Vamos a festejarlo
Vengan todos
Los inocentes
Los damnificados
Los que gritan de noche
Los que sufren de día
Los que sufren el cuerpo
Los que alojan fantasmas
Los que pisan descalzos
Los que blasfeman y arden
Los pobres congelados
Los que quieren a alguien
Los que nunca se olvidan

vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica

cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices

hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas

se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda.





"Tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores, no tendrán nunca un mañana... Porque ningún general de cívicos militares será recordado nunca, sólo desprecio y vinagre..."

La Fundación Mario Benedetti entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.

Se trata de la primera investigación de derechos humanos financiada por la fundación creada a partir de la muerte del escritor en 2009. Benedetti pidió a sus albaceas que el dinero fuera destinado a actividades culturales, pero también a investigaciones sociales relacionadas con la historia reciente.

Fundación Benedetti contrató al periodista Roger Rodríguez como coordinador de un equipo que integran una veintena de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. El equipo ya tiene en proceso nuevas investigaciones sobre asesinatos ocurridos durante la dictadura militar.

Los casos que llegaron a la jueza Motta integran la llamada "Megacausa" y podría llevar a estrados judiciales a militares retirados y en actividad en carácter de testigos e indagados. Estas investigaciones se llevarán a cabo por fuera de la Ley de Caducidad cuya anulación se buscar aprobar esta semana, e incluso por fuera de las anulaciones de los actos administrativos que inauguró el presidente Mujica la semana anterior al abrir la investigación por el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi.

A fines de la semana pasada, la Fundación Benedetti, entregó el documento a la jueza Motta. El hecho fue confirmado por la magistrada a Subrayado esta mañana.

Tanto la jueza Motta como la fiscal Ana María Tellechea habían abierto una investigación que llevó al procesamiento de Bordaberry por atentado a la Constitución y a su vinculación a delitos de lesa humanidad en el ejercicio de la presidencia.

Dentro de la megacausa "Organización de los Derechos Humanos" hay militares que están retirados, pero hay otros que se encuentran en actividad. El informe forma parte de un presumario, por lo cual no es posible dar a conocer otros detalles.

Las muertes de los 19 militantes, en su mayoría comunistas o tupamaros, ocurrieron entre 1973 y 1976.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para los 19 casos el lunes 1° de noviembre. El caso fue anexado por la fiscal Ana María Tellechea a la causa Bordaberry.

LOS CASOS INVESTIGADOS

Gerardo Alter y Walter Arteche murieron el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería N° 1. Ambos eran militantes tupamaros.

En el Batallón de Infantería N° 13 murieron tres militantes. Carlos Argenta falleció allí el 16 de diciembre de 1975.

En ese regimiento murieron Silvina Saldaña el 13 de junio de 1976 y Hugo Pereyra Cunha el 28 de agosto de 1977.

En el batallón de Ingenieros N° 1 fallecieron Iván Morales el 21 de noviembre de 1974 y Julián Basilicio López el 5 de enero de 1976. Este último era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU).

En el Batallón de Ingenieros N° 4 murieron Amelia Lavagna el 29 de abril de 1975, Eduardo Mondello Techera el 9 de marzo de 1976.

En el Batallón de Infantería N° 2 ubicado en Camino Maldonado murió el militante comunista Nuble Yic el 15 de marzo de 1976

En el Regimiento de Caballería N° 2 de Durazno Oscar Fernández falleció el 24 de mayo de 1973.

Ese mismo año, el 13 de diciembre de 1973 muere en el Hospital Militar Gilberto Coghlan, luego de ser torturado en el Regimiento de Caballería N° 4.

Aldo Perrini murió el 3 de marzo de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia

Carlos Curuchaga (PCU) falleció el 26 de setiembre de 1975 en la Dirección de Inteligencia policial luego de ser torturado.

En el Batallón de infantería N° 8 de Paysandú murió el comunista Ivo Fernández.

El militante tupamaro Pedro Lerena murió el 27 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería N°9.

En el Batallón de Infantería N° 4 falleció Oscar Olivera, el 27 de febrero de 1976.

En marzo de 1976 murió Nicanor Aldabadle en la División del Ejército N° 4 de Lavalleja.

El último fallecido que integra la causa "Organización de los Derechos Humanos" es Humberto Pascaretta, quien murió el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar.

Fuente: Subrayado HD

La justicia uruguaya notificó hoy a Juan María Bordaberry la condena a 30 años de penitenciaría, por diversos delitos de lesa humanidad cometidos durante los años que comandó la dictadura cívico-militar (1973-1976).

La jueza Mariana Mota leyó la sentencia que tiene una opción de prórroga por otros 15 años, por "un delito de atentado contra la Constitución, con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político", según el fallo.

Tras ser testigo de la notificación, la abogada denunciante, Hebe Martínez Burlé, destacó que "después de ocho años de haber presentado la denuncia se logró que por fin se le condenará por Atentado a la Constitución".

Para Martínez Burlé, de esta manera queda claro que "en este país cuando se da un golpe de estado, el golpe de estado recibe su castigo".

"Bordaberry terminará sus días en la cárcel. Ojalá sirva como ejemplo para el mundo, ojalá sirva como ejemplo para América Latina", agregó.

Bordaberry actualmente cumple con prisión domiciliaria y fue condenado el mes pasado a 30 años de prisión por el golpe de Estado de 1973 sentencia que fue ratificada y notificada este martes.

Fuente: PL

La condena del ex dictador Juan María Bordaberry, dispuesta por la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, por "Atentado a la Constitución", fue calificada como clave para la jurisprudencia.

La sentencia contra el ex dictador supuso la primera condena en América Latina por liderar un golpe de Estado, puesto que hasta el momento los promotores del quiebre institucional en distintos países solo fueron juzgados por delitos de homicidio, desapariciones, corrupción e incluso sustracción de menores. Este punto también fue destacado por las agencias de noticias y varios medios de comunicación del continente.

En este sentido, la abogada Hebé Martínez Burlé, una de las promotoras de la denuncia penal contra Bordaberry, se mostró emocionada por la disposición judicial que condena al ex dictador por "Atentado a la Constitución", luego de siete años de iniciado el proceso judicial.

La condena tiene un carácter "muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar", al tiempo que "nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución", dijo Martínez Burlé a la AFP.

"Nos decían locos"

El abogado Walter De León fue otro de los promotores de la denuncia interpuesta contra el ex dictador el 19 de noviembre de 2002 ante la Suprema Corte de Justicia, acompañada con la firma de 1.500 personas, en la que se solicitaba su juzgamiento por diversos delitos cometidos durante su gestión al frente del proceso dictatorial.

En este sentido, De León recordó que "era una denuncia muy extensa", porque no solo pretendía la indagatoria por "Atentado a la Constitución", homicidios y desapariciones, sino que solicitaba investigar el incremento de la deuda externa durante el proceso dictatorial y la posible comisión de un delito de "revelación de secretos políticos y militares" por el intercambio de información durante el desarrollo del "Plan Cóndor".

La presentación de la denuncia "no fue fácil" por el contexto social y político del momento. "Muchos colegas nos decían que estábamos locos, pero actuamos con la convicción de que uno cumple con su conciencia, y subimos la escalera de la Corte, sabiendo que la sentencia podía tener un resultado variado", explicó De León a La República.

En este sentido, el abogado consideró la condena como "un hecho simbólico muy importante porque no hay antecedentes en América Latina de dictadores condenados por dar un Golpe de Estado", al mismo tiempo que incorpora los delitos de "desaparición forzada" y "homicidio político".

La sentencia es "un avance de la jurisprudencia uruguaya", como lo fue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, en la que se define a los tratados internacionales como "de rango constitucional", en base al artículo 72 de la Constitución de la República.

"La Dictadura fue muy brutal, una persecución total como señala la jueza. Fue muy duro para todo el Uruguay, y por eso cuando estaba detenido nos comprometimos a salir de la cárcel, estudiar Derecho y lograr la condena de Bordaberry, no por meterlo preso, sino para que no quede impune el dar un golpe de Estado y que sus responsables sean juzgados", dijo. De León salió de prisión en 1985 y en 1990 egresó de la Facultad de Derecho.

"Pena simbólica"

El abogado José Luis González, en tanto, consideró que el fallo significa "una pena simbólica" porque condena al ex dictador por el golpe de Estado y recoge figuras penales como el homicidio político y la desaparición forzada que ponen al Uruguay "a tiro con los fallos de la jurisprudencia latinoamericana". "La condena por el golpe de Estado es un fallo trascendente porque implica una prevención especial y general: especial para el propio Bordaberry, para que no vuelva a cometer dichos actos, más allá de que no pueda hacerlo, pero ese es el objetivo del Derecho Penal; y general para que los que osen pensar en cometer un delito de esta naturaleza estén al tanto de las consecuencias de sus acciones", señaló González.

Además, "es una pena simbólica porque recoge las figuras de la desaparición forzada y homicidio político, las cuales forman parte de la jurisprudencia internacional y hay que definitivamente incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico, porque forman parte de él", dijo González.

Fallo "ejemplificante"

La abogada Pilar Elhordoy, promotora de diversas causas por violaciones a los derechos humanos contra el ex dictador, aseguró que el fallo judicial es "ejemplificante" porque "es la primera vez en la historia que se juzga a un dictador por el golpe de Estado".

"Uno siente un regocijo y una alegría muy grandes, además de ser un estímulo para seguir trabajando, luego del fuerte golpe que significó la no anulación de la Ley de Caducidad", señaló Elhordoy, denunciante en dos causas conexas al expediente por el cual fue condenado Bordaberry: el homicidio de Hugo Leonardo de los Santos y "Fusilados de Soca".

"El fallo demuestra que la Justicia sigue siendo independiente y aumenta nuestras expectativas, las primeras y las originales, que es saber la verdad sobre los hechos de la historia reciente. Es la postura histórica de los familiares, saber la verdad sobre lo que aconteció con las víctimas, cómo fueron sus últimos momentos y en el proceso contra Bordaberry, la jueza y la fiscal han demostrado seriedad en su trabajo y en la búsqueda de la verdad", dijo Elhordoy.

Fuente: La República