Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas ­tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)...

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5).

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito.

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos.

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

Ignacio Ramonet


(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.

(3) The New York Times, Nueva York, 13 de mayo de 2012.

(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012.

(6) Rumbo a Río+20

(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012.


Fuente: Le Monde

Foto: AP

A estas alturas, ya no importa saber cuántos son los muertos de la brutal tormenta que se desplomó hace unos días sobre Río y la vecina Niteroi. Pasan de los 280, para no hablar de los 32 mil desamparados y desalojados. La verdadera tragedia trasciende a los números, por más trágicos que sean. Es una tragedia antigua, y tiene nombre: irresponsabilidad.

La cuestión central es intentar saber por qué no se hizo lo que se debería haber hecho. Es verdad que en 18 horas seguidas de un solo día llovió más de lo que se esperaba para todo el mes de abril. Y luego siguió lloviendo, aunque con menos ferocidad. Pero la gran tragedia es saber que las consecuencias de esa tormenta podrían haber sido evitadas. No faltaron avisos y advertencias. Lo que pasó y pasa, la catástrofe y la tragedia, son resultado del temporal de abandono que el poder público hizo desplomar sobre los brasileños, especialmente los pobres, a lo largo de toda la historia.

¿De qué vale que el gobierno federal libere, de una hora a otra, decenas de millones de dólares para los flagelados de Río y Niteroi? ¿Por qué ese dinero no surgió antes, para propiciar a los favelados condiciones mínimas de seguridad? ¿Cuántos deben morir para que los recursos aparezcan de una hora a otra? Las víctimas son las de siempre: aquellas que el campo expulsa, las ciudades rechazan y que, por no tener otra opción, se van a instalar en cerros donde la deforestación hace que el suelo sea más y más blando y se derrumbe. ¿Cómo no prever lo que había sido más que previsto por estudios geológicos realizados por especialistas, cuyos resultados fueron entregados a las autoridades de todas las esferas públicas, y en seguida sepultados en algún cajón? Desde el 31 de diciembre hasta el sábado 10 de abril, más de 370 moradores del estado de Río murieron víctimas de aludes y derrumbes de cerros. En las inundaciones de Sao Paulo, el gran centro financiero y empresarial de Brasil, las lluvias mataron a principios del año a otros 80 miserables y dejaron miles de de-samparados. Grandes favelas crecieron durante años en zonas de inundación. El escenario –y sus horrores– se repite a lo largo y a lo ancho de Brasil. Y a cada tragedia, un mismo discurso: los gobernantes de ahora dicen que heredaron años de abandono producidos por los gobernantes de otrora. Es fácil prever que en una década más, cuando se vuelva a contabilizar catástrofes acumuladas, los gobernantes de entonces digan que heredaron años de abandono de los gobernantes de ahora.

Lo que nadie dice es que el sistema sigue y seguirá generando víctimas. ¿Qué sistema? El que permite que se armen comunidades de pobres sobre áreas de ciénaga urbana, como en Sao Paulo, o en cerros inestables como en Río, o sobre antiguos basurales, como en Niteroi. Entre 2000 y 2004, el número de favelas en esa ciudad de medio millón de habitantes aumentó de 43 a más de 130. Dos de cada diez habitantes de la ciudad son favelados y la mayoría vive en zonas de alto riesgo de derrumbe. En Río de Janeiro, son más de mil favelas y casi un millón y medio de favelados. Es decir, más del 20 por ciento de la población de la ciudad maravillosa tiene una vida sin maravilla alguna. Y la rueda gira, como una calesita de tragedias que revela a todo un país.

Una de las vertientes más visibles de ese abandono crónico es la falta de cualquier planificación urbana. Las autoridades actúan después, nunca antes, en prevención de las lluvias y del derrumbe de casas construidas en áreas de claro riesgo.

Predomina en las ciudades brasileñas el modelo de administración que privilegia las grandes obras urbanas, para alegría de los grandes constructores. Recursos públicos son dedicados a proyectos de urbanización de favelas, muchas veces sin tomar en cuenta la precariedad de comunidades erguidas sobre terreno altamente inestable. Se confunden esas acciones urbanísticas con política habitacional o social, sin proveer viviendas populares en áreas planificadas. Se maquilla el abandono.

Desde 1980 aumentó mucho la favelización de los grandes centros urbanos, consecuencia del empobrecimiento general de la población. En los últimos años la economía logró sacar a muchos de las franjas consideradas de pobreza o miseria, pero sin darles opción de vivienda. Las favelas siguen creciendo.

Para los que hacen las estadísticas, hubo una mejora en el nivel de vida. Entonces cae el temporal y la furia de los cielos provoca derrumbes y demuestra que todos estaban equivocados. Eduardo Paes, el siempre locuaz alcalde de Río, dice que existen en la ciudad 13 mil domicilios en áreas de riesgo. Su propuesta: remover a los moradores a la fuerza. No dice hacia dónde. El gobernador del estado, Sérgio Cabral, dice que la culpa es de todos, gobernantes y sociedad. No dice si de los muertos también.

Eric Nepomuceno

Fuente: Página 12

Foto:Efe

Eric Nepomuceno *

No se trata de ninguna innovación. En épocas recientes hubo muros que confinaron a los negros en los suburbios de las ciudades de Africa del Sur, creando guetos de segregación en su propia tierra. Hay otras infamias, como el muro que separa Estados Unidos de México (en verdad, un alambrado de púas) o el que Israel levantó para aislar a los palestinos. Y, claro, persiste la memoria del Muro de Berlín.

Ahora le toca a los moradores de las villas miseria de Río de Janeiro, que serán cercadas por muros de concreto de tres metros de altura. Anunciado por las autoridades municipales, esa es su política urbana para las favelas: en una primera etapa levantarán unos quince kilómetros de muros para impedir la expansión de trece comunidades. El gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, defensor de la política de “enfrentamiento total” contra el crimen –que resultó en la legalización del gatillo fácil de la policía, con docenas de favelados muertos en confrontaciones que jamás ocurrieron, o sea, a sangre fría–, asegura que no serán muros de exclusión social, sino de inclusión. No explica qué inclusión puede nacer del aislamiento de la población de las favelas, pero promete apoyo total. Es un entusiasta de la política de su protegido, el alcalde Eduardo Paes. La medida desató una polémica intensa. De un lado están los que defienden la necesidad de poner un límite a la expansión de esas barriadas de gente pobre y trabajadora, que vive bajo dos tipos de control. Uno es el tacón del narcotráfico. Otro, el de las milicias paramilitares, creadas con el argumento de que defenderían a la población de los abusos y excesos de los traficantes. En esas áreas, la presencia del poder público se da exclusivamente con una policía corrupta y violenta.

Del otro lado de esa polémica están los que entienden la iniciativa como una forma de marginar aún más a los marginados, creando guetos de segregación social, y que hay que buscar alternativas. Asociaciones de moradores de favelas de Río admiten la necesidad de poner un límite a su expansión, pero rechazan la idea del muro. Piden que se encuentre otra forma.

En Río de Janeiro existen mil favelas, que abrigan alrededor de un millón y medio de habitantes. Son construcciones irregulares, sin acceso a servicios básicos de higiene, frecuentemente levantadas sobre zonas de riesgo de derrumbe, ocupando terrenos públicos de forma descontrolada. En muchas de las favelas, principalmente en la zona sur –la parte más rica de la ciudad–, existen edificios de cinco o seis pisos, y hay casos de construcciones que llegan a diez pisos.

Casi todas son dominadas por el narcotráfico o por la milicia. Unos y otros controlan el transporte alternativo, la distribución de gas, la instalación de televisión por cable, la red eléctrica clandestina, la seguridad de los comerciantes locales, la venta y alquiler de los inmuebles. Autorizan reuniones, patrocinan bodas y funerales, distribuyen medicinas y juguetes, celebran fiestas y controlan el tránsito de personas y vehículos. O sea, son el verdadero Estado dentro de áreas abandonadas por el poder público.

En comunidades así serán implantados los muros. Curiosamente, los primeros 15 kilómetros de muros fueron programados para favelas que poco expandieron su área a lo largo de los últimos diez años: su crecimiento más fuerte fue en el sentido vertical, con la construcción de edificios. Inocente coincidencia: de las trece elegidas, doce están en la zona sur, algunas en los barrios más nobles de la ciudad, como Gávea, Leblon e Ipanema. Se calcula que en ellas vivan alrededor de 190 mil personas.

Entre los que defienden la barrera física alrededor de las favelas hay argumentos razonables (impedir que se siga devastando sin frenos las matas y destrozando el medio ambiente). Pero también están los que aseguran que la expansión de los pobres desvaloriza sus inmuebles, que pagan impuestos altísimos justamente por encontrarse en zonas privilegiadas. Los pobres son feos y ruidosos, y se multiplican rápidamente. La belleza y el confort tienen un precio. Para los que defienden ese argumento, nada más incómodo que ver un pobre en su zona de privilegio.

Dicen las autoridades que la expansión desmesurada impide que se planifiquen servicios de salud, de saneamiento básico, de suministro de agua y colección de basura en las favelas. Es verdad, pero los moradores de esas comunidades preguntan por qué esos mismos servicios no son regularizados en las zonas que ya existían antes de la expansión.

No hay respuesta. Y es que el verdadero problema es otro: el poder público olvidó a las favelas. Sus moradores dependen del humor de los narcotraficantes o de la policía. No hay políticas públicas, no hay programas sociales, no hay reglamentación de las construcciones, no hay limites para la ocupación de los terrenos dentro de reglas de protección ambiental y que propicien seguridad y servicios básicos a sus habitantes.

La gente de esas comunidades es rehén de los bandos de narcotraficantes o de una policía corrupta y descontrolada, o sea, el morador de la favela es rehén del abandono del poder público.

Que ahora, en fin, se hace presente para anunciar su plan redentor: muros para marginar a los marginados e impedir que su zona abandonada siga creciendo.

* Escritor y periodista. Desde Río de Janeiro

Fuente: Página 12