Diversos planteos de cambios en el rumbo económico surgen desde la izquierda.

La izquierda más radical propone cambios sustanciales a la política económica, instando a no promover la extranjerización de la estructura productiva y a abandonar una visión "tecnicista" en favor de su objetivo social. Desde el oficialismo aseguran que hay coincidencias en el objetivo de lograr mayor distribución social aunque reconocen matices en los caminos que abarcan a la política fiscal pero también a otros "temas estructurales" como educación, empleo, vivienda y salud.

Para Antonio Elías, de la Red de Economistas de Izquierda y aliado a la lista 1001 en las últimas elecciones nacionales, "cualquier programa económico de izquierda debe partir de reconocer que el funcionamiento del capitalismo genera una creciente concentración de la riqueza, (...) lo que conduce a incrementar la explotación de los hombres, la depredación del planeta y a dejar abandonados a su suerte a cada vez mayores sectores de población no favorecidos por el sistema". Sostuvo que en política económica hay "tres imperativos éticos fundamentales": en primer lugar "poner término a la explotación de los trabajadores, la segmentación social, la exclusión y la marginalidad", aumentando salarios, mejorando condiciones de trabajo y cumpliendo la ley de negociación colectiva. También contribuiría "una política tributaria en favor del trabajo y no del capital, y una política de gasto público que priorice los sectores más carenciados". En segundo término, "recuperar la soberanía nacional sobre los recursos económicos" para no quedar en "manos de las empresas transnacionales y los centros de poder capitalistas". Por último, se debe "democratizar al máximo todos los procesos de toma de decisiones económicas" para evitar que "un pequeño conjunto de 'iluminados' resuelvan sobre nuestra vida y el futuro de nuestro hijos". Para ello se debe "dejar de ver la economía como un algoritmo técnico y comenzar a verla a través de los objetivos sociales que persigue", valoró.

En materia de inversiones, contrariamente a "lo que eran discursos de otrora en la izquierda", el gobierno otorga ventajas al capital extranjero "que fomentan esa extranjerización". Criticó con especial énfasis el régimen de zonas francas y la ley de inversiones porque permiten "exportar bienes con mínimo valor agregado nacional".

"Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas", opinó. El objetivo oficial de control macroeconómico, de "equilibrio fiscal y de cierto nivel de superávit fiscal primario, exigencia de los acreedores y sus representantes", provocó "una restricción presupuestal muy dura que impidió atender en tiempo y forma las demandas sociales", y "no permitió implementar políticas de desarrollo productivo que se constituyeran en un cambio estructural de largo plazo".

Para Elías, durante el gobierno de Tabaré Vázquez había "un línea de mando" y un "estilo de conducción que presentaba menos flancos", y con Mujica "se esperaba otra política económica". "No podemos olvidar que en las elecciones internas del Frente Amplio (FA), Mujica era la alternativa a las políticas de (Danilo) Astori. Sin embargo, la política económica continuó y se profundiza el modelo de Astori, con la ley de asociación público-privada y la minera Aratirí", lamentó.


El fin común

Varios sectores del FA hicieron sentir sus discrepancias sobre la política económica, pero no en torno al objetivo común, sobre el que hay acuerdo, dijo a la diaria el economista Juan Manuel Rodríguez, miembro de la Vertiente Artiguista y director del Instituto de Empleo y Formación Profesional. "En los conceptos generales no hay diferencias, sino en la implementación", aseguró, detallando que el objetivo de "ir hacia una estructura productiva de calidad, de generación de valor agregado, y a una mejora en la distribución del ingreso" genera consensos en todo el espectro oficialista. Acerca del debate sobre aumento de tributación a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, Rodríguez comentó que en su sector hubo acuerdo en que "los grandes propietarios de tierra tenían posibilidad de hacer un aporte mayor, porque es un sector al que le fue muy bien", al tiempo que "se debe estimular la desconcentración de la tierra". Pero la forma de concretarlo "tiene variantes".

En cuanto al rol del Estado, evaluó la necesidad de analizar "qué se entiende por intervención estatal". "Si se entiende como propiedad estatal de las empresas puede ser válido en algún caso concreto, pero no tiene porque ser una regla general", apuntó. El Estado debe "promover la inversión, el desarrollo privado, e incluso las asociaciones público privadas (APP)". Entiende que la inversión privada es muy importante, como también la del sector público, y que las discrepancias en torno a ésto dependen de los sectores. "Nadie en el FA está contra la inversión privada ni contra promoverla, ni tampoco contra la inversión pública: hay quienes dan un mayor rol a una y otros a otra, pero el tema central son las posibilidades de desarrollar al país", puntualizó.

Sobre el régimen de zonas francas como estímulo a la inversión, dijo que "es una herramienta que se utiliza en muchos países" y que es "muy tenida en cuenta por las empresas cuando se radican en un lugar". "Cuando (una empresa) tiene muchas opciones, si no le das condiciones ventajosas respecto a otros país, no viene". Entonces "las zonas francas deben ser funcionales" a la política de captar inversiones, pero "no es un régimen que el Estado deba promover sino que se debe estudiar cada solicitud en particular".

Situación muy distinta se aprecia cuando se trata de grandes empresas que dependen de recursos naturales, como Aratirí, donde su fuente está en el suelo, casos en que puede esperarse que "vengan igual" aunque no se les otorgue una zona franca. Sobre el caso de Aratirí, "es un tema donde la negociación con el gobierno recién está empezando". En torno al objetivo distributivo, "no se limita al ámbito fiscal" sino que abarca "temas más estructurales", como la integración plena de la sociedad, meta que demanda mejoras en el sistema educativo, políticas de empleo y formación, de vivienda y salud, entre otras.

La Diaria intentó comunicarse durante la víspera con varios economistas vinculados al Espacio 609, desde donde se han deslizado cuestionamientos al rumbo económico, pero las llamadas no fueron atendidas.

Ricardo Delgado

Fuente: La Diaria

Federaciones universitarias chilenas efectuaron este miércoles un paro nacional y miles de estudiantes se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades del país, apoyados por autoridades académicas y profesores, en rechazo al modelo privatizador en la educación, por un cambio estructural y mayor acceso a la enseñanza superior.

Se estima que al menos 30 mil universitarios participaron en las marchas de protesta por el centro de esta capital y ciudades como Talca, Valparaíso, Concepción, Temuco, La Serena, Coquimbo, Valdivia y Puerto Montt, en movilizaciones en que sólo se registraron algunos incidentes aislados.

Las autoridades policiales informaron de algunos detenidos, sin precisarse el número.

La multitudinaria marcha en Santiago se realizó pacíficamente, y solamente al final hubo disturbios frente al Ministerio de Educación, a una cuadra del palacio presidencial de La Moneda, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados intentó bloquear en sus alrededores el tráfico vehicular.

Las escaramuzas se desataron cuando la policía militarizada de Carabineros intervino con carros lanzagua y la utilización de bombas lacrimógenas.

El Colegio de Profesores y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales se sumaron a la manifestación de protesta, encabezada por todos los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile y los rectores de la Universidad de Santiago, Manuel Zolezzi, y de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Pinto.

El rector Zolezzi declaró que las reivindicaciones que han planteado los estudiantes este año han sido muy coherentes con lo que yo he estado sosteniendo durante cinco, seis años. Por ello, dijo, me parece que es legítimo acompañarlos ya que han tomado las mismas banderas que yo he sostenido por mucho tiempo, por una educación pública de calidad, justa y equitativa.



Los dirigentes de la Universidad de Chile, Camila Vallejos, y de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, expresaron su satisfacción con la convocatoria que atrajo a miles de manifestantes para exigir el regreso a la educación superior ampliando el acceso a jóvenes con menores ingresos, y que se establezcan limitaciones a las universidades privadas para impedir que sólo sean un negocio.

Vallejo señaló que “nuestras demandas siguen siendo transversales como lo fue el 12 de mayo -el día de otra multitudinaria movilización nacional-, la gente todavía nos respalda, creen que es necesario avanzar en lo que nosotros estamos planteando porque la educación es un derecho y tiene que ser garantizado como tal, debido a lo cual nosotros no vamos a transar en ese sentido”.

Jackson, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, celebró que se haya entendido el llamado a reformar el sistema completo y que venimos a decirle al ministro que no somos los privilegiados de siempre los que estamos viniendo a luchar, sino que estamos haciendo un movimiento amplio.

En los últimos años, los estudiantes chilenos han venido denunciando la falta de financiamiento para las universidades públicas, así como la escasa regulación en las universidades privadas. En estas últimas, sostienen, los planes de estudio son deficientes, existe una alta deserción estudiantil y prima solamente la rentabilidad económica.

Los dirigentes universitarios han insistido ante las autoridades en que el problema se deriva desde la época de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el régimen militar impuso una drástica reducción de los recursos a las universidades y una amplia privatización de ese sector educativo. Todo esto, aun cuando en años recientes fueron aumentadas las asignaciones.

Conforme a datos emitidos por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), Chile es la única nación del mundo con una educación superior considerada casi enteramente privatizada, pues toda es pagada y los estudiantes de los sectores pobres apenas pueden acceder a ella debido a los altos aranceles.



Las universidades tradicionales que realizamos la mejor docencia e investigación de Chile llevamos muchos años esperando un trato justo y equitativo de las autoridades, y no queremos seguir esperando mientras se frustran los sueños e ideales de generaciones de chilenos, declaró el rector de la estatal Universidad de Chile, Víctor Pérez Vela.

Apuntó que “por eso es que estamos exigiendo que haya seriedad, transparencia y que se termine el lobby oscuro que busca traspasar recursos de todos los chilenos, sin fiscalización alguna, para mejorar el negocio de algunas universidades privadas nuevas”.

En otro orden, se informó que en coma inducido permanece hospitalizado Luciano Pitronello Schufenneger, de 22 años, un joven presuntamente vinculado a un grupo anarquista que esta madrugada perdió las manos al estallarle una bomba que intentaba colocar en una sucursal bancaria en Vicuña Mackenna, en Santiago.

Mientras, el tanatólogo uruguayo Hugo Rodríguez reconoció que el análisis que realizó de las causas de la muerte del presidente constitucional chileno Salvador Allende fue especulativo, porque no ha visto las lesiones que sufrió y sólo tuvo acceso al informe de la primera autopsia.

Lo único que sostengo es que si el informe de la autopsia se corresponde con la realidad, hay dos lesiones de armas bien diferentes. Pero eso yo no lo sé, porque no vi las lesiones. Ni siquiera hay fotografías, subrayó el experto.

Rodríguez agregó al diario Las Últimas Noticias que yo no digo cuántos balazos recibió el ex presidente Allende y cómo se los provocaron. Digo que, de ser correcta la información expuesta, encontramos dos patrones de armas y lesiones diferentes.

Ese análisis en un programa de la televisión estatal provocó durante la víspera molestia en la familia Allende.

Enrique Gutiérrez

Fuente: La Jornada

Manifestación contra la subida de matrículas universitarias

Algo está pasando en el Reino Unido. Algo que tiene que ver directamente con el futuro de la Universidad. El pasado 10 de noviembre, unas 50.000 personas, entre estudiantes y profesorado, se manifestaron en Londres. El 24 de noviembre, las movilizaciones tuvieron lugar en diferentes puntos del país y desembocaron en las ocupaciones de algunos centros. Cabe decir que el movimiento universitario en el Reino Unido no es un movimiento muy experimentado. De hecho, aparte de las movilizaciones en contra de la guerra, no se recuerdan movilizaciones estudiantiles similares a las de los últimos días desde la era de Thatcher. Por tanto, estas jornadas de protesta que se están sucediendo en los últimos días por todo el país marcan una nueva y excepcional etapa en la vida universitaria británica, que teme realmente por su futuro. ¿Pero por qué protestan estudiantes y profesores universitarios? Las razones son más que contundentes.

El Reino Unido es un caso más, y no menor, de los cambios que se están produciendo en toda Europa en la Educación Superior. La incertidumbre y el malestar sobre lo que podía pasar con las universidades británicas era un sentimiento que se vivía ya el año pasado, cuando todavía estaba Gordon Brown en el poder. Los recortes en Educación eran ya algo anunciado. El cambio de gobierno no hizo sino acelerar (y agravar) la situación. Meses después de la llegada al poder de la coalición entre Conservadores y Liberal-Demócratas, los planes se hicieron públicos, pese a que Nick Clegg, líder de los Lib-Dem y actual Viceprimer Ministro prometió en la campaña electoral que no haría recortes en Educación. A partir de la publicación del informe “Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance” el pasado 12 de octubre, más conocido como Browne Review (ya que está redactado por Lord John Browne, Baron of Madigley y antiguo presidente ejecutivo de BP, entre muchos otros cargos), se ha planteado que el presupuesto dedicado a las Universidades debe afrontar una bajada que puede llegar hasta el 80%. El presupuesto de las universidades puede bajar de los actuales 3.500 millones de libras hasta los 700 millones. El presupuesto para la investigación puede bajar también en un millón de libras. Pero estas medidas no vienen solas. A la vez se planea que las matrículas universitarias pasen de las 3.290£ por año que cuestan actualmente hasta una cifra que puede llegar según algunos cálculos a ser de entre 7.000 y 9.000£. La cifra actual es, en efecto, suficientemente elevada. ¿Cómo pueden permitírsela entonces los estudiantes británicos? Lo hacen principalmente a través de préstamos. Fue en el 1998, con el gobierno de Tony Blair, cuando los estudiantes no sólo tuvieron que empezar a pagar una matrícula de 1.000£ por año, sino que también se suprimió el sistema de becas y se potenció el sistema de préstamos, que ya existía, pero con una inversión inferior. En 2004, la matrícula subió hasta unas 3.000£. Los préstamos son, por tanto, una necesidad para completar los estudios para más de un millón de personas. Actualmente los préstamos los da el Gobierno a través de la Students Loan Company (SLC), que se trata por lo menos de un ente público. Los préstamos deben ser devueltos por el estudiante con un bajo interés en un plazo de sesenta mensualidades a partir de cuando empiezan a cobrar una cantidad de alrededor de 15.000£ por año. Lord Browne, en su enorme bondad y profundo conocimiento de las clases populares, ha matizado que ahora no tendrán que empezar a pagar hasta que no lleguen a un sueldo de 21.000£ al año. Claro está que la deuda será mucho mayor.


Foto: Paul Hackett/Reuters

El mecanismo de cómo ven que debe funcionar la Universidad no nos es ajeno. La reducción de dinero público destinado al presupuesto universitario se ve compensado por la enorme subida de las matriculas. Éstas pasan a ser la fuente principal de financiación de la Universidad, lo que deja, por supuesto, en una situación muy precaria a la Universidad. Cuando se dice en el Browne Review que todos los programas universitarios menos Medicina, Ciencias, Ingeniería y Lenguas Modernas podrían dejar de recibir dinero público se está diciendo, obviamente, que las demás carreras deberán buscarse la vida para poder subsistir. Por un lado deberán hacer frente a los costes con el dinero de las matriculas de los estudiantes, lo que pese a su incremento deja un margen poco amplio para que los diferentes departamentos puedan conseguir un buen funcionamiento. ¿Por el otro? Algo que ya venimos anunciando desde hace años: la Educación Superior deberá supeditarse a la lógica del mercado, es decir, ‘si no hace dinero, no es importante.’ La plataforma University of Leeds Against Cuts pone un ejemplo que nos es conocido, si bien con otros nombres. Esta vez se trata de un ejemplo claro, conciso y real, que se va a llevar a cabo en breve. La Universidad de Bradford ha anunciado recientemente un programa de grado ‘Morrisons’ (importante cadena de supermercados en el norte de Inglaterra, con base en esta ciudad de Yorkshire), que promete que tendrás “una gran carrera en los supermercados, gracias a una carrera de supermercados.” Otra vez el sempiterno truco de hacer pensar que la responsabilidad que la Universidad tiene con la Sociedad es la de beneficiar directamente a las empresas y no la de generar conocimiento y un espíritu crítico e independiente. El espíritu que guía sin embargo al Browne Review y a todos los cambios que se están produciendo actualmente en la Educación Superior es el de alejar la Universidad del sistema público y acercarlo a los intereses privados. Algo que cuadra perfectamente con el informe “Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación en innovación” en España, firmado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por la señora Ana Patricia Botín, que llega a afirmar que el rector no tiene por qué ser un académico, sino por ejemplo un hombre de negocios, lo que agilizaría el funcionamiento de la Universidad (aparte de privatizar todos los sistemas de gestión dentro de las universidades, claro).

Las reformas que se espera se lleven a cabo en Educación en el Reino Unido significan, entre otras cosas, la posible pérdida de hasta 200.000 puestos de trabajo, tal y como anuncia el sindicato universitario UCU. Por otra parte, un 40% de los estudiantes del equivalente a Bachillerato en el Reino Unido dicen que si salen adelante las medidas que propone el Browne Review reconsiderarán si ir a la Universidad, según publica The Guardian.

Estas medidas han sacado a la clase universitaria a la calle. El 10 de noviembre se produjo una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan en el país en los últimos años. Unas 50.000 personas acudieron a la convocatoria de la National Union of Students (NUS) y la University and College Union (UCU) a marchar por las calles de Londres. Estudiantes y profesores de todos los puntos del país llegaron a la capital para protestar contra las reformas que pretender minar el sistema público universitario británico, que podría llegar a convertirse en el más caro de todo el mundo si se hacen realidad las medidas anunciadas. La enorme afluencia desbordó las expectativas de la organización, lo que provocó que la manifestación se dividiera y se dirigiera a diferentes objetivos. Una de las facciones fue a parar a la Millbank Tower, donde el Partido Conservador tiene su sede central. Unas pocas personas provocaron actos de violencia, rompiendo los cristales, destrozando el mobiliario y “ocupando” el edificio. Mientras tanto, unas dos mil personas se concentraban pacíficamente fuera lanzando cánticos contra los tories. Por supuesto, esto fue aprovechado por la mayoría de medios para tildar esta protesta de violenta y para eclipsar el contenido real de la movilización.


Foto: Matthew Lloyd/Getty Images

El 24 de noviembre los estudiantes volvieron a salir a la calle . Esta vez en diferentes puntos del país. Se calcula que hasta unas 130.000 personas salieron a la calle para continuar con las movilizaciones que empezaron el día 10 de noviembre y que no dan viso de parar en los próximos meses. Esta movilización no fue convocada por la NUS, tildada generalmente de institucionalista, sino que fue promovida por las diferentes plataformas y asambleas que participan bajo la National Campaign Against Fees and Cuts. La jornada transcurrió bajo un intenso y saludable clima de protesta entre unos estudiantes que, se nota, son nuevos en esto de las movilizaciones estudiantiles. Lejos de ser negativo, viejas controversias se dejan de lado para unir a estudiantes de todo tipo. Además, este clima generó un profundo ingenio a la hora de inventar algunos de los lemas y carteles que los estudiantes confeccionaban a lo largo de las marchas, si bien hay una falta de cierta conciencia política. No obstante, sigue habiendo muchos estudiantes que parece que esto no les comprometa (de hecho, el incremento de la matrícula no afectaría a los estudiantes que ya han comenzado su grado, aunque los recortes los notarán directamente en la calidad de la educación que reciben). Los únicos incidentes ocurrieron en Londres, en donde unos 4.000 protestantes fueron acordonados por la policía en Whitehall, frente al Parlamento y Downing Street, donde estuvieron retenidos durante horas en contra de su voluntad. Sin embargo, la nota dominante en los diferentes puntos del país fue la de seguir con las movilizaciones a través de la ocupación de algunos centros en diferentes universidades. Así, se ocuparon algunos espacios en universidades tan importantes como la UCL, la London South Bank University, Oxford, Warwick, Manchester Metropolitan o la University of Leeds. En estas ocupaciones se intenta crear un espacio de debate, de participación estudiantil y sirve como medida de presión a las diferentes universidades para oponerse a los recortes que el Gobierno quiere llevar a cabo. En la Universidad de Leeds, estas jornadas de lucha se completan con el programa “Really Open University” y bajo el slogan de “Reimagina la Universidad”, en el que se están realizando varios talleres como alternativa a una Universidad cada vez más mercantilizada. La ocupación del Rupert Beckett Theatre, una de las salas más importantes de la universidad, sirve como centro neurálgico de la ocupación, en donde los estudiantes se reúnen para decidir cuáles van a ser los próximos pasos en la lucha. De momento, ya hay anunciada una nueva movilización en todo el país para el próximo martes día 30 de noviembre.

Daniel Mourenza
University of Leeds

Fuente: Rebelión

Una encuesta entre la población del país realizada por encargo del sindicato SEKO (de los empleados públicos del sector de servicios y comunicaciones), dió como resultado que la mayoría no está de acuerdo en que el gobierno de la derecha privatice las farmacias, los ferrocarriles, correos y el sector energético.

El estado sueco ha sido propietario hasta ahora, de los sectores estratégicos económicos y de servicios, que permiten volcar el resultado de las ganacias al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, en los pasados gobiernos socialdemócratas ya habían comenzado las privatizaciones, a nivel nacional y comunal, de algunas de las empresas y servicios en forma total o parcial.

Recientemente el actual gobierno de derecha hizo su primera privatización. Vendió a la multinacional francesa Pernod-Ricard, la empresa Vin&Sprit de destilación de bebidas alcóholicas, entre ellas fabricante de la marca estrella de las exportaciones suecas: el vodka Absolut.

Ahora en la lista de empresas con participación total o parcial del Estado puestas en venta, el ministro de Finanzas Mats Odell tiene al correo (Posten), las farmacias (Apoteket), los ferrocarriles(SJ), la empresa de energía eléctrica (Vattenfall), al banco Nordea, a la compañía de seguros Vasakronan y la de telecomunicaciones Telia-Sonera, también la bolsa OMX.

-Para la mayoría de la gente el Correo es sagrado (ha existido durante tres siglos) y no debe venderse, dice Janne Rudén presidente de Seko al comentar el resultado de la encuesta. Y agrega que tampoco se acepta que se venda SJ, Apoteken y Vattenfall. En cambio, no les preocuparía si se privatizan Nordea, Telia Sonera y Vasakronan.

Seko, que no simpatiza con las privatizaciones y lanzó por estos días una campaña de afiches contra las mismas, sin embargo aceptó la reciente fusión de Correos de Suecia con los de Dinamarca, aunque se opone a que esta empresa sea introducida en la Bolsa.

Fuente: Liberación