Montevideo, 29 de julio de 2009

Ciudadanas y ciudadanos uruguayos: Han pasado veinte años desde aquel referéndum en el que los uruguayos a través del voto verde y del voto amarillo opinamos sobre una cuestión tan fundamental para la vida institucional y democrática del país. En aquella oportunidad, entre quienes votaron por mantener la ley, algunos estaban convencidos que de esa forma se podría cerrar una etapa dolorosa de nuestra historia y otros lo hicieron guiados por el temor de poner en riesgo la democracia. Todos sin excepción, sabiendo que los militares estaban dispuestos a desacatar nuevamente las instituciones desconociendo la autoridad del Poder Judicial. En aquel entonces, la información que teníamos sobre los crímenes de la dictadura era escasa y fragmentada. Las denuncias que se formulaban por entonces eran sistemáticamente desacreditadas y tildadas de fantasiosas o políticamente interesadas.

Como resultado de aquel referéndum, la Ley de Caducidad continuó vigente y con ella se han mantenido hasta el presente sus efectos para la sociedad y para nuestro sistema democrático. Vivimos con heridas abiertas que la ley impide cerrar, al violentar la separación de poderes, al impedir la independencia del Poder Judicial, al evitar que los jueces puedan investigar, al evitar que puedan averiguar qué pasó y juzgar a los responsables. Heridas que la ley mantiene abiertas al obstaculizar que se haga justicia con las víctimas de la dictadura y que los restos de los desaparecidos sean entregados a sus familiares.

Hoy -lamentablemente- se ha confirmado de manera rotunda lo que en aquel entonces se negaba enfáticamente: la existencia de un plan coordinado entre las dictaduras del Cono Sur para exterminar toda forma de oposición y disidencia en la sociedad. Un plan que apeló a los más crueles recursos posibles, que usó la tortura, la violación, el asesinato y la desaparición de personas, el secuestro de niños a quienes se les robó su identidad, matando además a sus padres.

Los uruguayos pudimos recuperar en estos últimos tiempos los restos de algunos de estos uruguayos desaparecidos, asesinados y enterrados al amparo de la noche, en predios militares nacionales o en fosas encontradas en el territorio de otros países. Muchos otros -la mayoría- continúan desaparecidos. Algunos niños, hoy, han recuperado su identidad, de otros seguimos sin saber.

Los uruguayos tenemos el derecho a saber que fue lo que sucedió y a saber quiénes fueron los responsables de los crímenes. El imperio de la verdad y de la justicia es imprescindible para poder construir una verdadera democracia, una sociedad fuerte y una ciudadanía crítica y responsable de sus actos. Sin embargo esta ley supone un obstáculo para alcanzar el conocimiento de lo ocurrido y protege a quienes cometieron crímenes amparados en sus uniformes o desde el poder del Estado, negando a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad, la necesaria justicia.

Los uruguayos tenemos entonces la responsabilidad de restituirle al Poder Judicial su total independencia, restableciendo la debida separación de poderes y garantizando la igualdad de todos ante la ley. La comunidad internacional también nos exige cumplir con nuestras obligaciones para con las normas del derecho internacional y que anulemos esta ley que protege a quienes han realizado actos equiparables a los cometidos por los nazis en la segunda guerra mundial.

Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes cometidos por los Estados contra su población, el Terrorismo de Estado, no pueden quedar amparados por ninguna ley de perdón, de amnistía, de punto final o de caducidad, pues la acción libre de la justicia es la única garantía de los pueblos contra el ejercicio indiscriminado de la violencia por parte de los Estados y contra la impunidad. Exculpar o pretender explicar los crímenes de lesa humanidad implica justificarlos y por lo tanto aceptar que puedan existir circunstancias donde se puedan reiterar.

En octubre los uruguayos estaremos frente a una decisión trascendente. Luego de veinte años, durante los cuales la desinformación, el ocultamiento y la mentira fueron la pauta, y sin haber podido resolver adecuadamente un tema que es de todos, asumiremos nuevamente la responsabilidad soberana de decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir y -fundamentalmente- sobre qué valores queremos que se afirme esta sociedad que dejaremos a las generaciones que vendrán. Sin importar el signo político de un gobierno, su principal responsabilidad será siempre defender el respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a la condición humana.

Podemos elegir por el valor de la verdad, de la justicia, de la independencia de poderes y de la igualdad de todos ante la ley. O podremos elegir por la no reconstrucción de la Memoria Colectiva y por la impunidad que sientan un precedente para el futuro.

Podemos defender valores de respeto y de tolerancia, independientes de las ideologías, los partidos políticos o las creencias, desarrollando una democracia que se afirme en los derechos humanos. O podremos optar por una sociedad donde algunos asuman que desde el Estado pueden matar a otros por el solo hecho de pensar diferente o de resistir el atropello y la opresión.

Es por todo esto que nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, pertenecientes a distintos partidos políticos y movimientos sociales del país, manifestamos que el próximo 25 de octubre del 2009, día de las Elecciones Nacionales, junto con el voto por la opción electoral de nuestra preferencia, nos pronunciaremos también por el SI para anular la Ley de Caducidad. No es un tema partidario sino un tema de principios, de valores éticos y morales. Los pueblos tenemos el derecho de anular aquellas leyes que fueron impuestas bajo mentira, engaño, presión o amenaza. Y tenemos el deber de hacerlo para poder construir una sociedad mejor.

La impunidad es contraria a la paz. Todos buscamos la paz y pretendemos la construcción de
una sociedad que pueda convivir en armonía. Pero la paz no se impone, ni se puede lograr a costa del sometimiento y del silencio de las víctimas. La paz no se puede lograr llamando a silencio y al olvido al niño y a la mujer que son víctimas de violencia doméstica. No se puede lograr proponiendo impunidad para el violador y acusando de provocadora a la mujer violada.

No se puede lograr si descalificamos a quienes piensan distinto. No se puede lograr si acusamos de revanchistas a quienes piden justicia y de revisionistas a quienes aspiran a saber qué fue lo que pasó. Todos buscamos la paz, pero no una paz artificial y generadora de más violencia, basada en la sola represión que propugna la prisión incluso de niños que delinquen, al tiempo que protege a represores criminales. La única paz genuina es la que se logra cuando impera la verdad, cuando la víctima tiene voz y encuentra protección en la acción de la Justicia.

Votar SI en el plebiscito es optar por la vida, por la verdad, por la democracia plena y por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es defender y promover la tolerancia y el respeto a la persona en todas sus dimensiones. Es afirmar el valor de la justicia, la importancia de la memoria como construcción colectiva de un pasado sobre el que todos debemos reflexionar y aprender. Es afirmar la indeclinable responsabilidad del Estado en el respeto a los derechos fundamentales. Es entender la defensa de los derechos humanos como una cuestión integral que no admite interpretaciones oportunistas y que trasciende fronteras partidarias y preferencias electorales porque afecta los valores esenciales de nuestra cultura política.

Nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, nos comprometemos con el SI para anular la Ley de Caducidad. Nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, los invitamos a construir con vuestro voto por SI una sociedad más justa y verdaderamente democrática".

COORDINADORA NACIONAL POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD