María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein,
los padres del nieto 102, fueron secuestrados en mayo de 1977.

Estela Carlotto lo anunció en la sede de Abuelas. Es el hijo de los militantes montoneros María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en 1977. No quisieron dar el nombre del joven ni de su apropiador.

“El documento es de una persona que no existe –dijo Estela Carlotto– porque existe otra persona que va a tener que recuperarlo, y eso es obra de la Justicia.” La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo presentó así la noticia de la recuperación del nieto número 102. Un caso que no es sencillo, dijo, porque el joven no aceptó hacerse voluntariamente los análisis genéticos. Después de muchos años y de varios fallos judiciales, confirmaron finalmente que es hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros secuestrados el 15 de mayo de 1977. El joven, del que no se dijo su nombre, no estuvo en la casa de las Abuelas para la conferencia de prensa. Hubo un dato en la causa que fue especialmente subrayado en Abuelas: la existencia de un allanamiento donde se fraguaron las pruebas con la intervención del mismo comisario que actuó en otros casos similares, como el de los hermanos Herrera Noble. “En el fondo, él desea saber quién es”, dijo Estela. “Y va a seguir amando a quien quiera.” Las Abuelas, siguió, “no pueden decir como dicen livianamente algunos miembros del Poder Judicial cuando dicen ‘pobrecitos’, ‘déjenlos’”, explicó. “Este es un derecho de acción pública: si las Abuelas dicen ‘pobrecito’ están encubriendo un delito, siendo parte, siendo cómplices, por eso tenemos que llevarlo a la Justicia.”

La sala de la sede de Abuelas estaba repleta de cámaras, micrófonos de televisión y voces de cronistas de tonos extranjeros. “Estamos en un país en democracia –explicó Carlotto cuando le preguntaron por el rol de los medios–, donde no tenemos que tener miedo para hablar de una situación que no está resuelta. Los medios pueden ser portadores de la verdad o pueden ocultarla.”

Las Abuelas mencionaron la historia de la causa del nieto 102, pero sobre la identidad del joven apropiado señalaron pocos datos. El joven se crió como hijo natural de un integrante de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, la fuerza de seguridad que mantuvo secuestrada a su madre en Mansión Seré desde donde la llevaron a dar a luz a la ESMA. Anoche, un cable de la agencia DyN divulgó el nombre del comodoro –prófugo de la Justicia desde hace años– que sería el apropiador del nieto recuperado. Pero, como solicitaron las Abuelas, Página/12 no lo dará a conocer para no obstaculizar el proceso de adaptación del joven a su nueva identidad.

Sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein. Ella era “La Gracie” entre sus familiares. Vivía en Bahía Blanca, tenía una hermana más chica, un padre tornero de los talleres del ferrocarril y propietario con su mujer de un quiosco de barrio. María Graciela estudió Bioquímica en la Universidad Nacional del Sur hasta tercer año, viajó a Buenos Aires, trabajó de empleada en una fábrica, era militante de la JUP y luego de Montoneros. Para sus compañeros era Raquel, Chela o Queda. Y era muy linda, dijo Estela, “tenía el cabello oscuro y ondulado”.

Jorge estudió Ciencias Económicas en la misma universidad. Su padre tenía una fábrica de carteras en Coronel Suárez, que luego mudó a Bahía Blanca. Jorge militaba en Montoneros. Entre sus compañeros era El Hippie, Ricardo o Iricardo. Los dos se conocieron durante los años de militancia, se casaron el 30 de enero de 1976 en Buenos Aires, y con los primeros meses del golpe estuvieron en el Gran Buenos Aires. Cuando los secuestraron, el 15 de mayo, ella llevaba cuatro meses y medio de embarazo. Pasaron por la Comisaría 3ª de Castelar, ella estuvo en el centro clandestino de Mansión Seré desde donde la llevaron a la ESMA. En noviembre de ese año dio a luz a un varón, asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco.

Según consta en la causa judicial, a ambos los ejecutaron en forma sumarísima durante un enfrentamiento fraguado de guerrilleros con militares, un procedimiento habitual en la época.

De lo que pasó después, Abuelas casi no dio información. La investigación para recuperar al niño se inició hace unos diez años por los datos de un represor, parte del grupo de tareas donde operó el apropiador del niño. Esa persona estuvo con María Graciela y pudo contar quién se llevó a la criatura. Su testimonio sin embargo cobró valor porque aportó además los datos de otro niño apropiado. Era el caso de Guillermo Francisco Gómez, que rápidamente se demostró que era nieto de Rosa Roisinblit. Ese apropiador, dijo Estela, “se animó por primera vez a hablar, cosa que ojalá todos los que participaron de la represión hicieran. Rosa lo supo hace ya diez años, en este caso demoró más porque el caso era mucho mas difícil”.

Como el joven se negó a realizar el estudio de ADN, el caso llegó a la Corte Suprema que se expidió contra la extracción obligatoria. Como sucede con el caso de los Noble Herrera, el tribunal consideró que se podían utilizar medidas alternativas para obtener la información genética. La causa estaba en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó un primer allanamiento para obtener muestras de sus objetos personales. “Como también sucedió en otros casos –explicó la presidenta de Abuelas–, las muestras fueron fraguadas y resultó imposible reconstruir el perfil genético.”

Los imputados supieron entre tres y cuatro días antes que se iba a hacer ese allanamiento. De acuerdo con los datos de la causa, le dieron a la Justicia un cepillo de dientes de la apropiadora. Canicoba volvió a convocar al joven. Esta vez, él mismo le compró ropa, ordenó el secreto de sumario y se aseguró de llamarlo después de un día de trabajo. Lo convocó a su despacho y presenció el momento en el que se quitaba y cambiaba la ropa para asegurarse de que no hubiese otro error.

Cuando le preguntaron a la presidenta de Abuelas por esa medida y la relación con el caso Noble Herrera, ella respondió: “La Justicia debiera ordenar la extracción como lo hizo Canicoba”.

Pero las Abuelas mencionaron otro dato. El allanamiento que ordenó Canicoba se hizo en mayo de 2008 y estuvo a cargo del subcomisario Carlos Garaventa de la División de Seguridad de Estado de la Policía Federal. En mayo de este año, Garaventa intervino en el allanamiento de los Herrera Noble. “Casualmente –dijo Estela–, en ambos procedimientos intervino el mismo jefe policial”. Garaventa fue separado de la fuerza el mes pasado (ver recuadro)

Con el avance de las investigaciones en Abuelas, ahora se sabe además que esa misma división estuvo a cargo de otro procedimiento fraguado en el año 2006 en el marco de la causa por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana por el gendarme Víctor Rei. Alejandro estaba ayer en la sede de Abuelas. En su caso, la policía llamó 48 horas antes a su apropiador para avisarle del operativo. Rei llamó a Alejandro a Campo de Mayo para que pase a buscar un cepillo de dientes suyo, un peine, una remera y una toalla. Elementos a los que sumó además el cepillo de dientes de un hijo biológico con la intención de fraguar los resultados. Alejandro declaró sobre el allanamiento hace dos meses en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación de la causa Noble Herrera. Pero declaró en una causa paralela.

“Permitime, que quiero decir una cosa”, le pidió a Estela el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. “En este caso, con todas las dificultades que tuvo, se llegó a saber la verdad: eso nos fortalece la idea de que a pesar de todas las medidas dilatorias la Justicia va a avanzar”, concluyó.

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12