La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, conformó un expediente separado, anexo a la causa madre por el secuestro y homicidio de Ubagesner Chaves Sosa en 1976, para investigar la denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza, en los años de Dictadura.

La magistrada recibió la denuncia promovida por diez ex presos políticos, torturados en la Base Aérea de Boiso Lanza antes y durante la Dictadura cívico-militar, y decidió conformar una pieza presumarial para indagar los hechos, según explicó el abogado querellante Oscar López Goldaracena a La República.

En este sentido, la jueza Mota dispuso la inmediata fijación de audiencia para tomar la declaración de una de las denunciantes. La ex detenida política reside en la ciudad de Lund (Suecia), por lo cual de prorrogarse su citación sería "extremadamente díficil" recabar su testimonio, señaló el abogado.

Asimismo, López Goldaracena informó a La República que sobre las últimas horas del pasado lunes y las primeras horas de ayer, previo a la presentación del escrito, otros dos ex presos políticos adhirieron a la denuncia, con lo cual ascienden a doce el número de querellantes.

Sin embargo, López Goldaracena y el presidente de Crysol y denunciante en la causa, Baldemar Tarocco, tienen la certeza que en las próximas horas otros ex presos políticos acompañarán la denuncia. Además, ex presos políticos llamaron a La República para manifestar su adhesión con el inicio de la acción penal y su interés en declarar como testigos o denunciantes en la causa.

La denuncia penal interpuesta ayer ante la jueza Mariana Mota promueve la investigación de las prácticas de tortura acaecidas en la Base Aérea de Boiso Lanza en los años de Dictadura e "incluso antes del Golpe de Estado de 1973", como informara ayer La República.

La tortura "no fue algo casual", sino una práctica sistemática, en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia Dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido (...). El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", dice la denuncia.

En este sentido, las Fuerzas Armadas conformaron un "Estado Terrorista", cuyo objetivo era "la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista". La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio", subraya el escrito.

"Que haya justicia"

El presidente de Crysol y denunciante en la causa por torturas en Boiso Lanza, Baldemar Tarocco, afirmó que el objetivo de la acción penal es que "haya Justicia" por las torturas y violaciones en los centros de detención antes y durante la Dictadura cívico-militar.

La denuncia fue presentada "sin ningún sentido de revanchismo, simplemente para que se investigue y se haga Justicia". La difusión pública de las torturas acaecidas en Boiso Lanza, durante la instrucción por el caso Chaves Sosa, fue el disparador de la acción judicial, como forma de "completar el caso", señaló Tarocco.

"Todos fuimos torturados (en Boiso Lanza); este es el momento para hacer la denuncia por tortura, genocidio, asesinato (y las) violaciones de todo tipo que hubieron ahí", dijo Tarocco. "Antes del Golpe de Estado ya se torturaba en Uruguay, en todos los lugares de detención tanto del Ejército, FAU, Armada y la Policía". Incluso, el primer ciudadano detenido-desaparecido fue el estudiante Abel Ayala, el 18 de julio de 1971, recordó Tarocco.

El dirigente destacó las dificultades internas para denunciar las torturas sufridas. "Hay compañeros a los que les cuesta mucho, han quedado secuelas muy profundas, a todos nos han quedado secuelas de lo que fue la tortura. Fue un período muy díficil, muy duro", dijo. Sin embargo, Tarocco reivindicó a "las compañeras que han tenido la valentía" de denunciar las violaciones a las cuales fueron sometidas.

El abogado querellante, en tanto, manifestó que la denuncia permitirá que "todos los torturados en Boiso Lanza tengan su día ante los Tribunales y eso es dignificante ante la sociedad". "Los testigos y las víctimas perdieron el miedo, y la Justicia comienza a ser sanadora", dijo López Goldaracena.

Fuente y foto: La República

La Justicia procesó con prisión a los militares Uruguay Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por su responsabilidad en la muerte del militante comunista Ubagésner Chaves Sosa, ocurrida en 1976. El abogado de la familia, Oscar López Goldaracena, explicó que se prevén penas de hasta 30 años de penitenciaría. El otro militar indagado, Alejandro López, quedó en libertad.

La jueza Mariana Mota procesó con prisión al teniente Enrique Rivero en calidad de autor de homicidio político y al coronel Uruguay Araújo Umpiérrez como coautor del mismo delito, por la muerte de Ubagésner Chaves Sosa, el militante comunista secuestrado y muerto en 1976, y cuyos restos fueron hallados en una chacra de Pando en 2006. El oficial Alejandro López quedó en libertad.

El abogado de la familia Chaves, Oscar López Goldaracena, dijo a Canal 4 que se prevén penas de hasta 30 años de prisión.

Fuente: Montevideo Portal

Están citados para hoy a las 14.00, en el juzgado de Misiones y 25 de Mayo, el ex aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez -que en 1976 ocupaba el cargo de subdirector del Servicio de Información de Defensa y es señalado como coordinador del segundo vuelo- y los entonces tenientes Enrique Rivero y Alejandro López para ser notificados del pedido de procesamiento por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa, en junio de 1976. Chaves Sosa fue capturado el 28 de mayo y trasladado a esa unidad militar, en la que murió a consecuencia de los apremios físicos durante el interrogatorio.

Los tres habían declarado en calidad de indagados el 24 de agosto ante la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Mariana Mota. Comparecieron un día antes de que la viuda del militante del Partido Comunista, Isidora Musco, regresara, 34 años después, a la Unidad de Servicios de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”, donde fue asesinado su esposo y en la que ella también estuvo presa, pero esa vez como denunciante y por orden judicial. Lo hizo acompañada de la hija de ambos, Valentina Chaves, también denunciante, y de tres testigos que reconocieron en el establecimiento el lugar del crimen.

Tras la instancia de prueba en Boiso Lanza, la jueza tomó declaraciones a más testigos. En esta jornada Mota podría determinar si hace o no lugar a los pedidos de procesamiento por parte de la representante del Ministerio Público, según informaron fuentes del caso. La denuncia por el homicidio de Chaves Sosa fue radicada en 2008, a casi tres años de que el cuerpo fuera hallado enterrado con cal y sin las falanges -en noviembre de 2005-, en una chacra de Pando. Su hallazgo se produjo siguiendo los datos aportados en un informe por la Fuerza Aérea Uruguaya, entregado a Tabaré Vázquez por el entonces comandante en jefe, Enrique Bonelli. Se trató de la primera identificación de los restos de una persona desaparecida durante la dictadura.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

El homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa podría tener resolución en las próximas semanas. Dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), sindicados como partícipes de las torturas del "reaparecido" ex dirigente sindical, abren expectativas. La próxima semana también habrá audiencia.

La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea interrogarán hoy a un oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) sindicado como presunto partícipe de la sesión de tortura en la cual falleció el militante del Partido Comunista (PCU) Ubagesner Chaves Sosa.

La magistrada dispuso la citación del oficial ante el cúmulo de pruebas recopiladas en el expediente y como forma de contrastar su versión con la aportada por algunos testigos ante la sede, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Asimismo, el próximo lunes 23 comparecerá otro oficial de la FAU, "implicado" en la indagatoria penal sustanciada para desentrañar el homicidio de Chaves Sosa. "Las audiencias no se concretaron el mismo día o en días consecutivos ante problemas de agenda del Juzgado, aunque esa era la intención primaria", por cuanto "ambos oficiales comparecerán como 'indagados'", señalaron las fuentes.

En este sentido, ambos oficiales fueron mencionados ante la sede por el ex preso político Guillermo Gómez. El testigo brindó ante la entonces jueza penal de 7º Turno (hoy jueza especializada en crimen organizado), Graciela Gatti, la identidad de diez oficiales de la FAU de la base aérea de Boiso Lanza cuando en mayo de 1976 se produjo la detención y la desaparición forzada de Chaves Sosa.

Gómez declaró entonces que Boiso Lanza era un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, y que al frente de esa unidad estaba el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez. Araújo Umpiérrez "no era capitán y tenía más mando que Cabrera. Los milicos nos decían que Araújo Umpiérrez era el jefe del S2 de Boiso Lanza, es decir del servicio de inteligencia. La OCOA operaba en la base aérea", explicó Gómez en una entrevista con LA REPUBLICA publicada el pasado 31 de julio de 2008.

Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a la Base Aérea de Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde. El cuerpo reapareció el 29 de noviembre de 2006 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República. En julio de 2008, la familia de Chaves Sosa radicó una denuncia penal por la desaparición forzada, torturas y homicidio del militante comunista. El informe señala que el cuerpo apareció "casi completo", más allá de que "había recibido el tratamiento con cal viva, que se le aplicaba a los cuerpos con intenciones de destruirlos". "Se les colocaba cal por debajo del cadáver, se ponía sobre ella al mismo y luego se le aplicaba otra capa de cal viva. Se sabe en base a la abundante literatura forense al respecto que la cal viva a lo sumo destruye los tejidos blandos y los desfigura", expresa el informe. Pero el dato más revelador fue la ausencia de las falanges de manos y pies, los cuales habían sido cercenados. En este sentido, el abogado querellante Oscar López Goldaracena consideró "muy positiva" la citación de ambos oficiales. "Estamos avanzando en la indagatoria sobre la desaparición, tortura y asesinato de Chaves Sosa. Hoy, quienes lo desaparecieron, quienes le cortaron las falanges de los dedos de manos y pies y quienes luego lo enterraron con cal viva, aunque parezca increíble, todavía están en libertad", expresó el abogado a LA REPUBLICA. En febrero de 2010 el dictador Juan María Bordaberry fue condenado por varios delitos de lesa humanidad cometidos durante su período de gobierno, entre ellos, el "homicidio político" de Chaves Sosa. Antes, el caso fue excluido del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad", lo cual permitió a la Justicia indagar a los responsables militares de su secuestro y posterior muerte. El informe indicaba que Chaves Sosa fue detenido el 28 de mayo de 1976, a las 17 horas, en la calle Vaimaca frente al Nº 1280, siendo trasladado a la entonces Unidad de Servicios del Aeródromo "Cap. Boiso Lanza". Sometido a apremios físicos (torturas) durante el interrogatorio, falleció durante la noche del 1º y el 2 de junio de 1976.

Fuente: La República