El Círculo Policial del Uruguay (CPU) declaró ayer como "persona no grata" al presidente del Centro Militar, general (r) Manuel Fernández, por sus dichos en los que alertó sobre la "intención" del gobierno de transformar la Policía Nacional en "Tropas de Asalto (...) igual que en los regímenes totalitarios".

La Comisión Directiva del CPU consideró "impropias, incongruentes y fuera de lugar" las declaraciones vertidas por el presidente del Centro Militar, general (r) Manuel Fernández, durante una actividad organizada por centros sociales y cooperativas de militares retirados, en la que alertó sobre la posible transformación de la Policía Nacional en "Tropas de Asalto (...) igual que en los regímenes totalitarios", de prosperar el actual proyecto de Presupuesto.

Fernández participó el pasado lunes 28 de una actividad de militares retirados y algunos oficiales en actividad cuando se analizó el proyecto de Presupuesto remitido recientemente por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, específicamente lo relacionado con los recursos económicos asignados al Ministerio de Defensa Nacional.

En dicha instancia, Fernández afirmó que la propuesta del gobierno pretende "desmantelar y pulverizar" a las Fuerzas Armadas. "El Presupuesto consagra la aniquilación de las Fuerzas Armadas", dijo Fernández, y afirmó que las propias fuerzas "no tienen voluntad de sobrevivir" y que los comandantes en jefe "han sido humillados" por el actual gobierno.

En este contexto, Fernández cuestionó duramente la posibilidad de que unos 2.000 militares, pasen a revestir en el Ministerio del Interior, donde tendrían acceso a mejores sueldos, y dijo: "El poder letal de la Nación hasta ahora en manos de militares profesionales al servicio de la misma y del Estado, va a desaparecer y muy pronto va a ser superado por la Tropa de Asalto del Ministerio del Interior, al igual que en los regímenes totalitarios de todos los tiempos (Hitler con los SS; los soviéticos con las tropas de Asalto; los alemanes comunistas con la Stassi, en la ex Alemania Oriental, etc)".

"Las expresiones del general Fernández involucran a las fuerzas policiales en un tema absolutamente ajeno a las mismas", por cuanto "la Policía Nacional no cuenta con 'Tropas de Asalto', sino que con Unidades Especializadas profesionales, dedicadas al mantenimiento del Orden Público", señala un comunicado del CPU difundido ayer.

En este sentido, "rechazamos por impropias, incongruentes y fuera de lugar las citadas expresiones que consideramos lesivas y agraviantes para la Policía Nacional, por cuanto compara a la misma con rechazables organizaciones policiales de otros países, de otros tiempos y con características operativas que nada tienen que ver con nuestra Policía Nacional, sus cometidos y sus fines, ni con la democracia que impera en nuestro país". "Dichas expresiones, realizadas públicamente, en su calidad de presidente del Centro Militar, en el seno del mismo y en el ámbito de una asamblea integrada por varias instituciones militares, agravan la entidad de las mismas", agrega.

Ante esto, el CPU resolvió declarar como "persona no grata" al general (r) Manuel Fernández, y solicitó a la Comisión Directiva del Centro Militar, "aclarar públicamente, si las infelices expresiones de su presidente, representan el sentir institucional con respecto a la Policía Nacional, o simplemente fue la expresión de una falta de respeto personal del señor general Fernández hacia la misma".

"Desencuentro dialéctico"

En tanto, el presidente del Club Naval, contralmirante (r) Carlos Magliocca, tomó distancia de las declaraciones vertidas por el presidente del Centro Militar, general (r) Manuel Fernández, durante la actividad organizada por centros sociales y cooperativas de militares retirados.

"Creo que es notorio que hubo un desencuentro dialéctico, digámoslo así, pero esas diferencias que marqué en la ocasión, de ninguna manera van a opacar las relaciones que el Club Naval tiene con el Centro Militar, de ninguna manera". "La amistad, el compañerismo que nos une con los compañeros del Centro Militar, van a permanecer incólumes".

En este sentido, en referencia concretamente al tema presupuestal, Magliocca consideró que los comandantes en jefe "realmente hicieron lo que pudieron", por lo cual "hay que ser lo más equilibrado posible" en los cuestionamientos. "No pasa por mi cabeza que pudiendo haber hecho más, pudiendo haber conseguido algo más, no lo lograron porque no quisieron. De manera que es indudable que hicieron lo mejor posible, a los efectos de tener mejoras para su personal", dijo Magliocca.

Fuente: La República

Foto: EFE

El sublevamiento de elementos golpistas de la policía ecuatoriana en contra el Presidente Rafael Correa confirma un informe alarmante sobre la infiltración de la policía ecuatoriana por los servicios de inteligencia norteamericanos difundido en el 2008, en el cual se señalaba como muchos miembros de los cuerpos policíacos desarrollaban una “dependencia” hacia la Embajada de Estados Unidos.

El informe precisaba que unidades de la Policía "mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones".

El uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ”buena voluntad” de oficiales de policía fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la CIA Philip Agee quién, antes de abandonar las filas de la agencia, estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito.

En su informe oficial, difundido a finales de octubre 2008, el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de la Fuerzas Armadas.

Confirmando el hecho, la jefatura de la Policía ecuatoriana anunció entonces que sancionaría a sus agentes que colaboraban con Estados Unidos mientras la Embajada estadounidense proclamaba la “transparencia” de su apoyo a Ecuador.

"Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares, con la Policía, para fines muy importantes para la seguridad", declaró la embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges.

Sin embargo, la diplomática dijo a periodistas que no haría comentarios "sobre temas de inteligencia".

La agregada de prensa, por su parte, Marta Youth, se nego rotundamente a referirse a las denuncias del gobierno ecuatoriano, que incluían la participación de la CIA en una operación con Colombia que derivó en el ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano del 1 de marzo de aquel año.

El jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, había sido destituido por ocultar información relacionada con el ataque contra las FARC.

En los últimos meses, funcionarios norteamericanos se aparecieron en Ecuador, bajo pretexto de profundizar las relaciones entre Ecuador y EEUU.

El secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado Arturo Valenzuela, visitó y re-visitó al presidente Correa, en vista a una visita de la canciller Hillary Clinton.

Valenzuela se hizo acompañar por Tedd Stern, “delegado especial para los cambios climáticos” también conocido por su afinidad con la CIA.

Jean-Guy Allard

Fuente: Argenpress

Foto: Nicolás Celaya

Policías procesados por el asesinato en Piriápolis de Maiquel Martinho y el intento de encubrirlo.

Indignación, llanto y un silencio general apenas interrumpido conformaban el clima que predominaba ayer afuera del Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado, donde declaraban policías involucrados en la muerte de Maiquel Martinho, un joven de 23 años asesinado por funcionarios policiales de Piriápolis, la madrugada del domingo pasado.

Eran las 13.00. El tránsito estaba cortado en la cuadra del juzgado. Más de cien personas ocupaban la calle y la vereda esperando ver, cara a cara, a los policías indagados. Había familiares, jóvenes de la edad del fallecido y muchos adultos de las edades de los padres. A la interna de la cuadra había vallados y policías dispuestos para proteger a los acusados.

El nombre de Maiquel, escrito con k y con q, dominaba en las pancartas y graffitis que se pintaban ahí mismo. La frase reiterada era “los 11 presos”, en alusión a los funcionarios policiales citados a declarar; según los manifestantes, todos habían sido cómplices del homicidio. La palabra “justicia” se repetía una y otra vez en los estandartes y en la boca de todos. Estuvieron allí desde las 11.00 y permanecieron hasta la noche. Al cierre de esta nota habían sido procesados cuatro policías, uno por homicidio y los otros tres por encubrimiento.

Durante la tarde, los presentes se nucleaban en pequeños grupos en torno a la charla que revivía una y otra vez los diversos ribetes de un hecho aún confuso. El clima se tensaba de a ratos, cuando alguien ingresaba al juzgado, con gritos y abucheos; cada tanto se entonaban cánticos o se aplaudía luego de la culminación de un sentido graffiti. Otro concepto resonaba e indicaba que era mucho más que un episodio policial: “Lo mataron como a un perro, ni a un perro se mata así”.

Versiones contrapuestas

Maiquel vivía en Maldonado, era mecánico y tenía una hija de seis años. El sábado en Piriápolis había un encuentro de autos tuneados, motivo suficiente para estimular a quienes realizan picadas con sus vehículos cada fin de semana. Mario, amigo de Maiquel, narró a la diaria que sobre la medianoche del sábado, madrugada del domingo, estaban cerca de la rambla y resolvieron ir hacia el boliche Vértigo, pero por motivos de tránsito dejó de ver a su amigo. Aseguran que Maiquel decidió hacer otra picada, estaba “quemando cubiertas”, como se llama en la jerga al hecho de mover los neumáticos a gran velocidad antes de arrancar, cuando un móvil policial lo sorprendió. Pero como a él le habían retenido la libreta de conducir unas semanas atrás en otro departamento, intentó escapar de la captura policial y empezó la persecución.

Nicolás, otro amigo de Maiquel, contó a este medio que en cuanto se enteró de la persecución lo llamó varias veces al celular y que a las 0.10 ó 0.15 lo atendió y le dijo: “Me están persiguiendo, ahí vienen, ahí vienen, ahora te llamo, nos vemos en Vértigo”. El muchacho continuó llamándolo pero Maiquel no volvió a atenderlo, “hasta que en un momento dio como que estaba apagado; comenzó a llamarlo otro compañero, pero nadie atendía. A las 3.50 lo llaman a ese otro compañero del celular de Maiquel, era el comisario de Piriápolis pidiendo que le pasaran con el padre o la madre de Maiquel. Nosotros ya habíamos vuelto para Punta del Este, pensando que él también ya había vuelto”.

El padre llamó a su hijo al celular y el jerarca de la Seccional 11ª de Piriápolis le informó que su hijo había fallecido en un accidente. Sobre las 4.30, el padre y algunos de estos amigos llegaron a la Seccional 11ª. Supuestamente, Maiquel estaba en la morgue en Maldonado. En la comisaría les dijeron que no sabían nada, que recién habían entrado al turno. “Nos decían que había sido un accidente de tránsito y nada más. Salimos por todos lados buscando un accidente y nada, nada. Volvimos a la comisaría y no nos decían nada, ya parecía una broma, y los gurises se empezaron a poner violentos y a dar piñas a los vidrios, pidiendo información. De repente, vemos que pasa la camioneta de Maiquel, a una cuadra más abajo. Salimos a buscarla pero no la encontramos. Al ratito la vemos de vuelta, con los impactos de bala en la butaca y en los vidrios. Eran entre las 6.30 y 7.00”, detalló Nicolás.

Juan Balbis, jefe de Policía de Maldonado, indicó a la diaria que el hecho se inició con la persecución. Señaló que un policía disparó los cinco balazos, cuatro de los cuales impactaron en la cabina y atravesaron el asiento, provocando la muerte del joven. “Una vez que el joven es descendido, se percatan de que está herido y lo sacan de la camioneta para que reciba asistencia [médica] y un funcionario coloca un arma en la camioneta para simular que era del conductor”, dijo Balbis. Según el jerarca, el episodio fue vivenciado por cuatro uniformados que viajaban en dos móviles.

Ayer de mañana, en conferencia de prensa, el subsecretario del Ministrerio del Interior, Jorge Vázquez, y el inspector nacional de Policía, Julio Guarteche, reconocieron que el arma “no la tenía la persona fallecida, sino que fue colocada posteriormente”.

Según Balbis, los policías trasladaron al joven a un centro asistencial de Piriápolis, al que ingresó con vida para fallecer a los pocos minutos. Pero en las afueras del juzgado se manejaba otros datos: dos testigos afirmaban haber visto su camioneta sobre las 4.20 y al preguntar, la Policía les dijo que siguieran, que se trataba de un accidente; el cuerpo permanecía tirado, mitad en la calle, mitad en a banquina.

Modus operandi

En la conferencia de prensa, Vázquez calificó lo acontecido como “un hecho irregular sucedido y generado por un policía, que nos parece que fue desmedido y fuera de lugar”, pero resaltó que eso “no debe opacar la función del resto de los policías que, diariamente y en forma abnegada, se preocupan por la seguridad de la población”. Lo mismo mencionó Balbis, que varias veces destacó que se trató de un hecho “inesperado e imprevisible” y dio a entender que no era representativo porque “hay un número muy grande de policías”.

Sin embargo, otros indicios pautarían que no se trata de un hecho aislado. En las afueras del juzgado la diaria dialogó con Beatriz Jaurena, edila de la Junta Departamental de Maldonado y quien integra la comisión de Derechos Humanos. Relató que el grupo de ediles trabaja desde la administración anterior el tema de los malos tratos de policías a jóvenes, que se han producido en varias seccionales. Por ese motivo, la comisión de Derechos Humanos citó hace un tiempo al anterior jefe de Policía y también al actual jerarca. Balbis acudió la semana pasada.

Según Jaurena, el funcionario dijo que “lo mejor en estos casos era hacer la denuncia a la Justicia. Quedamos en mantener un vínculo y aseguró que lo que se buscaba era la aplicación del código del proceso policial, pero estos temas se salen del código y estamos hablando de más de un caso; el problema es que los chiquilines salen y no sabés si vuelven. No podemos ser ajenos, está bien que tengamos seguridad pero no es a cualquier costo, no es de cualquier manera, este tipo de cosas no tienen sentido”.

En diálogo con la diaria, Balbis indicó que la jefatura puede actuar en función de denuncias policiales o judiciales, porque es mediante esos procedimientos que se constata si la persona fue o no destratada. Jaurena precisó que sólo algunas de las denuncias que les llegaron fueron ratificadas penalmente, porque “el problema con las denuncias en el juzgado es que en realidad tenés que pagar un abogado, y eso lleva un costo. Por otra parte, muchas veces como son chiquilines no hacen la denuncia porque para hacerla los padres tienen que acompañarlos. El tema de los malos tratos es una práctica común, el tema de los golpes, de los insultos. El jefe de Policía dice que no es la generalidad, que puede llegar a pasar y que ellos buscan que se aplique el código, y en el código ese tipo de tratos no están permitidos”.

Enrique Ramos, testigo de lo sucedido, afirma haber visto el cuerpo de Maiquel a las 4.20 tirado en la calle. Dijo a la diaria que él tenía buena relación con la Policía, pero que estaba allí porque habían matado a su amigo y podían matar a cualquier otro de ellos. Asimismo, reafirmó lo dicho por la edila: “Uno de los policías implicados es medio problemático, ya había agarrado a cachetadas a un amigo mío, pero no lo quisieron denunciar por miedo, nada más”.

Amanda Muñoz

Fuente: La Diaria

Un grupo de estudiantes liceales presentó una denuncia penal contra policías actuantes en el operativo desarrollado el pasado martes en la noche en virtud de los festejos del Club Atlético Peñarol. Los jóvenes, algunos menores de edad, denunciaron haber sido apaleados sin mediar palabra en el callejón de la Udelar.

La denuncia penal fue radicada ayer ante la jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, por el abogado Oscar López Goldaracena, representante de los jóvenes agredidos, algunos de ellos menores de edad, ante la eventualidad de la comisión de los delitos de "abuso de funciones" y "lesiones" por parte de los policías actuantes.

Los jóvenes participaron en una reunión gremial del CEMM (Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media) en el callejón de la Udelar, "ya que el lugar para donde estaba convocada, IAVA, se encontraba cerrado". El motivo del encuentro era coordinar la participación de los jóvenes en la Marcha del Silencio, entre otros temas de agenda.

Al culminar el encuentro, a las 21.20 horas, los jóvenes procedían a retirarse hacia la Avenida 18 de Julio "cuando vimos a muchísimos policías con escudos, llegando al callejón, avanzando por la calle a pie y en motos rojas", expresa la denuncia, a la cual accedió La República.

"Cuando los policías empezaron a ingresar al callejón nos quedamos quietos levantando las manos en actitud pacífica (...) Fue entonces que, sin ningún tipo de advertencia, ni aviso, un policía se adelantó al resto y efectuó tres disparos hacia adelante con una escopeta, lo que nos generó terror. Ninguno de los disparos impactó en nosotros (creemos que fueron de balas de goma)", expresa la denuncia.

Algunos de los jóvenes corrieron hacia la calle Guayabo y otros intentaron resguardarse detrás de la fuente ubicada en el lugar. Sin embargo, "los policías empezaron a corrernos y a golpear, indiscriminadamente, con palos y a patadas, al tiempo que insultaban", dice la denuncia. Incluso, los jóvenes afirman haber sido golpeados "en el suelo". Asimismo, la denuncia afirma que el operativo contó con la participación de mujeres policía, una de las cuales trató de "mugrienta" a una de las jóvenes mientras la tomaba de los pelos.

"Se tendrá presente que la legislación vigente solamente habilita el uso de la fuerza por parte de la Policía de manera 'excepcional', racional, progresiva y proporcional para garantizar los derechos individuales y siempre y cuando se esté frente a una conducta ilícita", recuerda el escrito.

"En el caso, nada de esto se respetó". "Se nos apaleó brutalmente sin ningún motivo, sin advertencia ni aviso previo y sin haberse verificado en el lugar ningún hecho que, ni por asomo, pudiera calificarse como irregular y mucho menos de apariencia delictiva".

"En el caso no existió ninguna intervención moderada ni racional, ni de las armas ni de la fuerza pública. No se nos solicitó identificación, sino que sencillamente se nos golpeó y cuando regresamos a buscar nuestras mochilas, las que habían quedado tiradas en el lugar, también se nos pegó. Parecían enajenados", indica el texto. El accionar supuso una violación de la Ley Nº 18.315, "Ley de Procedimiento Policial", dice el escrito.

La denuncia fue radicada en la tarde de ayer ante la jueza Fanny Canessa, disponiéndose la concreción de diversas pericias forenses para constatar la gravedad de las lesiones. Una de las jóvenes debió ser internada en el Casmu con lesiones en las rodillas y brazos, y marcas de palos en el abdomen y la espalda.

Encuentro

Los jóvenes denunciantes mantuvieron ayer un encuentro con el subjefe de Policía de Montevideo, inspector Washington Curbelo, para interiorizarlo sobre el accionar policial en el callejón de la Udelar la noche del 18 de mayo, durante los festejos del Club Atlético Peñarol, por la obtención del campeonato uruguayo de fútbol.

El subjefe de Policía condenó los hechos, pidió las disculpas del caso en nombre de la institución policial y se comprometió a realizar de inmediato las averiguaciones pertinentes para identificar a los responsables, esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan, indicó el abogado Oscar López Goldaracena a La República. La reunión entre las partes fue pautada por intermedio del ministro (interino) del Interior, Jorge Vázquez.

Fuente: La República