Ilustración: Matiz

Héctor León y Aura Rodríguez, representantes de organizaciones contra el TLC, denuncian las consecuencias de los acuerdos.

El Tratado del Libre Comercio (TLC) con Colombia ha pasado por alto la violación de derechos humanos que sufre este país. La UE y las multinacionales se van a beneficiar de sus productos y recursos naturales.

Colombia ha firmado un acuerdo con la Unión Europea que le permitirá exportar productos a todos los países de la Unión, a unos 500 millones de personas. El pasado 19 de mayo durante la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, se hacía realidad el proyecto del ex presidente Álvaro Uribe, aunque ya existían acuerdos parecidos, los llamados SGT Plus (Sistema Generalizado de Preferencias) vigentes hasta 2015.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales y partidos políticos denuncian que la UE anteponga sus intereses comerciales a la violación de derechos humanos. En 2008, más de 4,3 millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras a consecuencia de la violencia según el Centro de Control de Desplazados Internos de Colombia (IDMC). Colombia es el segundo país del mundo, detrás de Sudán, con mayor número de desplazados internos.

Oposición al tratado

Héctor León Moncayo, economista y miembro de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, y Aura Rodríguez, de la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, señalan que los TLC ahondan más en la violación de derechos humanos. León declara a DIAGONAL que estos acuerdos comerciales se iniciaron con el Gobierno conservador de Pastrana, 1988-1990, auspiciados por la Organización Mundial del Comercio, y el ex presidente Uribe los ha consolidado. “Colombia ha firmado un TLC con Europa, con EE UU aún no se ha ratificado, existe otro TLC con Canadá y ahora se negocia con Panamá, Corea del Sur y China”, dice León, que no alberga esperanzas de cambios con el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Cree que estos acuerdos comerciales se van a ampliar porque “este Gobierno está formado por tecnócratas del Banco Mundial”.

Un país rico en recursos

Colombia es un país rico en recursos naturales, explotados por transnacionales entre las que se encuentran 136 grandes empresas de capital español. Mientras, la pobreza no se ha erradicado. Según el informe de la Misión de Empleo, Desigualdad y Pobreza en Colombia, el 45’5% de los colombianos vive en la pobreza. “Sólo la clase política y los empresarios apoyan los tratados de libre comercio”, afirma León.

Los acuerdos que ha negociado Europa y Colombia en el TLC afectan a la exportación del café, plátano, azúcar, leche, carne, tabaco y el aceite de palma africana, entre otros productos. Las rondas no se han hecho en bloque con los países andinos, como se pretendía. Bolivia y Ecuador abandonaron las negociaciones. Finalmente la UE sólo ha negociado con Perú y Colombia, y aunque al principio el TLC de Europa pretendía ser diferente al propuesto por EE UU, la realidad es la misma. “La UE ofrecía tres pilares de acuerdo: diálogo político, cooperación y otro acuerdo económico y comercial. Pero las condiciones impuestas demuestran que es un acuerdo económico puro y duro”, asegura León. Las más de 50 organizaciones colombianas que se oponen coinciden en que el TLC disminuye las libertades políticas y civiles y obliga al Estado a seguir las imposiciones del mercado.




Privatizarlo todo, tener leyes laxas en materia laboral y facilitar el asentamiento de las multinacionales. “El TLC firmado entre Europa y Colombia lleva a la privatización de los servicios públicos, a convertirlos en negocio: educación, salud, el derecho al acceso del agua, la electricidad, el gas, etc., todo estaría en poder de las transnacionales, sin control del Estado. Y aunque el Gobierno cambie, la economía se queda amarrada”, argumenta León. Pero también se deja en manos de las multinacionales la propiedad intelectual y las patentes de los medicamentos.

Las farmacéuticas imponen así sus marcas, limitando el uso de genéricos, más baratos. Aura Rodríguez, de la Plataforma de Derechos Humanos de Colombia, argumenta que “el TLC con Europa, en sí mismo, es violador de derechos por la grave situación que vive Colombia”. Una de esas violaciones tiene que ver con la defensa del territorio.

Según Rodríguez, las ONG colombianas han constatado que para desarrollar proyectos como agrocombustibles, minería o proyectos petroleros, se producen desplazamientos de comunidades enteras, amenazas y asesinatos de campesinos.

Los paramilitares se convierten en sicarios de terratenientes y multinacionales que se plantan en las tierras y obligan a los campesinos a vender. “Si no venden son amenazados y hostigados hasta ser desplazados y entonces ellos se constituyen en dueños de esos terrenos. En muchos casos eso supone el exterminio de los pueblos indígenas. Las multinacionales actúan con total impunidad, y lo mismo pasa con los pueblos afrocolombianos, en la costa atlántica, rica en recursos”, dice Rodríguez.

LAS LEYES DEL MERCADO

Mujer y trabajo

En Colombia la pobreza se ha feminizado. Las mujeres trabajan en los sectores peor regulados como el de servicios. En la floricultura, donde el 65% son mujeres, muchas empresas cuando ven que la trabajadora se ha quedado embarazada, van rotándole los turnos hasta que renuncian. Además, las intoxicaciones por pesticidas provocan altos índices de aborto.

Los intereses "españoles"

Las organizaciones en contra del TLC señalan al Gobierno de Rodríguez Zapatero como impulsor de la firma del TLC y de la defensa de las multinacionales del Estado español en Colombia: Repsol, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa, Santander, BBVA, Telefónica, Sanitas, Aguas de Barcelona y grupo Prisa, entre otras empresas.

María José Esteso Poves

Fuente: Diagonal