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AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. TABARÉ VAZQUEZ.
A LOS SEÑORES Y SEÑORAS LEGISLADORES/AS.
A LA SOCIEDAD URUGUAYA
En el día de hoy, y en vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se hizo público en los medios de comunicación, la postura del Presidente de la República de vetar una ley que legalice el aborto en caso de que ésta sea aprobada por el Parlamento. Pero el Presidente fue un poco más allá: anunció que de levantarse el veto por la Asamblea General, disolvería las Cámaras.
El Parlamento como mecanismo que hace a la naturaleza de la democracia republicana, tiene la responsabilidad y la obligación de brindar respuestas adecuadas a problemáticas sociales y a demandas ciudadanas. Desde la autonomía que le compete como poder del Estado, debe legislar y revisar aquellas leyes y normas que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos humanos.
El 63 % de la opinión pública 1 se expresa a favor de un cambio legal que incluya integralmente educación sexual laica, acceso universal a métodos anticonceptivos, promoción de maternidades y paternidades responsables y elegidas, y acceso a servicios legales de aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Durante los últimos años, la sociedad uruguaya, impulsada por la sociedad civil organizada, ha debatido de manera democrática, amplia y participativa acerca de la necesidad de este cambio. Diversos actores sociales e instituciones, profesionales, académicas, religiosas, sindicales, comunitarias, feministas, y de derechos humanos, han coincidido en que la problemática del aborto debe ser abordada desde una perspectiva amplia de derechos y respetuosa de la diversidad de creencias e ideologías.
No hay Verdad única que dé respuesta a esta compleja situación. Sólo cada mujer y/o cada pareja, en su capacidad de discernimiento, pueden tomar la decisión que entiendan más adecuada a sus circunstancias.
El Estado debe garantizar las mejores condiciones para la toma de esa decisión. Y la sociedad debe respetar y apoyar, sin discriminación de ningún tipo.
El Sr. Presidente de la República, ciudadano Dr. Tabaré Vazquez, no puede imponer su Verdad, desconociendo los mecanismos democráticos y la opinión de la ciudadanía. El Sr. Tabaré Vazquez debe saber que la razón fundante de la discriminación hacia la mujeres es el ejercicio abusivo del poder por parte de quienes lo detentan. Quien jamás va a vivir en su propio cuerpo la experiencia de un embarazo no deseado, debe, por lo menos, tener la sensibilidad de reconocer que la decisión última le compete a las mujeres.
Porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos.
Porque la democracia debe garantizar todos los derechos para todos y todas.
Porque en el siglo XXI, ya es tiempo de que las mujeres sean reconocidas y respetadas como ciudadanas plenas.
MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)
Marzo de 2006.
1 Encuesta de Opinión Pública sobre Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva – Equipos Mori (2004). Encuesta Nacional de Reproducción biológica y social de la población uruguaya. MSP, INE, UDELAR, MYSU, UNFPA (2005).
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