UCA ya había concretado la adjudicación. Las habilitaciones se renuevan cada cinco años.
Adjudicaciones
Cuando se abrieron los pliegos, el tribunal planteó observaciones y advertencias a seis empresas sobre documentos faltantes y les otorgó una prórroga de 48 horas para que las incluyeran. Ninguna de éstas estaba dirigida a la clínica de Gutiérrez. En la “ficha trámite” de EEG a la que accedió la diaria figura que la última gestión de EEG para obtener la habilitación data de febrero de 2009, cuatro meses antes de la apertura de pliegos. En enero de 2011 una funcionaria del Departamento de Habilitaciones en Servicios de Salud del MSP informó a la diaria que el proceso de aval para la clínica “está en trámite”, mientras que por otras vías en este trabajo se pudo confirmar que desde febrero de 2009 a la fecha la clínica nunca obtuvo la habilitación formal del MSP. “No voy a hacer declaraciones públicas de ninguna especie. Sí te puedo decir que Salud Pública hace todo lo que debe hacer”, señaló a la diaria Gutiérrez -miembro de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría- acerca del proceso que le otorgó la posibilidad de ser contratado por el Estado para aplicar 14 procedimientos en el área “Neurología, neurocirujía y psiquiatría” en adultos y niños. Algunos de estos exámenes médicos son dolorosos, como el electromiograma para el que es necesario insertar un electrodo de aguja en los músculos. Otros implican el suministro de estímulos eléctricos -como el electromiograma con protocolo para miastenia o los estudios eléctricos de uno y dos miembros-, visuales (flashes luminosos) y auditivos. El suministro de servicios médicos de la clínica de Gutiérrez tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y, salvo manifestación en contrario de una de las partes, puede renovarse automáticamente cada seis meses hasta la misma fecha de 2012.
* Bloche, Maxwell G, Uruguay military physicians, AAAS, Washington, 1987. Citado en Uruguay Nunca Más, Serpaj, Uruguay, 1989; y en “Ética profesional en tiempos de crisis. Médicos y psicólogos en las dictaduras de América del Sur”, de Horacio Riquelme, en Polis, revista de la Universidad Bolivariana, año/vol. 3, Nº 8, Chile, 2004. ** “Carlos Alberto Sacheri”, de Sergio Miranda Carrington, en Orden Nuevo, Nº 8, Chile, abril de 1795; p. 13.
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Punta de madeja
“El aparato represivo tenía un aparato sanitario. La vida cotidiana dice que los médicos no estaban solos. Esto es una punta de la madeja. Búsquelo en Vivienda, Agricultura y Pesca... Encontramos a alguien de la salud. No hay ninguna norma legal que les impida participar de una licitación. Está dentro de la impunidad de una ley [la de Caducidad]. Ése es el gran tema. Sucede con una clínica, un profesional o un ciudadano y está planteado no sólo en el Estado, también en la sociedad en su conjunto. ¿Dónde se diluyeron todas esas personas que estaban en el aparato represivo más íntimo? No se diluyeron. Conviven. Ahí la sociedad está enferma. Las sociedades no se construyen si no hay un sistema democrático justo o si se impide el juicio honesto -no el castigo- y transparente por el que la sociedad debe sanar”, analizó el ministro interino de Salud Pública, Jorge Venegas. Sobre la habilitación de la clínica, se limitó a decir que "el MSP suele hacer las fiscalizaciones correspondientes”.
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Testimonios
“No me trató, me interrogó. Porque ni bien me vio me empezó a insultar”, relató Chela Fontoura, quien en Ovillos de la memoria (2006) narra su experiencia con Gutiérrez durante su estadía en la cárcel de Paso de los Toros, en 1974.
“Un día me llamó para entrevistarme. Dijo que estaba haciendo un estudio del grupo social tupamaro. Le agradecí la amabilidad y le dije que no estaba dispuesta a ser su conejillo de indias en una cárcel al mejor estilo nazi. Creo que hizo el intento de llamar a dos o tres más”, contó a la diaria María Elia Topolansky.
En 1982, un duro testimonio ante Amnistía Internacional en Suecia de Irma Leites, detenida en Punta de Rieles, describió la forma en que Gutiérrez trató a Mabel Araújo, quien finalmente se autoeliminó. “Su suicidio, el de Norma y el de tantas mujeres más fueron asesinatos bajo ese estado de horror planificado y ejecutado por médicos y militares”, concluye.
Mientras se prevén nuevas citaciones de militares a declarar por casos de derechos humanos a partir de este martes 1º de febrero, un grupo de uruguayos organizó un "cacerolazo" para hoy entre 20:30 y 21 horas, para protestar por las recientes declaraciones y amenazas de algunos militares.
Este martes 1 de febrero finaliza la Feria Judicial y se reanuda la actividad en la Suprema Corte de Justicia. Se prevé entonces que se retomen las indagatorias a militares retirados y en actividad por los casos de violaciones a los derechos humanos.
Unos 30 militares pasarán por los juzgados, según un artículo de La Republica de hoy, para responder sobre tres casos ocurridos durante la dictadura. 15 responderán por la muerte del edil frentista Gelós Bonilla, muerto en 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, ocho lo harán por la muerte del comunista Ubagesner Chávez Sosa en la Base Aérea Boiso Lanza y otros tanto lo harán por la desaparición física de Aldo Perrini Guala en el batallón de Infantería de Colonia.
Mientras tanto, un grupo creado en Facebook llamó a los uruguayos a realizar el lunes un "cacerolazo" en repudio a recientes declaraciones de militares.
Más de 2.000 personas habían anunciado el domingo por la noche su participación al evento, a realizarse el lunes entre las 20:30 y las 21:00.
El grupo llamado "Gran cacerolazo a nivel nacional" invita, en respuesta "a las declaraciones de los militares en los últimos días", a realizar una gran caceroleada "con familiares, amigos, compañeros", "en una plaza, en una esquina", o en la "vereda" e incluso "frente a la embajada", para los uruguayos "en el exterior".
La Justicia uruguaya citará a partir de febrero a decenas de militares acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura, lo que generó malestar entre algunos uniformados retirados que consideraron que hay un "hostigamiento" a las Fuerzas Armadas.
Un foro denominado "Libertad y concordia", cuyos integrantes se identificaron como "militares retirados", aseguró que en Uruguay el tema de los derechos humanos "ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales".
Varios militares afirmaron que estaba dispuestos a resistir en caso de ser citados por la Justicia, como el coronel (r) Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Militar.
"Yo me resistiría, no tengo ninguna esperanza de que una vez detenido, la Justicia haga Justicia. No me han dejado alternativas: perdido por perdido, vamos a jugar a muerte", declaró Pérez al diario El País
