Media sanción para la ley que evita la prescripción de los DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El proyecto, que fue votado por el Frente Amplio en solitario, declara que los delitos de la dictadura son imprescriptibles de conformidad a los tratados internacionales. Hoy el debate sigue en Diputados.

El Senado uruguayo dio ayer media sanción a un proyecto de ley para evitar la prescripción el 1º de noviembre de los crímenes de la dictadura (1973-1985), considerados “comunes” por la Justicia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), coalición de centroizquierda en el gobierno, fue aprobada con los 16 votos oficialistas (de un total de 31) ante la negativa de los partidos opositores Nacional y Colorado.

El proyecto, que será hoy debatido en Diputados, no anula formalmente la Ley de Caducidad (sancionada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos), aunque convierte en “letra muerta” su esencia que, salvo excepciones, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. El texto “restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, al tiempo que a los efectos de la prescripción no computa el período entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.

Por otra parte, declara que los delitos de la dictadura “son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte”. El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de la causa.

El apremio por la sanción de la ley se debe a que el 1º de noviembre prescribirán los crímenes de la dictadura de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que los considera ilícitos comunes. El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar la propuesta con carácter de urgente. Comenzó su alocución recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los ’70. Michelini exhortó a la oposición a acompañar el plan, a fin de no ir en contra de los tratados internacionales. “El Parlamento tiene que tomar una decisión para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. No van a prescribir los delitos porque son de lesa humanidad”, dijo, explicando que el Frente Amplio se pone del lado de las víctimas.

A su turno el senador nacionalista Jorge Saravia, que estando en el oficialismo votó en contra de la anulación de la Ley de Caducidad en mayo pasado, calificó la intención de la bancada frenteamplista como “un golpe de Estado”, afirmando que “siempre nos va a encontrar enfrente”. Aquel voto de Saravia hizo fracasar el proyecto de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, un compromiso que asumió el Frente Amplio en su congreso partidario.

El debate propició un fuerte cruce entre el senador comunista Eduardo Lorier y el nacionalista –y ex candidato presidencial– Luis Alberto Lacalle, iniciado tras la exposición del primero. “Quienes defienden la impunidad defienden a los asesinos, torturadores, violadores y desaparecedores de seres humanos”, dijo Lorier. Y planteó que “decían que no había niños desaparecidos y ahí están Mariana, Simón y Macarena”. El dirigente comunista se refería a Mariana Zaffaroni, Simón Riquelo y Macarena Gelman.

Sus palabras generaron el inmediato malestar de Lacalle, quien pidió una interrupción para responder al legislador frenteamplista: “Lorier ha agraviado a todos los senadores que no votan como él y no le vamos a permitir venir a insultar de esa forma”. El argumento de los legisladores colorados y nacionalistas fue uno mismo repetido por distintos oradores: que el proyecto es inconstitucional porque el pueblo ya se expidió en los dos plebiscitos sobre la caducidad, uno en el año 1989, el último en el 2009.

Sea como fuere el tenor del debate, ayer el Frente Amplio en solitario dio un pasito en contra de la impunidad.


Fuente: Página 12