No podemos hacerle una vista real, porque unos malos militares, torturaron y asesinaron a esta mujer indefensa en una unidad militar en 1974, cuando no había ninguna “guerra” sino una dictadura que practicaba el terrorismo de estado.

Tenía 24 años, era profesora de literatura, militante social y comunista.

Le haremos una visita virtual el 15 de abril y le regalaremos un poema.

Si querés ser parte de esta visita, poné que vas a participar de este evento y corré la voz.

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El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, se lanzó con armas y bagajes a la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La iniciativa necesita 250 mil firmas para habilitar una votación simultánea con las elecciones de 2014. Según las versiones de prensa lleva 70 mil firmas reunidas. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución; es más, ni siquiera procura serlo.

Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos.

Primero.- El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayó en varios países del mundo y fracasó. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la “Mano dura” y después la “Súper Mano dura” y sólo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes, por lo cual no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su “Tolerancia Cero” impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial; tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros ha empeorado.

Segundo.- La campaña de Bordaberry parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef , “el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados `infracciones gravísimas a la ley´ - homicidio, violación, rapiña, secuestro – y hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aun como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito”. Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad. Lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Eso contraviene todas las normas internacionales y además, vale reiterarlo una vez más, donde se hizo, fracasó.

Tercero.- Hay 260 mil adolescentes en Uruguay, mientras los que están en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%; el 94.4% restante es protagonizado por mayores. El número de delitos cometidos por menores se ha mantenido estable, aunque ha crecido respecto de los registros históricos. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del INAU, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la reinserción. Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales. Algunos quieren que se mantengan de modo completo; ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo. Otros lo consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto, que es, reiteramos el principal problema en cuanto a los menores infractores.

Cuarto.- Bordaberry integró como Ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita, enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza, multiplicaron el desempleo y la deserción estudiantil. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. La juventud uruguaya hoy, a pesar de todos los avances, es uno de los sectores más golpeados de la sociedad. De los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años. El 17,9% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los índices de pobreza e indigencia son entre los jóvenes casi el triple que los nacionales. Bordaberry lo único que propone es represión. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes: primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión.

Quinto.- La violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, incluso sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con su concepción y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales; su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria. De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población.

El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo; cómo integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos.

Fuente: El Popular

“La Flotilla de la Libertad pone de manifiesto la hipocresía de las relaciones internacionales”

En mayo de 2010, el ejército de Israel abordó en aguas internacionales a la Flotilla de la Libertad cuando se dirigía a Gaza para romper el bloqueo al que el Estado hebreo somete a este territorio palestino desde hace ya casi cinco años. El próximo mes de mayo zarpará hacia la Franja la Segunda Flotilla de la Libertad, compuesta por 15 barcos que representan a más de 20 países. Una nave fletada desde el Estado español se sumará a la expedición. Conversamos con Alicia Alonso, integrante de la campaña Rumbo a Gaza

¿Cuáles son los objetivos de la Segunda Flotilla de la Libertad?

La expedición tiene tres objetivos. En primer lugar, se trata de una acción de solidaridad con el pueblo gazatí para decirles que aunque los gobiernos occidentales les hayan olvidado, la sociedad civil y las clases populares no lo hemos hecho. También hay un objetivo humanitario, para llevarles la ayuda y los materiales que Israel, en su bloqueo ilegal y criminal, no deja entrar. Especialmente materiales de construcción, tan necesarios para reconstruir la Franja tras el devastador ataque israelí de 2008 [más de 1.400 personas asesinadas, 400 de ellas menores de edad, 5.000 heridas y 20.000 edificios completamente arrasados]. Y finalmente el objetivo político de romper y poner fin a un bloqueo ante la pasividad, cuando no abierta complicidad, de la mal llamada comunidad internacional.

15 barcos, 20 países involucrados, más de un millar de activistas que prevén navegar en la Flotilla… ¿Cuál ha sido el camino para hacer realidad esta gran coalición internacional?

Teníamos claro que la violencia israelí no nos iba a doblegar. El abordaje de la primera Flotilla y el asesinato de nuestros nueve compañeros reforzaron la determinación de romper y poner fin al bloqueo. La gran mayoría de las personas y de las organizaciones que viajaban en esa primera expedición se pusieron a trabajar inmediatamente después de regresar a sus países. Han sido casi diez meses de intensos esfuerzos, de aunar voluntades y tejer alianzas para poner en marcha la Segunda Flotilla de la Libertad.

Desde el Estado español se ha conseguido fletar un barco

Era uno de los objetivos y se ha logrado a través de la campaña Rumbo a Gaza, una iniciativa a la que se han sumado 1.500 personas y 175 organizaciones de todos los territorios del Estado. La respuesta popular ante este reto está siendo impresionante, desde los centenares de personas que han formado grupos de trabajo en todos los rincones del Estado hasta los actos multitudinarios como los conciertos de Sevilla o de Rivas Vaciamadrid, con 6.000 personas en cada uno de ellos. Pero aún queda mucho que hacer. La campaña continúa, está en su punto álgido y hace falta un último esfuerzo.

¿Cuál es la situación de Gaza tras cinco años de bloqueo?

Gaza es un inmenso campo de concentración, la mayor cárcel del mundo, un gigantesco gueto que en nada tiene que envidiar a aquel gueto de Varsovia. La situación de sus habitantes es desesperada. El 80% de la población depende de la ayuda humanitaria para su alimentación; el 70% de las familias vive con menos de un dólar al día por cada uno de sus miembros; el 50% de la población activa está desempleada. A estos datos hay que añadir los estragos psicológicos provocados por una vida sin perspectivas de futuro, la precariedad sanitaria, los desequilibrios emocionales en los niños y niñas que no han conocido más que el cerco. Karen Abu Zayd, comisionada de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denunció que Gaza está a punto de convertirse en el primer territorio reducido de forma intencionada a la miseria con el consentimiento, complicidad e incluso colaboración de la comunidad internacional.

Y además están los ataques israelíes

Esos ataques son crímenes contra la humanidad, porque se realizan contra una población civil inerme y sin un ejército regular que la proteja. En 2006 más de 500 personas asesinadas en la Operación Lluvia de Verano; en 2008 fueron 1.500 en la Operación Plomo Fundido. Pero es que en 2010, que fue calificado como ‘un año tranquilo’ por las cancillerías, los israelíes asesinaron a casi 80 personas y en lo que llevamos de 2011 son ya cerca de una veintena. Es un gota a gota que jamás encuentra eco en los medios de comunicación de masas o queda relegado a un breve en páginas interiores. Sin embargo, cualquier víctima israelí ocupa portadas. ¿Cuánto vale la vida de la gente palestina?

¿Cuál crees que puede ser la reacción de Israel ante la Segunda Flotilla? ¿Esperáis un ataque tan brutal como el del año pasado?

Israel es impredecible. Y es impredecible porque se sabe impune. Lleva más de 60 años cometiendo gravísimos crímenes contra la humanidad, vulnerando la legalidad internacional, incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, asesinando y torturando…, y sin embargo, no ha recibido una sola sanción, ni siquiera una mínima amenaza aunque sea simbólica. Todo lo contrario. Las relaciones financieras y comerciales, culturales, turísticas o militares cada vez son mayores. Y no sólo por parte de Estados Unidos, su tradicional valedor, sino también por la Unión Europea y por el Estado español. La complicidad con los crímenes israelíes es total.

Obviamente, esta es una operación incómoda para los gobiernos de los países occidentales.

Sí, porque les obliga a posicionarse. ¿Permitirán el abordaje de barcos que navegan bajo su bandera y el ataque a sus tripulaciones o cumplirán con su obligación de defender las embarcaciones y su pasaje? La Flotilla de la Libertad pone de manifiesto la hipocresía de las relaciones internacionales.

¿Cómo se ve esta iniciativa desde Palestina?

La consideran una acción muy importante, sobre todo porque es una acción directa que pone a Gaza en la agenda internacional. Para la Franja, el silencio es la muerte. Y durante los días que dure la travesía, los ojos del mundo estarán puestos en la Flotilla, lo que equivale a decir que estarán puestos en Gaza. No obstante, y con ser una acción de mucha envergadura, no va en detrimento del trabajo de resistencia que se hace día a día desde las organizaciones del pueblo palestino y de la solidaridad internacional. En este sentido, es necesario mencionar la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel, que en sus cinco años de funcionamiento ha demostrado ser una eficaz herramienta de lucha contra la ocupación.

Siguiendo la estela de los levantamientos en otros países árabes, ¿se levantará también el pueblo palestino?

El pueblo palestino lleva levantándose contra la dictadura que le oprime desde hace más de 60 años. La dictadura sionista es tan genocida o más que la de Mubarak o Ben Ali, y no menos corrupta. Es mentira que Israel sea una democracia. En realidad es un régimen racista y de Apartheid. La historia de la resistencia palestina contra este régimen es una historia de dignidad, coraje y determinación. En realidad, son las clases populares árabes las que están siguiendo la estela marcada por Palestina a lo largo de las décadas.

Fuente: Rumbo a Gaza

Los agentes asesinaron a la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero y a cuatro ciudadanos chilenos, incluyendo un empleado del FMI, un mes después del golpe de Pinochet, en 1973.
El juez Jorge Zepeda sentenció a diez años de presidio, sin beneficios, a tres ex militares chilenos por su participación en el asesinato de seis personas en la investigación denominada Caso Torres San Borja, ocurrido el 17 de octubre de 1973. Un día antes, las víctimas –entre las que se incluyen dos ciudadanos argentinos– fueron detenidas y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, en Santiago.
Los ex uniformados eran miembros de la escuela de suboficiales del ejército y fueron individualizados como Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes deberán cumplir presidio efectivo.
Esto porque los agentes –que actuaron a un mes de perpetrado el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet– son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), por ese entonces funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta (25) y Beatriz Elena Díaz Agüero (26); Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario, y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista (35).
Este caso causó revuelo a mediados de la década de los ’70 por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, lo que llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a solicitar antecedentes de los homicidios.
El 2 de junio de 1976, mediante la resolución N° 1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.
La denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados y se cerró el proceso sin culpables como tantos otros casos que recién ahora se han reabierto para esclarecer la verdad de lo ocurrido en plena dictadura de Pinochet.
Según se desprende de la sentencia, las víctimas fueron detenidas el 16 de octubre de 1973 mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 del complejo de edificios San Borja, en pleno centro de la capital chilena. El secuestro fue efectuado por miembros de la escuela de suboficiales del ejército, quienes condujeron a los detenidos a un recinto de tortura habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, en la –por esos años– periférica comuna de Pudahuel.
Al día siguiente fueron sacados del lugar y llevados a los alrededores del túnel. Ahí se les ordenó a cada uno correr con la idea de que tenían una chance de escapar con vida. Sin embargo, el plan de los militares era simular una fuga y justificar los asesinatos. Poco importaron a los sujetos vestidos con cascos y ropas de camuflaje los gritos de clemencia de sus compatriotas o los otros que se escuchaban fuertes con acento extranjero. Todos murieron acribillados por ráfagas de ametralladora.
Según el Informe Rettig, emanado de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos–, la patrulla que arrestó al matrimonio argentino pasó por alto que Beatriz Díaz estuviera embarazada.
Los seis detenidos fueron “trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres –a sólo unas cuadras de San Borja y a metros del convento de San Francisco– que perteneciera al Partido Socialista, conocido luego como centro de terror y torturas de la policía secreta”.
De Londres fueron “trasladados a la Casa de la Cultura a cargo de efectivos del ejército en calle La Estrella”, dice el Informe Rettig.
Al día siguiente, los cadáveres de los detenidos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera que une Santiago con el puerto de Valparaíso, por vecinos. Cuatro días más tarde, unos parientes reconocieron los cuerpos en la morgue de Santiago.
Marcelo, padre de Ricardo Montecinos, testificó que a su hijo le sustrajeron un reloj de oro, doscientos dólares, su carnet y su pasaporte. Según el testimonio de un pariente de Carlos Saa, éste fue detenido e interrogado por militares el 14 de octubre, después de ser confundido con su hermano Julio Saa, dentista y residente de la Torre 12, quien tuvo discusiones con un tal Pascual Rodríguez, militante de Patria y Libertad (partido de ultraderecha) y, supuestamente, posterior colaborador del Servicio de Inteligencia militar (SIM).
Después del golpe, Rodríguez montó en San Borja una junta de vigilancia contra extremistas a la entrada de la fatídica Torre 12. Según Montecinos, el capitán Carlos Cardemil, jefe de la patrulla que arrestó a su hijo, “alojaba a menudo en el departamento de Pascual Rodríguez”. Se supone que ahí confeccionaron la lista de quienes debían eliminar en su obsesión de “salvar a la patria”.
Christian Palma
Fuente: Página 12

Foto: Reuters

El viejo axioma de a río revuelto ganancia de pescadores prima hoy en las relaciones políticas internacionales, caracterizadas por un polo de poder global en crisis, pero a la ofensiva.

Con fondos de los contribuyentes, en especial de las clases y sectores populares, se financia el envío de barcos, tropas y medios bélicos a misiones de control sobre recursos vitales o, en otros casos, se oxigena a la banca del sistema.

Insatisfecho con una zona de exclusión aérea en Libia, Estados Unidos demandó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorización para intervenir directamente, a la cabeza de la OTAN, en el país del Norte de África, una operación impulsada por las diplomacias del Reino Unido y Francia.

Desde la llamada Guerra del Golfo, a inicio de los pasados años noventas, la doctrina militar estadounidense se caracteriza mayormente por las operaciones conjuntas, con el doble propósito, según analistas, de neutralizar a la opinión pública en el mundo y de disminuir costos u obtener ingresos contantes.

Especialistas consideran que se consagra un modus operandi caracterizado por la utilización de la fuerza, con la correspondiente secuela de muertes, para el control sobre territorios, recursos naturales y humanos; y para incrementar la influencia geopolítica y el dominio sobre la vida nacional en países y regiones determinantes.

En lo económico y financiero se respalda a la banca de una economía en crisis, mediante fondos aportados por las clases media y trabajadora, los sectores populares, la intelectualidad e, incluso, por las poblaciones de los mismos países en proceso de recolonización.

Dos hechos les resultan cada vez más evidentes a analistas. Por un lado, se invierte en medios bélicos gastables o vendibles, a casi todo el mundo, incluido el Oriente Medio; y por otro, se persigue reflotar un aparato financiero que es cerebro y corazón del sistema.

Cuando Estados Unidos lanzó el mayor rescate financiero de su historia, el periódico Público.es reflejó el 7 de septiembre de 2008, como comentario más valorado, el que decía: "Mira qué bien funciona el capitalismo, ahora que han reventado el sector del mercado por sus ansias de crecimiento desmedido y sin control, recurren a Papá Estado para que inyecte dinero público".

Se trataba entonces del aporte de 100 mil millones de dólares a los dos colosos hipotecarios estadounidenses, Fannie Mae y Freddie Mac, algo que se calificaba como un rescate sin precedentes en su historia financiera y que fue aprobado por el ex presidente George W. Bush.

El ex secretario del Tesoro estadounidense Henry Paulson compareció entonces para explicar que el Gobierno federal tutelaría y financiaría a las dos firmas, que aglutinaban en ese momento casi la mitad de las hipotecas existentes en el país.

La publicación anunciaba la previsión de que el Tesoro financiaría a corto plazo a Fannie Mae y Freddie Mac y a 12 bancos hipotecarios federales, un apoyo que podría durar hasta diciembre de 2009 y, además, compraría títulos de deuda hipotecaria de las dos firmas en el mercado.

Se publicaba por entonces que el Tesoro, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, y la nueva Agencia Federal de Financiación a la Vivienda, serían los organismos que intervendrían en la operación de convertir en deuda pública las pérdidas del sistema financiero privado.

Hasta la fecha, el aporte de estos fondos ha sido creciente y a la vez se elevaron las restricciones a los programas sociales, incluida la reducción de 61 mil millones de dólares al presupuesto en curso, que concluye al inicio del último trimestre, y cuyos efectos serán negativos para el programa de salud del presidente Barack Obama.

Por otro lado, el periódico ecuatoriano El Comercio publicó el 13 de marzo de 2011 que la Eurozona había reforzado el día anterior su fondo de rescate financiero, al dotarlo de mayor capacidad de préstamo y permitirle comprar en los mercados deuda pública de los países más frágiles.

Así, los 17 líderes de esa zona monetaria acordaron aumentar la capacidad efectiva de préstamo de su fondo de rescate financiero temporal de 250 mil millones de euros (348 mil millones de dólares) a 440 mil millones (612 mil millones de dólares), según la equivalencia en esa fecha.

En los últimos años, se mantienen al alza allí medidas antipopulares, reducción de salarios, disminución de pensiones, supresión de otros beneficios sociales y elevación del desempleo hasta cifras generalmente superiores al 10 por ciento, con la máxima en España, que alcanza el 21 por ciento.

Sin embargo, la OTAN muestra la consolidación de las operaciones de intervención, como ocurre en Afganistán, mediante la denominada cooperación entre sus 28 países miembros y los 21 asociados, para lo cual dispone de un presupuesto superior a los dos mil millones de dólares, según cifras no oficiales.

El mayor aporte absoluto en fuerzas, medios y financiamiento corresponde a Estados Unidos, país que también posee, sin duda, la mayor influencia política y de capacidad decisoria en la Organización.


Ilustración: Kalvellido

El 11 de marzo último, el periódico español El País titulaba: "Ola de cambio en el mundo árabe - Guerra civil en Libia. La OTAN despliega fuerzas navales en el Mediterráneo central. La Alianza vigilará más de cerca las costas libias y supervisará el embargo".

Se acomodaba el escenario y los ministros de Defensa de la Organización acordaban incrementar su presencia aeronaval en el Mediterráneo central y planificar con detalle una potencial intervención, que calificaban como "humanitaria y para aplicar el embargo de armas".

Acerca de la denominada Zona de Exclusión Aérea, que aún no satisface a Estados Unidos, la Alianza quedaba a la expectativa de lo que decidiera el Consejo de Seguridad de la ONU, algo aprobado seis días después, para corroborar las previsiones acerca de una intervención inminente en Libia.

Así, se avanza hacia el control total del Oriente Medio y el Norte de África, las mayores reservas mundiales de petróleo -máxime ahora que aumenta la aprensión sobre la energía nuclear- y se intenta neutralizar la inestabilidad social en la región, para capitalizarla favorablemente en el Occidente desarrollado.

Mediante dispositivos aeronavales en la zona se pretende controlar mejor la situación en el área, incrementar la vigilancia y contribuir al embargo decretado por Naciones Unidas, según El País.

De tal modo que, para la OTAN, la crisis Libia pone a prueba el fundamento del "nuevo concepto estratégico y las amenazas que pueden plantearse en el siglo XXI", un anuncio explícito de lo que espera al Tercer Mundo si se consagra el principio de las intervenciones de la Alianza en los llamados "oscuros rincones del mundo".

Se considera que asociados a ella arribarán luego los entes financiero-empresariales para capitalizar los resultados.

Analistas opinan que detrás de lo que denominan barcos; es decir, medios bélicos, arribarán los bancos; o sea, los administradores del capital, para consolidar los resultados.

Muchos consideran a la OTAN una organización de intervención y conquista, con costos también cargables a la mayoría de la población, tanto de los países intervenidos como de los interventores.

Ernesto Montero Acuña

Fuente: PL

Por siempre Quintín y su vigencia!!!

Foto: Marys Yic

El miércoles 13 de abril, la bancada del FA se apresta a aprobar en el Senado el proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad y en la primera quincena de mayo será ratificada en Diputados. Los senadores oficialistas definirán mañana cuándo ingresa a la Comisión de Constitución.

Los distintos sectores del Frente Amplio (FA) acordaron ayer durante el desarrollo del Plenario Nacional que la iniciativa quede sancionada antes del 20 de mayo, día en que se conmemora el asesinato de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La izquierda acordó además mantener movilizados a los simpatizantes del FA hasta la aprobación final del proyecto, en particular el próximo viernes 25, en el acto en conmemoración a la primera concentración de masas de la coalición y el 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio. Además se convocará a los militantes a "llenar y rodear el Palacio Legislativo el día de votación en las cámaras" y realizar un acto de festejo cuando "se apruebe definitivamente la ley", expresa la resolución. Por unanimidad, los 136 delegados presentes del Plenario votaron afirmativamente el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, con las modificaciones introducidas en base a la propuesta del ex senador socialista, José Korzeniak. Con abrazos y aplausos, los integrantes del Plenario celebraron el resultado de la sesión. El presidente del FA, Jorge Brovetto defendió la decisión de la coalición de dejar sin efecto la norma al señalar que "la Suprema Corte de Justicia ya se expidió en más de 20 fallos en los que sostiene que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Al igual que todas las resoluciones se mandata a todos los legisladores y cada legislador debe acatar con responsabilidad". En una votación previa, la Alianza Progresista, sector que integra el senador Rodolfo Nin Novoa se abstuvo, al igual que algunos delegados del Interior.

No obstante, al plantearse la reconsideración de la votación, se obtuvo la unanimidad de los presentes. La Alianza tenía decidido abstenerse en una primera votación, para marcar su desacuerdo con la iniciativa. Nin Novoa no asistió a la sesión, ni lo hicieron los representantes de la CAP-L que conduce el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Pese a que la CAP-L no integra formalmente el Plenario, Fernández Huidobro y el resto de los legisladores del grupo puede asistir aunque no tengan voto. El único integrante del FA que no votará el proyecto, el senador Jorge Saravia no concurrió a la reunión. En la primera moción aprobada se incluyó un texto que fue redactado el viernes por los representantes sectoriales y delegados de base, en el que se expresa que la resolución del Plenario "es obligatoria para todos los senadores y adherentes del FA tal como lo indica el artículo 23 del estatuto, por lo cual implica un mandato explícito para los legisladores en el trámite parlamentario". Asimismo solicita "el más rápido diligenciamiento de la resolución adoptada por el Plenario Nacional". El texto fue redactado por la presidencia del FA y los dirigentes Manuel Núñez (Partido Socialista), Heber Bouces(MPP), Daniela Payssé, Julio Pérez (Alianza Progresista), Carlos Coitiño (PVP) y Daniel Marsiglia (PCU). Empero, la intención de la mayoría de la izquierda es tener asegurados los 16 votos que se requieren en el Senado para anular la Ley y no hacer hincapié en la decisión de Saravia. Por eso se acordó también que las objeciones del Tribunal de Conducta Política contra el PCU por desacatar un mandato queden en el freezer, para congelar también los futuros pasos de Saravia.

Pocos oradores

A pesar de estar convocada a las 13.00 horas, la sesión se inició minutos antes de las 14.00. Si bien la resolución que se iba a adoptar estaba acordada desde el miércoles 16 ­cuando se reunieron las cabezas de lista con el presidente del FA­ parte de los grupos mayoritarios prefirieron no hacer uso de la palabra, no sólo para no extender la reunión sino para evitar que a raíz de alguna exposición, se entorpeciera o se pusiera en juego la votación. El MPP, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y el PCU no hablaron. En cambio, el Partido Socialista y la Vertiente lo hicieron. La mayoría de las argumentaciones a favor de anular la Ley estuvieron a cargo de delegados de base de Montevideo, Canelones, San José, representantes del PVP, 20 de Mayo, Corriente de Izquierda y el POR, entre otros. También expuso la posición de la Alianza Progresista el dirigente Julio Pérez, quien insistió en el desacuerdo del grupo, pero señaló que votarían para no afectar la "unidad de acción" del FA.

Los mismos sectores que no hablaron promovieron una moción para que se cortara la lista de oradores, iniciativa que fue aprobada por mayoría.

Loreley Nicrosi

Fuente: La República