Foto: EFE

No es verdad que los países latinoamericanos estén inmersos en una carrera armamentista, lo que pasa es que ejercen su derecho de potenciar su seguridad interna, pero sin ánimo de desencadenar agresiones contra sus vecinos, manifestó el martes el ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce.

En una conferencia de prensa en el marco de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se desarrolla en Bolivia, Ponce afirmó que el encuentro de Santa Cruz de la Sierra es importante porque permite a los responsables de la defensa de los países americanos adoptar decisiones e impulsar estrategias que garanticen la paz en la región.

Consultado sobre la decisión de algunas naciones latinoamericanas de impulsar un desarrollo nuclear, el Ministro ecuatoriano aclaró que hay energía nuclear que es importante para el desarrollo de las naciones.

Subrayó que el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR) ha aclarado que la decisión unánime de sus miembros es que la región no alienta la utilización de la energía nuclear con fines armamentistas, pero cada nación tiene la posibilidad de utilizarla para su desarrollo.

En declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI), Ponce puntualizó que las bases militares de Estados Unidos que se instalaron en Colombia es un tema de preocupación para Ecuador, que conoce de esas cuestiones, una vez que en el pasado inmediato funcionaba una base aérea estadounidense en la población de Manta.

Sin embargo dijo que el gobierno de Quito había tomado conocimiento de las explicaciones dadas por sus homólogos de Estados Unidos y Colombia al respecto, en sentido de que esas bases son para apoyar la lucha contra el narcotráfico y, de ningún modo, tenían un objetivo intervencionista en la región.

El Ministro afirmó que otra de las preocupaciones de su país se refiere a la lucha contra el narcotráfico, una vez que comparte frontera con Colombia y Perú, países productores de cocaína.

Las fuerzas anti droga ecuatorianas han asestado duros golpes al narcotráfico cuando intentó utilizar su territorio como puente para llevar la droga a las naciones consumidoras, destacó.

Fuente: Agencia Andes

El despliegue militar de Estados Unidos en Latinoamérica a través del aumento de sus bases militares y la acción coordinada entre estas y la IV Flota, podrían poner en peligro la estabilidad de la región.

Según un informe de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), esta expansión estratégica podría provocar como respuesta una carrera armamentista en la zona, semejante a la de la Guerra Fría.

El reposicionamiento de Estados Unidos en la zona evidencia que la diplomacia se reemplaza nuevamente por una fórmula agresiva, asegura la WOLA.

En contrapartida, gobiernos latinoamericanos refuerzan sus relaciones con potencias militares como Rusia, China o Francia y realizan grandes inversiones en la compra o en la tecnología de armamentos de punta.

En los últimos cinco años, los gastos en la adquisición de armas en América Latina crecieron cerca de un 150 por ciento, revela una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos del Reino Unido. No obstante, el general Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró al Diario de Las Américas que no veía una amenaza militar convencional hacia si país.

Señaló que la presencia estadounidense en Latinoamérica respondía a "un desafortunado grupo de circunstancias".

Entre ellas citó al tráfico de drogas y de personas, así como a los desastres naturales, que también -a su juicio- podrían provocar éxodos masivos hacia Estados Unidos, aunque indicó también la actitud de algunos gobiernos como el de Venezuela.

De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el despliegue de Estados Unidos no se concentra últimamente en el control de los territorios donde ha multiplicado sus bases militares, como sucedió años atrás.

Al parecer, la existencia de estos enclaves, unida a la implementación de nuevas estrategias, podría garantizar ahora un control casi absoluto de toda la región, asegura el Observatorio.




Las bases de la estrategia

El Pentágono tiene actualmente en propiedad o alquiler más de 700 bases en cerca de 130 países, revela el anuario Base Structure Report, del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Esto significa que esas tropas se encuentran en cerca del 70 por ciento de las naciones de todo el mundo.

En América Latina, contaban hasta hace poco con 28 enclaves militares, número que ascendió hasta 39 cuando el gobierno panameño cedió otros 11 de su territorio.

Sin embargo, este es el número reconocido oficialmente, pues expertos aseguran que operan además en un amplio número de bases secretas de la red de espionaje Echelon.

Washington ha manifestado su interés en establecer nuevas instalaciones en Paraguay, El Salvador y Argentina, así como en el control de la base aérea de Alcántara en Brasil.

Durante el 2009, el entonces gobierno de Álvaro Uribe firmó un controvertido acuerdo militar que permitirá a Estados Unidos el uso de siete bases en territorio colombiano.

Aunque el Congreso de ese país andino declaró inconstitucional el tratado, el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que buscará otros métodos para hacerlo viable.

En todo este tiempo, los militares estadounidenses que llegaron a esa nación suramericana tras el convenio con Uribe permanecen en suelo colombiano.

En julio último Costa Rica autorizó la llegada a su territorio de tropas estadounidenses, con el objetivo de realizar operaciones militares, antinarcóticos y acciones humanitarias, al decir de la prensa local.

Según se informó entonces, entre julio y diciembre de 2010 realizarán operaciones en las aguas de Costa Rica 46 navíos, 200 helicópteros, 10 aviones, dos submarinos y más de siete mil soldados estadounidenses.

Esto sucede aun cuando la constitución de este país prohíbe la existencia de fuerzas armadas, al punto de no contar con ejército nacional desde los años 40, ni con equipos de defensa propios.

En enero, tras el terremoto en Haití, Estados Unidos envió más de 20 mil soldados y equipos militares al Caribe.

Declaraciones de la Casa Blanca indicaron que la movilización de las tropas buscaba asistir a los haitianos ante la catástrofe y brindar asistencia humanitaria.

Ante este hecho, gobiernos de la zona manifestaron su malestar por la desproporción en el número soldados y de equipos de guerra, que incluía varios buques, uno de ellos de asalto anfibio.

Recientemente, el gobierno de Alan García en Perú, a pesar de las protestas populares, manifestó su disposición a acoger más fuerzas militares en el país, donde ya existen tres bases.

Analistas explican que esta forma de intervención militar se hace peculiar al no realizarse por la fuerza, la amenaza o la presión, sino que cuentan con el apoyo y el acuerdo de los gobiernos.

Para esto, el ejército estadounidense justifica su presencia como una causa común para el beneficio y la estabilidad de Latinoamérica.

Documentos del Pentágono alegan que en los países donde existen convenios con sus tropas se garantiza la cooperación militar, la asistencia humanitaria, atención a desastres, seguridad marítima y lucha antidroga.

Esto muestra una nueva variante en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, basada en convertir en "aliados" a gobiernos de la región, asegura el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

Las nuevas fronteras

El control estratégico de Estados Unidos no parece limitarse a la posesión de bases, sino que a esto se une la vigilancia de los mares por la Cuarta Flota estadounidense.

Esta escuadra, uno de los 13 destacamentos de las fuerzas navales estadounidenses que patrullan los océanos del mundo, había dejado de operar desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

Pero desde 2008, navega en el teatro de operaciones militares responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), encargado del control de las fuerzas de Estados Unidos en América Latina.

El área de control de este comando, uno de los 10 del Departamento de Defensa, abarca 19 países de Centro y Suramérica y 12 países del Caribe, lo que representa cerca de 16 millones de millas cuadradas de envergadura.

El documento guía de la Fuerza Aérea estadounidense (el White paper. Air mobility command global en route strategy) establece que el recorrido de la Flota por las costas de América debe estar conectado directamente con el de los enclaves.

La flota deviene así otra base móvil, que puede servir como un punto de apoyo estratégico y garantizar una respuesta militar inmediata o de "acción rápida".

De esto se deduce que la estrategia de control está diseñada de forma tal que lo importante ya no es únicamente estar en el lugar, sino poder llegar a él con rapidez.

A esto se une el recorrido que realiza desde mayo por varios países de Latinoamérica el HSV 2 Swift, un catamarán de grandes dimensiones y velocidad , "como parte de un programa de intercambio" en la región.

Esta nave, por su diseño, permite presentarse rápidamente ante cualquier misión, sin necesidad de permanecer mucho tiempo en puerto, al decir del USSOUTHCOM.

Del accionar conjunto de estas fuerzas podría surgir el llamado "escudo protector", una estrategia para alcanzar cualquier lugar en corto tiempo y garantizar la supervisión casi total por fuerzas de tierra, mar y aire.




Las causas de las cosas

En este tipo de operaciones participan también otras agencias estadounidenses, tanto del Ejército y la Armada, la Fuerza Aérea y guardacostas, como grandes empresas de corte privado, informa la página oficial del USSOUTHCOM.

Este hecho ha levantado más de una vez la oposición de grupos progresistas de América Latina, como evidencia de que la militarización sirve también para garantizar el lucro de las transnacionales.

Documentos de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) informan que estos proyectos militares mueven cerca de 100 mil millones de dólares por año hacia las arcas de las grandes empresas.

Para el sociólogo James Petras, los arquitectos de la estrategia castrense de Estados Unidos en América Latina tienen en cuenta principalmente los intereses económicos a la hora de formular sus políticas.

Entonces beneficios, mercados y acceso a materias primas, en particular a fuentes de energía, constituyen las bases de esta política de Estados Unidos en la zona, asegura Petras.

Sin embargo, expertos afirman que este no es el único eje sobre el que se debe pensar el actual despliegue militar de Washington en la región

Aunque Estados Unidos describe los acuerdos como una prolongación de la cooperación militar con América Latina, otros ven en ello una respuesta a las políticas de gobiernos de izquierda como el de Venezuela o Bolivia.

El mismo White paper establece que los movimientos de la flota estarán también orientados a combatir, por razones de seguridad nacional, lo que denomina como "ideologías en competencia".

Estas son, según el documento, aquellas que el gobierno de Estados Unidos considere como una amenaza para la estabilidad y la democracia en la zona.

Un estudio del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami consideró recientemente al presidente venezolano Hugo Chávez como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

El gobernante latinoamericano, por su parte, denunció en la última Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) lo que consideró como una militarización de América Latina por Estados Unidos para intimidar a los gobiernos progresistas.

Como otras causas de esta creciente presencia militar, los estudiosos señalan la posibilidad de confrontar en un futuro al actual modelo de seguridad brasileño (encaminado a defender la Amazonia y grandes reservas petroleras submarinas) y de hacer un círculo alrededor del conflicto colombiano.

Igualmente, afirman que se busca dar señales a Rusia y China, dos potencias con un papel creciente en asuntos de cooperación internacional, militar y energética en América Latina y a Irán, con inversiones en diversas áreas.

Las consecuencias colaterales de estas políticas son varias y se señalan entre ellas la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

En la reciente Cumbre de las Américas, de Puerto España, el presidente estadounidense Barack Obama aseguró que su país vive una nueva etapa en las relaciones con Latinoamérica, basadas en un diálogo amistoso y en la búsqueda de la estabilidad.

La red de bases y flotas de Estados Unidos en la región tal vez sea la mejor coletilla para su discurso.

Liomán Lima*

(*) El autor es periodista de la Redacción Sur de Prensa Latina.

Fuente: PL

La advertencia del presidente ecuatoriano, Rafael Corea, de que no descarta utilizar la fuerza militar si se presenta un nuevo ataque del Ejército colombiano a su territorio, como sucedió en Angostura, es destacada hoy aquí por medios de prensa.

La posición de Correa en Caracas, Venezuela, fue un enérgico rechazo a las declaraciones del candidato presidencial colombiano, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa durante el bombardeo a la zona fronteriza de Angostura, el 1 de marzo de 2008.

En un debate televisivo con otros aspirantes a la presidencia de Colombia, Santos afirmó que se sentía orgulloso de haber tomado esa decisión y dejó abierta la posibilidad de un nuevo ataque extraterritorial.

Correa expresó "una profunda pena de aquellos que juegan a emperadorcitos y quieren convertir a América Latina en un nuevo Medio Oriente, pero la próxima vez encontrarán a Ecuador mucho mejor preparado y sabremos defendernos".

En declaraciones a TeleSUR y Diario del Orinoco, Correa recordó que "cuando nos atacaron a mansalva el Ejército ecuatoriano tenía deficiencias logísticas, nuestros radares no funcionaban, nuestra aviación prácticamente no existía y no teníamos comunicaciones."

Esas debilidades, precisó, se han ido mejorando y "aunque la política de Ecuador no es agredir jamás, sin embargo, llegado el momento se privilegiará la defensa digna del suelo patrio. La próxima vez si somos bombardeados tendríamos que responder."

Lamentó que pese a las disculpas del presidente Álvaro Uribe, ahora "vienen sus sucesores a decir esta barbaridad" y advirtió que con "esa clase de gente en el gobierno y siete bases norteamericanas en Colombia, imagínese el peligro para la región."

Reiteró la necesidad de tener información clara sobre "el más grave bombardeo de América Latina, sin precedentes, con bombas inteligentes, sin ninguna declaración de guerra con un pueblo al que considera como hermano y un gobierno al que consideraba amigo."

Fuente: PL

COMUNICADO

El Partido Comunista Brasileño manifiesta su preocupación y, al mismo tiempo, su repudio vehemente a las negociaciones entabladas por el gobierno de Lula con el gobierno de los Estados Unidos, visando instalar una base militar de inteligencia en Brasil, posiblemente en Río de Janeiro y/o en la región de la Triple Frontera. Su pretexto oficial sería el de auxiliar la vigilancia y el combate al tráfico de drogas y al “terrorismo” en el Atlántico Sur.

Sin embargo, una serie de factores nos lleva a creer que la base no pretende solo alcanzar los fines oficialmente propuestos. En primer lugar, porque se hizo común que los Estados Unidos intenten encubrir la intervención en otros países para defender sus intereses, con la disculpa de combatir el tráfico de drogas y el llamado terrorismo, concepto en que se incluyen la insurgencia y la autodefensa de los pueblos.

Otro motivo para la instalación de una base militar en territorio brasileño –hecho solo ocurrido en la segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos instalaron una base aérea en Natal para abastecimiento y envío de tropas que combatían el peligro fascista- se inserta en la lógica norteamericana de aumentar la militarización creciente de América Latina, como forma de criminalizar y combatir las luchas populares.

En los últimos años, los Estados Unidos ampliaron su presencia militar en América Latina, a través de la expansión de sus instalaciones militares limítrofes con Venezuela, cercando este país con bases en Colombia, Curazao y las Antillas Holandesas.

Coherente con su política de militarización de América Latina, como forma de frenar las luchas populares y con la mirada en los recursos naturales de la región, Estados Unidos reactivó recientemente su IV Flota Naval, desactivada desde la década de 1950.

Finalmente, será mucha “coincidencia” la posible instalación de una base yanqui en Río de Janeiro, estado en cuya plataforma marítima se localizan las mayores reservas brasileñas de petróleo, incluso de pre sal. Se sabe muy bien que las intervenciones militares norteamericanas han sido motivadas, en muchos casos, por la tentativa de controlar las reservas de petróleo (de las que Estados Unidos son los mayores consumidores y dependientes), cuyas reservas son cada vez más escasas.

Por las razones expuestas, el Partido Comunista Brasileño exige la suspensión inmediata de esa negociación. El gobierno brasileño no puede ceder un milímetro del territorio nacional, sobre todo a una potencia imperialista que, para defender sus intereses, se comporta como la policía del mundo, creyéndose con derecho de invadir países, derrumbar sus gobiernos y expropiar sus riquezas naturales.

El PCB reclama el conjunto de fuerzas y personalidades antiimperialistas brasileñas a sumarse en un expresivo repudio a esta vergonzosa negociación.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2010
PCdoB – Partido Comunista Brasileño
Comité Central

Fuente: Partido Comunista do Brasil

Foto: Efe

El ejército integrado por argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos desembarcó en 2004; hoy la situación es de relativa calma. En un escenario de paz, la misión no puede seguir igual.

Llegaron para quedarse seis meses, pero ya pasaron cinco años y medio desde que las tropas se instalaron en este pequeño país caribeño. Es un ejército de 7100 soldados y 2000 policías integrado en su mayoría por brasileños, uruguayos, argentinos y chilenos que forma parte de la Misión de las Naciones Unidas por la Estabilización en Haití (Minustah). El desembarco se produjo en junio de 2004, tres meses después de la destitución del presidente Jean Bertrand Aristide, en medio de un conflicto que amenazaba con desembocar en una guerra civil. Desde entonces, la situación se fue normalizando y en febrero de 2006 los haitianos eligieron como nuevo presidente a René Préval. Sin embargo, la Minustah continúa operando y no está definido cuándo emprenderá la retirada. De hecho, el mes pasado a la ONU le renovaron la autorización por un año más. Si bien es una fuerza militar de paz, su permanencia genera rechazos entre estudiantes y organizaciones sociales que la califican como un ejército de ocupación y la critican duramente por haber reprimido en las zonas más pobres de la capital, como Cité Soleil y Belair.

La intervención de la Minustah se ampara en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla el envío de militares “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Las tropas llegaron en junio de 2004 para reemplazar una primera misión de sólo tres meses comandada por los marines estadounidenses, quienes habían forzado la renuncia de Aristide para luego sacarlo del país. En ese primer momento, la Minustah contó con un amplio apoyo entre la población. El clima de inestabilidad política había dado lugar al despliegue de cerca de veinte bandas de delincuentes armados, conocidas como gangs, que se dedicaban al secuestro extorsivo, el robo y el tráfico de armas y drogas. Las fuerzas de seguridad locales no podían ponerles freno porque Haití no tiene ejército desde 1994 y la policía no cuenta con efectivos suficientes. Además, debido a los conflictos en Afganistán e Irak, Estados Unidos dejó en claro que su prioridad no estaba en América latina y delegó su lugar a esta nueva misión la ONU integrada en casi un 70 por ciento por soldados latinoamericanos y comandada militarmente por Brasil.

La Minustah colaboró para normalizar la situación. Por lo general, cuando se realizaron operativos la policía local fue la que intervino de manera directa y las tropas de la ONU se ubicaron a pocos metros para que su presencia sirviera para disuadir. De ese modo, las bandas se replegaron en Belair y Cité Soleil, dos barrios marginales de la ciudad, que utilizaban como centro de operaciones. Los críticos de Aristide afirman que las gangs estaban integradas por los jóvenes “chimeres” que habían operado como fuerza de choque del ex presidente, actualmente exiliado en Sudáfrica, pero no hay pruebas que permitan trazar ese vínculo de manera lineal, más allá de algunos militantes que puedan haberse sumado a las bandas.

Entre 2004 y 2006, estas organizaciones aterrorizaron a la población con una “industria” del secuestro que no distinguió estratos sociales. Se pedía entre 1000 gourdes (25 dólares) y 100 mil dólares por cada rehén, según el poder adquisitivo de la familia. En el momento de mayor conflictividad se llegaron a denunciar 300 secuestros por mes. La policía no estaba en condiciones de enfrentarlos y el entonces jefe de la Minustah, Juan Gabriel Valdés, aseguró que sólo intervendrían de manera directa cuando el gobierno de transición fuera reemplazado por uno democrático que lo pidiera formalmente. Luego de la elección de René Preval, en febrero de 2006, comenzaron negociaciones con los gangs para forzar su desarme y finalmente se decidió intervenir.

Primero se lo hizo en Belair, un barrio ubicado en una pequeña loma frente a Champs de Mars, desde donde los delincuentes solían disparar contra el palacio presidencial, aprovechando la corta distancia. Esa zona se fue recuperando gradualmente y no hubo grandes enfrentamientos. En Cité Soleil, la villa más emblemática de la ciudad, el resultado fue diferente. El 22 de diciembre de 2006 la Minustah, comandada por las fuerzas brasileñas, reprimió provocando la muerte no sólo de integrantes de las bandas sino también de hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con la organización delictiva. Algunas fuentes consultadas por este diario atribuyeron lo ocurrido a errores de inteligencia previa y otros dijeron que fueron los “daños colaterales” que supone ese tipo de intervenciones. A partir de ese momento las bandas fueron desestructuradas y los cabecilla, muertos o detenidos. Uno de los últimos en ser atrapado fue Amaral Duclona, el pasado 8 de septiembre en República Dominicana.

En la actualidad, ya no quedan en Puerto Príncipe zonas calificadas como peligrosas. Durante el día, se puede caminar por las calles con relativa tranquilidad, pues la probabilidad de sufrir un robo, secuestro u otro hecho de violencia no es mayor que la que existe en otras ciudades conflictivas de América latina. Esta situación en parte es un logro de la Minustah, pero su éxito le quita justificación para seguir en Haití.

Una opción es retirarse, aunque algunos temen que eso suponga un retroceso y ponen como ejemplo lo ocurrido en Timor Oriental. Desde 1999 la ONU había enviado a ese pequeño país asiático misiones de paz para encauzar su sangriento proceso de independencia. Al poco tiempo, la situación mejoró y en mayo de 2005 la ONU retiró las tropas y dejó sólo una oficina política. Sin embargo, en abril de 2006 el despido de 600 soldados generó un nuevo estallido de violencia que terminó con bandas saqueando e incendiando la ciudad y decenas de muertos.

Ese antecedente demora la salida y se suma al apoyo silencioso que tiene la Minustah, tanto por parte del gobierno de Préval como de una porción de la población que vive de lo que gastan los más de 10.000 hombres que integran la misión. El problema es que la Minustah no puede seguir igual en un escenario de paz. De hecho, hace diez días el Congreso destituyó a la primera ministra y en las calles no pasó nada. Por eso, algunos países latinoamericanos, entre los que se encuentra Argentina, presionan para que la misión cambie su perfil y se aboque más a lo social. El problema es que las Naciones Unidas financian misiones de paz que buscan la estabilización política a través de la intervención armada, pero no se ocupa de problemáticas vinculadas con el desarrollo. Al mismo tiempo, Estados Unidos parece haber ido recuperando la iniciativa que delegó en parte a los países latinoamericanos que integran la Minustah y ahora tiene planes para Haití. Uno de los principales asesores del gobierno, Paul Collier, dice que la solución para este país es instalar maquilas que generen empleo y constituyan mano de obra barata para las multinacionales. Su recomendación es que las inversiones vayan dirigidas sólo a electricidad, puertos y carreteras para apuntalar ese modelo. Mientras tanto, los haitianos parecen resignados a convivir con estos actores externos que condicionan, en mayor o menor medida, su soberanía a cambio de ayuda.

Fernando Krakowiak

Fuente:Página 12

El reconocido académico Noam Chomsky, afirmó este lunes que la instalación de las bases militares estadounidenses en Colombia es sólo parte de un esfuerzo mucho más amplio para restaurar la capacidad que tiene Washington para la intervención y recordó que las invasiones del país del norte en la segunda mitad del siglo XX dejaron a países de Latinoamérica bajo gobiernos militares brutales.

Durante una conferencia ofrecida este lunes en el Teatro Teresa Carreño de la capital venezolana, Caracas, el lingüista y ensayista político estadounidense advirtió que Estados Unidos espera expandir sus bases militares "y hay rumores no confirmados para crear otras bases más".

Señaló que la ayuda militar de su país en el hemisferio sobrepasa la ayuda económica y social. "Eso es un nuevo fenómeno que no ocurrió durante la Guerra Fría (...) Estos programas han fortalecido las fuerzas militares dentro de la región a costa de las autoridades civiles y han exacerbado problemas de derechos humanos y han generado conflictos sociales muy importantes e inestabilidad política, de acuerdo a un estudio por la oficina de Washington para América Latina", precisó Chomsky.

Destacó la importancia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como un gran paso hacia el proceso de integración latinoamericano y apuntó que por primera vez en su historia, los países de la región están decidiendo cómo resolver sus problemas sin la presencia de Estados Unidos (EE.UU.).

Cuestionó igualmente el papel asumido por Washington durante el "golpe militar clasista que sacó del poder al presidente hondureño Manuel Zelaya". A su juicio, fue débil la respuesta estadounidense, pues no hizo uso de su influencia. Citó como ejemplo que el embajador de EE.UU. nunca fue retirado de Tegucigalpa ni tampoco realizó una sanción económica.

Opinó que lo sucedido en Honduras el 28 de junio "fue un golpe diferente porque Estados Unidos no lo apoyó directamente, sino que se colocó a favor de las opiniones de la Organización de Estados Americanos (OEA)".

Resaltó el reciente informe de Amnistía Internacional (AI) que denunció graves violaciones de Derechos Humanos en Honduras por parte del régimen de facto liderado por Roberto Michelleti y afirmó que tal información debió estar en las primeras páginas de los medios de comunicación, pero fue minimizada.

Sobre las acciones diplomáticas y comerciales que Venezuela ha tomado ante la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, Chomsky argumentó que este país por sí solo no puede tener una respuesta significativa, y que esa es la tarea de Latinoamérica en su totalidad.

En este sentido, indicó que la reunión de Unasur que se realizará esta semana en Bariloche, Argentina, debe ser el espacio propicio para una declaración más fuerte, que se oponga a la militarización del continente.

Advirtió que Estados Unidos siempre buscará una excusa para tener presencia en otros países, sobre todo en las regiones estratégicas que tengan fuentes energéticas adyacentes.

El pasado 14 de agosto el gobierno de Colombia informó la culminación de las negociaciones para la instalación de siete bases militares estadounidenses en su país, enmarcadas en un acuerdo de cooperación destinado supuestamente a luchar "contra el narcotráfico y el terrorismo" y que ha generado gran preocupación en los países de la región.

El acuerdo incluye la presencia de militares estadounidenses en siete bases colombianas y ha sido calificado como un peligro y un factor de desestabilización por varios países suramericanos, que abordaron el tema en la reciente reunión de la Unasur realizada en Quito, Ecuador.

Se espera que en la cumbre de Bariloche se realice un nuevo pronunciamiento contra estas bases militares que Estados Unidos pretende instalar en Colombia.

Fuente: TeleSur

Como puertorriqueño me pregunto cómo es posible que el gobierno yanqui intente justificar la invasión de sus tropas a Colombia con la supuesta guerra contra el narcotráfico, si aquí en Puerto Rico ellos controlan aire, mar y tierra, la aduana, la inmigración, y sus guardacostas rondan las aguas circundantes a la Isla, y sin embargo, Puerto Rico es un paraíso para los narcotraficantes.

La droga —que ellos permiten que entre a Puerto Rico— está matando a la juventud puertorriqueña. En lo que va del año, han ocurrido más de 540 asesinatos de hombres jóvenes entre los 15 y 30 años de edad, vinculados en su gran mayoría al trasiego de drogas. La cifra de suicidios rebasa los 180. En Puerto Rico nadie se siente seguro. Ya hay más puntos de drogas que iglesias.

Los llamados “federales” montan espectáculos para perseguir a los adictos enfermos, pero no a los narcotraficantes. Es conocido de muchos que la CIA, en ocasiones, ha sido narcotraficante. Recordemos la compañía de aviación Air America, empresa que operaba como un frente de la CIA, y que se dedicaba a transportar opio al sureste asiático cuando la agresión imperialista a Vietnam. Lo mismo ocurrió cuando la agresión criminal contra Nicaragua. En agosto de 1996, el periódico San José Mercury News de San José, California, reveló que la CIA vendía cocaína en las comunidades negras de la ciudad como un mecanismo para financiar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua.

Según las estadísticas del gobierno colonial de Puerto Rico, de 20 a 25 mil millones de dólares entran a nuestro país del negocio del tráfico de drogas, de los cuales de 19 a 20 mil millones de dólares van a parar a los EE.UU., y de 5 mil a 6 mil millones de dólares se quedan en Puerto Rico y van a parar a las arcas de los grandes negocios estadounidenses establecidos en suelo puertorriqueño. ¿No fueron acaso los anglosajones —entonces británicos— los que introdujeron el opio en China? Para ellos, la droga ha sido un negocio lucrativo. Además, les ha servido para destruir a la juventud de los pueblos cuya economía y riquezas naturales quieren controlar.

Pregunta: ¿Por qué Puerto Rico, que está bajo el total control militar, sociopolítico y económico de los gringos, se ha convertido en un paraíso para los narcotraficantes, y en Cuba, donde los yanquis no tienen poder alguno, casi es inexistente el problema de las drogas? ¿No nos dice algo eso?

La otra vieja excusa que usan para “justificar” su invasión militar a Colombia es la de la amenaza del terrorismo. Hasta un morón sabría quiénes son los verdaderos terroristas. Allá para el 1898, para atacar a Cuba, los estadounidenses usaron la excusa de la explosión del Maine, la cual ellos mismos habían provocado. Recientemente, para justificar el genocidio que están cometiendo contra el pueblo de Iraq, usaron la mentira de que esta nación poseía armas de destrucción masiva, lo cual resultó ser una sucia mentira. Pero esta mentira ha costado más de un millón de vidas humanas. No permitamos que lo mismo nos suceda a los latinoamericanos. No hay términos medios: o luchamos contra la peste imperialista o moriremos como naciones. ¡Somos uno!

Unidos venceremos

Quién manda en los Estados Unidos,
cualquiera menos Barak Obama,
quien por supuesto habla bonito,
pero todo queda en palabras.

Pero a la hora de quién ordena,
de quién de verdad manda,
vemos las mismas caras blancas,
las mismas caras anglosajonas.

Las mismas caras de Bush y Reagan,
las mismas caras de Gates y Cheney,
las mismas caras imperialistas,
que han sangrado a nuestros países.

Sandino conoció esas caras,
también Bolívar y el Che Guevara,
esa cara no es la de Obama,
aunque con Obama se disfrazan.

Los veo asesinando chilenos,
nicaragüenses, guatemaltecos,
dominicanos, puertorriqueños,
robando la mitad de México.

Saqueándonos hasta el alma,
poniendo hermano contra hermano,
hasta regalándonos las balas,
para que les hagamos el trabajo.

Y usan los débiles, los Uribes,
los que masacran sus propios pueblos,
los que se arrastran como reptiles,
ante los poderes del imperio.

Por suerte y gracia para los pueblos,
de su ser surgen los verticales,
los Chávez, los Correa, los Evos,
y otros patriotas indoblegables.

Sé que juntos vencer podemos,
al sangriento monstruo imperialista,
si uno al otro nos defendemos,
sin caer en guerras fratricidas.

Rafael Cancel Miranda
19 de agosto de 2009. San Juan, Puerto Rico

Fuente: La Jiribilla