Ilustración: Domenech

Con la presencia de Videla en la sala, la abogada querellante María Elba Martínez dio inicio a la etapa de los alegatos en el juicio por violaciones a los derechos humanos en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Córdoba. Martínez afirmó que los presos de la UP1 se encontraban en “estado de pánico y terror permanente".

Ante la mirada de Videla, quien decidió permanecer en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba, fueron los querellantes María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, representantes de 14 víctimas, quienes iniciaron la nueva instancia.

Los abogados describieron primero la cadena de mandos que funcionaba en Córdoba durante 1976, utilizando como fuentes los organigramas presentados en la causa y los distintos testimonios. Remarcaron cómo poco después del golpe de Estado, tras una orden del 2 de abril del por entonces general de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Juan Buatista Sasiain, cambiaron las condiciones de detención de los presos "especiales".

Martínez, representante en Córdoba del Servicio de Paz y Justicia, señaló que “los tormentos se incrementaron” y que hubo tormentos físicos y psicológicos, y que las víctimas se encontraban en “estado de pánico y terror permanente". Además, dijo que “la única forma que hallaron estas personas para sostener la dignidad fue la solidaridad y la necesidad de sobrevivir”.

En este juicio la causa principal es la conocida como UP1, por la Unidad Penitenciaria Nº1 (actual cárcel de San Martín), donde estaban detenidos los presos políticos. Se debaten las circunstancias en que 29 de esos presos murieron, la mayoría fusilados durante simulacros de fuga montados por la dictadura para encubrir los crímenes.

En un operativo similar, pero con sede en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, fueron asesinados otros tres presos. Además, en el juicio se analizan los secuestros y tormentos de cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, aunque estos hechos no son atribuidos a Videla, aunque sí a Menéndez y otros represores.

El defensor de Luciano Benjamín Menéndez, Alejandro Cuestas Garzón informó que el imputado tiene un certificado médico por una neumopatía que impedirá su presencia en los primeros alegatos, aunque destacó que el acusado pretende estar el próximo martes, para el turno de los fiscales.

Fuente: Página 12

Nüremberg lo quiere juzgar por el secuestro y muerte de Rolf Stawowiok, un joven que tenía doble nacionalidad. Videla cumple prisión preventiva.

Un tribunal de la ciudad alemana de Nuremberg, donde se juzgó y condenó a los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, libró ayer orden de captura internacional contra el dictador Jorge Rafael Videla por su responsabilidad en el secuestro y el asesinato de un joven con doble ciudadanía. El ex presidente de facto, de 84 años, está procesado en varias causas en la Argentina, cumple su prisión preventiva en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, pero no fue juzgado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Su primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad tendría lugar este año en Córdoba, donde compartiría el banquillo de los acusados con el condenado Luciano Benjamín Menéndez, los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, en el que será el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la historia argentina.

La orden de detención internacional es para que Videla rinda cuentas en Nuremberg por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de Rolf Nasim Stawowiok, un joven argentino-alemán de 20 años, egresado del colegio industrial porteño Otto Krause y militante de la Juventud Peronista. Stawowiok fue secuestrado el 21 de febrero de 1978 cuando salía de la fábrica donde trabajaba como técnico químico. Fue fusilado y enterrado como NN (no name, sin nombre) junto con otras cuatro personas jóvenes, el 14 de marzo del mismo año, en el cementerio de Lomas de Zamora.

Recién en el año 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo exhumar los cinco cadáveres, previa orden judicial. El año pasado los antropólogos confirmaron científicamente mediante el cotejo de ADN que entre las víctimas se encontraba Stawowiok, a quien sus compañeros de la JP conocían como “El Alemán”. Para el examen se tomaron muestras del octogenario padre de la víctima, Desiderius Stawowiok, quien viajó a la Argentina a recibir los restos de su hijo. Ante las evidencias de que el joven había sido asesinado a tiros, que surgían del examen de sus huesos, en diciembre la Justicia alemana reactivó la causa contra Videla, según explicó Thomas Koch, vocero de las autoridades judiciales de Nuremberg.

A fines de la década del ’90 el tribunal de Nuremberg abrió una investigación sobre la responsabilidad de la primera Junta Militar, pero las causas se paralizaron a medida que los tribunales argentinos comenzaron a reabrir las investigaciones y a rechazar los pedidos de extradición del dictador. Elizabeth Kesseman y Klaus Zieschank son dos de las víctimas de origen alemán cuyos secuestros y desapariciones investiga la Justicia.

Como ex presidente de facto y cabeza de la estructura represiva que comandó el Ejército, Videla está procesado por centenares de secuestros, torturas y desapariciones en todo el país. Cuatro de las causas judiciales que lo tienen como imputado ya fueron elevadas a juicio oral y público: Plan Cóndor (radicada en el Tribunal Oral Federal 1 porteño), el plan sistemático de apropiaciones de los hijos de los detenidos-desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres (TOF6), la causa “Kamenetzky” en Santiago del Estero, y la citada causa en Córdoba. El dictador gozó de arresto domiciliario durante años, hasta que el juez federal Norberto Oyarbide, que instruye “Plan Cóndor”, le revocó el privilegio y ordenó su traslado a Campo de Mayo, decisión que luego confirmó la Cámara Federal porteña.

Fuente: Página 12

El ex dictador argentino Jorge Videla, de 82 años, fue trasladado el pasado jueves a una cárcel común, al perder el beneficio de la detención domiciliaria en causas que se le siguen por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés durante la última dictadura (1976-1983).

Videla, un ex general que es la figura emblemática del sanguinario régimen que asoló al país durante siete años, está encausado por unos 1.500 casos de terrorismo de Estado, entre ellos centenares de secuestros y 30 homicidios.

El militar que comandó el golpe de Estado y derrocamiento de la presidenta Isabel Perón (1974-1976), está imputado, además, en la investigación por cambio de identidad de unos 500 hijos de prisioneros políticos, nacidos en cautiverio, de los cuales casi un centenar han sido restituidos a sus familias de sangre.

“La cárcel de Campo de mayo (periferia oeste) cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario para atender cualquier emergencia médica”, del detenido, quien gozaba del beneficio para personas mayores de 70 años, dijo el juez Noberto Oyarbide.

Videla había sido condenado por un tribunal civil a reclusión perpetua en el histórico juicio a las Juntas de Comandantes en 1985, pero fue indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem (1989/99).