Después de haber trabajado hasta altas horas de la noche en el caso de casación del dictador Gregorio Alvarez, sólo la laptop de la fiscal Mirtha Guianze fue robada de su casa de vacaciones en Punta Rubia, departamento de Rocha.

Es la segunda vez que el hecho se repite y que los "ladrones" sólo se interesan por la computadora de la fiscal. En marzo de 2010 también le robaron la computadora de su casa en Las Piedras, donde reside, a pesar de que según se informó tuvieron a su alcance otros objetos de valor y no los llevaron.

La fiscal dijo a La República que anoche, cuando estaban durmiendo, le robaron su laptop en la cual trabajó en el caso del dictador Gregorio Alvarez y que los ladrones dejaron un celular "blackberry" y dinero en efectivo que había en el mismo lugar. La billetera de su marido estaba cerca de la laptop pero los "ladrones" la dejaron allí con todo su dinero. "Además dejaron el cargador de la computadora que estaba conectado al aparato", dijo.

Alrededor de la casa de la fiscal en Punta Rubia no hay nada, sólo baldíos y campos con maleza, según indicó Guianze a La República. Recordó que instalaron su casa de vacaciones en el departamento de Rocha desde 1986 pero que nunca había sucedido una cosa similar.

La fiscal Guianze dijo tener respaldo de sus archivos aunque lo que había escrito anoche sobre el caso del dictador Gregorio Alvarez iba a tener que reconstruirlo, lo cual no es muy difícil, indicó.

"La computadora es la segunda vez que me la roban", contó la fiscal al programa del Sodre, De Diez a Doce y agregó que Punta Rubia es un lugar muy tranquilo, donde no es frecuente que ocurran hechos como éste.

"Estuve trabajando hasta tarde. El cargador estaba en el piso y no se lo llevaron. Llama la atención porque en la mesa había dinero y un celular y no se llevaron nada", dijo.

Guianze agregó que "cada vez que trabajo en eso me pasan cosas raras. No sé, hay o no hay (espionaje) pero tengo que hacerle más caso a alguna gente que me impulsa a tomar precauciones", concluyó.




Hace pocos días, la fiscal insistió en la importancia que se tipifique "desaparición forzada" para muchos casos de personas desaparecidas por la dictadura cívico militar uruguaya.

"Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad", señaló.

Recordó también que "desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo". Y "establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026".

Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.

La fiscal Guianze sostuvo que "la SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento".

Según la representante del Ministerio Público, "la Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna, todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario.

Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención.

Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad".

Víctor Carrato

Fuente: La República