La medida adoptada por la Junta de Andalucía no ha gustado a nadie. Los sectores de la derecha la califican de “insólita” utilizando con mofa el término rapada, mientras que los colectivos de la Memoria aseguran que llega tarde y lamentan que no haya una verdadera política de Estado contra los crímenes de género del franquismo.

El decreto aprobado por el Gobierno de Andalucía para que se indemnice con 1.800 euros a las mujeres que sufrieron vejaciones en el franquismo está siendo objeto de críticas tanto por parte de la derecha como por los sectores de la izquierda. Sorprende el tratamiento que algunos medios de comunicación han dado a la noticia, calificándola de “insólita”, en algunos casos, e incluso utilizando con cierto desprecio el término pelona. El titular de hoy del diario El Mundo es significativo al resaltar que “Griñán busca mujeres rapadas hace 70 años…”, una noticia que se comenta en un suelto en las páginas de opinión del periódico bajo el título La Junta usa las heridas del pasado sin escrúpulos, donde se dice que la iniciativa "es un disparate y otro ejemplo de cómo se sigue usando el espantajo del franquismo para distraer la atención de la crisis".

Igual de sorprendente resulta que en determinados foros se critique la medida en lugar de sacar adelante un plan integral de víctimas del terrorismo; o que la cuestionen por cuanto resulta imposible aportar documentación; o que la iniciativa es un dispendio más para los tiempos de crisis económica que corren; o que se trata de una acción de marcado tinte electoralista…

En fin, esto no ocurriría si en lugar de asumir una reparación tan mínima ante lo que está considerado por todos los organismos internacionales como crímenes contra la humanidad y crímenes de género, existiera una verdadera política de Estado de “verdad, justicia y reparación” de todas aquellas mujeres que lucharon por la democracia en España y que sufrieron no sólo vejaciones por las que ahora pretende resarcir la Junta de Andalucía, sino también violaciones, robo de niños y hasta fusilamientos en masa por ser mujeres de los “rojos”.

Así lo cree el profesor de Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias que en estas mismas páginas publicó un artículo sobre las mujeres represaliadas del franquismo, titulado Menos que los rojos, en el que relata hasta ocho formas distintas de crímenes internacionales de guerra y contra la humanidad de género que hoy en día siguen en la más total impunidad, denuncia el también autor de el libro El Caso de los niños perdidos del franqismo: crimen contra la humanidad donde se incluyen las primeras investigaciones juridicas sobre los crimenes contra la humanidad de género.

“La Ley de la Memoria ni siquiera menciona los crímenes de género” denuncia el que ha sido autor del anteproyecto de ley de Verdad, Justicia y Reparación, una iniciativa popular que pretende llegar al Parlamento y uno de cuyos aparatados está dedicado por entero al genocidio de género que llevó a cabo el régimen franquista.

Para Rodríguez Arias, la iniciativa de la Junta andaluza solo es un gesto “cara a la galería”, “un intento más de confundir a la ciudadanía” que incluso deja fuera a las mujeres que fueron violadas por las tropas sublevadas.

Esta perspectiva de género ya fue apuntada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el auto para la investigación de los crímenes franquistas. El magistrado reprodujo textualmente una de las arengas pronunciadas en 1936 por el General Queipo de Llano en declaraciones a Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos qué es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”.

Lo que no tiene ningún sentido, añade este historiador, es que el Gobierno del PSOE esté apostando por políticas de género y de igualdad y “se deje en el ostracismo a esa primera generación de mujeres que lucharon por la democracia en España negándoles todos los derechos reconocidos por la ONU”, afirma.

Fuente: Nueva Tribuna