La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por 32 presos políticos mapuche en cinco cárceles del sur de Chile había superado (al cierre de esta edición) los 60 días. Fue convocada para reclamar una verdadera justicia y, a la vez, evidenciar la política racista de las brutales violaciones de derechos humanos que se han extendido contra sus movilizaciones.

Como la protesta ha afectado gravemente a la salud de varios de sus protagonistas, éstos han sido trasladados a hospitales. Pero, por ahora, la huelga de hambre, a la que semanas después de su inicio se sumaron dos menores de edad también recluidos, no ha recibido por parte del Gobierno de Chile la respuesta que los mapuche reclaman. Mientras los días pasan, las manifestaciones de agrupaciones nacionales e internacionales son el modo de presión al que los mapuche invitan a sumarse.

La persecución en contra del pueblo mapuche es histórica. Los conquistadores españoles nunca lograron traspasar el límite natural del río Bio Bio, que marca el inicio de Wallmapu, la nación mapuche. Chile logró, a punta de extrema violencia y políticas de asimilación cultural, reducirla hasta el punto de que hoy los comuneros señalan que ésta podría ser su última lucha.

“La reivindicación de la existencia de otra nación en el interior del Estado es una realidad compleja, a la cual Chile ha respondido con la más dura represión”, sentencia Alberto Espinoza, abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y activo defensor de los derechos humanos. Espinoza denuncia “las dos vías institucionales con las que se persiguen los actos reivindicativos de este pueblo: aplicación de la ley antiterrorista y la justicia militar”. Actualmente, según organizaciones de apoyo, hay 58 presos políticos mapuche vinculados a reivindicaciones ancestrales.

Creada para castigar y eliminar la insurrección que se enfrentaba al Chile autoritario, la ley antiterrorista fue promulgada en 1984. La Concertación, lejos de derogarla, se valió de este arma legal para desmantelar sin piedad la subversión cuando ésta se producía en contra de los intereses económicos desarrollados en las ancestrales tierras mapuches. Con el apoyo de los sucesivos gobiernos chilenos, Wallmapu ha sido invadida y ocupada desde la ‘Pacificación de la Araucanía’ y explotada por importantes grupos económicos de Chile y transnacionales.

La legislación antiterrorista

“En el contexto de la lucha por existir –explica Espinoza–, la aplicación de la ley antiterrorista permite al Estado chileno imponer penas mucho más altas, la detención de personas, sin formalizar una acusación durante diez días, los registros de la investigación que son prácticamente secreto de sumario de los fiscales, la presentación de testigos sin rostro y una serie de restricciones al debido proceso”.

La comisión de prisión política de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) detalla cómo la facultad que otorga la ley antiterrorista de dar credibilidad a los testigos sin rostro habría sido utilizada por fiscales para inculpar a comuneros mapuche a cambio de dinero. Estos testigos pagados son parte de las acusaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena se aprestaría a investigar.

En Chile se ha formado el Frente Amplio por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche, compuesto por destacadas personalidades ligadas al arte, agrupaciones estudiantiles, parlamentarios y organizaciones de trabajadores y ciudadanía. Todos los miércoles se realizan marchas por la capital y distintas movilizaciones a lo largo del país.

El apoyo internacional es de suma importancia. En Bélgica, la embajada chilena ha sido tomada en dos ocasiones como medida de presión. También en México, Argentina, Canadá y algunos países europeos se han dado muestras de solidaridad.

Victoria Lozano Díaz

Fuente: Diagonal