La cumbre de cambio climático de Cancún ha servido para insuflar más aire a la burbuja del comercio de derechos de emisión de CO2.

La clausura de la decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún ha sido interpretada como una “victoria”, un “paso adelante”, un “avance” o la “salvación del multilateralismo” por la mayoría de los gobiernos, observadores y medios de comunicación. Después del fracaso de Copenhague en 2009 y a raíz de los mensajes intencionados de las grandes potencias, que anunciaron meses antes de la cumbre sus ‘bajas expectativas’ de obtener resultados, y tras dos semanas de negociaciones, el simple hecho de cerrar un acuerdo parecía suficiente.

En relación al proceso llevado a cabo para concretar la firma del acuerdo, aunque se habla de un rescate del multilateralismo, se debe apuntar que la aprobación fue posible a través de negociaciones en grupos pequeños, reuniones informales y negociaciones ocultas, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí y usando mecanismos financieros para convencerlos de cambiar su posición. Partiendo del hecho de que EE UU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero per cápita en el mundo, es significativo que el jefe negociador de EE UU, Todd Stern, aplaudiera sin fisuras la propuesta de la presidencia mexicana de la COP16 y comentara que “las ideas que sirvieron como esqueleto el año pasado [en Copenhague] y no se aprobaron, ahora han sido elaboradas y aprobadas”. Esto significa que se ha llegado a convertir el ilegítimo y antidemocrático “No Acuerdo de Copenhague” en un acuerdo aprobado por mayoría –no por consenso, como rigen las reglas de Naciones Unidas–. Entre los 194 países participantes, sólo Bolivia se atrevió a manifestar su discrepancia con el acuerdo (aunque Noruega matizó después de finalizar la cumbre que la mayoría de la audiencia compartía las preocupaciones del país andino).

Y es que Bolivia defendió en Cancún con valentía una posición coherente expresada por más de 35.000 participantes en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático realizada en Cochabamba el pasado mes de abril.

En Cancún se demostró que las grandes potencias y poderes económicos siguen sin tener voluntad política para responder a la urgencia de reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero para frenar los fenómenos climáticos extremos, que están causando más de 300.000 muertes al año y millones de refugiados. Aunque en el texto de Cancún se menciona la adopción de un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, no se explicitan fechas ni mecanismos para que eso ocurra.

Si analizamos los textos tomados en consideración durante el plenario final, se puede concluir que el Acuerdo de Cancún supone una amenaza de muerte para millones de personas, ya que se limita a ratificar las promesas voluntarias, totalmente insuficientes, de reducir las emisiones un 3% más (del 13% al 16%) hasta 2020. Con esas cifras, a finales de siglo se habrá producido un calentamiento global de entre 4 y 5 ºC. Llegados a este punto es necesario recordar que los últimos estudios científicos sobre los impactos del cambio climático concluyen que es preciso revisar el objetivo de mantener el aumento de temperatura en dos grados, y rebajarlo hasta 1,5 ºC, porque un aumento superior a esta cifra ya tendría consecuencias catastróficas en la población y los ecosistemas del mundo. Los Estados más contaminantes han buscado vías de escape para evadir sus responsabilidades; sólo así se explica que el texto diga que las emisiones nacionales deben tocar techo “lo antes posible” sin especificar cuál es ese techo, cuándo es “lo antes posible”, cómo piensan lograrlo ni qué espera a los Estados que no cumplan este objetivo.


Foto: EFE

El Acuerdo de Cancún señala que se deben completar los trabajos para prorrogar Kioto lo antes posible, de modo que no haya una brecha entre el primero y segundo periodo de cumplimiento, pero de nuevo el texto se convierte en papel mojado cuando se trata de ponerlo en práctica. Japón, Rusia y Canadá se habían negado a aceptar un segundo periodo de cumplimiento, y sin embargo han aprobado el texto de Cancún, lo que prueba que el Protocolo está en vía muerta. La mención en el texto de Cancún del artículo 20, párrafo segundo, y del artículo 21, párrafo séptimo, del Protocolo de Kioto explicita que ningún país está obligado a establecer metas de reducción en la segunda fase de Kioto. La inserción de estos artículos ha sido esencial para conseguir el apoyo de Japón al acuerdo de Cancún, según confirmaron fuentes de las delegaciones del propio Japón, EE UU y la UE.

Papel mojado

El texto de Cancún es un conjunto de promesas vacías, sin valor jurídico, sobre movilizar fondos, reconocer la necesidad de reducir emisiones, abrir procesos, evaluar en el futuro, etc. Sin embargo, incluye la creación de nuevos mecanismos de flexibilización y compensación para que los países puedan seguir contaminando al tiempo que fingen que cumplen con sus compromisos de reducción.

Por eso les interesa rescatar la base jurídica de los mercados de carbono del Protocolo de Kioto para asegurar la continuidad y expansión de los mecanismos basados en el mercado, incluso después de poner fin a Kioto. Es la extensión de la lógica de la especulación financiera a las soluciones del clima, que hasta ahora sólo ha generado aumento de beneficios en manos del capital transnacional. “La Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha convertido de facto en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono”, señala acertadamente Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, “los muertos los sigue poniendo el Sur global”.

LA HONESTA POSTURA DE BOLIVIA EN LA CUMBRE DEL CLIMA

El negociador de Bolivia, Pablo Solón, lo expresó con contundencia durante el plenario final, que se alargó hasta altas horas de la madrugada del 11 de diciembre, cuando dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún peso era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si éstos eran suficientes para impedir un cambio climático catastrófico. Los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero —los que más se han beneficiado de la destrucción del planeta y de la quema de los combustibles fósiles— consiguieron evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de gases de efecto invernadero; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, que abren una nueva ola de privatización de bosques y expulsión de comunidades de sus territorios y que generará nuevas burbujas financieras especulativas.

Tom Kucharz

Fuente: Diagonal