Se intensifica el debate sobre cómo terminar con la impunidad, herencia maldita de la dictadura que envenena a la sociedad uruguaya toda, y avanzar en la verdad y la justicia.

Uno de los elementos centrales e imprescindibles para la impunidad y su vigencia es el silencio, la inexistencia del tema, propiciada por el bloque de poder al que le es funcional con la complicidad de gran parte de los medios de comunicación que no es de ahora, tiene décadas.

La decisión política del presidente de la República, José Mujica, de concurrir a la bancada de Diputados del FA acompañado por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, invocando el respaldo del ex presidente Tabaré Vázquez, y pedirles a los parlamentarios frenteamplistas que “reflexionen” sobre las “consecuencias políticas e institucionales” de votar la Ley Interpretativa, ha generado una situación delicada.

Entendemos que la actitud del Presidente no es feliz ni en el tiempo, ni en el lugar, ni en la forma. Los diputados del FA se aprestan a cumplir un mandato resuelto por el Congreso del FA, presente en su programa de gobierno y ratificado por unanimidad en su Plenario Nacional, luego de un largo y cuidadoso proceso de discusión.

No se debe colocar a la fuerza política, la que hizo posible el primero y segundo gobierno de izquierda, en esa tensión. No se puede poner en peligro una de sus características fundamentales: el respeto a las decisiones de sus organismos y la unidad de acción. Sin quitarle un gramo de entidad al planteo del Presidente, que le dio todo el peso de su figura y su investidura, los diputados del FA no pueden hacer otra cosa que cumplir las decisiones del FA hasta tanto sigan firmes.

La construcción de la unidad también implica el respeto de los tiempos y las formas que entre todos acordamos. La unidad es una conquista muy importante para la izquierda uruguaya y no se la puede desgastar; no se la debe desgastar.

Si se tenía esta posición ¿por qué no se planteó donde y cuando se debió hacerlo? ¿Qué salida se planteará a esta encrucijada que el FA no buscó? Como siempre, los frenteamplistas estamos dispuestos a discutir, a escuchar y a convencer.

Pero la permanencia de la impunidad pagando tributo a posibles réditos políticos de la derecha es inaceptable. En editoriales anteriores analizamos los aspectos jurídicos, institucionales y políticos del debate, en particular en lo referente a la pertinencia de anular o no la Ley de Caducidad. Siempre abordamos el tema asumiendo que hay dos dimensiones en el debate. La principal con la derecha, a la que no le sirve esta Ley Interpretativa y no le servirá nada, sencillamente porque quiere la impunidad. La impunidad es un eslabón fundamental de su arsenal político, jurídico e ideológico para mantener la hegemonía en la sociedad. La segunda dimensión es en el campo popular, donde han surgido dudas, legítimas, sobre todo las que están planteadas en el terreno estrictamente jurídico, aunque son variadas.

Sostuvimos y sostenemos que ningún argumento esgrimido nos ha hecho cambiar de posición: hay que anular la Ley de Caducidad. Lo necesita la democracia uruguaya para poder profundizarse y fortalecerse, no es un tema del pasado, es del presente y compromete el futuro. No se puede construir un proyecto de cambio y transformar la sociedad uruguaya con un rumbo de izquierda manteniendo la impunidad. Terminar con ella es un requisito, aunque no suficiente, absolutamente necesario para avanzar en democracia. Con impunidad, no habrá verdad y tampoco justicia plena. ¿Anulada la Ley se garantiza la verdad y la justicia? No, son necesarios más pasos, políticos e institucionales.

La impunidad no sólo ha perpetuado en el tiempo y por lo tanto ha extendido las violaciones a los derechos humanos; ha tenido también otras consecuencias. Dos de ellas son particularmente graves. La primera es la omisión del Estado de cumplir su deber e investigar para avanzar en la verdad y permitir que haya justicia, haciendo recaer la carga de la investigación sobre las víctimas y sobre los periodistas independientes. Es desde allí que se han hecho y se siguen haciendo la inmensa mayoría de las denuncias, constituyendo incluso piezas claves en todas las actuaciones judiciales hasta el presente. La segunda es la falta de espacios institucionales especializados en este tema, que impulsen la investigación en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez, los avances fueron importantes: se habilitaron los juicios y hay represores presos; se investigó y denunció el terrorismo de Estado, particularmente en los trabajos coordinados por Álvaro Rico, tanto para Presidencia sobre los desaparecidos como para la UDELAR más amplio; se ingresó a los cuarteles, se excavó y se hallaron los restos de Chaves Sosa y Fernando Miranda; se concedieron extradiciones de militares uruguayos requeridos en otros países.

Pero falta mucho. Hay que hacer mucho más.

Hay que avanzar en una institucionalidad de Derechos Humanos que haga que el Estado se transforme en agente promotor de la investigación, que la impulse y la garantice. Está pendiente la instalación de la Institución Nacional de DDHH ya creada por ley y definida como la encargada del seguimiento de denuncias contra los derechos humanos y como una usina de elaboración de propuestas, recomendaciones, informes y estudios en la materia.

En este número de EL POPULAR informamos sobre la propuesta del General ® Oscar Pereira para conformar un “Grupo Coordinador en la Investigación de los Desaparecidos" dependiente de Presidencia de la República e integrado por las FFAA, organismos estatales, periodistas de investigación y los familiares de desaparecidos.

Es un militar, insospechado de ser de izquierda, cuya posición poco tiene que ver con las que se amplifican y destacan en los medios como si fueran las únicas existentes dentro de las Fuerzas Armadas.

El PCU va a proponer al FA la creación de una Comisión de la Verdad que tenga recursos humanos e institucionales para investigar y que sea un respaldo del Estado para los esfuerzos heroicos de familiares y víctimas y también, para las investigaciones de la Justicia. ¿La derecha se pondrá nerviosa? Sí. ¿Sectores de militares comprometidos con la dictadura o afines a la derecha expresarán su malestar? Es altamente probable.

Pero nada de eso es argumento para no hacer lo que hay que hacer. La verdad y la justicia no son negociables. La democracia se fortalece profundizándola y enfrentando en el terreno de las ideas y de la lucha política a quienes quisieron, quieren y querrán mantener las cosas como están y que nada cambie.

Muy lejos de ceder al chantaje y las operaciones mediáticas hay que doblar la apuesta.

Hay que anular la Ley de Impunidad y meter al Estado como agente investigador, construyendo la Verdad y promoviendo la Justicia.

Fuente: El Popular

Un puñado de periodistas, el presidente de la República y un abogado aseguran haber leído, escuchado o visto filmada una proclama desafiante de supuestos soldados enmascarados. Cuánta valentía derrocha el Comando Honor y Dignidad del Ejército Nacional Libertador. “¡Libertad o muerte! ¡Viva la patria!”, berrean. Le pasan la mano por el lomo a “los ciudadanos de bien” que “viven atemorizados por la delincuencia”, mientras se relamen imaginando “operaciones militares” para “asegurar la liberación” de los peores criminales de la historia uruguaya. Criminales a quienes la ciudadanía les paga la jaula de oro, con una plata que podría servir para rehabilitar a otros delincuentes cuyas vidas corren peligro en prisiones infames.

Militares activos y retirados, así como sus clubes sociales, lamentan la posible anulación de la Ley de Caducidad con la retórica entre burra y gorila, siempre bestial, de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas. Juegan a que están inquietos. “Hay un nerviosismo muy grande”, advirtió el comandante del Ejército, general Jorge Rosales. Decenas de oficiales amenazan con pedir el retiro si cae la impunidad, una maniobra que no supondría descenso de sus ingresos, y sí un aumento en buena parte de los casos. Trascienden, también, riñas internas menudas, como las “faltas de respeto” que llevaron a Rosales a relevar al hoy ex comandante de la División de Ejército I, general Luis Pérez. El conflicto: quién pronunciaría un discurso.

El Partido Nacional, principal de la oposición, le retira su confianza al ministro de Defensa, por “carencia de rumbo y manejo anárquico” de unas 25 mil personas que andan armadas por ahí. La sociedad hierve de delincuencia. Volvieron las razias. La Fuerza Aérea asiste con helicópteros a comandos de policías uniformados, encapuchados y pertrechados a guerra, que incursionan en barrios pobres con pocas misiones concretas y escaso aval judicial. O sea, con fines intimidatorios. Cantidad de militares se salen de la vaina por jugar al policía y patrullar algo más que el perímetro de las cárceles. Don, doña, qué miedo.

Y parece que el problema es que los miembros activos de las Fuerzas Armadas hablan de política.

¿Cómo es la cosa? ¿Pueden o no? ¿O pueden hacer declaraciones de carácter político sólo cuando te gustan, seas opositor u oficialista?

Mejor que hablen, así se sabe lo que piensan. Los militares siempre han hablado de política. ¿Acaso los expertísimos que suelen citar a Clausewitz están de chistosos?

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, dijo que “no puede haber verdad si hay justicia” porque “son palabras que una y otra no van unidas”. El problema no es que esas declaraciones sean políticas. Es que son indecentes. Son indignas del jefe de una institución del Estado que discursea y se disfraza de honorable. Amonestarlo por ellas es muy poco.

El problema, señores milicos, y permítase la confianza, es que muchísimos entre ustedes cometieron crímenes y actos terroristas de lo peor, y que no hicieron nada, ya no para lavar su imagen (eso sería algo mínimo), sino para limpiar la cagada que derramaron sobre todo el país. Para eso tendrían que mandar ustedes mismos en cana a los diarreicos, a los delincuentes, incluidos los civiles uruguayos y los extranjeros a quienes les hacían los mandados. Tendrían que pedirles perdón a sus víctimas y a la sociedad. El problema, señores milicos, es que la ciudadanía ve en la impunidad, y en la frescura con que ustedes la gozan, una señal de que están dispuestos a repetir aquella entrada y todos los platos, vomitar y volver a empezar. El problema, señores milicos, es que los civiles les tienen miedo, como le tienen miedo al chorro hipotético o real que se mandó tremebundo copamiento y al día siguiente estaba libre. Lo mismo que disfrutaron muchos de ustedes. Porque el problema, señores milicos, es que la valentía, en su versión castrense, es sólo una palabrita a lustrar en los escudos de armas, visto lo que les gustó ensañarse con débiles inermes.

¿Quién dijo miedo? Las noticias nacionales. Las noticias internacionales. Y el presidente y el vicepresidente de la República, que el miércoles encararon por sorpresa a los diputados oficialistas para sugerirles que rechazaran el proyecto que desactivaría la Ley de Caducidad. Como dijeron miedo el hoy ex presidente Julio Sanguinetti y los legisladores colorados y blancos de 1986 y la mayoría de la ciudadanía en 1989.

Habrá que aceptar que el país está cagado.

¿Habrá?

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

Presión en toda la cancha

El Dr. Oscar López Goldaracena opinó que la discusión sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad "no se puede medir en costos electorales". En declaraciones a Montevideo Portal, Goldaracena no descartó renunciar al FA en caso que el plenario de esa fuerza revea su posición sobre dicho proyecto.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió este jueves en la sede del partido de gobierno y decidió pedir que se convoque a un plenario para volver a discutir la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Consultado por Montevideo Portal, el Dr. Oscar López Goldaracena, opinó que "no se puede medir el tema en términos políticos electorales porque no se trata de una pequeñez, fanatismo o revanchismo. Se trata del cimiento mismo de nuestra sociedad, en base al derecho y a los principios de convivencia de una sociedad civilizada. El Frente Amplio definió un grupo de trabajo para definir avanzar en cuál sería el instrumento para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Y se trabajó durante meses. Hoy no vemos otro elemento nuevo que no sea la presión del presidente José Mujica sobre los diputados del FA. No existe razón de fondo para dejar de lado lo esgrimido el grupo de trabajo que elaboró el proyecto".

El Dr. Goldaracena, integrante del Movimiento de Independientes por Derechos Humanos del FA, opinó que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, "es un tema jurídico que debería estar por encimar de los temas políticos".

A juicio del Dr. Goldaracena, las dudas que se presentan hoy sobre el proyecto "debieron ser planteadas en su momento, porque el Poder Ejecutivo participó en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto. Si hay otro motivo, si esa motivación hace a la cuestión militar, se le debe ser muy claro a la ciudadanía. Yo estoy convencido que no hay ruido de sables´, no hay espacio para ´ruido de sables´. Pero mi generación y la sociedad uruguaya, quiere terminar con el tema del pasado. ¿Y cuál es la forma? Es reafirmar los principios sobre los cuales debe estar asentada nuestra convivencia. No se puede medir en costos electorales. Se fue cambiando el centro de gravedad del debate. De lo estrictamente jurídico y ético, pasó a los político-electoral. Eso no se puede permitir".

Nuevo plenario

La revisión del tema por parte del Frente Amplio, surgió luego de que el presidente José Mujica concurriera personalmente al Parlamento para decirle a la bancada que, en su opinión, el proyecto es un error y que puede generar consecuencias políticas negativas para el Frente Amplio, incluso desde el punto de vista electoral.

Esa visión de Mujica, que fue dada en calidad de "una opinión de compañero a compañero" se agregó a la dada días atrás por el vicepresidente Danilo Astori, que el pasado fin de semana abogó por buscar otros mecanismos para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, planteando que el no reconocimiento de los plebiscitos quitará legitimidad al Frente Amplio.

El Dr.Goldaracena, abogado identificado con las causas relacionadas a los Derechos Humanos en Uruguay, reconoció que en caso que el Frente Amplio revea su postura sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, podría alejarse de esa fuerza política.

"Cuando tome esa decisión va a ser definitiva. Quiere decir que no va a ser anunciar una renuncia que no se concrete, como hizo el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Todavía no tome ninguna resolución. Aspiro a que el Frente Amplio conserve el instrumento de unidad. Porque está en juego la unidad de la fuerza política", explicó Goldaracena.

"Juntarte a discutir"

Fuentes del MPP aseguraron a Montevideo Portal que "la posición original del sector" es que "no puede anteponerse ante dos plebiscitos porque es la expresión máxima del pueblo" pero que se terminó por acatar la mayoría.

"Algunos compañeros frenteamplistas entendieron otra cosa, no con la intención de no respetar los plebiscitos, se fue al Plenario y se discutió", dijeron.

Otra de los elementos que está analizando el sector es la casi seguridad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia declararán la inconstitucionalidad del proyecto interpretativo, por lo que la anulación quedaría sin efecto.

"Si en ese ámbito se entiende que es inconstitucional, tenés que juntarte a discutir", afirmaron reconociendo que "es una alternativa" la tesis del Dr. Martín Risso, que propuso que sea el Poder Ejecutivo el que revoque las resoluciones por las que se consideró bajo el amparo de la Ley de Caducidad algunos casos.

"Las opiniones pueden ser de lo más variadas , como por ejemplo que el sostén de toda sociedad son los derechos humanos", afirmaron las fuentes, asegurando que es necesario esperar cómo se den las discusiones para ver qué posición lleva el sector.

Fuente: Montevideo Portal

Salsipuedes

Un día después de que José Mujica advirtiera a los diputados oficialistas sobre los costos político-electorales de la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el clima en el Frente Amplio (FA) era de desconcierto. Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) se afirma que "hay que tomar en cuenta" lo que dijo el presidente pero se entiende que "no hay ambiente para desobedecer" al FA. Otros sectores son enfáticos en que no se plantean alternativas al interpretativo. Las bases se llamaron a silencio; en las redes frenteamplistas "hay mucha gente que está viendo al FA como una murga".

El Secretariado Ejecutivo, que reúne a los sectores con representación en el Senado, decidió ayer proponerle a la Mesa Política que convoque un nuevo plenario. La única forma de que este órgano de dirección puede modificar una decisión unánime -en este caso, mandatar a los legisladores a votar el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad- es mediante otra votación unánime, ya que así lo establece el reglamento. "O hay salida entre todos o no hay salida. Pero, dadas las condiciones políticas en el FA, es difícil que no surja ninguna solución. O es esto [el interpretativo] o es otra cosa", resumió un integrante del secretariado.

Varios legisladores del MPP se reunieron ayer de mañana con el canciller Luis Almagro, quien pese a las advertencias de Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia (ver la diaria del 5/5/2011), se mantuvo firme en su postura, al reafirmar su respaldo al interpretativo como forma de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana en el caso Gelman.

"Nos hemos metido en un berenjenal. Se nos fue la situación de las manos por ser tan flexibles. El MPP ha dejado hacer y ese dejar hacer nos trajo todo esto. No hay ambiente para desobedecer al FA, pero queremos saber si el resto lo entiende. Estamos en un brete, pero no podemos ir con una aplanadora: ése no es el camino", señaló a la diaria un legislador emepepista. En la misma línea, el diputado Jorge Orrico (AU) explicó que su sector "apoya totalmente" a Mujica. "Meditemos lo que dijo, ésta es la postura. Pero siempre vamos a acatar la decisión del FA", añadió.

El berenjenal

Por la tarde, la senadora Lucía Topolansky (MPP) convocó a su despacho a todos los legisladores del Espacio 609, aunque en la reunión no se tomaron decisiones. Allí, ante una consulta de un parlamentario, la senadora negó que los movimientos del miércoles hayan tenido que ver con la "interna militar". En cambio, según las fuentes consultadas, Topolansky transmitió que por el momento "no hay una alternativa al interpretativo" y que el FA debe "responsabilizarse" de esa decisión.

"La idea es que si se convoca un nuevo plenario no es para que reconsidere su decisión. Es para poner los nuevos elementos sobre el mesa, es decir, que los constitucionalistas djieron que es inconstitucional y que probablemente la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional", explicaron. En cuanto al comportamiento de la bancada empepista aseguraron que "se va a comportar orgánicamente".

La Vertiente Artiguista analizará hoy el tema. No obstante, ayer el senador del sector, Enrique Rubio, dijo en declaraciones a la prensa que el planteo de Mujica debió haberse hecho "con anterioridad" porque de esa forma había "más elementos para tomar decisiones", pero que hoy no hay alternativas al proyecto que ya tiene media sanción. El Partido por la Victoria del Pueblo fue el único sector que emitió ayer una declaración escrita y lo hizo reafirmando la necesidad de aprobar la iniciativa para "comenzar a cumplir las responsabilidades de los tres poderes del Estado respecto al derecho a la verdad y a la justicia en relación con crímenes de lesa humanidad".

Murgueros

Las bases se llamaron a silencio. "Por ahora no vamos a hablar porque eso significaría entrar en la misma, salir en la prensa en lugar de hablar las cosas a la interna, y nuestro compromiso es con la unidad", se excusó Ernesto Etchepare. En ese sentido, el representante de las bases del interior, Alejandro Arismendi, también prefirió ser cauto aunque afirmó: "Lo que más valoramos es la unidad, pero sin perder el objetivo, es decir, que la Ley de Caducidad desaparezca".

En las redes frenteamplistas prácticamente "no hay dos posturas iguales". No obstante, Federico Graña señaló que "hay acuerdo" en que hubo un "mal procedimiento" y una "mala forma de resolver" el asunto. "Lo que hay es desconcierto. Es como un tercer viaje en menos de seis meses, poco serio", precisó. Graña apuntó al hecho de que "no visualiza alternativa" al interpretativo y a que la eliminación de los efectos de la caducidad está previsto en el programa de gobierno.

Pablo Gorriti, integrante de las redes, coincidió en que "hay una confusión muy grande". "Ese sentimiento de confusión refleja lo que le pasa a cualquier votante frenteamplista. Entre los más jóvenes reina el desánimo porque piensan esto con las tripas. Nadie defiende la impunidad, pero hay posiciones encontradas sobre cómo se debe resolver esto", señaló. Y a modo de conclusión afirmó: "Si tengo que resumirte el clima te diría que hay mucha gente que está viendo al FA como una murga".

Apruébese

"Seguimos apostando a que los representantes elegidos por nuestro pueblo asuman el rol que les fue delegado y aprueben el 19 de mayo la ley que repara, en parte, los daños ocasionados al libre ejercicio de la Justicia", reza la declaración que el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer tras evaluar la visita de Mujica a los diputados frenteamplistas. "Ni ahora ni nunca nos anima un espíritu revanchista, más bien se trata de la justicia, de ser coherentes y consecuentes con nuestras mejores tradiciones, con los valores morales y éticos, y el único compromiso es con nuestros compañeros y sus familiares", añade.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

En momentos en que por presiones indebidas se debate en el seno del Frente Amplio acerca de la eliminación de los efectos de la llamada Ley de Impunidad, nos parece importante rescatar las palabras que pronunciara Eduardo Galeano con motivo del sepelio de Ubagesner Chávez Sosa, quien fuera víctima del terrorismo de Estado.

Parafraseando a Galeano, "compartimos la esperanza de que más temprano que tarde habrá memoria y habrá justicia, porque la historia enseña que la memoria puede sobrevivir porfiadamente a todas sus prisiones y enseña que la justicia debe y puede ser más fuerte que el miedo si la gente la ayuda".

ANTE EL DEBATE ACTUAL SOBRE LA ELIMINACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY DE IMPUNIDAD


1) Compañeros destacados como Mujica y Astori han manifestado su preocupación y discrepancia con los efectos político-electorales que podría ocasionar la materialización del proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad.

2) Este proyecto es el resultado de una larga discusión dentro del Frente Amplio donde todas las opiniones han podido formularse y debatirse, y la unanimidad de dos instancias del Plenario Nacional es el resultado de un acuerdo al respecto.

3) Dicho acuerdo se tradujo recientemente en la votación realizada el 12 de abril en la cámara de Senadores.

4) Estas definiciones del Frente Amplio tienen como objetivo comenzar a cumplir las responsabilidades de los tres poderes del Estado respecto al derecho a la verdad y a la justicia en relación con crímenes de lesa humanidad.

5) Estos Derechos y obligaciones fueron desconocidos durante 20 años por los gobiernos posteriores a la dictadura y generaron múltiples esfuerzos e intentos en escenarios difíciles y con grandes frustraciones.

6) La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es categórica en ese sentido y no puede ser soslayada por el Estado Uruguayo.

7) Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia reiteran la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y obligan al sistema político a buscar las formas de eliminar sus efectos.

8) Como PVP valoramos con gran preocupación el contexto del debate actual sobre el tema y reafirmamos el compromiso de fondo con estas banderas éticas, que significan un mensaje democrático hacia las nuevas generaciones, las organizaciones sociales y de derechos humanos. Ninguna presión militar puede ser aceptable sobre el tema.

9) El PVP reafirma su pleno respaldo a las resoluciones democráticamente asumidas por el Frente Amplio, que a lo largo de 40 años ha construido un patrimonio colectivo que va más allá de dirigentes y sectores.

Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ante los últimos acontecimientos que ponen en duda la votación en la Cámara de Diputados del Proyecto que declara nula o inexistente algunos artículos de la Ley de Caducidad y atento a las resoluciones de los Congresos y de la Mesa Representativa, declara:

1.- El movimiento sindical uruguayo, es uno de los actores sociales comprometidos desde siempre con la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales, principalmente la Vida y las garantías democráticas y jurídicas que la sustenten.

2.- Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura cívico – militar del 27 de junio de 1973 hasta el 1º de marzo de 1985, descargaron toda su ira contra los militantes sindicales y los partidos políticos de izquierda entre otros. De esa forma, miles de trabajadores dirigentes sindicales fueron presos, destituidos de sus trabajos, perseguidos, expulsados al exilio, torturados, muertos y desaparecidos.

3.- Desde el final de la dictadura, nuestra principal consigna fue “Amnistía General e Irrestricta” y luego - ya en democracia – “Juicio y Castigo a los Culpables”. Nos opusimos desde el inicio del debate parlamentario de entonces, a la ley de La Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque escondía u omitía la posibilidad de investigar y actuar en consecuencia a la Justicia, sobre los hechos y trágicas consecuencias de la violación de los Derechos Humanos del proceso.

4.- Participamos en todas las instancias democráticas y populares, en relación y coordinación con todas aquellas organizaciones sociales y políticas para buscar consensos e impedir vía la derogación primero y la anulación después, una Ley inconstitucional que además, es reñida y contradictoria con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5.- Vale pues ésta breve reseña histórica, para reafirmar una conducta coherente y consecuente del movimiento obrero, fiel a sus principios en el acierto o en el error. Ni ahora ni nunca nos anima un espíritu revanchista, más bien se trata de Justicia con nuestras mejores tradiciones, con los valores morales y éticos y el único compromiso es con nuestros compañeros y sus familiares.

6.- Por todo lo expuesto, seguimos apostando a que los representantes elegidos por nuestro pueblo, asuman su rol delegado y aprueben el próximo 19 de mayo la Ley que repara en parte, los daños ocasionados al libre ejercicio de la Justicia.

Secretariado Ejecutivo PIT-CNT

5 de mayo de 2011