La quiebra de dos bancos ha sido el detonante de una política de recortes auspiciada por el FMI y la Comisión Europea y bendecida por la socialdemocracia lusa.

Los discursos públicos sobre la crisis están presentes en el día a día de la política portuguesa desde el inicio de la década. La estrategia electoral de los partidos con responsabilidades gubernamentales en las últimas elecciones se ha destacado por apuntar siempre al rival como el responsable por el estado calamitoso de las finanzas públicas. La ampliación del Estado –argumento aceptado por los principales grupos de Gobierno: Partido Popular (PP), Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Socialista (PS)– se apuntó como el otro “responsable” de la progresiva erosión de la ilusión de bienestar; así, los trabajadores públicos fueron sucesivamente culpabilizados social e institucionalmente por el crecimiento incontrolable e insustentable del Estado.

Por eso, muchas de las medidas de austeridad de los últimos siete años dañaron directa o indirectamente a los funcionarios, aun cuando fueran acompañadas por algún aumento de impuestos al consumo. El desequilibrio económico de la sociedad portuguesa contrasta con la protección prestada a la banca y a los grandes grupos empresariales. Cerca del 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de paro ronda el 11 %. Mientras que la crisis bancaria se ha cobrado dos víctimas, aunque estas entidades financieras han tenido destinos distintos.

Como fichas de dominó

El Banco Privado Portugués (BPP), un banco muy activo en operaciones de riesgo, no logró aguantar el impacto de la explosión de la burbuja especulativa y cayó definitivamente. El Banco Portugués de Negocios (BPN) corrió distinta suerte; la gerencia fraudulenta y corrupta (existe un proceso judicial contra algunos de sus ex dirigentes) provocó, en concordancia con los efectos de la crisis bancaria, la quiebra y consecuente nacionalización del banco. El gasto astronómico del banco nacionalizado generó un aumento enorme del déficit público de la República portuguesa. En el ultimo año, el Estado ha inyectado más de 4.500 millones de euros en el BPN, que, según las previsiones del Banco de Portugal deberá ser cerrado por la falta de interesados en su reprivatización. Así, el déficit crónico de la hacienda pública aumentó y el capital especulativo, auxiliado por los medios, presentó una poco novedosa baja en la cotización del rating por parte de algunas agencias de calificación de riesgo.

La respuesta del Gobierno fueron medidas de austeridad –aumento de tasas sobre el consumo y recortes en beneficios sociales–. Pero los mercados no estaban satisfechos. Mientras el rating disminuía, los intereses sobre la deuda subían. Llegados a octubre el gobierno del PS tenía que presentar un presupuesto para 2011 y después de la puesta en escena de algunos contratiempos, los dos grandes partidos (PS y PSD) llegaron a un acuerdo sobre cómo responder a los desafíos de la crisis nacional e internacional.

El camino tomado fue el mismo de antes, pero ahora con medidas aún más austeras y graves para los trabajadores y para las clases medias. Algunas de las medidas fueron la rebaja de beneficios sociales, recortes en el sueldo de los funcionarios públicos (5-10%), incremento de tasas sobre el consumo, suspensión de inversiones públicas y reducción de las transferencias para los municipios. Tras conocer las medidas presupuestarias las dos centrales sindicales mayoritarias (CGT y UGT) decidieron convocar una huelga general conjunta, la primera desde 1988. La huelga tuvo un periodo de preparación muy largo y al llegar el 24 de noviembre los trabajadores dieron una respuesta diversa. Los trabajadores del sector público se unieron en masa a la protesta, con tasas de participación en torno al 80% (según datos de los sindicatos), mientras que la adhesión de los trabajadores del sector privado de la economía fue menor.

Los resultados presentados por las centrales sindicales hablan de una participación nacional total de tres millones de trabajadores sobre una población activa que ronda los cinco millones. La huelga fue más preventiva que reivindicativa y todavía no es cauto opinar sobre sus logros o fracasos, pues no se conoce cómo se ejecutará el presupuesto de 2011 y cómo actuarán los especuladores respecto a la deuda pública portuguesa. Pero la perspectiva no es buena, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirieron cambios en la estructura laboral y la posibilidad de una intervención del FMI está más presente que nunca. Por su parte, sectores anticapitalistas convocaron el día de la huelga una manifestación que juntó a más de mil personas. En parte, gracias a internet, único espacio para cuestionar las medidas y presentar discursos económicos distintos.

Tiago Avó / Évora

Fuente: Diagonal